La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
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“Bendito día en que nacieron los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP”, soltó el presidente Nicolás Maduro mientras caminaba entre pequeños cultivos en el Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda, una suerte de patio para la siembra artesanal al oeste de Caracas. Fue el pasado 12 de marzo durante la celebración del segundo aniversario del plan estatal. “Tenemos que ir a aprender a producir, toda Venezuela una escuela, toda Venezuela un campo productivo”, arengó el mandatario.
Una frase que es toda una contradicción, pues si algo destaca en los millones de cajas CLAP repartidas los últimos meses no es la fortaleza de la producción venezolana sino el surtido de productos importados desconocidos en el mercado venezolano, de dudosa calidad en algunos casos y que han engordado las cuentas de, al menos, una decena de intermediarios –muchos de ellos registrados en paraísos fiscales- para importar los alimentos mayoritariamente desde México, pero también de Uruguay, Chile, Brasil y Panamá.
Las rutas del negocio detrás de los CLAP parecen interminables y llegan hasta el viejo continente, específicamente a Sabadell, ubicada a 30 kilómetros de Barcelona, España, donde hay una empresa ganando millones de dólares con el programa creado por Nicolás Maduro hace dos años para enfrentar lo que califica como “guerra económica” y atender a una población golpeada por la inflación y el desabastecimiento.
Allí está registrada MIR Importació i Exportació SL, una empresa que como otras de las favorecidas por el Gobierno, tiene una presencia más bien fantasmal. Apenas existe en el registro y en la web, pero la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) -el holding estatal que centraliza las importaciones públicas- le otorgó contratos para el suministro de dos millones de cajas CLAP.
Las rutas del negocio detrás de los CLAP parecen interminables y llegan hasta el viejo continente
Documentos revelan que la sociedad catalana facturó a un precio de 34,87 dólares por unidad, lo que supone 34 millones 870 mil dólares por cada millón de despensas enviadas a Venezuela. Ese fue el monto del primer contrato suscrito por MIR Importació i Exportació con Corpovex bajo la identificación CPVX-CJ-CONT-0034-2017. Fuentes conocedoras del negocio agregan que el cumplimiento de ese convenio estaba atado a un segundo pacto para el suministro de otro millón de cajas CLAP que finalmente se suscribió bajo el número CPVX-CJ-CONT-0067-2017.
Well Though Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército, Hebert García Plaza, ex Ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, también le atribuyó a la compañía dos millones de cajas en un listado de empresas relacionadas a los CLAP que filtró recientemente en las redes sociales.
Los dos millones de cajas le permitieron a MIR Importació i Exportació percibir de las arcas venezolanas casi 70 millones de dólares en cuestión de meses. No es una cifra menor si se piensa en compañías como Empresas Polar, el mayor grupo privado de Venezuela, que acumula más de 1.000 días a la espera de que las autoridades le cancelen un impago de 130 millones de dólares, producto de importaciones realizadas por la compañía, pero que nunca fueron liquidadas por Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
Los dos millones de cajas le permitieron a MIR Importació i Exportació percibir de las arcas venezolanas casi 70 millones de dólares en cuestión de meses.
A MIR Importació i Exportació, sin duda, le está yendo mejor con los CLAP sin necesidad de levantar plantas industriales o contratar a miles de empleados como Empresas Polar. La compañía de Sabadell no tiene trabajadores, ni despacho propio, ni siquiera un teléfono de contacto. El número español colocado en las facturas remite a la gestoría que realizó el registro de la sociedad, mientras que el número venezolano lo atiende una persona que asegura no saber nada de MIR Importació i Exportació o sus negocios. La petición de entrevista enviada al correo electrónico para este reportaje nunca fue contestada.
Aunque creada para el comercio de alimentos, MIR Importació i Exportació fue registrada en 2011 por un farmacéutico de L’Hospitalet (Barcelona). Hace dos años, “tras tenerla casi inactiva desde el principio”, decidió liquidarla, explica al ser consultado por el diario El País de España. “Pero cuando fui al gestor a hacer los trámites, me dijeron que había una persona interesada en comprarla. Me pagaron los gastos que me había ocasionado, pero así pude recuperarlos”, dijo pidiendo mantener su nombre en reserva.
Esa operación ocurrió en octubre de 2016, justo cuando los CLAP tomaban fuerza en Venezuela y a México comenzaron a llegar empresas intermediarias del Gobierno venezolano como Postar Intertrade Limited en busca de toneladas de alimentos como arroz, azúcar, atún enlatado, mayonesa o leche en polvo, algunos de los rubros que contienen las cajas CLAP.
Los datos de MIR Importació i Exportació que figuran en el registro mercantil son los de una gestoría de Sabadell, a cuyas dependencias fue trasladada la sede social tras su compra. Como accionista y administradora de la sociedad aparece una venezolana, hija de la pareja de quien realmente se encarga de gestionar el negocio: Juan Vicente Roversi Thomas. Él es “representante legal” de la compañía ante la estatal Corpovex y desde febrero del año pasado funge como “apoderado”, de acuerdo a los papeles de registro.
Se trata del mismo Juan Vicente Roversi que hasta 2012 fue director de proyectos especiales en la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui –al oriente del país-, durante el gobierno de Stalin Fuentes, hombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuya gestión fue cuestionada hasta por sus correligionarios.
De acuerdo al testimonio de personas de su entorno, Roversi vive entre España y Venezuela. Un empleado de la gestoría confirma que prestaron “varios servicios” a MIR Exportació i Importació, pero sostiene que dejaron de trabajar con la empresa. “Si siguen nuestros datos en el registro mercantil es porque los dueños de la empresa no han atendido nuestras peticiones de modificarlos”, explica.
El cómo Juan Vicente Roversi y su compañía lograron sellar el acuerdo millonario con Corpovex es algo que sólo pueden responder en la estatal venezolana que preside el Mayor General de la Aviación Giuseppe Yoffreda. Sí está clara, en cambio, la ruta seguida por la compañía en el intercambio. A finales de octubre del año pasado, por ejemplo, MIR Importació i Exportació despachó ocho contenedores con 12.768 cajas CLAP desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, hacia La Guaira, en el caribe venezolano. Esa no es la única vía que ha empleado Roversi con la sociedad catalana.
Al igual que otros intermediarios como Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y que la Fiscal destituida Luisa Ortega Díaz vinculara con el propio Nicolás Maduro, que Million Rise Industries Limited o J & B Internationtal Trading, la empresa de Sabadell también compró en México toneladas de alimentos que luego despachó y cobró al Gobierno venezolano.
A comienzos de febrero de este año, por ejemplo, llegaron desde el puerto de Veracruz al de La Guaira 11.128 cajas CLAP en ocho contenedores despachados por MIR Importació i Exportació para el Gobierno venezolano. Los registros de ImportGenius, base de datos especializada en comercio internacional, revelan que fue a partir de agosto del año pasado cuando la compañía inició la compra de toneladas de alimentos a proveedores aztecas como Solo un Precio Servicios Inmobiliarios y La Cosmopolitana. Este último también vendió las cajas CLAP a Million Rise Industries Limited, otra sociedad de Hong Kong que luego revendió la mercancía a Corpovex.
Además de Panamá y México, la sociedad inscrita en Sabadell también despachó productos entre octubre y noviembre del año pasado desde los puertos colombianos de Buenaventura y Cartagena, según los reportes de Panjiva, otra fuente de intercambio comercial. “Entre el año 2017 y 2016 nosotros cuatriplicamos la cantidad de toneladas de alimentos que le llevamos al pueblo y hemos atendido un promedio de 6 millones de familias”, dijo Nicolás Maduro en su reciente festejo del segundo aniversario de los CLAP. Aunque no ofreció mayores detalles los números, hoy no quedan dudas de la magnitud del negocio detrás de su idea de los CLAP, especialmente para los traders.
Hace semanas Freddy Bernal, Ministro para la Agricultura Urbana y jefe de los CLAP, indicó que en 2016 se comercializaron alrededor de 27 millones de combos de alimentos, cifra que escaló a los 91 millones un año después. De ese total, 86 millones se armaron con productos importados gracias a los intermediarios del Gobierno.
El negocio detrás de esas intermediaciones es tal que a Corpovex no le ha importado pagar 3,3 dólares más por la misma despensa CLAP en apenas cuestión de días. Así, mientras MIR Importació i Exportació facturó a Corpovex el 30 de octubre de 2017 cada caja en 34,87 dólares, veinte días antes J & B International Trading, registrada en Miami, le tasó a la estatal venezolana cada despensa en 31,57 dólares. Otros de los traders también se han movido en una banda de entre 34 y 39 dólares lo que significa que sólo en 2017 el Gobierno venezolano pudo gastar entre 2.500 y 3.500 millones de dólares en el programa estatal.
El volumen del negocio también nubló a las autoridades venezolanas, que ofrecieron durante meses a los venezolanos al menos ocho marcas mexicanas de leche en polvo que incumplían los mínimos nutricionales que impone la legislación nacional. A pesar de ser uno de los productos más caros dentro de las cajas CLAP el producto era, en realidad, un engrudo bajo en proteínas y calcio, pero alto en carbohidratos y sodio, tal y como demostró el análisis químico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.info.
Hasta la fecha nadie del Gobierno se ha referido al tema, ni ha explicado por qué ha optado por intermediarios fantasmales para ejecutar el plan con el que pretende controlar la alimentación de la población más necesitada. Los traders como MIR Importació i Exportació se frotan las manos. “Ser una corporación líder en alimentos y bebidas, productos de farmacia, higiene personal y belleza, productos de aseo para el hogar tanto en España como en los mercados de América Latina y el Caribe, donde participaremos mediante alianzas estratégicas que garanticen las expectativas de nuestros clientes y asociados”, manifiesta en su web. Con el negocio de los CLAP encontró la llave de los millones.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
