Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
Mientras el negocio de las aerolíneas caía en Venezuela, el coronel retirado de la Aviación Pedro Cestari Navarro, amigo del poderoso y también militar Giuseppe Yoffreda, fundó una línea aérea propia con vuelos nacionales e internacionales que no ha parado de crecer desde 2014. El apoderado de la filial panameña es también un militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Con la compañía, el turpial pasó de ser el ave tradicional venezolana, al símbolo del vuelo de las elites castrenses en la economía del país caribeño.
La caja registradora del empresario venezolano Carlos Dorado no ha dejado de sonar, a pesar de las polémicas. Pasó de ser el opositor perseguido por el chavismo al empresario acomodaticio que se pasó a la acera de enfrente. Ni lo uno ni lo otro, dice él. Su trayectoria revela un pragmatismo empresarial y un empeño por retribuirle al país que lo adoptó todo lo que pueda, sin importar que en el camino le toque acercarse a las brasas.
Seguro de que había que diversificar los riesgos, Marcelo Odebrecht confesó a los fiscales peruanos que en las elecciones presidenciales de ese país no escatimaron en financiar aun al candidato perdedor. La confidencia –obtenida por el equipo de IDL-Reporteros, en Perú– vino acompañada con el caso venezolano como antecedente: “Puse lo de Venezuela [como ejemplo], porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña”.
Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
Un reportero holandés del site brasileño Infoamazonia viajó durante tres meses por las disputadas áreas mineras del sur de Venezuela y, en el camino, encontró grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas por guerrillas y enclaves de mineros informales atormentados por la malaria. El futuro de Guayana pinta incierto. Aquí el corolario de su travesía.
Hasta Diosdado Cabello tiene followers falsos. El Gobierno de Venezuela ha sabido medirse en el ciberespacio político. De ahí que haya creado una autentica maquinaria de robots al servicio del oficialismo en redes sociales que, particularmente, es controlada por funcionarios públicos y coordinada desde ministerios. Este es el resultado de varios estudios, testimonios y aplicaciones que miden la convulsión de “Tuiterzuela”.
Durante los años 2012 y 2015, la empresa de camiones Kamaz lideró los registros de envíos desde Rusia a Venezuela. Chasis, motores y diversos repuestos ingresaban continuamente al país a través del intermediario local J.C International 2004, C.A, empresa en la que sus más recientes socios se dedican también al negocio de la distribución de carnes. Durante años, el gobierno venezolano y Kamaz han prometido la construcción de una ensambladora en el país pero esta sólo ha quedado en planes, así como también la idea de llenar las carreteras de Venezuela con vehículos de esta marca.
Una polémica que involucra al equipo Trujillanos FC reveló un secreto a voces en el torneo de fútbol de primera división del fútbol venezolano. Los sobornos proceden de mafias cercanas a casas de apuestas en Centroamérica y Asía, según testigos. Es una red que desembolsa entre 20 mil y 12 mil dólares a los jugadores dispuestos a perder a cambio de engordar sus cuentas bancarias. Cuando la hiperinflación toca a la puerta todos sufren
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.
Los mayas, que en la era clásica de su civilización despoblaron misteriosamente grandes ciudades de piedra en Mesoamérica, ahora, un milenio más tarde, abandonan sus pueblos de bahareque y techos de paja en la península de Yucatán a un ritmo quizás comparable: cada año, más de mil cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Esta vez sus motivos no son un misterio: la pobreza local y la promesa de una mejor vida, sobre todo en California, los empujan al éxodo. El tránsito es bidireccional, en todo caso. Mientras al norte marcha la gente, de vuelta al sur llegan remesas de dinero, esperanzas y nuevos patrones culturales. Sin embargo, la vida para quienes se quedan en casa no se hace fácil, sobre todo para las mujeres desposadas, que se someten no solo a una espera sin fin, sino además a unas normas sociales asfixiantes.
Fuera de cuestionamientos éticos la lógica de un ente privado al abrir una empresa offshore parece elemental, declarar sus ganancias en un territorio en los que pueda pagar menos impuestos de lo que debería en su lugar de origen. Pero al tratarse de una empresa estatal de la talla de Petróleos de Venezuela, que no está obligada a pagar impuestos –y por lo tanto, no necesita evadirlos– cuesta entender por qué dentro de su esquema de negocios se detectan contrataciones con empresas establecidas en paraísos fiscales y hasta la creación de filiales propias en estos lugares. ¿Qué gana con esto el tesoro público venezolano?
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
Fidel Ramírez, hermano del poderoso ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa y ex ministro de Energía de Chávez, aparece en el registro mercantil de la nación del Medio Oriente con una empresa de comercio internacional, justo en el momento en que se le menciona en un juicio en la ciudad de Nueva York como receptor de pagos irregulares.
Un magnate venezolano investigado por corrupción en EEUU es el presidente y principal inversor de la sociedad matriz que controla la start-up de moda, Hawkers. Esta es su historia
Casi 70 millones del seguro de la estatal petrolera quedaron en un limbo, que bien podría explicar por qué las autoridades no cobraron indemnización alguna por la explosión de la refinería de Amuay.
Los llamados Paradise Papers abren una rendija para ver cómo hay bufetes de abogados y entidades de la banca que facilitan el crecimiento de una de las empresas de papel más grandes de Asia a pesar de un historial manchado de crímenes ambientales y conflictos sociales
El empresario venezolano levantó sigilosamente una compleja estructura corporativa hasta que en febrero pasado el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. La filtración de los Paradise Papers ahora revela que su patrimonio empresarial es más amplio al bloqueado inicialmente por las autoridades norteamericanas y que la isla de Barbados fue la escogida para crear una suerte de holding que agrupara a las compañías con las que participó en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, y a través de las cuales consiguió millonarios contratos con el gobierno venezolano.
Los documentos internos del despacho de abogados revelan que Glencore, una empresa comercial de petróleo, minerales y cereales, llevó a cabo transacciones secretas y prestó millones de dólares a un socio de negocios de alto riesgo.
El venezolano Álvaro Gorrín huyó en su yate en 2009 tras la intervención del Banco Canarias, pero él y sus socios de la directiva no se resignaron a perderlo todo a manos del gobierno venezolano. Entre el apoyo de un influyente bufete neoyorkino y la pericia de Appleby para crear empresas en paraísos fiscales, el entonces prófugo de los tribunales venezolanos trazó una estrategia para rescatar algo de las ruinas
La ‘popstar’ barranquillera aparece domiciliada en Bahamas y con empresas de maletín en Luxemburgo y Malta, dos reconocidos paraísos fiscales, según encontraron dos medios españoles en los documentos de los llamados Paradise Papers. En la isla mediterránea protegió los derechos de sus obras intelectuales y marcas, valorados en 2009 en más de 31 millones de euros. Aunque asociada a iniciativas filantrópicas, la cantante no parece haber estado ni sorda ni ciega ante esta operación de ingeniería financiera urdida durante la gestión de su anterior manager y primer marido, Antonio De la Rúa. De hecho, el argentino fue desplazado por un abogado en la directiva de las empresas.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 550 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola, que quedaron a medio construir en cuatro provincias de Venezuela. Un nuevo legajo de documentos judiciales y depósitos bancarios de la trama de la Operación Lava Jato –filtrados para este reportaje– involucran a Egly Ramírez, tío del expresidente de la estatal petrolera y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, y a otros exfuncionarios en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años que estableció un pago sistemático de sobornos a personas con responsabilidades en los gobiernos de América Latina para que la multinacional brasileña fuese adjudicada en las licitaciones
En los negocios son destacables los empresarios que han amasado fortunas al ritmo de la esquizofrénica economía chavista. Un ciudadano peruano-español ha erigido un auténtico emporio en los últimos 13 años. Alguna vez señalado como el posible canal financiero entre el gobierno de Venezuela y el partido Podemos de España, lo verificable es que trabaja hombro a hombro con los militares y cada día incorpora nuevos negocios a su emporio. Atahualpa Fernández continúa ganando terreno entre los emprendedores amparados por el oficialismo.
En dos países de regímenes “bolivarianos”, Ecuador y Venezuela, la inversión china ha encontrado durante los últimos diez años unos socios ávidos de negocios. El gigante asiático ha inyectado en ambas naciones ingentes recursos financieros y para obras de infraestructura. Muchas de ellas inconclusas. Pero la otra cara de la moneda está en las condiciones impuestas a los socios en los contratos leoninos que hacen suscribir las entridades y empresas chinas a sus pares locales: en pleno s. XXI, la previsible potencia del futuro impone cláusulas del s. XIX, como la suspensión de leyes laborales, importación de mano de obra, derechos de uso exclusivo, financiamientos más caros, pagos en divisas extranjeras, entre otros privilegios decimonónicos.
Las confesiones hasta ahora secretas de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú; y Luiz Mameri, ex “líder empresarial” de la constructora para América Latina y Angola, sobre cómo se sobornó para lograr el contrato de las obras del Metro de Lima, durante el segundo gobierno aprista.
No solo fue Odebrecht: Cuatro empresas obtuvieron una decena de obras para construir grandes infraestructuras en Argentina, casi siempre con el anzuelo de una atractiva cotización y del financiamiento adjunto por parte de un banco estatal de desarrollo brasileño. Pero luego subcontrataban a otros proveedores y, con los proyectos ya en marcha, los costos aumentaban y los fondos los terminaba poniendo el Estado argentino: más de 9.000 millones de dólares, de los que al menos un promedio de 300 millones por obra correspondían a sobreprecios. De paso, hoy muchos de los proyectos siguen sin concluir. El patrón lo usarían las constructoras brasileñas en otros mercados latinoamericanos.
