Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
“Sin mercado estable y precio justo, las inversiones petroleras se ponen difíciles”, dijo el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, el 4 de noviembre de 2016. En la transmisión televisada, el mandatario desglosaba como un trofeo el monto de 10 millares de dólares en inversiones privadas anunciadas por Pdvsa dirigidas al Plan Soberano Siembra Petrolera, enfocado en levantar la estrepitosa caída de la producción de la estatal.
De ese monto, un millardo correspondía a Oswaldo Cisneros, el empresario venezolano dueño de Digitel que, sentado frente a Maduro, dejó clara esa tarde su incursión en el mundo petrolero. La encomienda presidencial no era menor: Cisneros y su participación debían contribuir con triplicar la producción de crudo de unos pozos en Monagas en un plazo de 5 años.
Pero Cisneros no estaba solo allí. En el camino que lo llevó a la sociedad de su compañía Delta Finance con Pdvsa para impulsar la creación de la empresa mixta Petrodelta (de la Faja del Orinoco), le acompañaron Francisco D’Agostino y Alessandro Bazzoni. El primero asociado al escándalo de las compras eléctricas de Derwick Associates con el gobierno de Hugo Chávez, y el segundo, un desconocido empresario italiano.
La firma del acuerdo sorprendió a observadores del negocio petrolero por la inesperada incursión del magnate de las telecomunicaciones, obviando a los otros dos emprendedores. El caso retrata la ávida determinación de nuevos actores, incluso de otras áreas, por auxiliar financieramente a Pdvsa y, así, entrar en sus negocios tomando las plazas que los socios tradicionales dejan en el país, agotados de lidiar con una empresa en declive y en medio de una economía de posguerra.
D’Agostino y Bazzoni tampoco tienen expedientes históricos de servicios profesionales en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, sus señas en conjunto aparecen en los registros de empresas en Barbados y Malta, según documentos obtenidos en una filtración del bufete Appleby por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, mejor conocida como Paradise Papers.
Consultado sobre sus inversiones petroleras, D’Agostino, quien es socio de Daycohost y miembro de la junta directiva del Banco Occidental de Descuento, así como cuñado del político de oposición Henry Ramos Allup, alegó que su empresa de negocios petroleros, Element Capital, fue excluida del sistema de contratación de PDVSA y, por lo tanto, no mantiene negocios con la estatal.
Bazzoni
confirmó que es socio minoritario de Petrodelta y asesor de la empresa Elemento
LTD, la cual “sólo pudo comercializar cuatro buques de PDVSA entre febrero y
abril de 2017”. Agregó que su relación actual con D’Agostino es solo social.
Ambos negaron tener negocios con Derwick Associates, señalada en múltiples
trabajos de periodismo de investigación de haber defraudado al Estado venezolano
con venta de plantas eléctricas con sobreprecio.
Es el área de consolidación de capital para negocios petroleros donde Bazzoni y D’Agostino saltan a la vista. En 2015, un año antes del anuncio en Miraflores, ya Cisneros, D’Agostino y Bazzoni estaban en la faja como parte de Petrodelta como directores de Harvest (la socia originaria de PDVSA en la compañía mixta), de la cual habían comprado una parte y para la que diseñaron un plan de financiamiento con la idea de reposicionar a la empresa de origen argentino en Venezuela.
Esta entrada al negocio del tuvo su costo. Implicó que la empresa CT Energy Holding, controlada para el momento por los tres socios según documentos de la Security Exchange Commission (SEC), comprara notas financieras a Harvest por unos 60 millones de dólares. Luego se concretó el desplazamiento total de Harvest (que ya quería marcharse del país) por parte de los venezolanos que entonces se convirtieron en socios directos de PDVSA.
Por el lado de PDVSA el camino estaba allanado. Harvest tenía años tratando de zafarse de su sociedad con la estatal, que bloqueaba sus intentos exigiendo más capitalización. “Harvest es un ejemplo de un socio que no tiene la capacidad (financiera para invertir en el negocio petrolero). Ellos sólo quieren el dividendo, no invertir”, dijo Eulogio Del Pino, entonces presidente de PDVSA, a Reuters.
Cuando llegó CT Energy, PDVSA -ávida de dinero fresco- desbloqueó el paso a la sociedad. El empresario de origen italiano intentó durante varios años entrar en el negocio petrolero en Venezuela y el apuro de Harvest en salir del país era su oportunidad. Pero Bazzoni, por su desconocida trayectoria, levantaba sospechas entre los funcionarios de PDVSA, según dijo un ex funcionario de la estatal. Además, no conseguía el financiamiento. Hasta que se asoció con Cisneros, comenta la fuente.
Documentos del registro de empresas de Barbados revelan una serie de empresas off shore de nombres similares a CT Energy Holding, que finalmente entabló con Pdvsa la empresa mixta Petrodelta. En todas participan Bazzoni y D’Agostino como accionistas, directores o jefes de finanzas. En muchos casos cambia sólo el “apellido” de la compañía: CT Energía Holding, CT Derivatives Corporation y CT Energía Oil and Gas LTD. Algunas, como CT Energy Holding SRL, tienen su sede en Las Mercedes, en el edificio de Daycohost, la empresa propiedad de la familia de D’Agostino.
Otras radican en Malta y Barbados. Inglaterra es otra sede de dos emprendimientos en conjunto: Elemento Solutions Limited y Elemento Services Limited. Los registros indican que la naturaleza de las empresas es la compra y venta de petróleo. Cisneros no aparece en ellas pero la sociedad de D`Agostino y Bazzoni en CT Energy Holding sella el acuerdo financiero con Harvest en junio de 2015 y entra como socia de PDVSA en Petrodelta, en noviembre de 2016.
En el ínterín, varias de las socias previas de Bazzoni en negocios de financiamiento petrolero -Centauro, Chemoil, Saltpond e Imperial Energy Ventures- inician consultas en cortes anti-fraude de Texas y Nueva York señalando a las empresas off shore del italiano por desvío de fondos, incumplimiento de contrato e irrespeto acuerdos de jurisdicción. Una de ellas exige resarcir daños hasta por 21 millones de dólares.
Desde Barbados, la caída de Bazzoni llegó hasta Nueva York. En la isla caribeña, el empresario había incorporado una empresa denominada Cinque Terre Financial Group, que un juez ordenó liquidar en abril de 2016 por insolvencia y deudas. Sin embargo, el liquidador de Barbados observó que a pesar de haberse iniciado el proceso de liquidación Bazzoni abrió filiales de Cinque Terre (curiosamente con el nombre de CT Energía LTD), tanto en esa isla como en Malta.
Por lo pronto casi nada se sabe de la productividad de la alianza entre PDVSA y estos socios. A más de un año de haber sellado su compromiso de aumentar producción es toda una incógnita si estos aliados no convencionales que conformaron Petrodelta contribuyeron al Plan Siembra Petrolera.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
