Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Josefa Contreras, madre de Cenis Michel Carrero, en ocasiones ha pensado en buscar a su hijo debajo de las rocas. No es una metáfora, sino una idea literal. Hace tres años que él, un robusto agricultor, desapareció junto a otros jóvenes: Jonathan Sheitherman Mora Zambrano, John Tarwy Aguilar Barrasa y Alexis José Vivas Guillen. Todos estaban juntos en un automóvil modelo Spark cuando fueron detenidos por ocho agentes, según testigos, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela el 7 de julio de 2015, en la ciudad de El Vigía del estado de Mérida, en los Andes venezolanos.
“¡A donde me decían que había un muerto, yo iba! No hay sitio adonde no haya ido. Hasta he querido llegar a Las Rocas, pero es muy profundo y nadie me acompañaría. Quisiera revolver entre las piedras, tal vez él esté ahí”, afirma la mujer. Las Rocas, en la vía a la montañosa localidad de Zea de Mérida, es conocida como una zona de descarga de cadáveres. Es un sitio solitario, a veces cubierto por una delicada neblina, un hondo precipicio. Hasta ahí no han alcanzado a buscar a los cuatro desaparecidos. Las oficinas del CONAS, del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Fiscalía de Mérida y de la Fiscalía de Caracas, de la Defensoría del Pueblo y de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sí han sido visitadas por los familiares de los jóvenes en búsqueda de algún rastro.
Rigoberto Lobo Puentes, director general de la asociación civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM), ha seguido el caso desde el principio. “En el caso de Cenis y sus compañeros es una desaparición forzada porque hubo un arresto. Aquí no discutimos si fue legal o no porque tampoco sabemos nada de las personas ni de los expedientes. En teoría, no hubo la detención o, por lo menos, eso alega el Gobierno… Esto solo termina una vez aparece la persona viva o muerta, pero hasta ahora no ha sucedido ninguno de los dos escenarios”, asegura.
Una docena de personas son señaladas como los responsables de la desaparición de Carrero, Mora, Aguilar y Vivas en julio de 2015. De ninguno se conoce la identidad, solo son reconocidos por descripciones y porque ocho son identificados por testigos como funcionarios del CONAS.
Del misterioso grupo cuatro tenían franelas blancas, carnets colgados y volteados, y tres de ellos pantalones negros y uno un blue jean. Solo uno abrazaba una FAL sobre su pecho, mientras los otros asomaban sus pistolas. Uno de los hombres tenía una gorra, puesta hacia atrás, que tenía un distintivo de unas alas de águilas y en el centro de estas un círculo. Todos abordaron a los ahora desaparecidos.
De ahí comenzó una búsqueda a tientas de los familiares de los cuatro hombres en Mérida. “Fuimos a las morgues, las comandancias de policías, los hospitales. Por esos días hallaron a varios muchachos muertos por balas, pero no eran ellos. Comencé mis indagaciones propias, en las calles, y siempre sentía que me obstaculizaban algo”, apunta la madre de Carrero.
El delito sería incuestionable de probarse que los captores de los jóvenes eran funcionarios del CONAS. “Una desaparición forzada es cuando una persona es arrestada o tomada por alguna fuerza de orden público y no se sabe su paradero. Pueden ser por horas o períodos más largos. Generalmente, estas vienen precedidas por una detención arbitraria, pero también puede estar fundamentada en una causa o justificación. Sin embargo, si no se sabe dónde está la persona se configura como una desaparición forzada”, explica Lobo.
Solo algunas pistas han podido obtener Josefa y los defensores del caso de su hijo, aunque ninguna explicación de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía Décima Tercera del Estado de Mérida envió comunicados para solicitar colaboración e información al comandante de la Guardia Nacional de El Vigía, al director de la Dirección de Transporte Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana de El Vigía, a los jefes de las subdelegaciones de Caja Seca y de El Vigía del CICPC, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero de Mérida, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Santa Elena de Arenales del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo de Mérida, al supervisor agregado Ramón Mercado (jefe de la Coordinación de Investigaciones y Procesamiento Policial de El Vigía) y a Yajaira María Aguilar Barrasa. Esta última es hermana de John, uno de los desaparecidos.
Otra mujer sería clave en las investigaciones. Según versiones de testigos, Nereida Puente Pulido, una enfermera, sería la dueña del automóvil y habría estado presente cuando los cuatro jóvenes fueron aprehendidos. Pero una vez que comenzaron las averiguaciones su paradero fue otro misterio. Algunos vecinos especulan que emigró, otros creen que se mudó a un mejor barrio y el resto simplemente prefiere callar. Ella no fue arrestada durante la captura de los jóvenes. Josefa Carrero, la única de los familiares que ha decidido continuar con las denuncias del caso, la responsabiliza por lo ocurrido.
En 2016, la Fiscalía Décimo Tercera de Mérida abrió una investigación por el delito de desaparición forzada, pero todavía no concluye las averiguaciones. Los primeros hallazgos son testimonios que coinciden como piezas de un rompecabezas. Se trata de versiones de vecinos, conocidos y un prisionero apodado “Caracas” que, según relata la madre de Carrero, habría visto a su hijo y los otros tres hombres en un centro de reclusión del CONAS. Incluso afirmó que escuchó cómo los torturaron oficiales de seguridad.
“Caracas” venció el miedo y rindió testimonio el 3 de mayo de 2016 –se omite el nombre por protección– a través de una llamada telefónica hecha por fiscales. En el expediente numerado 14-F13-1693-2016 de la Fiscalía del Estado de Mérida, el que contiene la causa del hijo de Carrero y sus tres compañeros, aparece su declaración: “Fue en la noche, estando detenido con aproximadamente 25 personas en el GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestro)-CONAS, ubicado en la Hacienda Onia, cerca de El Vigía, por donde está la represa del mismo nombre. Encontrándonos en el calabozo, como a las 10:00 de la noche, vi que trajeron a cuatro muchachos jóvenes por la vestimenta que traían. Estaban esposados y sus ojos vendados con (papel) periódico y este a su vez estaba sujetado con cinta transparente (tirro). Casi enseguida que los observé pasar frente al calabozo, los escuchábamos llorando. Se escuchaba, igualmente, que les daban golpes. Luego de media hora, aproximadamente, volvieron a pasar frente al calabozo y los condujeron hacia el área de la piscina, donde sí teníamos visual (visión) y pudimos apreciar que, uno por uno, encontrándose de rodillas, les sumergían las cabezas para que tragaran agua y se ahogaran. Eso lo hicieron en repetidas oportunidades. También les pegaban, daban cachetadas, patadas. Eran aproximadamente seis funcionarios quienes se encontraban maltratando a los muchachos, mientras todo esto ocurría los funcionarios preguntaban: ‘¿Dónde están las motos y los repuestos? (…) Que se iban a morir si no hablaban”, dijo.
Este es solo parte del relato de “Caracas”. El testigo escucharía a unos guardias nacionales afirmar que los detenidos, supuestamente, fueron llevados a una hacienda para ser “tirados los cuatro por un voladero”. Armando.info envió solicitudes de información al CONAS y la Guardia Nacional Bolivariana para conocer su versión del caso, pero hasta ahora no han sido respondidas.
Josefa Contreras, conocida como “Chepa”, ha visitado a menudo las oficinas policiales, militares y judiciales para pedir una y otra vez explicaciones sobre estas denuncias. Al principio, el caso fue reseñado por la prensa nacional y la ONG PROVEA brindó asesoría. Pero con los días, la historia fue lentamente sepultándose en el olvido, al punto que solo la madre de Cenis Carrero asegura sentirse sola en su búsqueda.
No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, pero el caso de los cuatro hombres de El Vigía es uno de los pocos debidamente calificados como desaparición forzada.
En un expediente de 495 folios consignado por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el 16 de noviembre de 2017 a la Corte Penal Internacional, en La Haya (Holanda), deja constancia de, al menos, 505 muertes, muchas de las cuales serían ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un programa de seguridad ciudadana implementado por Maduro desde el 13 de julio de 2015, entre los años 2015 y 2017. La cifra pudiera ser mayor pues la ONG COFAVIC (Comité de Familias de Víctimas) destaca en un informe que 6.385 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano entre el 2012 y los primeros tres meses del año pasado.
La ex fiscal Ortega Díaz pide investigar a Maduro, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; el mayor general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el mayor general Antonio Benavides López, exjefe de la Guardia Nacional, por los delitos. Las denuncias son documentadas entre enero de 2015 y julio de 2017.
Solo hasta esa fecha la ex fiscal pudo documentar los casos porque en agosto del año pasado debió huir de Venezuela en una lancha hacia Aruba y luego en avión hacia Bogotá, Colombia, debido a las amenazas de encarcelamiento del Gobierno. Unos días antes de su extraordinaria fuga había sido destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Fue reemplazada por Tarek William Saab, entonces Defensor del Pueblo y reconocido militante del oficialismo.
Los dolientes de estas víctimas reconocieron que las denuncias ante la prensa permitieron agilizar la búsqueda de los desaparecidos.
Luego de ser ella misma parte del chavismo, Ortega Díaz comenzó su camino a la disidencia al denunciar los excesos policiales y militares durante el mandato de Maduro. Ocurrida en 2017 la “masacre de Barlovento”, como fue denominada por la prensa constituyó el caso más estridente de desaparición de personas al tratarse de una operación militar tras la que no se supo el paradero de 12 hombres durante 46 días hasta que sus cadáveres fueron hallados en dos fosas comunes. Fueron asesinados por militares a machetazos, la mayoría, tras ser arrestados en una OLP.
El ministro de Defensa desmintió que se tratara de uno de estos operativos tras conocer el escándalo y atribuyó las muertes a una operación denominada “Rondón” sobre la que no ofreció mayor detalle.
Los dolientes de estas víctimas reconocieron que las denuncias ante la prensa permitieron agilizar la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, en Barlovento –estado Miranda- es un secreto a voces la presunta desaparición de más jóvenes a manos de los cuerpos de seguridad, pero los familiares se han negado a ofrecer testimonio por miedo a represalias de las autoridades.
Dada la atroz naturaleza de este delito, puede sancionarse en instancias internacionales. Venezuela es miembro pleno del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al haberlo ratificado el 7 de mayo de 2000. Esto obliga al Estado a cumplir con las normas de ese convenio. También el estatuto es ley interna porque fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2000. En 2018, la Corte Penal Internacional aprobó la revisión de la denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela contra Maduro.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
La delgada línea que separa a Norte de Santander con Venezuela oculta camposantos de desaparecidos de lado y lado, víctimas de la violencia de grupos armados ilegales que se mueven con facilidad entre ambos países. Sus familiares recorren trochas, veredas y hasta cementerios del lado venezolano, en búsqueda de sus desaparecidos, sin la ayuda de los gobiernos
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
La estrecha victoria del No en el plebiscito convocado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para refrendar el acuerdo de paz alcanzado por las FARC en La Habana, Cuba, representa un alto en el camino, quizás la última escala, antes de que cese el conflicto interno. Con las inminentes conversaciones que también iniciará el ELN en Quito, los familiares de las personas desaparecidas en el estado Barinas se preguntan si sus familiares, vivos o muertos, siguen en poder de las FARC.
La muerte por quemaduras de un cocinero, que fue confundido con un atracador y luego molido a palos, ha trocado la civilizada imagen que ofrecía la urbanización del este de Caracas, uno de los sectores históricos de la clase media venezolana. Constituidos en brigadas de seguridad, los vecinos han diseñado un sistema que permite reaccionar rápidamente cuando ocurre un asalto o una sospecha de delito con la anuencia de las autoridades municipales. El mensaje parece claro: en todos los estratos sociales la autogestión y sus peligros se imponen sobre un Estado enclenque
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
