Fuera de cuestionamientos éticos la lógica de un ente privado al abrir una empresa offshore parece elemental, declarar sus ganancias en un territorio en los que pueda pagar menos impuestos de lo que debería en su lugar de origen. Pero al tratarse de una empresa estatal de la talla de Petróleos de Venezuela, que no está obligada a pagar impuestos –y por lo tanto, no necesita evadirlos– cuesta entender por qué dentro de su esquema de negocios se detectan contrataciones con empresas establecidas en paraísos fiscales y hasta la creación de filiales propias en estos lugares. ¿Qué gana con esto el tesoro público venezolano?
“Manejar y operar solo o en conjunto con otras corporaciones, personas o firmas todo tipo de instalación, refinería, terminal, oleoducto, puerto, embarcadero o muelle para el transporte, manejo, procesamiento, refinamiento y almacenamiento de petróleo, gas, carbón, aceites y combustibles de todo tipo, lubricantes e hidrocarburos de cualquier clase y todo tipo de productos o derivados y líquidos en general”.
Como la metáfora de ese jugador que es cuarto bate, cátcher y novio de la madrina del equipo, el párrafo anterior es apenas el primero de ocho objetivos que se abroga la compañía Pdvsa Marketing Internacional (Aruba) A.V.V., establecida en esa isla caribeña con un capital de 30.000 dólares, un monto más que modesto para las pretensiones de también emitir y comprar bonos, participar en la liquidación de compañías o participar en “todo tipo de contratos con propósito legal”. Así lo señala el documento constitutivo de la empresa, uno de los 13,4 millones de documentos obtenidos en una filtración del bufete Appleby por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, mejor conocida como Paradise Papers.
En el documento consta que la empresa se constituyó el 22 de julio de 1991 y fue reflotada en el 2009 con las firmas de Asdrúbal Chávez –para la fecha vicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa y actual presidente de Citgo– y Eudomario Carruyo, entonces vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera, caído en desgracia tras ser señalado de participar en el desvío de recursos que acabó con el Fondo de Pensiones de la empresa. Aunque no hay rastros claros que adviertan si la empresa hizo alguna contratación a través de esa sucursal arubeña y de la que no deja registro formal en algún lado, la constitución de esta empresa en un paraíso fiscal dista de ser una práctica aislada en los tiempos de la Pdvsa “roja rojita”.
También en el año 2009 Pdvsa Gas contrató los servicios del bufete Appleby para la constitución de la empresa Pdvsa Gas Accro Ltd –en sustitución de otra conocida como Accroven Holdings Ltd–la cual fue registrada en Barbados en septiembre de ese año con un abanico de objetivos y propósitos más ambiciosos relacionados con la explotación gasífera.
En el año 2010 firma como su único director el entonces gerente general de la División Costa Afuera de Pdvsa, Ricardo Coronado, quien luego de escalar altas posiciones dentro de la industria fue señalado por corrupción por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y salió del país mucho antes de la razzia que ahora tiene tras las rejas a directivos como Eulogio del Pino y Nelson Martínez, entre otros 63 trabajadores de la empresa.
Aunque oficialmente la dirección de Finanzas de Pdvsa Gas no respondió un cuestionario enviado sobre el alcance y funcionamiento de esa empresa –sobre la que no da cuenta en algún informe de gestión– una fuente de la petrolera confirmó que la oficina se encuentra activa, aunque no adelantó la naturaleza de sus actuaciones.
¿Por qué una empresa estatal abre oficinas en un paraíso fiscal?
La filtración del bufete Appleby también da cuenta de que la empresa WillPro Energy Services (Pigap II) fue adquirida por Pdvsa Gas por un monto de 112,4 millones de dólares –especializada en servicios de inyección y compresión de gas– y se encuentra registrada en las Islas Caimán, aunque tiene oficina establecida en Maturín, estado Monagas. A pesar de los intentos no pudo establecerse un contacto telefónico con esa sucursal.
¿Por qué una empresa estatal abre oficinas en un paraíso fiscal? Aclarado el punto de que Pdvsa no tiene necesidad de evadir impuestos en Venezuela, un abogado experto en la constitución de entidades financieras y empresas offshore aseguró a Armando.info que la primera explicación puede encontrarse en la vigencia del control de cambio en Venezuela desde el año 2003 y la posibilidad que ofrecen estas empresas de tener una relación comercial con la petrolera sin pasar por ese control.
“Los pagos en dólares que recibe una empresa offshore, así sea de Pdvsa, no tienen la obligación de pasar por el Banco Central de Venezuela”, especifica el experto refiriéndose a la reforma de la Ley del BCV que levantó la obligación a Pdvsa de pasar todas sus utilidades a este ente. “Esto hizo más fácil la colocación de divisas en otros lugares como el Fonden o empresas offshore”.
El problema fundamental de estas colocaciones es su opacidad. Al estar fuera de la jurisdicción venezolana, difícilmente puede la Contraloría venezolana o la Asamblea Nacional pedir alguna rendición de cuentas, sobre todo si Pdvsa no hace públicas estas empresas. En su organigrama oficial, la estatal solo reconoce a PDV Insurance Company (Pdvic) como única empresa establecida en las islas Bermudas.
“El deber ser es que Pdvsa no tenga intermediarios y haga sus contrataciones de forma directa, para que estas puedan ser debidamente auditadas”
El otro gran detalle es que al constituir filiales en paraísos fiscales, Petróleos de Venezuela tiene la posibilidad de hacer subcontrataciones sin pasar por el proceso de licitación establecido en la legislación venezolana. “La empresa offshore, por su naturaleza, puede recibir pagos y también pagar a cualquier proveedor prácticamente sin controles. Si se trata de una offshore que se maneja como filial de Pdvsa se evita además la licitación porque es la propia empresa adquiriendo un bien o servicio a una filial. No significa que esto ocurra, pero se presta a todo tipo de subcontrataciones, sobreprecios y cobro de comisiones”.
Un ejemplo de estos manejos sin control fue lo que hizo Pdvsa Insurance Company (Pdvic) al entregar 66,7 millones de dólares a un fondo financiero –Fractal Fund Management– que terminó enredado en el esquema Ponzi en el que se perdieron más de 500 millones de dólares de la estatal petrolera. “El deber ser es que Pdvsa no tenga intermediarios y haga sus contrataciones de forma directa, para que estas puedan ser debidamente auditadas”, remata el letrado.
La cantidad y amplitud de los objetivos que establecen estas empresas en sus documentos constitutivos contribuye también a la posibilidad de hacer contrataciones de todo tipo con cualquier tipo de empresa. Los paraísos fiscales permiten esas definiciones laxas justamente para facilitar la constitución de las empresas, a diferencia de las leyes de otros países, incluyendo Venezuela, que ordenan definiciones más delimitadas.
Otro reconocido caso de una subcontratación lesiva para el erario público venezolano fue el arrendamiento de la plataforma Aban Pearl a la empresa offshore Petromarine Energy Services Ltd, registrada en Barbados. La plataforma, que se derrumbó el 13 de abril del año 2010 habría sido contratada con un sobreprecio de hasta 50 millones de dólares, según la denuncia enviada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a la Fiscalía venezolana.
Con la primera filtración de documentos conocida como Panama Papers –esa vez del bufete panameño Mossack Fonseca– se supo que el gusto de Pdvsa por las offshores le alcanzó incluso para crear la empresa mixta Veniran Petrochemical Company en agosto de 2007 entre la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y su par iraní, National Petrochemical Company, registrada entonces en las Islas Vírgenes Británicas.
El fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, denunció esta semana sobre la contratación de Pdvsa con la empresa Petrosaudi Oil Services, a la que calificó como una firma sin experiencia en la perforación costa afuera radicada en Barbados sin dar detalles sobre la posible pérdida del estado venezolano al haberla contratado.
No obstante, en los Paradise Papers hay constancia de que Pdvsa a través de Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd hizo dos contrataciones para perforación, uno por 120 millones de dólares y al que llamaron contrato de perforación Neptuno (Neptune Drilling Contract) en octubre de 2007 y otro por 130 millones de dólares en septiembre de 2010 al que llamaron Saturno, Saturn Drilling Contract.
En otra filtración figura que Pdvsa constituyó una empresa mixta (Petrolera Güiria) para la explotación de crudo y gas en el Golfo de Paria junto con la petrolera italiana ENI y una empresa offshore llamada Ine Paria –que previamente se llamó EOG Resources Venezuela Ltd–, registrada en las Islas Caimán y con oficina en Caracas. Con esa misma compañía también creó otra empresa mixta (Petroparia) en la que participó la estatal china Sinopec. Por Venezuela firmó esas empresas quien entonces fuera presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo y hasta hace una semana el “hombre fuerte” de Pdvsa, Eulogio del Pino.
Aunque la legalidad en la constitución de estas empresas no está en discusión, Pdvsa no da cuenta oficial de sus relaciones con la mayoría de ellas y en algunos casos –como Pdvsa Gas Accro Ltd, Pdvsa Marketing International (Aruba) A.V.V.– ni siquiera las menciona en sus informes de gestión, mucho menos el tipo de operaciones que realizan ni cuánto cuestan al Estado. El gusto que le ha tomado Pdvsa a contratar con offshores por ahora solo contribuye a espesar el velo de sus operaciones.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
