El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
El negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) tiene al menos dos caras. La que todos ven es la de miles de ciudadanos esperando la ansiada caja que reparte el Gobierno con alimentos a precios subsidiados. Al reverso, en la cara oculta, se esconde el apetito de los intermediarios que facturan millones de dólares por esa mercancía. Para unos, el acceso a las cajas mismas y a la gama de productos que portan parece cuestión del azar y de la condescendencia de los funcionarios. Para los otros, los traders, en cambio, su fortuna está asegurada desde que salen las cajas en contenedores desde puertos de otros países. Pero esa ruta de la prosperidad no termina para los comerciantes en Venezuela, sino que se extiende a determinados paraísos fiscales.
La recompensa es tan jugosa que desde mediados del año pasado, cuando el plan estatal creado en 2016 terminó de cobrar cuerpo, aún en el marco de la que quizás sea la mayor crisis económica en la historia de Venezuela, entraron en la puja un sinfín de proveedores que sólo las autoridades venezolanas parecen conocer. Apenas han trascendido al público un par de nombres, como los de Postar Intertrade Limited y Group Grand Limited. Pero qué duda cabe de que no son los únicos.
La empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia
Million Rise Industries Limited es, por ejemplo, uno de los desconocidos proveedores del programa. Al igual que Group Grand Limited, célebre desde que en agosto pasado la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz la relacionara con el propio Maduro, la empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia y la cuarta jurisdicción en el Índice de Secreto Financiero elaborado por Tax Justice Network. A esa compañía acudió el Gobierno venezolano para comprar azúcar y mayonesa de Brasil o arroz blanco de Uruguay, en lo que resulta una extraña intermediación ya que durante años empresas estatales de Venezuela negociaron directamente con compañías de ambos países.
La
puerta de entrada al negocio para Million Rise Industries Limited fue un
contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), una
suerte de holding estatal que centraliza las importaciones públicas y está
presidido por el Mayor General de la Aviación, Giuseppe Yoffreda Yorio. Se trata
del contrato CPVX-CJ-CONT-0072-2017 y gracias al cual la sociedad registrada en
Hong Kong facturó en una semana de septiembre del año pasado, al menos, 668,10
toneladas métricas de arroz blanco uruguayo, despachadas desde Montevideo por la
empresa Damboriarena Escosteguy, así como otras 125 toneladas de azúcar y 72
toneladas de mayonesa brasileña, embarcadas desde el puerto de Santos por Tenda
Atacado Ltda, una red de supermercados.
Sólo para pagar el arroz y la mayonesa, los desembolsos de Corpovex a Million Rise Industries Limited alcanzaron 1,3 millones de dólares en una triangulación, en apariencia, incomprensible. Las facturas dejan clara la ruta del dinero y las condiciones del pago: la estatal venezolana debió transferir la plata a una cuenta del DBS Bank de Hong Kong, que tiene al Deutsche Bank de Frankfurt por banco intermediario. Un cuarto del desembolso debió hacerse por “anticipado”, otro 65% “contra documentos de embarque”, y el décimo restante “contra acta de entrega”.
La cifra de 1,3 millones de dólares luce diminuta frente a los montos frecuentes en estas transacciones. Pero esta sería solo una pequeña rebanada del pastel entero si, como divulgó por Twitter la empresa Well Toughts Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, a Million Rise se le ha asignado la provisión de cinco millones de cajas Clap..
Estadísticas de ImportGenius permiten rastrear parte de esos despachos. De acuerdo a esa base de datos, a partir del 2 de septiembre de 2017 la sociedad de Hong Kong inició los despachos de las cajas CLAP desde el puerto de Veracruz, México, tras comprárselas a proveedores aztecas como La Cosmopolitana y B-Eminent Inc y La Cosmopolitana.
Lo curioso de esa asignación a Million Rise es que la propia empresa se presenta en su página web como una textilera. “Million Rise fue fundada en 1990. Invertimos en una fábrica en Ningbo –ciudad en China- y desarrollamos la colección Home Textiles. Todos nuestros productos tienen la mejor calidad y el precio más competitivo. Podemos ayudarlo a crear un hogar lujoso y confortable”, ofrece el site en el que está desplegado un catálogo de artículos para decorar cuartos, cocinas, baños o mantas para bebé, entre otros.
Aunque en Panamá existe una sociedad homónima, tanto la dirección como el teléfono de contacto colocado en las facturas emitidas a Corpovex remiten a Hong Kong y coinciden con los expuestos en el sitio electrónico. La compañía no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.
El registro mercantil de Hong Kong revela que Million Rise Industries Limited fue creada el 3 de octubre de 1995 y no en 1990, como asegura la página web. En documentos de la sociedad aparecen los nombres de Cheung Kwok Chuen Joseph y Ho Kin Din Danny, quienes también figuran como directores de otra sociedad de Hong Kong llamada Mass Joy Industries Limited, también proveedora del negocio de los Clap, de acuerdo al listado que publicó Well Thought Consultants en su cuenta de Twitter. Estas dos personas parecen actuar como “prestanombres”, una práctica común en los paraísos fiscales para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.
Pero hay más. Kwok Cheung es director de una sociedad homónima a la de Hong Kong, recién creada el 19 de enero de 2018 en Miami, Florida. En los documentos de registro la dirección de la Million Rise norteamericana es la misma de las facturas emitidas por la Million Rise de Hong Kong a Corpovex y la que está publicada en la web de la compañía.
Que los beneficiarios de Million Rise Industries abran una sociedad en Miami puede interpretarse como una señal de que el suministro para los Clap marcha bien y tiende a convertirse en una relación fija entre proveedor y cliente. Cifras reveladas por el Ministro de Agricultura Urbana y jefe para los Clap, Freddy Bernal, indican que el año pasado el Gobierno comercializó 91 millones de combos Clap. De ese total, alrededor de 86 millones de cajas fueron importados, en su mayoría de México, y a través de intermediarios. La cifra de Bernal asoma un negocio que sólo el año pasado pudo representar entre 2.500 millones y 3.500 millones de dólares, si se toma en cuenta que lostraders cobran entre 30 y 40 dólares por cada caja.
Para los traders, la marcha triunfal al negocio no se detiene.
Aunque de la magnitud del negocio no hay dudas, cada vez más opaco parece el desempeño del programa. La calidad de los productos está en duda luego de que un análisis químico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV realizado a ocho marcas mexicanas de leche en polvo, a pedido de Armando.info, demostró que las compañías fabricantes mienten en la información nutricional del etiquetado y que el producto es en realidad una mezcla alta en carbohidratos y baja en proteínas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2017, cuyos resultados se presentaron recientemente en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) de Caracas, también cuestiona la eficiencia del plan gubernamental al revelar que el reparto de las cajas es “discrecional” y que “poco más de la mitad de los hogares beneficiarios no la reciben periódicamente, porcentaje que aumenta al 69% en las ciudades pequeñas y caseríos”. Para los traders, en cambio, la marcha triunfal al negocio no se detiene.
Otro de los intermediarios es J & B International Trading LLC. Aunque su sede esté registrada en Miami, Florida, direcciona los pagos que recibe de Corpovex a un paraíso fiscal, tal como hace Million Rise.
Esta empresa suscribió el contrato CPVX-CJ-CONT-0091-2017 con la estatal venezolana para el suministro de cajas Clap y, sólo el 10 de octubre de 2017, emitió al menos dos facturas por casi 1,7 millones de dólares equivalentes al despacho de 52.858 “combos de alimentos por cajas”, esto es, 31,57 dólares por kit. Las facturas muestran que el dinero debió girarse a una cuenta en el LGT Bank en Suiza, país que encabeza el Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network y que el banco intermediario fue el LGT Bank de Liechtenstein, otra jurisdicción que destaca por su secretismo financiero.
La lista divulgada en las redes sociales por Well Tought Consultants le atribuye un contrato por un millón de cajas, lo que supondría casi 32 millones de dólares al precio de 31,57 dólares por caja. La base de datos de comercio internacional ImportGenius arroja algunas pistas sobre el volumen del negocio de J & B International Trading. Sólo entre agosto y septiembre del año pasado, la compañía realizó al menos cinco embarques desde el puerto de Veracruz, México, con toneladas de alimentos comprados a la empresa Integradora de Productores del Estado de México. Se trata de otro proveedor de ese país que se suma a los contactados por Million Rise Industries Limited y a compañías como El Sardinero o Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), usados por otros de los intermediarios desde finales de 2016.
Según el registro mercantil del estado de Florida, J & B International Trading fue creada en 2008 y tiene como directores a los venezolanos José Antonio Achram Lugo y Brigitt Tonelly Achram Lugo. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) indica que José Achram trabajó hasta octubre de 2015 para la compañía Inversiones Jaba 2426, mientras que Brigitt laboró hasta el 31 de diciembre de 2017 en la Universidad Nueva Esparta (UNE), una institución privada. La compañía posee una oficina en el Edificio Gerencial de Las Mercedes, un lujoso complejo en el distrito comercial y financiero de mismo nombre al sureste de Caracas. “Ahorita no estamos interesados en dar ninguna entrevista, muchísimas gracias”, respondieron en esa oficina a la solicitud realizada para este reportaje.
Ninguna autoridad ha explicado la naturaleza de las negociaciones, ni la razón por la que ha recurrido a los intermediarios para comprar la comida que reclaman los venezolanos en un momento en el que hasta 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, de acuerdo a la Encovi 2017. El Gobierno, como los traders, prefiere moverse en silencio.
Los hermanos Majed y Khaled Khalil están listos para lo que se le ofrezca al régimen de Nicolás Maduro. En 2020 se prestaron a servir la coartada para un cargamento destinado a las obras de remodelación del Hotel Alba Caracas que, al hacer trasbordo en Nueva York en ruta al puerto de La Guaira, corría el riesgo de quedar retenido por los efectos de las sanciones estadounidenses. Los contenedores eran parte de un opaco contrato para rehabilitar el emblemático hotel capitalino y ponerlo en manos de empresarios turcos cercanos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Para los Khalil el favor no representó más que un pequeño gesto en medio de su esfuerzo por construir un emporio del sector turístico.
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
