Una polémica que involucra al equipo Trujillanos FC reveló un secreto a voces en el torneo de fútbol de primera división del fútbol venezolano. Los sobornos proceden de mafias cercanas a casas de apuestas en Centroamérica y Asía, según testigos. Es una red que desembolsa entre 20 mil y 12 mil dólares a los jugadores dispuestos a perder a cambio de engordar sus cuentas bancarias. Cuando la hiperinflación toca a la puerta todos sufren
Era un secreto antes de que Trujillanos FC perdiera frente a Caracas FC en el último partido del Torneo de Apertura 2017, el 21 de mayo de 2017. Horas después del juego, la desgracia de los derrotados se profundizó con las denuncias de futbolistas.
Orlando Cordero, el delantero del equipo que hace vida en Valera, una ciudad al pie de los andes venezolanos, escribió una carta con bolígrafo que fotografió y, finalmente, publicó en su cuenta de Twitter. “Muy dolido por las cosas que están pasando en nuestro fútbol, específicamente en Trujillanos FC, donde existen personas que les importa más el dinero que el bienestar y la victoria de un grupo (…) Lo que fácil llega, fácil se va. No más amaño en el fútbol venezolano”, decía un fragmento de su misiva que, posteriormente, sería eliminada de su cuenta en Twitter.
Lo que siguió fue un sacudón. Johan Osorio, defensor del mismo equipo, confirmó al Diario de Los Andes en una entrevista que lo habían intentado sobornar en dos ocasiones. Al principio, dijo, fue un desconocido, pero luego confesó que un miembro de su equipo le había propuesto el trato. Su molestia detonó en el camerino tras discutir con varios de sus compañeros sobre los amaños. “No quiero meterme en problemas. En cuanto a eso, uno no sabe quién es esa gente, o con quiénes trabaja esa gente. Yo tengo familia y uno no sabe lo que le puedan hacer a uno, la violencia, o no sé qué”, dijo. Hasta el argentino Cristian Ferlauto, exdirector técnico de Trujillanos, admitió las irregularidades. Según él, durante semanas llamaron a la junta directiva para advertir que estuvieran atentos a determinados partidos porque podrían estar manipulados. “La verdad, nunca creí que esto podía pasar en el futbol. En Argentina, esto no existe”, explicó.
Hasta ahora el posible fraude en Trujillanos FC es investigado por Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol) y el Ministerio Público. Varias fuentes identifican a dos grupos de apostadores –denominados los nicaragüenses y los coreanos– que desde 2014 han tocado las puertas de los equipos de la provincia del fútbol venezolano. El interés de estas mafias ha coincidido con el desplome de la economía local y la caída del poder de compra de los salarios en todos los sectores. En el fútbol venezolano, el campeonato menos competitivo del continente, los apostadores han encontrado las condiciones ideales para que su negocio prospere. Con los magros salarios que se pagan a veces cuesta mantenerse apegado a los principios deportivos. Lo saben los jugadores, exdirectores técnicos y otras personas relacionadas con este gremio y consultadas para este trabajo por Armando Info.
De acuerdo con estos testimonios las mafias pagan a los clubes de provincia entre 12.000 y 20.000 dólares a un equipo por perder un partido o por conceder una determinada cantidad de tiros de esquinas o goles al rival. “No es solo Trujillanos, sino entre seis y ocho que, dependiendo la temporada, son sobornados”, asegura un exdirector técnico.
Las pruebas de amaños son casi inexistentes. “Los dólares se cancelan en efectivo. Muchos jugadores crean fundaciones para lavar el dinero que reciben, otros solo hacen inversiones que colocan en manos de testaferros. Yo comencé a darme cuenta de que mis jugadores habían sido comprados cuando comenzaron a ostentar camionetas, artículos de lujo y hasta uno le pagó una operación de (agrandamiento) de senos a su mujer. De repente, varios de ellos también vendían dólares a través de sus redes sociales”, agrega el mismo exdirector técnico.
A mediados de diciembre cada jugador de un club de provincia ganaba 6,5 millones de bolívares –cerca de 65 dólares, calculado en el precio del volátil mercado negro venezolano– por un partido ganado. La hiperinflación, la devaluación de la moneda venezolana y otras tantas precariedades económicas del país convirtieron a algunos deportistas en presas suculentas para corruptos del balompié.
No es extraño que los clubes con dificultades financieras sean atractivos para el soborno. En Brasil, el medio Globo Esporte hizo seguimiento hace unos meses a la incursión de mafias procedentes de Malasia en pequeños grupos de fútbol de este país. Se negociaba el número de goles, en este particular. Para concretar el negocio se habían respaldado en un líder del equipo de fútbol. Los pagos oscilaban entre 50 mil y 120 mil dólares, en ciertos casos.
Por estas investigaciones fueron detenidas nueve personas en una operación policial llamada Game Over desencadenada en julio de 2016, en un principio. Las pruebas eran conversaciones telefónicas y delaciones, básicamente. Aunque lo de Trujillanos FC fue escandaloso y se filtraron posibles conversaciones y existen varios testimonios, no hay arrestados. En Venezuela, las autoridades han sido más discreta con estos casos. Aún es seguida la pista por federaciones y gremios del fútbol los amaños.
Los sobornados que conversaron con Armando.info temen revelar su identidad porque aseguran que las mafias deportivas operan como carteles. Seis jugadores, de distintos equipos, dicen que la ruta del dinero concluye en Centroamérica y Asia, específicamente en casas de apuestas radicadas en Nicaragua y Corea. Aunque estos grupos conviven, operan de formas distintas. “Los coreanos pagan mejor, pero los centroamericanos mueven a sus fichas en clubes de otros países: Panamá, Costa Rica, entro otros. Si ven que a un jugador le tienen el ojo puesto por sospechas, entonces lo mueven o enfrían. Muchos jugadores son reclutadores de otros”, indica uno de ellos.
En este submundo de las apuestas deportivas es conocido un jugador de un club andino como “El Capitán Parley” –en honor a la agencia de apuestas online– por sus dotes como presunto aliado de los grupos dedicados al amaño de partidos en Venezuela. El perfil coincide con el presentado en Brasil. Existe una larga lista de sospechosos de contribuir con estas mafias que, prácticamente, está sepultada por la ausencia de pruebas.
* Este trabajo contó con la colaboración de Leonela Castro, periodista del Diario de Los Andes de Trujillo y el periodista Leonardo Lourenço de Globo Esporte.
Aunque rara vez pase de la zona intermedia de la tabla de una de las ligas profesionales de fútbol más débiles del mundo, el Atlético Venezuela, un club con apenas una década de existencia, maneja presupuestos de otra categoría. Detrás de la franquicia, desprovista de historia y fanaticada, están los denuedos de un ex militar con buena racha para los contratos con el Estado y un grupo de amigos que, entre todos, controlan al menos 29 empresas.
Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.
Once cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y asociación para delinquir esperan en Nueva York al por 27 años presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, detenido desde mayo en Suiza tras una redada contra directivos de Fifa. Siendo tan raquítico el balompié en Venezuela, cabe preguntarse por qué la fiscalía de la principal potencia planetaria debería ocuparse de su dirigente. Las respuestas surgen tras un vistazo a la acusación.
En siete años de Gobierno en Puerto Cabello, su extravagante afición por el fútbol suena más que su gestión como alcalde por el PSUV: su hijo quedó reclutado en La Masía, viaja cada tres meses a Barcelona y construyó un centro de entrenamiento de dimensiones colosales. Visto por muchos como un burgués de closet, las cosas parecen ponerse en orden con su pretensión de dirigir la Federación de Fútbol, un deporte con el que pretende reunificar a Venezuela.
A la hora de ejecutar su más importante proyecto de infraestructura -el complejo de edificaciones que servirá de base permanente de adiestramiento para las selecciones vinotinto- la Federación Venezolana de Fútbol no halló mejor ubicación que las adyacencias de los negocios familiares de su presidente.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
