El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
El negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) tiene al menos dos caras. La que todos ven es la de miles de ciudadanos esperando la ansiada caja que reparte el Gobierno con alimentos a precios subsidiados. Al reverso, en la cara oculta, se esconde el apetito de los intermediarios que facturan millones de dólares por esa mercancía. Para unos, el acceso a las cajas mismas y a la gama de productos que portan parece cuestión del azar y de la condescendencia de los funcionarios. Para los otros, los traders, en cambio, su fortuna está asegurada desde que salen las cajas en contenedores desde puertos de otros países. Pero esa ruta de la prosperidad no termina para los comerciantes en Venezuela, sino que se extiende a determinados paraísos fiscales.
La recompensa es tan jugosa que desde mediados del año pasado, cuando el plan estatal creado en 2016 terminó de cobrar cuerpo, aún en el marco de la que quizás sea la mayor crisis económica en la historia de Venezuela, entraron en la puja un sinfín de proveedores que sólo las autoridades venezolanas parecen conocer. Apenas han trascendido al público un par de nombres, como los de Postar Intertrade Limited y Group Grand Limited. Pero qué duda cabe de que no son los únicos.
La empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia
Million Rise Industries Limited es, por ejemplo, uno de los desconocidos proveedores del programa. Al igual que Group Grand Limited, célebre desde que en agosto pasado la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz la relacionara con el propio Maduro, la empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia y la cuarta jurisdicción en el Índice de Secreto Financiero elaborado por Tax Justice Network. A esa compañía acudió el Gobierno venezolano para comprar azúcar y mayonesa de Brasil o arroz blanco de Uruguay, en lo que resulta una extraña intermediación ya que durante años empresas estatales de Venezuela negociaron directamente con compañías de ambos países.
La
puerta de entrada al negocio para Million Rise Industries Limited fue un
contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), una
suerte de holding estatal que centraliza las importaciones públicas y está
presidido por el Mayor General de la Aviación, Giuseppe Yoffreda Yorio. Se trata
del contrato CPVX-CJ-CONT-0072-2017 y gracias al cual la sociedad registrada en
Hong Kong facturó en una semana de septiembre del año pasado, al menos, 668,10
toneladas métricas de arroz blanco uruguayo, despachadas desde Montevideo por la
empresa Damboriarena Escosteguy, así como otras 125 toneladas de azúcar y 72
toneladas de mayonesa brasileña, embarcadas desde el puerto de Santos por Tenda
Atacado Ltda, una red de supermercados.
Sólo para pagar el arroz y la mayonesa, los desembolsos de Corpovex a Million Rise Industries Limited alcanzaron 1,3 millones de dólares en una triangulación, en apariencia, incomprensible. Las facturas dejan clara la ruta del dinero y las condiciones del pago: la estatal venezolana debió transferir la plata a una cuenta del DBS Bank de Hong Kong, que tiene al Deutsche Bank de Frankfurt por banco intermediario. Un cuarto del desembolso debió hacerse por “anticipado”, otro 65% “contra documentos de embarque”, y el décimo restante “contra acta de entrega”.
La cifra de 1,3 millones de dólares luce diminuta frente a los montos frecuentes en estas transacciones. Pero esta sería solo una pequeña rebanada del pastel entero si, como divulgó por Twitter la empresa Well Toughts Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, a Million Rise se le ha asignado la provisión de cinco millones de cajas Clap..
Estadísticas de ImportGenius permiten rastrear parte de esos despachos. De acuerdo a esa base de datos, a partir del 2 de septiembre de 2017 la sociedad de Hong Kong inició los despachos de las cajas CLAP desde el puerto de Veracruz, México, tras comprárselas a proveedores aztecas como La Cosmopolitana y B-Eminent Inc y La Cosmopolitana.
Lo curioso de esa asignación a Million Rise es que la propia empresa se presenta en su página web como una textilera. “Million Rise fue fundada en 1990. Invertimos en una fábrica en Ningbo –ciudad en China- y desarrollamos la colección Home Textiles. Todos nuestros productos tienen la mejor calidad y el precio más competitivo. Podemos ayudarlo a crear un hogar lujoso y confortable”, ofrece el site en el que está desplegado un catálogo de artículos para decorar cuartos, cocinas, baños o mantas para bebé, entre otros.
Aunque en Panamá existe una sociedad homónima, tanto la dirección como el teléfono de contacto colocado en las facturas emitidas a Corpovex remiten a Hong Kong y coinciden con los expuestos en el sitio electrónico. La compañía no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.
El registro mercantil de Hong Kong revela que Million Rise Industries Limited fue creada el 3 de octubre de 1995 y no en 1990, como asegura la página web. En documentos de la sociedad aparecen los nombres de Cheung Kwok Chuen Joseph y Ho Kin Din Danny, quienes también figuran como directores de otra sociedad de Hong Kong llamada Mass Joy Industries Limited, también proveedora del negocio de los Clap, de acuerdo al listado que publicó Well Thought Consultants en su cuenta de Twitter. Estas dos personas parecen actuar como “prestanombres”, una práctica común en los paraísos fiscales para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.
Pero hay más. Kwok Cheung es director de una sociedad homónima a la de Hong Kong, recién creada el 19 de enero de 2018 en Miami, Florida. En los documentos de registro la dirección de la Million Rise norteamericana es la misma de las facturas emitidas por la Million Rise de Hong Kong a Corpovex y la que está publicada en la web de la compañía.
Que los beneficiarios de Million Rise Industries abran una sociedad en Miami puede interpretarse como una señal de que el suministro para los Clap marcha bien y tiende a convertirse en una relación fija entre proveedor y cliente. Cifras reveladas por el Ministro de Agricultura Urbana y jefe para los Clap, Freddy Bernal, indican que el año pasado el Gobierno comercializó 91 millones de combos Clap. De ese total, alrededor de 86 millones de cajas fueron importados, en su mayoría de México, y a través de intermediarios. La cifra de Bernal asoma un negocio que sólo el año pasado pudo representar entre 2.500 millones y 3.500 millones de dólares, si se toma en cuenta que lostraders cobran entre 30 y 40 dólares por cada caja.
Para los traders, la marcha triunfal al negocio no se detiene.
Aunque de la magnitud del negocio no hay dudas, cada vez más opaco parece el desempeño del programa. La calidad de los productos está en duda luego de que un análisis químico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV realizado a ocho marcas mexicanas de leche en polvo, a pedido de Armando.info, demostró que las compañías fabricantes mienten en la información nutricional del etiquetado y que el producto es en realidad una mezcla alta en carbohidratos y baja en proteínas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2017, cuyos resultados se presentaron recientemente en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) de Caracas, también cuestiona la eficiencia del plan gubernamental al revelar que el reparto de las cajas es “discrecional” y que “poco más de la mitad de los hogares beneficiarios no la reciben periódicamente, porcentaje que aumenta al 69% en las ciudades pequeñas y caseríos”. Para los traders, en cambio, la marcha triunfal al negocio no se detiene.
Otro de los intermediarios es J & B International Trading LLC. Aunque su sede esté registrada en Miami, Florida, direcciona los pagos que recibe de Corpovex a un paraíso fiscal, tal como hace Million Rise.
Esta empresa suscribió el contrato CPVX-CJ-CONT-0091-2017 con la estatal venezolana para el suministro de cajas Clap y, sólo el 10 de octubre de 2017, emitió al menos dos facturas por casi 1,7 millones de dólares equivalentes al despacho de 52.858 “combos de alimentos por cajas”, esto es, 31,57 dólares por kit. Las facturas muestran que el dinero debió girarse a una cuenta en el LGT Bank en Suiza, país que encabeza el Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network y que el banco intermediario fue el LGT Bank de Liechtenstein, otra jurisdicción que destaca por su secretismo financiero.
La lista divulgada en las redes sociales por Well Tought Consultants le atribuye un contrato por un millón de cajas, lo que supondría casi 32 millones de dólares al precio de 31,57 dólares por caja. La base de datos de comercio internacional ImportGenius arroja algunas pistas sobre el volumen del negocio de J & B International Trading. Sólo entre agosto y septiembre del año pasado, la compañía realizó al menos cinco embarques desde el puerto de Veracruz, México, con toneladas de alimentos comprados a la empresa Integradora de Productores del Estado de México. Se trata de otro proveedor de ese país que se suma a los contactados por Million Rise Industries Limited y a compañías como El Sardinero o Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), usados por otros de los intermediarios desde finales de 2016.
Según el registro mercantil del estado de Florida, J & B International Trading fue creada en 2008 y tiene como directores a los venezolanos José Antonio Achram Lugo y Brigitt Tonelly Achram Lugo. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) indica que José Achram trabajó hasta octubre de 2015 para la compañía Inversiones Jaba 2426, mientras que Brigitt laboró hasta el 31 de diciembre de 2017 en la Universidad Nueva Esparta (UNE), una institución privada. La compañía posee una oficina en el Edificio Gerencial de Las Mercedes, un lujoso complejo en el distrito comercial y financiero de mismo nombre al sureste de Caracas. “Ahorita no estamos interesados en dar ninguna entrevista, muchísimas gracias”, respondieron en esa oficina a la solicitud realizada para este reportaje.
Ninguna autoridad ha explicado la naturaleza de las negociaciones, ni la razón por la que ha recurrido a los intermediarios para comprar la comida que reclaman los venezolanos en un momento en el que hasta 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, de acuerdo a la Encovi 2017. El Gobierno, como los traders, prefiere moverse en silencio.
Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.
Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.
Aunque apasionado criador de purasangres de carrera, Iván Rodríguez Gelfenstein ha dado más de un salto propios, en realidad, de la disciplina de la equitación: de odontólogo a proveedor de alimentos para el gobierno de Chávez, de miembro de una hermandad de burócratas revolucionarios a magnate en la costa este de Florida. En uno de esos fue a dar con sus negocios a Panamá, y allí el HSBC lo reportó haciendo transferencias a un grupo comercial señalado por actividades de supuesto lavado de dinero.
¿Dónde está? Es el clamor que mantiene en Twitter su madre y que las redes multiplican, a veces de modo equívoco, creyendo que se trata de un mártir de oposición. Este investigador submarino, de doble nacionalidad y en cuyo apellido yacía su destino, se convirtió en toda una leyenda del mercado global de salvamentos en las profundidades oceánicas. Pero mientras participaba en operaciones espectaculares como la búsqueda del sumergible 'Kursk' o la recuperación del heredero del imperio Missoni, también se fue enredando en una madeja de intereses y arcanos que pueden dar pie, cada uno, a hipótesis diferentes para su desaparición hace más de dos años, un día en que tomó un vuelo de Miami a Caracas.
El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
