Las “empresas mixtas” del Arco Minero vienen de Barbados

Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.

16 diciembre 2017

El yacimiento minero más grande de Venezuela y la pequeña isla de Barbados están conectados. Aunque separados por más de mil kilómetros de distancia, ambos puntos geográficos están unidos en el negocio surgido de la delimitación del “Arco Minero del Orinoco” por parte del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016. Si al sur de Venezuela reinó durante años el contrabando, la minería artesanal e informal, ahora se levantan las bases de una apurada explotación con “empresas mixtas” entre el Estado y compañías privadas con sociedades en la isla caribeña.

Por alguna razón, no del todo clara, esa actividad en un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco, según el decreto presidencial 2.248 contenido en la Gaceta Oficial 40.855 del 24 de febrero de 2016, y con la que el gobierno venezolano pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. Es el caso de Corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo nacional para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones.

“En el año 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira y en el año 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de Tantalio y Niobio en el estado Bolívar”, dijo a modo de justificación el presentador sobre Corporación Faoz en un acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Ahora la filtración Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en el archipiélago de las Bermudas y de registros mercantiles en varios paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), permite conocer que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que estaba por venir. Se trata de Faoz Corp, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República tras vencer por ajustado margen a Henrique Capriles. El Arco Minero del Orinoco aún no aparecía en el horizonte.

En busca del coltán

El 5 de agosto de 2016 fue Luisa Herminia Alcalá Otero quien firmó a nombre de la compañía un acuerdo con el Gobierno, representado por el entonces Ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Aquel convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2.359, publicado en la Gaceta Oficial 41.026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el restante 45% a Corporación Faoz. Como director de la sociedad en Barbados figura otro integrante de la familia Alcalá: Rafael Enrique Solórzano Alcalá.

Los papeles de registro indican que la compañía fue creada para dedicarse a la consultoría, inversiones y desarrollo de proyectos en la industria minera. La empresa no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, ni a la petición que se realizó en las oficinas de Emmepsa en la Torre Hener, en El Rosal, una zona financiera de Caracas. Hasta allí redirigen a quienes llegan a la Torre Teaca, en la misma urbanización capitalina, y donde quedan las oficinas de Corporación Faoz, según su sitio electrónico. “Por ser una compañía mixta debemos solicitar la autorización del ministerio”, advirtió uno de los empleados.

Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 6 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial 41.046, determinó que la flamante empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de Tantalio-Niobio (Coltán), Ilmenita, Casiterita, Estaño, Circón, Cuarzo, Granito, Diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento” en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar. En esa Gaceta Oficial también quedó claro que a Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450 mil bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo al acta de la asamblea de accionistas publicada allí.

Precisamente en esa y otras actas de las asambleas de los accionistas quedan en evidencia aspectos llamativos sobre la ahora socia del Estado venezolano. Originalmente Corporación Faoz, creada en 1992, se llamó Construcciones Faría y sólo adoptó el nuevo nombre el 29 de julio de 2016, apenas días antes de cerrar el acuerdo con el gobierno venezolano para entrar en el Arco Minero del Orinoco. En su web la compañía simplemente explica que “somos una empresa fundada en 1992 dedicada al área de la construcción. Prontamente diversificamos nuestras operaciones hacia el ámbito de la minería, llevando a cabo proyectos de investigación, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos”.

El negocio de Corporación Faoz no termina allí. También está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Ecomine), que en el acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el BCV, selló otro convenio con el gobierno nacional. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Angel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa. Un reportaje de efectococuyo.com, publicado en septiembre del año pasado, mostró ese vínculo entre Corporación Faoz y Ecomine, así como que ambas tenían la misma oficina en la Torre Exa, otro complejo de oficinas en la zona de El Rosal, en Caracas.

El 9 de septiembre la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que la empresa mixta Emmepsa logró producir la “primera tonelada de coltán”, noticia que también fue divulgada por Corporación Faoz en su web. De acuerdo a la reseña, los mil kilogramos del mineral fueron extraídos “a la par que se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas situadas en el sector Los Pijiguaos, en el estado Bolívar”.

Sobre la comercialización del mineral, el presidente de la compañía, César Sanguinetti, dijo a la agencia estatal que “estamos esperando el aspecto legal para proceder a la primera venta que es un hecho histórico del pueblo venezolano, ya que por primera vez incursionamos en este campo que es el mineral del coltán”. Años atrás, en 2009, el propio Hugo Chávez admitió que descubrieron mafias dedicadas al contrabando del mineral. “Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando de contrabando para Colombia, explotándolo de manera ilegal. Todavía no sabemos la cantidad de reserva que tenemos, pero por las informaciones que llegan, es una reserva grande”, manifestó Chávez hace ocho años.

Un reportaje firmado por los periodistas Joseph Poliszuk y Emilia Díaz-Struck, publicado el 4 de marzo de 2012 en Armando.info, comprobó que el mineral se estaba comercializando de forma ilegal en plataformas de internet. “Justo en Paguaza –en el estado Bolívar, piedemonte del macizo guayanés– se ven los primeros indicios de la fiebre del coltán”, se relata en el trabajo. Se afirmaba, además, que entre 2009 y 2011 la Guardia Nacional incautó casi dos toneladas de coltán a siete personas, según registros judiciales.

El asunto todavía no parece resuelto del todo, pese al apuro del Gobierno para obtener con la explotación minera los recursos que el petróleo no está aportando a las menguadas arcas venezolanas. “Palestina está invirtiendo en coltán”, soltó Nicolás Maduro a comienzos de diciembre mientras anunciaba un “plan de ordenamiento del Arco Minero del Orinoco”.  “¡Vengan ustedes! Diamante, oro. Palestina, vénganse completa a trabajar el oro, el diamante, el petróleo, el gas, el coltán, vénganse. Empresarios palestinos del mundo entero vengan a Venezuela, esta es su patria, esta es la Jerusalén de América, Venezuela”, insistió el jefe de Estado.

Esas prisas que desde el año pasado muestra el presidente de la República por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por funcionarios del gobierno de Chávez como los ex ministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro o el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, Clíver Alcalá Cordones, quienes han intentado infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia acciones legales contra los decretos presidenciales asociados al Arco Minero del Orinoco. “El 5 de agosto (de 2016) el país vio el acto más oprobioso de los últimos 200 años”, sentenció en una entrevista de televisión Alcalá Cordones a propósito de los acuerdos entre el Gobierno y compañías como la desconocida Corporación Faoz.

Chávez los expulsó, Maduro pactó

Curiosamente Corporación Faoz no es la única empresa favorecida por el gobierno nacional que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados. A esa jurisdicción también acudió la minera canadiense Gold Reserve, a quien Hugo Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para conformar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó la administración de Nicolás Maduro luego de que en 2014 la minera obtuviera en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.

“De un conflicto y un pleito que teníamos ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 mil millones de dólares”, argumentó Maduro en febrero del año pasado cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco. El pacto, en realidad, obliga a Venezuela a saldar el laudo, que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.

Formalmente la compañía se constituyó el 30 de septiembre de 2016, de acuerdo al decreto presidencial 2.465 publicado en la Gaceta Oficial 41.000. Allí quedó establecido que la alianza era entre la Corporación Venezolana de Minería y la sociedad GR Mining Inc de Barbados.

Los Paradise Papers muestran que esa empresa fue creada en la isla caribeña el 15 de abril de 2016 y tiene como directores a Alexander D. Belanger y Robert A. Mcguinness, ambos directivos de Gold Reserve. Ese mismo día la minera canadiense también inscribió en esa jurisdicción a la sociedad GR Engineering Inc. “GR Engineering Inc brinda servicios de ingeniería, adquisición y construcción a Siembra Minera con un arancel de 5% sobre todos los costos de construcción y desarrollo, y una comisión de 5% sobre los costos operativos durante las operaciones”, explica el sitio web de Gold Reserve.

Hasta el 30 de junio de 2017 Gold Reserve había gastado un aproximado de 7 millones de dólares en el proceso de conformación de la Empresa Mixta Siembra Minera. Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Ecológico Minero, fechada el 2 de noviembre de 2016, confirmó que la compañía tendría el derecho a la explotación minera en un área de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Finalmente, en marzo de este año otro decreto presidencial terminó por confirmar el derecho de la empresa a la extracción de las minas de oro en el área delimitada.

Mientras el Gobierno y las empresas apuestan por captar recursos, organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (SVIMM) alertaron recientemente que el Arco Minero del Orinoco va del “tumbo al tambo” y que es necesario elaborar un “legítimo e indiscutible plan minero nacional a largo plazo”

¡Hola! Gracias por leer nuestro artículo.


A diferencia de muchos medios de comunicación digital, Armandoinfo no ha adoptado el modelo de subscripción para acceder a nuestro contenido. Nuestra misión es hacer periodismo de investigación sobre la situación en Venezuela y sacar a la luz lo que los poderosos no quieren que sepas. Por eso nos hemos ganado importantes premios como el Pulitzer por nuestros trabajos con los Papeles de Panamá y el premio Maria Moors Cabot otorgado por la Universidad de Columbia. 

Para poder continuar con esa misión, te pedimos que consideres hacer un aporte. El dinero servirá para financiar el trabajo investigativo de nuestros periodistas y mantener el sitio para que la verdad salga al aire.

ETIQUETAS:               

Artículos Relacionados

Otras historias

27-05-22
Dos sobornados, sus dos esposas y las visas de oro

Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.

Alex Saab cobró caro para construir estas ruinas

El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.

15-05-22
Píntamela enterita para poderla demandar

El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.

08-05-22
Dos millonarios en apuros: el regreso de los hermanos Oberto Anselmi

Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.

01-05-22
La banca que reniega de sus amigos

Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos. 

24-04-22
El miedo es lo que se ve desde la torre de control de Maiquetía

Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.

Sitio espejo
usermagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram