Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Al escuchar la historia de los cinco trinitarios que estuvieron en una prisión venezolana por más de dos años es inevitable pensar que se trata de una película o de un caso propio del documental-docudrama británico “Preso en el extranjero”. Hay otra referencia un poco más lejana, pero que quizás venga al caso. A finales de los años setenta, cuando Venezuela era el destino añorado por los latinoamericanos víctimas de las dictaduras militares y del caos económico de sus países, el Ministerio de Turismo de la época impuso el lema “Venezuela, un país para querer”. Cuando el 25 de noviembre de 2016 los trinitarios salieron hacia su país, después de dos años de incertidumbre en la sede principal de la policía política del régimen de Nicolás Maduro, no podrían suscribir ese lema. El gobierno de Nicolás Maduro se encargó de recordárselo durante el tiempo que pasaron en prisión.
A principios de 2014, llegaron al país para tramitar el visado que los llevaría a una peregrinación en La Meca. Dominic Pitilal, Andre Battersby, Charles Wade, Asim Luqman y Leslie Deslie estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel Plaza Palace ubicado en Sabana Grande, un área comercial de Caracas, en pleno auge de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2014. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) allanaron sus habitaciones en respuesta a unas denuncias anónimas donde se advertía que un grupo de extranjeros vivían ilegalmente en el país; según se describe en el expediente judicial.
En el allanamiento se incautaron aparatos electrónicos, una insignia con la inscripción de la Policía Municipal de Chacao, 66 pasaportes, una guerrera color verde con un emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Patriota, ropa e implementos de marca 5.11 que son usualmente utilizados para estrategias tácticas y dinero en efectivo (tanto de moneda extranjera como local). Los trinitarios siempre aseguraron que les quitaron un aproximado de 100 mil dólares; sin embargo, en las actas el monto era mucho menor.
Entre los aparatos electrónicos obtenidos se habló de un teléfono celular propiedad de Dominic Pitilal que contenía un vídeo y fotografías donde supuestamente se podía observar a él y a sus compañeros en una práctica de tiro en el polígono de la Policía Nacional. Esta grabación fue utilizada por las autoridades para encerrarlos en los cuarteles generales del Sebin, en El Helicoide, y llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con otros tres venezolanos, por el delito de terrorismo.
El día que se cumplieron dos años, seis meses y 25 días de aquel allanamiento y detención de los turistas, la juez del tribunal 12 de Juicio, María Eugenia Núñez, a la 1 de la madrugada del 15 de octubre de 2016, encontró a los ciudadanos de Trinidad y Tobago culpables de espionaje indiciario y agavillamiento y les impuso una pena que coincidía exactamente con el tiempo que llevaban encarcelados. Recibieron su boleta de excarcelación, pero no fue sino hasta un mes y medio después, a finales de noviembre de 2016, cuando los funcionarios del Sebin los dejaron en libertad para su posterior deportación.
Durante el juicio los trinitarios no fueron acusados de terrorismo y asociación para delinquir sino del delito plasmado en el artículo 137 del código penal venezolano: “cualquiera que, indebidamente, haya levantado los planos de las fortificaciones, naves o aeronaves de guerra, establecimientos, vías u obras militares, o que con tal objeto se hubiere introducido clandestinamente o con engaño, en los lugares prohibidos al acceso público por la autoridad militar, será castigado, con prisión de tres a quince meses.”
Los abogados defensores afirman que la decisión de cambio de delito fue una maniobra de la fiscalía para dejarles libertad después del fallo y no admitir que se equivocaron imputando a cinco inocentes. “Surgió mucha presión internacional, la Embajada de Trinidad y Tobago asistía a todas las audiencias. De haber sido acusados de terrorismo iban a pasar su vida en prisión”, explica el abogado Germán Ponte.
La juez encargada del destino de los musulmanes fue la misma que, el 12 de mayo de 2015, prohibió la salida de Venezuela de 22 directivos de diferentes medios de comunicación en el país, como consecuencia de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la actual Asamblea Constituyente, por presunta difamación agravada y continuada contra los periódicos El Nacional, Tal Cual, y la página web La Patilla. También se encargó del caso de Gilberto Sojo, diputado suplente de la parlamentaria Dinorah Figuera por el estado Aragua ante la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular por la parroquia San Agustín, quien permaneció en la sede del SEBIN durante dos años. Actualmente María Eugenia Núñez es juez superior.
Cuatro de los cinco trinitarios fueron recibidos el 24 de noviembre de 2016, entre lágrimas y abrazos, por sus familiares en el Aeropuerto Internacional de Piarco, la principal terminal de ese país. “Gracias por el apoyo. Fue muy importante para nosotros, sobre todo porque nos encontrábamos solos allí, sintiéndonos desanimados y abandonados. Fue una experiencia terrible. La mayor parte del tiempo, no teníamos ninguna comida, pero qué es comida sin libertad. Aunque no fuimos maltratados brutalmente de ninguna manera”, expresó uno de ellos, Asim Luqman, al Daily Express a su llegada.
La defensa denunció en diversas ocasiones a la Defensoría del Pueblo en Venezuela que no se le estaba proporcionando atención médica a los detenidos. Los trinitarios han instruido a sus abogados para apelar por no estar de acuerdo con la sentencia. “Hay contradicciones en la sentencia. Una condena no puede ser un capricho del juez. La prioridad de ellos es que se haga justicia, por eso agotaran las instancias legales en el país para luego hacer las respectivas denuncias internacionales” explica el abogado Javier Mayorca.
El quinto del grupo que no salió a reencontrarse con sus seres queridos ese día fue Charles Wade. Al llegar a Trinidad y Tobago desde Venezuela, junto con sus otros cuatro compañeros, fue tomado en custodia por la policía de ese país. Wade estaba imputado por cometer fraude al momento de compra de un vehículo en el año 2013 y tuvo que pasar un par de días más en prisión hasta que se le concedió liberación bajo fianza; según reportó el medio Daily Express.
El jefe del frente islámico en Trinidad y Tobago, Umar Abdullah, luego que este caso saliera a la luz, solicitó a su Gobierno establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, para asegurar que los musulmanes locales no tengan que viajar a Venezuela para solicitar la visa para atender el Hajj, una peregrinación anual a La Meca que es obligatoria en su religión. Una medida que, según Abdullah, evitaría que se repita la historia que hoy condena a Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Wilmer José Brizuela se convirtió en el epítome del ´pran’ o líder de las cárceles venezolanas. Por sobre las del Estado, impuso su ley en una prisión del sur del país en medio de la lucha encarnizada entre clanes y una venganza mal perpetrada, episodios propios de una saga medieval. Su leyenda, consagrada ya en los confines del sistema penitenciario, acaba de cobrar vigencia nacional cuando un tiroteo en la isla de Margarita permitió saber que estaba en libertad con permiso oficial, a pesar de cumplir condena por complicidad en un asesinato. Todavía tiene poder. El siguiente texto es una versión abreviada de un perfil preparado originalmente por el autor para la antología ‘Los Malos’, que en 2015 publicó la Universidad Diego Portales de Chile, bajo la edición de la cronista argentina Leila Guerriero.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
