Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
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Lo identificaron como “alias El Zeta”, cabecilla de la “célula terrorista KMKZ”, supuesto militante de uno de los partidos más importantes de la oposición venezolana (Primero Justicia) y uno de los principales atacantes de la base aérea Francisco de Miranda, ubicada en Caracas, en una de las jornadas de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro entre abril y julio de 2017. “Tiene atracción hacia los explosivos. Utilizaba artificios pirotécnicos para atacar a los funcionarios de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas. Al momento de su captura se le incautaron 5 niples, 20 cohetones y medio kilo de pólvora”, decía la ficha policial.
Todo quedó resumido en una presentación de 45 segundos, tan poderosa como su presentador, emitida en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el programa “Con el mazo dando”, que conduce el número dos del chavismo, Diosdado Cabello Rondón. Alexander Sierra, nombre del joven etiquetado, quedó sentenciado por esa transmisión, a pesar de las irregularidades que, según sus abogados, envolvían el caso.
Sierra fue detenido el sábado 24 de junio de 2017 a las 5:30 de la tarde, cuando salía junto a varios amigos de un restaurante ubicado en Altamira, al este de Caracas, donde celebraban el cumpleaños de una compañera. A pocos metros del local fueron interceptados por cuatro camionetas. De ellas bajaron varios hombres armados, vestidos de civil y sin identificación. Uno de ellos apuntó a Alexander Sierra en el pecho. Él soltó su bolso en el suelo, donde guardaba su camisa de chef, su celular, audífonos y objetos personales, y alzó las manos.
No cargaba niples, cohetones ni pólvora, dicen sus abogados. No fue capturado durante una “Operación Tun Tun”, como se sugirió en el video televisado, un operativo tipo redada denominado así por Cabello, surgido durante las protestas antigubernamentales con el fin de “buscar a los terroristas” en sus propias casas.
Sierra estuvo desaparecido durante 46 horas hasta que fue hallado el lunes 26 de junio en la tarde en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política venezolana. En la víspera los funcionarios apostados en la entrada del tenebroso edificio siempre negaron su presencia ahí. Es otro de los motivos por el cual sus defensores y familiares aseguran que el de Sierra sigue el patrón de otros célebres casos de presos políticos: una detención arbitraria, que no siguió los procedimientos judiciales. Un claro ejemplo de desaparición forzada, considerada delito según el derecho internacional.
En esas horas de incertidumbre, Alexander Sierre fue golpeado reiteradas veces para obligarlo a delatar nombres y a dar un falso testimonio. De esas golpizas y otras que siguieron, le quedó un hombro dislocado y una fractura en una mano por permanecer tres días guindado de un tubo.
“A mi hijo no lo mataron porque es artista y lo conoce mucha gente. En las redes sociales se difundió la noticia de que el Sebin se lo había llevado y estaba desaparecido”, asegura su mamá, Nancy Sierra. Ella siempre se refiere a Alexander como “Líryko”, su verdadero apodo, derivado de su faceta como rapero, que combina con su profesión de chef y actor de teatro. El joven de 23 años además es técnico superior universitario en Diseño Gráfico y estudiaba inglés cuando fue detenido.
“Líryko” fue presentado el 27 de junio ante los tribunales militares por supuestamente haber atacado una base militar, poseer prendas militares en su morral junto con niples, cohetones y pólvora, ser terrorista, “financista de las guarimbas” y activista de Primero Justicia. “Todo eso era completamente falso, ninguno de nosotros milita en ningún partido, él no causó esos destrozos y ese día él no andaba marchando. Sí tenía puesta su franela de ‘Soy Libertador’ y sí había ido a varias marchas. Nosotros no estamos de acuerdo con el régimen que nos quieren imponer, y no solo fuimos a las marchas de este año, a las de antes también habíamos ido”, afirma su mamá.
Su abogada, Elenis Rodríguez, asumió el caso como parte de la organización no gubernamental Fundeci y logró demostrar que no podía ser imputado por esos cargos. Para el día de la audiencia preliminar en tribunales militares (fijada para el 9 de agosto), el expediente de Alexander Sierra solo incluía cargos por alteración del orden público y resistencia al arresto, pero ese día su abogada no pudo representarlo. Elenis Rodríguez fue juramentada el 21 de julio junto a 32 abogados más como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, por la Asamblea Nacional, en una de las últimas acciones del parlamento venezolano para intentar frenar la elección de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. A los ocho días Rodríguez solicitó asilo a la embajada de Chile en Caracas para evitar ser juzgada por “traición a la patria y usurpación”.
La abogada Alejandra Tosta asumió el caso de Alexander Sierra desde que Rodríguez fue postulada como magistrada. Ese 9 de agosto logró que el juez militar aceptara remitir el expediente a un tribunal ordinario. Pero desde entonces el caso parece estar en un letargo. El expediente tardó tres meses en llegar a la jurisdicción civil. La insistencia de la señora Nancy se concretó recién el 8 de noviembre. No pudo agilizar un simple traslado de una carpeta desde Fuerte Tiuna hasta el Palacio de Justicia, un trayecto de 12 kilómetros que puede demorar no más de 30 minutos en motocicleta. “Un funcionario de tribunales llegó a decirme que el Plan República no lo había podido llevar. ¿Qué tiene que ver el Plan República con un expediente?”, se pregunta Nancy, ante lo que luce como un sinsentido. ¿El operativo militar que resguarda las elecciones en Venezuela eran, según ese empleado, responsables del retardo judicial?
Alexander Sierra es uno de esos presos políticos que cayeron en el olvido. Son apenas un nombre más en una lista que se encoge y se alarga según las necesidades del régimen bolivariano. No concentran ellos la atención de los medios y a medida que pasa el tiempo nadie los recuerda.
A las pocas semanas de su detención, otro joven parecido a él fue llevado al Helicoide por la misma causa (ataque a la base aérea militar de La Carlota). Su madre y sus abogados están de acuerdo: Alexander Sierra fue detenido arbitrariamente porque se parece a alguien sospechoso de atacar una instalación militar y es moreno, de cabello ensortijado tipo afro, y tiene uno de sus brazos tatuados casi por completo. Lleva seis meses en el Sebin. Se dice que el otro joven, de características similares por el cabello y los tatuajes, que era la persona que las autoridades estaban buscando, fue a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, al sur del país. Lo de Alexander fue una equivocación, sospecha la madre.
La oportunidad de salir en libertad antes de Navidad se esfumó la semana del 15 de diciembre. El martes 12 le informaron a Alexander que sería trasladado al Palacio de Justicia para su segunda audiencia. Nunca ocurrió. Un funcionario de jerarquía informó a los detenidos que el Sebin había suspendido los traslados a tribunales hasta febrero.
Desde las protestas del año 2014 hasta el 15 de diciembre de 2017, la organización Foro Penal Venezolano ha contabilizado 12.007 presos políticos. De ese total, 4.609 personas han recibido libertad plena mientras el restante 61.6% permanece criminalizado: 274 están presos y 7.124 han sido liberados con medidas cautelares.
En esa lista de personas que continúan tras las rejas, están incluidos todos los que responden a los criterios que califican a un detenido como preso político -con base en parámetros y definiciones validadas internacionalmente por la OEA, Parlamento Europeo y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU-, sean defendidos por abogados de Foro Penal o no, asegura su director, Gonzalo Himiob.
Según esta organización hay tres categorías para identificar a un preso político: a) cuando se trata de un líder político o social que es detenido o condenado por representar individualmente una amenaza política para el Gobierno; b) cuando la persona forma parte de un grupo social al cual se quiere intimidar (defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, estudiantes); y c) personas que son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder, con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional (no son líderes políticos ni sociales, ni representan a un grupo clave). En esta última categoría estarían los más olvidados, aquellos que terminan abandonados por los abogados, por el sistema, por su familia o por la sociedad.
Himiob aclara que cuando Foro Penal no lleva la defensa de algún preso político puede ocurrir que no tengan cómo manejar la información sobre ese caso en particular, y por lo tanto no lo incluyan en el listado que ellos manejan. “No porque nosotros no queremos, sino porque no tenemos información a la mano”, agrega.
Por ello puede haber más detenidos por razones políticas que los indicados por esta organización, varios de ellos desconocidos o relegados, y en algunos casos identificados por organizaciones de derechos humanos. Los casos de Magaly, Leybis, Héctor, Yeison y Alexander son un ejemplo.
Magaly Izarra es la única pediatra existente en el pueblo de Santo Domingo, en el estado Mérida (andes venezolanos, occidente del país). Leybis Uzcátegui es docente, con postgrado en Gerencia Educativa y coordinadora del único liceo que existe en esa localidad. Ambas estuvieron 60 días detenidas en los calabozos de la policía científica (Cicpc) del estado, y otros 30 días en el Centro Penitenciario de Los Andes sin haber tenido la audiencia preliminar que corresponde por ley, sin haber ido a juicio y sin recibir alguna sentencia.
Las dos fueron detenidas luego de una denuncia presentada por la alcaldesa de Santo Domingo, Idania Quintero, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, por participar en una protesta en el pueblo contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Les imputaron siete delitos: obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir, instigación al odio, lesiones leves a personas de la comunidad, lesiones al centinela (funcionario militar), robo al centinela y financiamiento al terrorismo.
El 21 de julio la doctora y la docente participaron, junto a varias personas, en una protesta pacífica que incluso contó con protección policial. Por minutos se atravesaban en la vía con pancartas en contra de las elecciones de la ANC, y se regresaban a la acera.
No eran más de 20 personas, no hubo enfrentamientos hasta que la alcaldesa Quintero se presentó con unas 50 personas. Cuentan los testigos que, con actitud hostil, les quitaron las pancartas, pitos, les lanzaron piedras y los corrieron del lugar. Al menos dos de los integrantes de la comitiva oficial estaban armados. Incluso le solicitaron a la policía que custodiaba la protesta que se llevara detenidos a todos, pero el funcionario no acató la orden, recuerda Omar Cardona, familiar de ambas.
En medio de los forcejeos uno de los acompañantes de la alcaldesa hirió con un arma blanca a un joven de 21 años en la parte baja de la espalda. Magaly Izarra lo auxilió mientras esperaban trasladarlo al hospital. El resto de los manifestantes corrió hacia una casa cercana para refugiarse de los ataques. Una vez adentro las personas que acompañaban a la alcaldesa, que forman parte de los llamados colectivos, las fuerzas de choque del régimen chavista, comenzaron a lanzarle piedras a la casa y a detonar morteros
Lo que ocurrió luego fue casi una sublevación del pueblo de Santo Domingo. Al correrse la información de lo que estaba sucediendo, unas 200 personas salieron a defender a los manifestantes y lograron que el grupo liderado por la alcaldesa se replegara en la alcaldía. Gracias a esto, las personas que estaban dentro de la vivienda pudieron salir, entre ellas Leybis, quien se marchó a su casa.
La gente se concentró frente a la alcaldía en reclamo por lo sucedido. Alguien llamó a la Guardia Nacional para que los ayudara. De pronto varios oficiales aparecieron en el lugar, agresivos, pero no muy bien equipados, según los testigos. Apenas empezó la represión se quedaron sin municiones y sin vehículos. La poblada los persiguió y cazó a uno de ellos, a quien golpearon fuertemente, lo desnudaron y lo dejaron ir. Allí el enfrentamiento cesó. Ni Magaly (56 años) ni Leybis (52 años) estuvieron en los hechos que ocurrieron frente a la Alcaldía ni en la golpiza contra el guardia. Magaly al final acompañó al joven herido hasta el hospital de Mérida, a 2 horas de Santo Domingo, porque la herida era considerable.
Un mes después de estos hechos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), allanó las viviendas de algunos de los manifestantes y entregó citaciones. Magaly y Leybis estaban dentro del grupo y viajaron hasta Mérida para cumplir con el trámite. Están detenidas desde entonces.
A mediados de octubre las trasladaron al Centro Penitenciario de Los Andes. En el penal fueron recibidas con golpes y agresiones salvajes, al punto de que ellas mismas pidieron a sus hijas y familiares que no las visitaran. Ambas fueron señaladas por la alcaldesa de Santo Domingo como agresoras del guardia nacional, junto a los demás hombres detenidos, aun cuando la propia víctima declaró que ellas no participaron en su golpiza.
Las familias de Leybis y de Magaly escogieron a un abogado privado para que las defendiera. A finales de noviembre salieron del centro penitenciario pero con medidas cautelares: régimen de presentación mensual y prohibición de salir del estado Mérida. Siguen a la espera del juicio porque fue diferido para el 20 de abril de 2018. Entre tanto, la doctora intenta retomar sus actividades luego de que el pueblo de Santo Domingo sumara cuatro meses sin pediatra.
En febrero de 2014, cuando se registraron las primeras protestas contra el presidente Nicolás Maduro, hubo dos fallecidos en el estado Lara (centro occidente de Venezuela). Héctor Cusati Martínez fue señalado como responsable de la muerte de Alexis Martínez (58 años de edad), hermano del entonces diputado del Psuv a la Asamblea Nacional, Francisco Martínez.
Alexis Martínez falleció en la avenida Hernán Garmendia de Barquisimeto, capital de la provincia, al recibir un disparo en el pecho mientras retiraba unos escombros y barricadas que se encontraban en la vía colocados por manifestantes. No estaba solo. Alexis Martínez llegó a esa avenida junto a otras personas identificadas por los manifestantes como colectivos, justo después de que pasaran unas tanquetas de la Guardia Nacional por el lugar, para acabar con la protesta de los vecinos.
“Como el señor que murió era del Gobierno, vinieron buscando a un culpable”, afirma Amada Martínez, madre de Héctor Cusati, tres años después de lo ocurrido.
Héctor Cusati era escolta privado y tenía porte legal de arma de fuego. Según las investigaciones de la policía científica, la bala que mató a Martínez coincidía con los proyectiles que usa su armamento. Salvo esa coincidencia en el transcurso de las investigaciones no se pudo comprobar que Héctor Cusati disparó su arma contra Martínez. Su expediente está viciado, reitera su mamá. “Una persona, un patriota cooperante, fue el que lo incriminó en esto”, agrega. Esa figura de delator, no incluida en las leyes venezolanas, comenzó a ser usada por el Gobierno en 2014. Es una persona no identificada que denuncia a alguien y luego no se presenta en tribunales a rendir declaraciones.
La experticia practicada en el apartamento de Héctor Cusati, quien vivía en un piso 11 con su esposa, su hija de 8 años y su mamá, de 61 años, salió negativa. No se halló pólvora en el apartamento, lo cual desmontó la versión de que había disparado desde el balcón de su casa, hecho que también fue descartado por la distancia existente entre el apartamento en un piso 11 y el lugar donde cayó el hermano del diputado del Psuv. La policía al final determinó que el disparo salió a 80 centímetros de distancia de Martínez. Héctor Cusati no estaba en la calle cuando eso ocurrió sino en el quinceavo piso de su edificio buscando a su hija en el apartamento de una vecina. Su abuela la había dejado ahí para protegerla de los gases lacrimógenos que estaba lanzando la Guardia Nacional.
Treinta y seis personas declararon en contra de Héctor Cusati. En la mayoría de esos testimonios, cuenta su madre, hubo contradicciones. No se pudo comprobar que Héctor Cusati estuviera disparando cerca de donde cayó el hermano del diputado del partido de gobierno. En el juicio se planteó la posibilidad de que Cusati prestara su arma a otra persona, pero esa versión no pudo ser comprobada
Este caso fue llevado desde el comienzo por un abogado privado que recomendó a la familia no dar declaraciones a los medios. Incluso le sugirió a su defendido declararse culpable y admitir los hechos para que le bajaran la pena. Héctor Cusati no aceptó. Fue condenado a 27 años de prisión y lleva tres años recluido en la cárcel de Uribana. Para poder pagarle los honorarios al abogado la familia debió vender el apartamento donde vivían.
Varios defensores de derechos humanos identifican un patrón que une los casos de las personas enjuiciadas por las protestas ocurridas en 2014 y 2017. “Hay abogados privados que descuidan la defensa jurídica. No hay continuidad, o convencen a sus representados de que se declaren culpables para que reciban una sentencia exprés y así quitarse la responsabilidad de un litigio que extenderse durante 4 o 5 años”, explica Andrés Colmenares, coordinador general de Funpaz.
Gonzalo Himiob recuerda el caso de Víctor Ugas, quien se declaró culpable para salir rápido de presión, le dieron boleta de excarcelación, pero aún no lo han liberado. “Cuando un tribunal te obliga a declararte culpable es para desarticular la narrativa de prisión por hechos políticos, pero además el efecto secundario es que el poder no cumple con su palabra, no te libera”.
El caso de Héctor está en fase de apelación, ahora sin asistencia de abogados privados. La señora Amada no sabe si su hijo está en la lista de presos políticos que maneja el Foro Penal, pero quiere que lo incluyan. El 6 de marzo de 2014, cuando se llevaron detenido a Héctor, el propio presidente Nicolás Maduro se refirió a él en cadena nacional, horas después. “Este muchacho, Héctor Doménico, ¿por qué a sus 20 años se convirtió en homicida? Ah, por la prédica de odio”. Maduro no solo se equivocó al calcular la edad de Héctor Cusati. También dijo que había confesado un crimen. Era mentira.
En el Sebin hay varios presos políticos que son indigentes. Poco se sabe de ellos. También hay casos como el de Yeison Rodríguez, un joven de 20 años que vendía agua en las protestas que se desarrollaron en Caracas entre abril y julio, y que fue detenido por conocer a un grupo de manifestantes que solían enfrentarse a la Guardia Nacional con escudos y cascos, conocidos como “La Resistencia”.
Su detención ocurrió el 10 de junio en Guarenas, al salir del funeral de Neomar Lander, el adolescente de 17 años que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Cuatro hombres se bajaron de un vehículo modelo Aveo, lo abordaron y obligaron a entrar en el carro bajo amenazas. Lo llevaron al helicoide. Sobre Yeison, el director del Sebin, Gustavo González López, fue el encargado de difundir a través de su cuenta en la red social Twitter la información sobre su detención. Quedó marcado como uno de los “organizadores y ejecutores de acciones terroristas en Caracas”.
González López mostró supuestas pruebas que incriminaban a Yeison. Se trataba de audios y mensajes de texto obtenidos de su celular. En uno de ellos otro joven le comenta sobre unos escudos que llevaría a una de las marchas, y una conversación que sostuvo con una funcionaria de la gobernación de Miranda que lo estaba ayudando a ingresar a trabajar como rescatista. El Sebin argumenta que esa conversación es la prueba de que la gobernación, dirigida hasta octubre por el opositor Henrique Capriles Radonski, lo financiaba para que organizara las “acciones terroristas”.
En la primera audiencia de presentación, a días de su detención, el joven solo contó con un defensor público. Luego de seis meses en el Sebin, no ha asistido a su primera audiencia preliminar, no tiene fiscal asignado ni fecha de su próxima presentación ente la justicia militar, que lo acusa con cargos de traición a la patria, rebelión y sustracción de equipos militares. La asistencia de abogados ha sido intermitente e incluso a quienes han intentado asumir su defensa les han negado ver el expediente.
Yeison proviene de una familia humilde, no tiene padres, su abuela era su principal apoyo y desde que lo llevaron al Helicoide estuvo pendiente de su caso, buscaba abogados, iba a los tribunales, pero cayó en cama a los meses. En uno de sus viajes a Caracas para visitar a su nieto, tuvo un accidente abordando el ferrocarril que comunica a la capital con los Valles del Tuy. Se fracturó una de sus piernas, no ha podido caminar de nuevo.
Gonzalo Himiob afirma que todo caso político debe ser visto y abordado desde tres variables: la jurídica, la mediática y la política. En la primera se analizan todos los elementos jurídicos del caso para poder sustentar que se trata de una detención arbitraria por motivos políticos. La segunda tiene que ver con “subirle el perfil mediático” a un caso, pues a veces es muy importante hacerlo y otras ocasiones es mejor bajárselo, dice Himiob, y cita como ejemplo al grupo de indigentes que son presos políticos, detenidos porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. “No es que los descuidemos, es que a ellos no les subimos el perfil porque es más difícil. No tienen ningún familiar que hable por ellos. Y en general nunca le subimos el perfil a un caso si el colega abogado o la familia no está de acuerdo, eso lo respetamos”.
La tercera variable (política) tiene que ver con cómo se busca, dentro y fuera del país, subirle el costo político al Gobierno por estos casos. “La prisión política no es solo un tema jurídico, es un tema de costo-beneficio para el Gobierno. A veces nos acusan de ser mediáticos, pero en la medida en que a un caso le subas el perfil y el costo político al Gobierno, esa persona tiene más posibilidades de salir. No vas a tener éxito si no manejas estas tres variables”, agrega Himiob.
Pero no todos los presos políticos y sus familiares quieren ser asistidos por el Foro Penal, ni las detenciones por razones políticas han dejado de ocurrir. En diciembre de 2016 la policía política detuvo a los directivos de la empresa Credicard, por supuestamente ser responsables de un ataque informático que colapsó la red de puntos de venta del país, y ser acusados por el Gobierno de “traición a la patria”. Cinco directivos de la empresa están siendo juzgados por la justicia militar.
Más recientemente, la fuga del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, detenido en febrero de 2015 y quien estaba bajo la medida de casa por cárcel, derivó en la detención de más de 20 personas que incluían desde el conserje del edificio donde vivía Ledezma, el presidente de la junta de condominio, un representante de la empresa privada encargada de proveer el servicio de cámaras de seguridad a las residencias, y trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La mayoría fueron liberados a los pocos días de ser detenidos por el Sebin, pero Carmen Andarcia, de 61 años de edad, directora de Administración de la alcaldía, fue dejada tras las rejas (en el helicoide).
No es necesario que se desarrolle una protesta para que se registren detenciones arbitrarias por razones políticas. La puerta giratoria sigue activa, y un mensaje de Gonzalo Himiob, en sus redes, lo ilustra: “Al 11 de agosto de 2017 registrábamos 676 presos políticos en Venezuela. Desde el 11 de agosto al 19 de noviembre se ha logrado la liberación de 476, pero en paralelo se ha detenido a 167”, escribió el 25 de noviembre. Entre tanto, los olvidados siguen en los calabozos.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
