En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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La comprobación de que la leche en polvo incluida en las llamadas “cajas CLAP” es fraudulenta abre interrogantes en torno a los proveedores e intermediarios seleccionados por las autoridades venezolanas, y acerca de los controles que estas pudieron aplicar sobre el producto que se importa. Pero ese escrutinio no debe perder de vista el origen de la mercancía: México. Ese país registra una tradición funesta de productos lácteos de pobre calidad destinada a sus programas sociales. Información falsa en el etiquetado y bajo aporte en nutrientes, forman parte de un patrón verificable tanto en el programa de los CLAP del Gobierno de Nicolás Maduro como en iniciativas sucesivas del Estado mexicano.
Desde tan temprano como 2004, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una de las instancias federales que en México se ocupan del derecho de los consumidores, vienen avisando de que algunas marcas de leche presentan problemas en la información comercial o que llevan leyendas que inducen al error o engaño. En 2006, a través de la Secretaría de Economía, Profeco revelaba que 400 marcas de productos lácteos engañaban a los consumidores ofreciendo bebidas de soya o de arroz como leche. Ya en 2008, el organismo impuso multas cuantiosas a más de un centenar de marcas y ordenó la inmovilización de cuatro millones de productos.
“La Profeco hace verificaciones día a día, a través de la Subprocuraduría de Verificación, a donde está adscrito este laboratorio, y de la Dirección de Verificación y Vigilancia. Nosotros verificamos los diferentes puntos de venta. En caso de que existan irregularidades, en cuanto los componentes, se hace un dictamen y sobre eso, un proceso administrativo en forma de juicio, que de comprobarse se fincaría una multa”, explica Engels Ruelas Olvera, Director General del Laboratorio Nacional de Profeco.
De hecho, una de las empresas que aparecen como suministradoras del programa venezolano de los CLAP, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), obtuvo decenas de contratos entre 2012 y 2016 del Gobierno federal mexicano para dotar de leche a programas sociales como “Apadrina a un niño indígena”, “Despensas discapacitados”, “Pequeños en movimiento” y “Creciendo sanos”, entre otros.
DAI, registrada en el estado de Nuevo León, obtuvo el 15 de mayo de 2017 un certificado para la exportación de libre venta hacia la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Secretaría de Salud del Estado de esa entidad a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para ese momento las compras masivas de alimentos a compañías mexicanas se habían disparado al menos gracias a dos intermediarios del Gobierno venezolano como Group Grand Limited, sociedad vinculada al empresario colombiano Alex Saab y que la Fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, relaciona directamente con Nicolás Maduro, o Postar Intertrade Limited, firma registrada en Barbados y perteneciente al empresario venezolano Samark López, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense califica de “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.
DAI es la productora de la marca Mac Leche, “la de la vaquita roja”, como el público consumidor venezolano ha dado en llamarla, en alusión a su emblema y logotipo. Entre las ocho marcas analizadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a solicitud de Armando.info, recolectadas entre septiembre y diciembre de 2017, es una de las que mostró peores perfiles nutritivos. A pesar de que en el empaque la marca asegura que contiene 26 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, el análisis químico de la UCV comprobó que apenas llegaba a 8,79 gramos una fracción de un cuarto del aporte de referencia establecido por el propio Estado venezolano a través de sus entes reguladores. En el laboratorio Mac Leche tuvo una proporción de sodio que duplica la cantidad que el empaque informa, que es por cierto el máximo permitido en los estándares nacionales e internacionales para la leche. Esa característica es la que produce el característico sabor salado del que se quejan con frecuencia los consumidores en redes sociales y que es ya parte de la imagen -probablemente indeseada- de la marca.
Nada más esas distorsiones ya trasgreden dos normas mexicanas: la NOM-155-SCFI-2012, que establece entre las propiedades nutricionales de la leche un mínimo de 34 gramos por litro de proteínas; y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en donde se determina que la información del etiquetado “debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca al error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto”.
Sin embargo, las oportunidades de negocio en Venezuela resultan tan atractivas que DAI, además de su participación al detal con la marca Mac Leche en los combos CLAP, aparece entregando, entre octubre y noviembre de 2017, despachos por alrededor de 2.100 toneladas de leche en polvo para la estatal venezolana Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, según los registros de Puerto Cabello, estado de Carabobo, el principal puerto del país. El reconocimiento de la marca Mac Leche entre los consumidores de bajo poder adquisitivo, beneficiarios de los programas asistencialistas del Gobierno de Nicolás Maduro, forzó que durante unos meses de 2017 DAI debiera convivir con otra marca de leche, un me too, que abiertamente buscaba imitar los colores, nombre e identidad visual de Mac Leche.
El representante legal de DAI, Jaime H. García, fue contactado, pero al cierre de este reportaje no aclaró ni la disparidad entre la información reportada por la empresa en las etiquetas y el estudio de la UCV, ni el caso de la falsificación del producto. Tampoco las autoridades mexicanas de la Cofepris ofrecieron una versión sobre las irregularidades.
En lo que el caso de DAI y Mac Leche resulta una singularidad es que se trata de una empresa y una marca que operan tanto en el mercado mexicano como en el venezolano de manera abierta y simultánea. La mayoría de los sucedáneos lácteos de los CLAP son producidos por empresas de historial desconocido y a través de marcas, como Lacto Más y Suprema, que ni siquiera se comercializan en las redes de supermercados de México y son producidas exclusivamente para Venezuela.
Tanto Lacto Mas como Suprema son empacadas por Grupo Brandon, una desconocida en la industria alimenticia mexicana. Quien siga la dirección reflejada en los envoltorios de ambas marcas llegará a una casa en la Colonia del Valle, San Pedro, Garza García, en Nuevo León. Pero allí opera otra compañía, cuyos representantes aseguran que nada tienen que ver con la producción o procesamiento de leche. El análisis químico de la UCV realizado a la marca Suprema revela que ese producto apenas contiene 4,7 gramos de proteína por cada 100 en vez de los 29 reflejados en la etiqueta y apenas 115,33 miligramos de calcio, muy por debajo de los 900 que ofrece. “Para ser distribuido en la República Bolivariana de Venezuela”, especifica una inscripción en el empaque. Pese a ello, el negocio de los CLAP para el Grupo Brandon parece en auge. Recientemente llegó a Venezuela la marca Santa Paula, también empacada por la compañía.
Un caso similar al de Grupo Brandon ocurre con Dilac, responsable de la producción de KF Milk y Pure Milk, ambas analizadas también por la UCV. Ambas marcas prefieren identificarse como “productos lácteos fortificados” en vez de como leche. Pero su amago de transparencia llega solo hasta ahí: en las supuestas oficinas de la empresa manifestaron desconocer esas marcas; se trata de una empresa del sector lácteo, eso sí, pero que dice que no exporta productos al mercado venezolano.
Desde el inicio de los CLAP ningún funcionario venezolano ha explicado por qué se ha recurrido a esas empresas mexicanas, apenas conocidas, ni a los intermediarios que han terminado comprando esa mercancía.
Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.info y el diario Excélsior de México.
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