En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.
La comprobación de que la leche en polvo incluida en las llamadas “cajas CLAP” es fraudulenta abre interrogantes en torno a los proveedores e intermediarios seleccionados por las autoridades venezolanas, y acerca de los controles que estas pudieron aplicar sobre el producto que se importa. Pero ese escrutinio no debe perder de vista el origen de la mercancía: México. Ese país registra una tradición funesta de productos lácteos de pobre calidad destinada a sus programas sociales. Información falsa en el etiquetado y bajo aporte en nutrientes, forman parte de un patrón verificable tanto en el programa de los CLAP del Gobierno de Nicolás Maduro como en iniciativas sucesivas del Estado mexicano.
Desde tan temprano como 2004, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una de las instancias federales que en México se ocupan del derecho de los consumidores, vienen avisando de que algunas marcas de leche presentan problemas en la información comercial o que llevan leyendas que inducen al error o engaño. En 2006, a través de la Secretaría de Economía, Profeco revelaba que 400 marcas de productos lácteos engañaban a los consumidores ofreciendo bebidas de soya o de arroz como leche. Ya en 2008, el organismo impuso multas cuantiosas a más de un centenar de marcas y ordenó la inmovilización de cuatro millones de productos.
“La Profeco hace verificaciones día a día, a través de la Subprocuraduría de Verificación, a donde está adscrito este laboratorio, y de la Dirección de Verificación y Vigilancia. Nosotros verificamos los diferentes puntos de venta. En caso de que existan irregularidades, en cuanto los componentes, se hace un dictamen y sobre eso, un proceso administrativo en forma de juicio, que de comprobarse se fincaría una multa”, explica Engels Ruelas Olvera, Director General del Laboratorio Nacional de Profeco.
De hecho, una de las empresas que aparecen como suministradoras del programa venezolano de los CLAP, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), obtuvo decenas de contratos entre 2012 y 2016 del Gobierno federal mexicano para dotar de leche a programas sociales como “Apadrina a un niño indígena”, “Despensas discapacitados”, “Pequeños en movimiento” y “Creciendo sanos”, entre otros.
DAI, registrada en el estado de Nuevo León, obtuvo el 15 de mayo de 2017 un certificado para la exportación de libre venta hacia la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Secretaría de Salud del Estado de esa entidad a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para ese momento las compras masivas de alimentos a compañías mexicanas se habían disparado al menos gracias a dos intermediarios del Gobierno venezolano como Group Grand Limited, sociedad vinculada al empresario colombiano Alex Saab y que la Fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, relaciona directamente con Nicolás Maduro, o Postar Intertrade Limited, firma registrada en Barbados y perteneciente al empresario venezolano Samark López, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense califica de “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.
DAI es la productora de la marca Mac Leche, “la de la vaquita roja”, como el público consumidor venezolano ha dado en llamarla, en alusión a su emblema y logotipo. Entre las ocho marcas analizadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a solicitud de Armando.info, recolectadas entre septiembre y diciembre de 2017, es una de las que mostró peores perfiles nutritivos. A pesar de que en el empaque la marca asegura que contiene 26 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, el análisis químico de la UCV comprobó que apenas llegaba a 8,79 gramos una fracción de un cuarto del aporte de referencia establecido por el propio Estado venezolano a través de sus entes reguladores. En el laboratorio Mac Leche tuvo una proporción de sodio que duplica la cantidad que el empaque informa, que es por cierto el máximo permitido en los estándares nacionales e internacionales para la leche. Esa característica es la que produce el característico sabor salado del que se quejan con frecuencia los consumidores en redes sociales y que es ya parte de la imagen -probablemente indeseada- de la marca.
Nada más esas distorsiones ya trasgreden dos normas mexicanas: la NOM-155-SCFI-2012, que establece entre las propiedades nutricionales de la leche un mínimo de 34 gramos por litro de proteínas; y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en donde se determina que la información del etiquetado “debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca al error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto”.
Sin embargo, las oportunidades de negocio en Venezuela resultan tan atractivas que DAI, además de su participación al detal con la marca Mac Leche en los combos CLAP, aparece entregando, entre octubre y noviembre de 2017, despachos por alrededor de 2.100 toneladas de leche en polvo para la estatal venezolana Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, según los registros de Puerto Cabello, estado de Carabobo, el principal puerto del país. El reconocimiento de la marca Mac Leche entre los consumidores de bajo poder adquisitivo, beneficiarios de los programas asistencialistas del Gobierno de Nicolás Maduro, forzó que durante unos meses de 2017 DAI debiera convivir con otra marca de leche, un me too, que abiertamente buscaba imitar los colores, nombre e identidad visual de Mac Leche.
El representante legal de DAI, Jaime H. García, fue contactado, pero al cierre de este reportaje no aclaró ni la disparidad entre la información reportada por la empresa en las etiquetas y el estudio de la UCV, ni el caso de la falsificación del producto. Tampoco las autoridades mexicanas de la Cofepris ofrecieron una versión sobre las irregularidades.
En lo que el caso de DAI y Mac Leche resulta una singularidad es que se trata de una empresa y una marca que operan tanto en el mercado mexicano como en el venezolano de manera abierta y simultánea. La mayoría de los sucedáneos lácteos de los CLAP son producidos por empresas de historial desconocido y a través de marcas, como Lacto Más y Suprema, que ni siquiera se comercializan en las redes de supermercados de México y son producidas exclusivamente para Venezuela.
Tanto Lacto Mas como Suprema son empacadas por Grupo Brandon, una desconocida en la industria alimenticia mexicana. Quien siga la dirección reflejada en los envoltorios de ambas marcas llegará a una casa en la Colonia del Valle, San Pedro, Garza García, en Nuevo León. Pero allí opera otra compañía, cuyos representantes aseguran que nada tienen que ver con la producción o procesamiento de leche. El análisis químico de la UCV realizado a la marca Suprema revela que ese producto apenas contiene 4,7 gramos de proteína por cada 100 en vez de los 29 reflejados en la etiqueta y apenas 115,33 miligramos de calcio, muy por debajo de los 900 que ofrece. “Para ser distribuido en la República Bolivariana de Venezuela”, especifica una inscripción en el empaque. Pese a ello, el negocio de los CLAP para el Grupo Brandon parece en auge. Recientemente llegó a Venezuela la marca Santa Paula, también empacada por la compañía.
Un caso similar al de Grupo Brandon ocurre con Dilac, responsable de la producción de KF Milk y Pure Milk, ambas analizadas también por la UCV. Ambas marcas prefieren identificarse como “productos lácteos fortificados” en vez de como leche. Pero su amago de transparencia llega solo hasta ahí: en las supuestas oficinas de la empresa manifestaron desconocer esas marcas; se trata de una empresa del sector lácteo, eso sí, pero que dice que no exporta productos al mercado venezolano.
Desde el inicio de los CLAP ningún funcionario venezolano ha explicado por qué se ha recurrido a esas empresas mexicanas, apenas conocidas, ni a los intermediarios que han terminado comprando esa mercancía.
Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.info y el diario Excélsior de México.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
