El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
El negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) tiene al menos dos caras. La que todos ven es la de miles de ciudadanos esperando la ansiada caja que reparte el Gobierno con alimentos a precios subsidiados. Al reverso, en la cara oculta, se esconde el apetito de los intermediarios que facturan millones de dólares por esa mercancía. Para unos, el acceso a las cajas mismas y a la gama de productos que portan parece cuestión del azar y de la condescendencia de los funcionarios. Para los otros, los traders, en cambio, su fortuna está asegurada desde que salen las cajas en contenedores desde puertos de otros países. Pero esa ruta de la prosperidad no termina para los comerciantes en Venezuela, sino que se extiende a determinados paraísos fiscales.
La recompensa es tan jugosa que desde mediados del año pasado, cuando el plan estatal creado en 2016 terminó de cobrar cuerpo, aún en el marco de la que quizás sea la mayor crisis económica en la historia de Venezuela, entraron en la puja un sinfín de proveedores que sólo las autoridades venezolanas parecen conocer. Apenas han trascendido al público un par de nombres, como los de Postar Intertrade Limited y Group Grand Limited. Pero qué duda cabe de que no son los únicos.
La empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia
Million Rise Industries Limited es, por ejemplo, uno de los desconocidos proveedores del programa. Al igual que Group Grand Limited, célebre desde que en agosto pasado la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz la relacionara con el propio Maduro, la empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia y la cuarta jurisdicción en el Índice de Secreto Financiero elaborado por Tax Justice Network. A esa compañía acudió el Gobierno venezolano para comprar azúcar y mayonesa de Brasil o arroz blanco de Uruguay, en lo que resulta una extraña intermediación ya que durante años empresas estatales de Venezuela negociaron directamente con compañías de ambos países.
La
puerta de entrada al negocio para Million Rise Industries Limited fue un
contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), una
suerte de holding estatal que centraliza las importaciones públicas y está
presidido por el Mayor General de la Aviación, Giuseppe Yoffreda Yorio. Se trata
del contrato CPVX-CJ-CONT-0072-2017 y gracias al cual la sociedad registrada en
Hong Kong facturó en una semana de septiembre del año pasado, al menos, 668,10
toneladas métricas de arroz blanco uruguayo, despachadas desde Montevideo por la
empresa Damboriarena Escosteguy, así como otras 125 toneladas de azúcar y 72
toneladas de mayonesa brasileña, embarcadas desde el puerto de Santos por Tenda
Atacado Ltda, una red de supermercados.
Sólo para pagar el arroz y la mayonesa, los desembolsos de Corpovex a Million Rise Industries Limited alcanzaron 1,3 millones de dólares en una triangulación, en apariencia, incomprensible. Las facturas dejan clara la ruta del dinero y las condiciones del pago: la estatal venezolana debió transferir la plata a una cuenta del DBS Bank de Hong Kong, que tiene al Deutsche Bank de Frankfurt por banco intermediario. Un cuarto del desembolso debió hacerse por “anticipado”, otro 65% “contra documentos de embarque”, y el décimo restante “contra acta de entrega”.
La cifra de 1,3 millones de dólares luce diminuta frente a los montos frecuentes en estas transacciones. Pero esta sería solo una pequeña rebanada del pastel entero si, como divulgó por Twitter la empresa Well Toughts Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, a Million Rise se le ha asignado la provisión de cinco millones de cajas Clap..
Estadísticas de ImportGenius permiten rastrear parte de esos despachos. De acuerdo a esa base de datos, a partir del 2 de septiembre de 2017 la sociedad de Hong Kong inició los despachos de las cajas CLAP desde el puerto de Veracruz, México, tras comprárselas a proveedores aztecas como La Cosmopolitana y B-Eminent Inc y La Cosmopolitana.
Lo curioso de esa asignación a Million Rise es que la propia empresa se presenta en su página web como una textilera. “Million Rise fue fundada en 1990. Invertimos en una fábrica en Ningbo –ciudad en China- y desarrollamos la colección Home Textiles. Todos nuestros productos tienen la mejor calidad y el precio más competitivo. Podemos ayudarlo a crear un hogar lujoso y confortable”, ofrece el site en el que está desplegado un catálogo de artículos para decorar cuartos, cocinas, baños o mantas para bebé, entre otros.
Aunque en Panamá existe una sociedad homónima, tanto la dirección como el teléfono de contacto colocado en las facturas emitidas a Corpovex remiten a Hong Kong y coinciden con los expuestos en el sitio electrónico. La compañía no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.
El registro mercantil de Hong Kong revela que Million Rise Industries Limited fue creada el 3 de octubre de 1995 y no en 1990, como asegura la página web. En documentos de la sociedad aparecen los nombres de Cheung Kwok Chuen Joseph y Ho Kin Din Danny, quienes también figuran como directores de otra sociedad de Hong Kong llamada Mass Joy Industries Limited, también proveedora del negocio de los Clap, de acuerdo al listado que publicó Well Thought Consultants en su cuenta de Twitter. Estas dos personas parecen actuar como “prestanombres”, una práctica común en los paraísos fiscales para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.
Pero hay más. Kwok Cheung es director de una sociedad homónima a la de Hong Kong, recién creada el 19 de enero de 2018 en Miami, Florida. En los documentos de registro la dirección de la Million Rise norteamericana es la misma de las facturas emitidas por la Million Rise de Hong Kong a Corpovex y la que está publicada en la web de la compañía.
Que los beneficiarios de Million Rise Industries abran una sociedad en Miami puede interpretarse como una señal de que el suministro para los Clap marcha bien y tiende a convertirse en una relación fija entre proveedor y cliente. Cifras reveladas por el Ministro de Agricultura Urbana y jefe para los Clap, Freddy Bernal, indican que el año pasado el Gobierno comercializó 91 millones de combos Clap. De ese total, alrededor de 86 millones de cajas fueron importados, en su mayoría de México, y a través de intermediarios. La cifra de Bernal asoma un negocio que sólo el año pasado pudo representar entre 2.500 millones y 3.500 millones de dólares, si se toma en cuenta que lostraders cobran entre 30 y 40 dólares por cada caja.
Para los traders, la marcha triunfal al negocio no se detiene.
Aunque de la magnitud del negocio no hay dudas, cada vez más opaco parece el desempeño del programa. La calidad de los productos está en duda luego de que un análisis químico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV realizado a ocho marcas mexicanas de leche en polvo, a pedido de Armando.info, demostró que las compañías fabricantes mienten en la información nutricional del etiquetado y que el producto es en realidad una mezcla alta en carbohidratos y baja en proteínas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2017, cuyos resultados se presentaron recientemente en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) de Caracas, también cuestiona la eficiencia del plan gubernamental al revelar que el reparto de las cajas es “discrecional” y que “poco más de la mitad de los hogares beneficiarios no la reciben periódicamente, porcentaje que aumenta al 69% en las ciudades pequeñas y caseríos”. Para los traders, en cambio, la marcha triunfal al negocio no se detiene.
Otro de los intermediarios es J & B International Trading LLC. Aunque su sede esté registrada en Miami, Florida, direcciona los pagos que recibe de Corpovex a un paraíso fiscal, tal como hace Million Rise.
Esta empresa suscribió el contrato CPVX-CJ-CONT-0091-2017 con la estatal venezolana para el suministro de cajas Clap y, sólo el 10 de octubre de 2017, emitió al menos dos facturas por casi 1,7 millones de dólares equivalentes al despacho de 52.858 “combos de alimentos por cajas”, esto es, 31,57 dólares por kit. Las facturas muestran que el dinero debió girarse a una cuenta en el LGT Bank en Suiza, país que encabeza el Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network y que el banco intermediario fue el LGT Bank de Liechtenstein, otra jurisdicción que destaca por su secretismo financiero.
La lista divulgada en las redes sociales por Well Tought Consultants le atribuye un contrato por un millón de cajas, lo que supondría casi 32 millones de dólares al precio de 31,57 dólares por caja. La base de datos de comercio internacional ImportGenius arroja algunas pistas sobre el volumen del negocio de J & B International Trading. Sólo entre agosto y septiembre del año pasado, la compañía realizó al menos cinco embarques desde el puerto de Veracruz, México, con toneladas de alimentos comprados a la empresa Integradora de Productores del Estado de México. Se trata de otro proveedor de ese país que se suma a los contactados por Million Rise Industries Limited y a compañías como El Sardinero o Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), usados por otros de los intermediarios desde finales de 2016.
Según el registro mercantil del estado de Florida, J & B International Trading fue creada en 2008 y tiene como directores a los venezolanos José Antonio Achram Lugo y Brigitt Tonelly Achram Lugo. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) indica que José Achram trabajó hasta octubre de 2015 para la compañía Inversiones Jaba 2426, mientras que Brigitt laboró hasta el 31 de diciembre de 2017 en la Universidad Nueva Esparta (UNE), una institución privada. La compañía posee una oficina en el Edificio Gerencial de Las Mercedes, un lujoso complejo en el distrito comercial y financiero de mismo nombre al sureste de Caracas. “Ahorita no estamos interesados en dar ninguna entrevista, muchísimas gracias”, respondieron en esa oficina a la solicitud realizada para este reportaje.
Ninguna autoridad ha explicado la naturaleza de las negociaciones, ni la razón por la que ha recurrido a los intermediarios para comprar la comida que reclaman los venezolanos en un momento en el que hasta 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, de acuerdo a la Encovi 2017. El Gobierno, como los traders, prefiere moverse en silencio.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
