La desaparición forzada que no pudo borrar el precipicio

Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.  

24 febrero 2018

Josefa Contreras, madre de Cenis Michel Carrero, en ocasiones ha pensado en buscar a su hijo debajo de las rocas. No es una metáfora, sino una idea literal. Hace tres años que él, un robusto agricultor, desapareció junto a otros jóvenes: Jonathan Sheitherman Mora Zambrano, John Tarwy Aguilar Barrasa y Alexis José Vivas Guillen. Todos estaban juntos en un automóvil modelo Spark cuando fueron detenidos por ocho agentes, según testigos, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela el 7 de julio de 2015, en la ciudad de El Vigía del estado de Mérida, en los Andes venezolanos.  

“¡A donde me decían que había un muerto, yo iba! No hay sitio adonde no haya ido. Hasta he querido llegar a Las Rocas, pero es muy profundo y nadie me acompañaría. Quisiera revolver entre las piedras, tal vez él esté ahí”, afirma la mujer. Las Rocas, en la vía a la montañosa localidad de Zea de Mérida, es conocida como una zona de descarga de cadáveres. Es un sitio solitario, a veces cubierto por una delicada neblina, un hondo precipicio. Hasta ahí no han alcanzado a buscar a los cuatro desaparecidos. Las oficinas del CONAS, del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Fiscalía de Mérida y de la Fiscalía de Caracas, de la Defensoría del Pueblo y de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sí han sido visitadas por los familiares de los jóvenes en búsqueda de algún rastro.

Rigoberto Lobo Puentes, director general de la asociación civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM), ha seguido el caso desde el principio.  “En el caso de Cenis y sus compañeros es una desaparición forzada porque hubo un arresto. Aquí no discutimos si fue legal o no porque tampoco sabemos nada de las personas ni de los expedientes. En teoría, no hubo la detención o, por lo menos, eso alega el Gobierno… Esto solo termina una vez aparece la persona viva o muerta, pero hasta ahora no ha sucedido ninguno de los dos escenarios”, asegura.

Los doce misteriosos

   

Una docena de personas son señaladas como los responsables de la desaparición de Carrero, Mora, Aguilar y Vivas en julio de 2015. De ninguno se conoce la identidad, solo son reconocidos por descripciones y porque ocho son identificados por testigos como funcionarios del CONAS.

Del misterioso grupo cuatro tenían franelas blancas, carnets colgados y volteados, y tres de ellos pantalones negros y uno un blue jean. Solo uno abrazaba una FAL sobre su pecho, mientras los otros asomaban sus pistolas. Uno de los hombres tenía una gorra, puesta hacia atrás, que tenía un distintivo de unas alas de águilas y en el centro de estas un círculo.  Todos abordaron a los ahora desaparecidos.     

Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)

De ahí comenzó una búsqueda a tientas de los familiares de los cuatro hombres en Mérida. “Fuimos a las morgues, las comandancias de policías, los hospitales. Por esos días hallaron a varios muchachos muertos por balas, pero no eran ellos. Comencé mis indagaciones propias, en las calles, y siempre sentía que me obstaculizaban algo”, apunta la madre de Carrero.

El delito sería incuestionable de probarse que los captores de los jóvenes eran funcionarios del CONAS. “Una desaparición forzada es cuando una persona es arrestada o tomada por alguna fuerza de orden público y no se sabe su paradero. Pueden ser por horas o períodos más largos. Generalmente, estas vienen precedidas por una detención arbitraria, pero también puede estar fundamentada en una causa o justificación. Sin embargo, si no se sabe dónde está la persona se configura como una desaparición forzada”, explica Lobo.

Gritos de tortura, silencio verdeoliva

Solo algunas pistas han podido obtener Josefa y los defensores del caso de su hijo, aunque ninguna explicación de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía Décima Tercera del Estado de Mérida envió comunicados para solicitar colaboración e información al comandante de la Guardia Nacional de El Vigía, al director de la Dirección de Transporte Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana de El Vigía, a los jefes de las subdelegaciones de Caja Seca y de El Vigía del CICPC, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero de Mérida, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Santa Elena de Arenales del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo de Mérida, al supervisor agregado Ramón Mercado (jefe de la Coordinación de Investigaciones y Procesamiento Policial de El Vigía) y a Yajaira María Aguilar Barrasa. Esta última es hermana de John, uno de los desaparecidos.

Otra mujer sería clave en las investigaciones. Según versiones de testigos, Nereida Puente Pulido, una enfermera, sería la dueña del automóvil y habría estado presente cuando los cuatro jóvenes fueron aprehendidos. Pero una vez que comenzaron las averiguaciones su paradero fue otro misterio. Algunos vecinos especulan que emigró, otros creen que se mudó a un mejor barrio y el resto simplemente prefiere callar. Ella no fue arrestada durante la captura de los jóvenes.  Josefa Carrero, la única de los familiares que ha decidido continuar con las denuncias del caso, la responsabiliza por lo ocurrido.

En 2016, la Fiscalía Décimo Tercera de Mérida abrió una investigación por el delito de desaparición forzada, pero todavía no concluye las averiguaciones.  Los primeros hallazgos son testimonios que coinciden como piezas de un rompecabezas. Se trata de versiones de vecinos, conocidos y un prisionero apodado “Caracas” que, según relata la madre de Carrero, habría visto a su hijo y los otros tres hombres en un centro de reclusión del CONAS. Incluso afirmó que escuchó cómo los torturaron oficiales de seguridad. 

“Caracas” venció el miedo y rindió testimonio el 3 de mayo de 2016 –se omite el nombre por protección– a través de una llamada telefónica hecha por fiscales. En el expediente numerado 14-F13-1693-2016 de la Fiscalía del Estado de Mérida, el que contiene la causa del hijo de Carrero y sus tres compañeros, aparece su declaración: “Fue en la noche, estando detenido con aproximadamente 25 personas en el GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestro)-CONAS, ubicado en la Hacienda Onia, cerca de El Vigía, por donde está la represa del mismo nombre. Encontrándonos en el calabozo, como a las 10:00 de la noche, vi que trajeron a cuatro muchachos jóvenes por la vestimenta que traían. Estaban esposados y sus ojos vendados con (papel) periódico y este a su vez estaba sujetado con cinta transparente (tirro). Casi enseguida que los observé pasar frente al calabozo, los escuchábamos llorando. Se escuchaba, igualmente, que les daban golpes. Luego de media hora, aproximadamente, volvieron a pasar frente al calabozo y los condujeron hacia el área de la piscina, donde sí teníamos visual (visión) y pudimos apreciar que, uno por uno, encontrándose de rodillas, les sumergían las cabezas para que tragaran agua y se ahogaran. Eso lo hicieron en repetidas oportunidades. También les pegaban, daban cachetadas, patadas. Eran aproximadamente seis funcionarios quienes se encontraban maltratando a los muchachos, mientras todo esto ocurría los funcionarios preguntaban: ‘¿Dónde están las motos y los repuestos? (…) Que se iban a morir si no hablaban”, dijo.

Este es solo parte del relato de “Caracas”. El testigo escucharía a unos guardias nacionales afirmar que los detenidos, supuestamente, fueron llevados a una hacienda para ser “tirados los cuatro por un voladero”. Armando.info envió solicitudes de información al CONAS y la Guardia Nacional Bolivariana para conocer su versión del caso, pero hasta ahora no han sido respondidas.    

Josefa Contreras, conocida como “Chepa”, ha visitado a menudo las oficinas policiales, militares y judiciales para pedir una y otra vez explicaciones sobre estas denuncias. Al principio, el caso fue reseñado por la prensa nacional y la ONG PROVEA brindó asesoría. Pero con los días, la historia fue lentamente sepultándose en el olvido, al punto que solo la madre de Cenis Carrero asegura sentirse sola en su búsqueda.

Carpeta para La Haya

No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, pero el caso de los cuatro hombres de El Vigía es uno de los pocos debidamente calificados como desaparición forzada.

En un expediente de 495 folios consignado por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el 16 de noviembre de 2017 a la Corte Penal Internacional, en La Haya (Holanda), deja constancia de, al menos, 505 muertes, muchas de las cuales serían ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un programa de seguridad ciudadana implementado por Maduro desde el 13 de julio de 2015, entre los años 2015 y 2017. La cifra pudiera ser mayor pues la ONG COFAVIC (Comité de Familias de Víctimas) destaca en un informe que 6.385 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano entre el 2012 y los primeros tres meses del año pasado.

Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz

La ex fiscal Ortega Díaz pide investigar a Maduro, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; el mayor general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el mayor general Antonio Benavides López, exjefe de la Guardia Nacional, por los delitos. Las denuncias son documentadas entre enero de 2015 y julio de 2017.

Solo hasta esa fecha la ex fiscal pudo documentar los casos porque en agosto del año pasado debió huir de Venezuela en una lancha hacia Aruba y luego en avión hacia Bogotá, Colombia, debido a las amenazas de encarcelamiento del Gobierno. Unos días antes de su extraordinaria fuga había sido destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Fue reemplazada por Tarek William Saab, entonces Defensor del Pueblo y reconocido militante del oficialismo.

Los dolientes de estas víctimas reconocieron que las denuncias ante la prensa permitieron agilizar la búsqueda de los desaparecidos.

Luego de ser ella misma parte del chavismo, Ortega Díaz comenzó su camino a la disidencia al denunciar los excesos policiales y militares durante el mandato de Maduro. Ocurrida en 2017 la “masacre de Barlovento”, como fue denominada por la prensa constituyó el caso más estridente de desaparición de personas al tratarse de una operación militar tras la que no se supo el paradero de 12 hombres durante 46 días hasta que sus cadáveres fueron hallados en dos fosas comunes. Fueron asesinados por militares a machetazos, la mayoría, tras ser arrestados en una OLP.

El ministro de Defensa desmintió que se tratara de uno de estos operativos tras conocer el escándalo y atribuyó las muertes a una operación denominada “Rondón” sobre la que no ofreció mayor detalle.

Los dolientes de estas víctimas reconocieron que las denuncias ante la prensa permitieron agilizar la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, en Barlovento –estado Miranda- es un secreto a voces la presunta desaparición de más jóvenes a manos de los cuerpos de seguridad, pero los familiares se han negado a ofrecer testimonio por miedo a represalias de las autoridades.

Dada la atroz naturaleza de este delito, puede sancionarse en instancias internacionales. Venezuela es miembro pleno del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al haberlo ratificado el 7 de mayo de 2000. Esto obliga al Estado a cumplir con las normas de ese convenio. También el estatuto es ley interna porque fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2000. En 2018, la Corte Penal Internacional aprobó la revisión de la denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela contra Maduro.

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