Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.
El yacimiento minero más grande de Venezuela y la pequeña isla de Barbados están conectados. Aunque separados por más de mil kilómetros de distancia, ambos puntos geográficos están unidos en el negocio surgido de la delimitación del “Arco Minero del Orinoco” por parte del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016. Si al sur de Venezuela reinó durante años el contrabando, la minería artesanal e informal, ahora se levantan las bases de una apurada explotación con “empresas mixtas” entre el Estado y compañías privadas con sociedades en la isla caribeña.
Por alguna razón, no del todo clara, esa actividad en un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco, según el decreto presidencial 2.248 contenido en la Gaceta Oficial 40.855 del 24 de febrero de 2016, y con la que el gobierno venezolano pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. Es el caso de Corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo nacional para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones.
“En el año 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira y en el año 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de Tantalio y Niobio en el estado Bolívar”, dijo a modo de justificación el presentador sobre Corporación Faoz en un acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el Banco Central de Venezuela (BCV).
Ahora la filtración Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en el archipiélago de las Bermudas y de registros mercantiles en varios paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), permite conocer que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que estaba por venir. Se trata de Faoz Corp, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República tras vencer por ajustado margen a Henrique Capriles. El Arco Minero del Orinoco aún no aparecía en el horizonte.
El 5 de agosto de 2016 fue Luisa Herminia Alcalá Otero quien firmó a nombre de la compañía un acuerdo con el Gobierno, representado por el entonces Ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Aquel convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2.359, publicado en la Gaceta Oficial 41.026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el restante 45% a Corporación Faoz. Como director de la sociedad en Barbados figura otro integrante de la familia Alcalá: Rafael Enrique Solórzano Alcalá.
Los papeles de registro indican que la compañía fue creada para dedicarse a la consultoría, inversiones y desarrollo de proyectos en la industria minera. La empresa no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, ni a la petición que se realizó en las oficinas de Emmepsa en la Torre Hener, en El Rosal, una zona financiera de Caracas. Hasta allí redirigen a quienes llegan a la Torre Teaca, en la misma urbanización capitalina, y donde quedan las oficinas de Corporación Faoz, según su sitio electrónico. “Por ser una compañía mixta debemos solicitar la autorización del ministerio”, advirtió uno de los empleados.
Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 6 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial 41.046, determinó que la flamante empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de Tantalio-Niobio (Coltán), Ilmenita, Casiterita, Estaño, Circón, Cuarzo, Granito, Diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento” en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar. En esa Gaceta Oficial también quedó claro que a Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450 mil bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo al acta de la asamblea de accionistas publicada allí.
Precisamente en esa y otras actas de las asambleas de los accionistas quedan en evidencia aspectos llamativos sobre la ahora socia del Estado venezolano. Originalmente Corporación Faoz, creada en 1992, se llamó Construcciones Faría y sólo adoptó el nuevo nombre el 29 de julio de 2016, apenas días antes de cerrar el acuerdo con el gobierno venezolano para entrar en el Arco Minero del Orinoco. En su web la compañía simplemente explica que “somos una empresa fundada en 1992 dedicada al área de la construcción. Prontamente diversificamos nuestras operaciones hacia el ámbito de la minería, llevando a cabo proyectos de investigación, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos”.
El negocio de Corporación Faoz no termina allí. También está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Ecomine), que en el acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el BCV, selló otro convenio con el gobierno nacional. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Angel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa. Un reportaje de efectococuyo.com, publicado en septiembre del año pasado, mostró ese vínculo entre Corporación Faoz y Ecomine, así como que ambas tenían la misma oficina en la Torre Exa, otro complejo de oficinas en la zona de El Rosal, en Caracas.
El 9 de septiembre la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que la empresa mixta Emmepsa logró producir la “primera tonelada de coltán”, noticia que también fue divulgada por Corporación Faoz en su web. De acuerdo a la reseña, los mil kilogramos del mineral fueron extraídos “a la par que se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas situadas en el sector Los Pijiguaos, en el estado Bolívar”.
Sobre la comercialización del mineral, el presidente de la compañía, César Sanguinetti, dijo a la agencia estatal que “estamos esperando el aspecto legal para proceder a la primera venta que es un hecho histórico del pueblo venezolano, ya que por primera vez incursionamos en este campo que es el mineral del coltán”. Años atrás, en 2009, el propio Hugo Chávez admitió que descubrieron mafias dedicadas al contrabando del mineral. “Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando de contrabando para Colombia, explotándolo de manera ilegal. Todavía no sabemos la cantidad de reserva que tenemos, pero por las informaciones que llegan, es una reserva grande”, manifestó Chávez hace ocho años.
Un reportaje firmado por los periodistas Joseph Poliszuk y Emilia Díaz-Struck, publicado el 4 de marzo de 2012 en Armando.info, comprobó que el mineral se estaba comercializando de forma ilegal en plataformas de internet. “Justo en Paguaza –en el estado Bolívar, piedemonte del macizo guayanés– se ven los primeros indicios de la fiebre del coltán”, se relata en el trabajo. Se afirmaba, además, que entre 2009 y 2011 la Guardia Nacional incautó casi dos toneladas de coltán a siete personas, según registros judiciales.
El asunto todavía no parece resuelto del todo, pese al apuro del Gobierno para obtener con la explotación minera los recursos que el petróleo no está aportando a las menguadas arcas venezolanas. “Palestina está invirtiendo en coltán”, soltó Nicolás Maduro a comienzos de diciembre mientras anunciaba un “plan de ordenamiento del Arco Minero del Orinoco”. “¡Vengan ustedes! Diamante, oro. Palestina, vénganse completa a trabajar el oro, el diamante, el petróleo, el gas, el coltán, vénganse. Empresarios palestinos del mundo entero vengan a Venezuela, esta es su patria, esta es la Jerusalén de América, Venezuela”, insistió el jefe de Estado.
Esas prisas que desde el año pasado muestra el presidente de la República por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por funcionarios del gobierno de Chávez como los ex ministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro o el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, Clíver Alcalá Cordones, quienes han intentado infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia acciones legales contra los decretos presidenciales asociados al Arco Minero del Orinoco. “El 5 de agosto (de 2016) el país vio el acto más oprobioso de los últimos 200 años”, sentenció en una entrevista de televisión Alcalá Cordones a propósito de los acuerdos entre el Gobierno y compañías como la desconocida Corporación Faoz.
Curiosamente Corporación Faoz no es la única empresa favorecida por el gobierno nacional que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados. A esa jurisdicción también acudió la minera canadiense Gold Reserve, a quien Hugo Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para conformar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó la administración de Nicolás Maduro luego de que en 2014 la minera obtuviera en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.
“De un conflicto y un pleito que teníamos ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 mil millones de dólares”, argumentó Maduro en febrero del año pasado cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco. El pacto, en realidad, obliga a Venezuela a saldar el laudo, que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.
Formalmente la compañía se constituyó el 30 de septiembre de 2016, de acuerdo al decreto presidencial 2.465 publicado en la Gaceta Oficial 41.000. Allí quedó establecido que la alianza era entre la Corporación Venezolana de Minería y la sociedad GR Mining Inc de Barbados.
Los Paradise Papers muestran que esa empresa fue creada en la isla caribeña el 15 de abril de 2016 y tiene como directores a Alexander D. Belanger y Robert A. Mcguinness, ambos directivos de Gold Reserve. Ese mismo día la minera canadiense también inscribió en esa jurisdicción a la sociedad GR Engineering Inc. “GR Engineering Inc brinda servicios de ingeniería, adquisición y construcción a Siembra Minera con un arancel de 5% sobre todos los costos de construcción y desarrollo, y una comisión de 5% sobre los costos operativos durante las operaciones”, explica el sitio web de Gold Reserve.
Hasta el 30 de junio de 2017 Gold Reserve había gastado un aproximado de 7 millones de dólares en el proceso de conformación de la Empresa Mixta Siembra Minera. Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Ecológico Minero, fechada el 2 de noviembre de 2016, confirmó que la compañía tendría el derecho a la explotación minera en un área de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Finalmente, en marzo de este año otro decreto presidencial terminó por confirmar el derecho de la empresa a la extracción de las minas de oro en el área delimitada.
Mientras el Gobierno y las empresas apuestan por captar recursos, organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (SVIMM) alertaron recientemente que el Arco Minero del Orinoco va del “tumbo al tambo” y que es necesario elaborar un “legítimo e indiscutible plan minero nacional a largo plazo”
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
