Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Esquivando las sanciones occidentales contra el régimen de Nicolás Maduro, el contratista predilecto de este fue a dar con sus intereses a Moscú. Allí instaló una oficina céntrica y cercana al despacho de Putin, que ha seguido funcionando aún después del arresto del mercader en Cabo Verde. En la capital rusa no solo obtuvo refugio -al menos, temporal- para sus transacciones encubiertas y para su esposa, sino además una socia o delegada, también colombiana, a quien confió el negocio y la familia.
Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por los regímenes de La Habana, primero, y de Caracas, después. El clan de los hermanos Carretero Napolitano obtuvo la construcción del estadio de béisbol de Caracas, y aunque no concluyó la obra, el Estado chavista lo siguió premiando con contratos más grandes y jugosos, que incluyen el suministro de equipos informáticos para el carnet de afiliación a programas del gobierno y de control clientelar, así como negocios petroleros. Los avales del castrismo y del sobrino predilecto de Cilia Flores lo pueden explicar.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
