Fidel Ramírez, hermano del poderoso ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa y ex ministro de Energía de Chávez, aparece en el registro mercantil de la nación del Medio Oriente con una empresa de comercio internacional, justo en el momento en que se le menciona en un juicio en la ciudad de Nueva York como receptor de pagos irregulares.
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En octubre de 2011, el médico venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el altar de las ciencias, o quién sabe si de la democracia o simplemente de la verdad: reveló en una entrevista con el periodista salvadoreño Víctor Flores, para la revista dominical del diario Milenio de México, que el presidente Hugo Chávez padecía de un tumor maligno que le dejaba con una expectativa de vida de “hasta dos años”.
Pasarían poco menos de esos dos años para que la predicción se cumpliera. Pero en lo inmediato, el propio Chávez reaccionó con sorna ante la primicia. Para el comandante de la Revolución Bolivariana, Navarrete era “un gran embustero” al que no conocía. “Yo me reía leyendo la entrevista”, dijo.
El desmentido presidencial no fue el único que Navarrete tuvo que enfrentar. Seis días después de la publicación, tres médicos de planta del Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas –donde, según la versión oficial, Hugo Chávez fallecería en marzo de 2013– ofrecieron una rueda de prensa
Aunque en el trío se encontraban el director del hospital para el momento, Earle Siso García, y el ex ministro de Sanidad y de la Presidencia de la República, Rafael Vargas, la voz cantante correspondió al gastroenterólogo Fidel Ramírez: “El doctor Salvador Navarrete nunca ha sido médico tratante del presidente Hugo Chávez ni ha formado parte de su equipo de confianza”, sentenció Ramírez con gravedad, antes de criticar la “imprudencia científica” de Navarrete. “Podemos dar fe, como médicos tratantes del presidente, en momentos puntuales del pasado y de la actualidad, que las declaraciones del doctor Navarrete carecen de base científica y, por lo tanto, de veracidad”.
Salvador Navarrete a la postre debió abandonar el país. La carrera de Fidel Ramírez Carreño, en cambio, prosperaría. Su hermano, Rafael Ramírez Carreño, era para entonces uno de los hombres más poderosos de la nomenklatura chavista y del país. Llevaba ya siete años en la presidencia de la petrolera estatal Pdvsa, y casi otros tantos como ministro de Energía. Desde esas posiciones había moldeado la corporación “roja, rojita” que servía de caja chica para la inversión social –y clientelar– del Gobierno, casi tanto como de nicho para su séquito personal.
Plenipotenciario, Rafael Ramírez nombró a su hermano Fidel Ramírez como Director General de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012, y lo sumó a un entorno íntimo que en la corporación también conformaban personajes como Diego Salazar, primo, y Baldo Sansó, cuñado.
Ahora en 2017, cuando Rafael Ramírez parece caído en desgracia, la trayectoria siamesa de Fidel Ramírez empieza a hacerse pública en su dimensión de enriquecimiento irregular. Por ejemplo, el nombre de Fidel Darío Ramírez Carreño acaba de aparecer en la reciente filtración denominada Paradise Papers, los 13,4 millones de registros recibidos como archivos electrónicos por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) convirtió en una base de datos y coordinó para su investigación a casi un centenar de medios de todo el mundo, entre los que se encuentra Armando.info. La base de datos no sólo contiene documentos del bufete de servicios offshore Appleby de Bermudas, así como de su par, la firma Asiaciti de Hong Kong, sino además los expedientes de 19 registros mercantiles correspondientes a paraísos fiscales.
El médico Ramírez Carreño figura como presidente de la Junta de Directores, principal accionista –con 98% de las acciones– y fundador de Roraima SAL, una empresa incorporada en julio de 2014 en el registro mercantil del Líbano. La empresa es calificada como offshore, por lo que está habilitada para operar y recaudar ingresos en el extranjero, solo con la administración afincada en Líbano. Los socios de Ramírez en la empresa son Mostafa Al-Huseini y Mostafa Ali Al-Huseini.
Este dato suelto se deja conocer justo en momentos en que concluye en Nueva York un proceso judicial en el que el nombre de Fidel Ramírez también salió a relucir. Se trata del juicio contra los dos propietarios –Luis Díaz Jr y Luis Javier Díaz– de Miami Equipment & Exports, una empresa de venta de maquinaria pesada en Florida que, según la acusación, se había convertido en una auténtica centrifugadora de pagos irregulares a terceros, emitidos desde Venezuela por la Constructora KCT, y destinados a ejecutivos de la propia empresa y a personeros del Gobierno de Venezuela. Los pagos correspondían a comisiones por operaciones cambiarias ilegales o sobornos a autoridades, y Miami Equipment & Exports accedía a servir de canal para ellos a cambio de una comisión estipulada por lo general en dos por ciento del monto total. La empresa habría encauzado hasta cien millones de dólares en esos pagos irregulares.
Esa actividad permitió al fiscal Joon H. Kim imputar a los acusados con cargos de conspirar para la operación de un negocio ilegal de envío de dinero sin los respectivos registros estadales y federales, lavado de dinero y pagos para financiar actividades ilegales en el extranjero.
Aunque los acusados se declararon “no culpables”, el pasado 15 de noviembre el jurado encontró a Luis Díaz Jr responsable de todos los cargos y a su padre, Luis Javier Díaz, culpable de solo dos. El próximo marzo recibirán condena del juez William H. Pauley III, titular de la corte del Distrito Sur de Nueva York.
En los interrogatorios y testimonios de expertos surgió el nombre de Fidel Ramírez Carreño como receptor de hasta ocho millones de dólares en remesas. Entre otros funcionarios venezolanos mencionados estuvo Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, subalterno de Rafael Ramírez durante la época de la emergencia eléctrica que Hugo Chávez decretó en 2009-2010, y que dio lugar a negociados multimillonarios para la compra a dedo de maquinaria de generación eléctrica. A Villalobos, recientemente arrestado en Madrid, también se le investiga en relación a los fondos negros depositados en la intervenida Banca Privat D’Andorra, y con el caso del Banco Espirito Santo de Portugal.
Otro hermano de Rafael Ramírez, Daniel, había aparecido un año antes en los llamados Panama Papers de 2016, por una referencia oblicua. En diversos correos electrónicos filtrados entonces desde el bufete panameño Mossack Fonseca se puede ver cómo un hombre de negocios uruguayo, Fernando Burstin, indaga acerca de la posibilidad de abrir a través del bufete unas cuentas bancarias en un banco panameño para hacer giros regulares a tres venezolanos, entre ellos, Ramírez.
Burstin y Ángel Mariani representan a empresas como Tecno Uruguay e Interamericana de Cómputos S.A. (Incosa), ambas prestadoras de servicios informáticos. Según informaciones publicadas en Uruguay , Incosa obtuvo en 2005 contratos de una filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), CVG Telecom.
Al constatar de que estaban hablando nada más y nada menos que del hermano del presidente de Petróleos de Venezuela, en Mossack Fonseca dudaron. “Con relación a este caso, hemos estado investigando un poco más la situación por el tema familiar y su clasificación como PEP por la posición de su hermano, Rafael Ramírez, como Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (PDVSA) de la República Bolivariana de Venezuela, desde el 20 de noviembre de 2004”, advirtieron en su correspondencia interna del martes 29 de enero de 2013. “De parte de Compliance consideramos que debemos tener mucha cautela con la aprobación de este cliente pues no tendremos manera de verificar que efectivamente la cuenta bancaria sea utilizada para recibir los pagos de Mandala Services, igualmente porque en los resultados de las búsquedas aparece que su profesión es Contador Público; más no se le relaciona con el mundo de la Informática”.
Pero al final, los delegados encontraron la manera de evadir los controles y las regulaciones internacionales, por recomendación del FPB Bank de Panama, donde depositarían el dinero del hermano de Rafael Ramírez.
“Dando seguimiento a nuestra discusión ayer por teléfono cuanto al tema de la cuenta personal del Sr. Daniel Ramírez, confirmo que la cuenta estará siendo presentada frente al comité de cumplimiento en la primera semana de Septiembre”, apuntó una agente financiera del banco llamada Simone Lima, en una comunicación dirigida a sus interlocutores de Mossack Fonseca. “Entretanto resalvo la sugerencia del banco en crear una compañía panameña para el Sr. Ramírez a fin de proteger y agilizar los trámites de movimiento de cuentas entrantes y o salientes en vista de que (…) los bancos corresponsales involucrados en cualquier transacción estarán verificando el nombre del Sr. Ramirez y a la vez identificarlo como PEP o que podrá retrasar algún pago”.
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
