Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.
Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de conquista: la familia Ceballos, uno de los grupos contratistas favorecidos por la Revolución Bolivariana, empezó en 2014 a construir la extensión del teleférico al litoral, pero cinco años después amplió su control a la operación de la lujosa torre cilíndrica que corona la montaña. Ahora la apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50.
