La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“Bendito día en que nacieron los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP”, soltó el presidente Nicolás Maduro mientras caminaba entre pequeños cultivos en el Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda, una suerte de patio para la siembra artesanal al oeste de Caracas. Fue el pasado 12 de marzo durante la celebración del segundo aniversario del plan estatal. “Tenemos que ir a aprender a producir, toda Venezuela una escuela, toda Venezuela un campo productivo”, arengó el mandatario.
Una frase que es toda una contradicción, pues si algo destaca en los millones de cajas CLAP repartidas los últimos meses no es la fortaleza de la producción venezolana sino el surtido de productos importados desconocidos en el mercado venezolano, de dudosa calidad en algunos casos y que han engordado las cuentas de, al menos, una decena de intermediarios –muchos de ellos registrados en paraísos fiscales- para importar los alimentos mayoritariamente desde México, pero también de Uruguay, Chile, Brasil y Panamá.
Las rutas del negocio detrás de los CLAP parecen interminables y llegan hasta el viejo continente, específicamente a Sabadell, ubicada a 30 kilómetros de Barcelona, España, donde hay una empresa ganando millones de dólares con el programa creado por Nicolás Maduro hace dos años para enfrentar lo que califica como “guerra económica” y atender a una población golpeada por la inflación y el desabastecimiento.
Allí está registrada MIR Importació i Exportació SL, una empresa que como otras de las favorecidas por el Gobierno, tiene una presencia más bien fantasmal. Apenas existe en el registro y en la web, pero la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) -el holding estatal que centraliza las importaciones públicas- le otorgó contratos para el suministro de dos millones de cajas CLAP.
Las rutas del negocio detrás de los CLAP parecen interminables y llegan hasta el viejo continente
Documentos revelan que la sociedad catalana facturó a un precio de 34,87 dólares por unidad, lo que supone 34 millones 870 mil dólares por cada millón de despensas enviadas a Venezuela. Ese fue el monto del primer contrato suscrito por MIR Importació i Exportació con Corpovex bajo la identificación CPVX-CJ-CONT-0034-2017. Fuentes conocedoras del negocio agregan que el cumplimiento de ese convenio estaba atado a un segundo pacto para el suministro de otro millón de cajas CLAP que finalmente se suscribió bajo el número CPVX-CJ-CONT-0067-2017.
Well Though Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército, Hebert García Plaza, ex Ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, también le atribuyó a la compañía dos millones de cajas en un listado de empresas relacionadas a los CLAP que filtró recientemente en las redes sociales.
Los dos millones de cajas le permitieron a MIR Importació i Exportació percibir de las arcas venezolanas casi 70 millones de dólares en cuestión de meses. No es una cifra menor si se piensa en compañías como Empresas Polar, el mayor grupo privado de Venezuela, que acumula más de 1.000 días a la espera de que las autoridades le cancelen un impago de 130 millones de dólares, producto de importaciones realizadas por la compañía, pero que nunca fueron liquidadas por Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
Los dos millones de cajas le permitieron a MIR Importació i Exportació percibir de las arcas venezolanas casi 70 millones de dólares en cuestión de meses.
A MIR Importació i Exportació, sin duda, le está yendo mejor con los CLAP sin necesidad de levantar plantas industriales o contratar a miles de empleados como Empresas Polar. La compañía de Sabadell no tiene trabajadores, ni despacho propio, ni siquiera un teléfono de contacto. El número español colocado en las facturas remite a la gestoría que realizó el registro de la sociedad, mientras que el número venezolano lo atiende una persona que asegura no saber nada de MIR Importació i Exportació o sus negocios. La petición de entrevista enviada al correo electrónico para este reportaje nunca fue contestada.
Aunque creada para el comercio de alimentos, MIR Importació i Exportació fue registrada en 2011 por un farmacéutico de L’Hospitalet (Barcelona). Hace dos años, “tras tenerla casi inactiva desde el principio”, decidió liquidarla, explica al ser consultado por el diario El País de España. “Pero cuando fui al gestor a hacer los trámites, me dijeron que había una persona interesada en comprarla. Me pagaron los gastos que me había ocasionado, pero así pude recuperarlos”, dijo pidiendo mantener su nombre en reserva.
Esa operación ocurrió en octubre de 2016, justo cuando los CLAP tomaban fuerza en Venezuela y a México comenzaron a llegar empresas intermediarias del Gobierno venezolano como Postar Intertrade Limited en busca de toneladas de alimentos como arroz, azúcar, atún enlatado, mayonesa o leche en polvo, algunos de los rubros que contienen las cajas CLAP.
Los datos de MIR Importació i Exportació que figuran en el registro mercantil son los de una gestoría de Sabadell, a cuyas dependencias fue trasladada la sede social tras su compra. Como accionista y administradora de la sociedad aparece una venezolana, hija de la pareja de quien realmente se encarga de gestionar el negocio: Juan Vicente Roversi Thomas. Él es “representante legal” de la compañía ante la estatal Corpovex y desde febrero del año pasado funge como “apoderado”, de acuerdo a los papeles de registro.
Se trata del mismo Juan Vicente Roversi que hasta 2012 fue director de proyectos especiales en la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui –al oriente del país-, durante el gobierno de Stalin Fuentes, hombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuya gestión fue cuestionada hasta por sus correligionarios.
De acuerdo al testimonio de personas de su entorno, Roversi vive entre España y Venezuela. Un empleado de la gestoría confirma que prestaron “varios servicios” a MIR Exportació i Importació, pero sostiene que dejaron de trabajar con la empresa. “Si siguen nuestros datos en el registro mercantil es porque los dueños de la empresa no han atendido nuestras peticiones de modificarlos”, explica.
El cómo Juan Vicente Roversi y su compañía lograron sellar el acuerdo millonario con Corpovex es algo que sólo pueden responder en la estatal venezolana que preside el Mayor General de la Aviación Giuseppe Yoffreda. Sí está clara, en cambio, la ruta seguida por la compañía en el intercambio. A finales de octubre del año pasado, por ejemplo, MIR Importació i Exportació despachó ocho contenedores con 12.768 cajas CLAP desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, hacia La Guaira, en el caribe venezolano. Esa no es la única vía que ha empleado Roversi con la sociedad catalana.
Al igual que otros intermediarios como Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y que la Fiscal destituida Luisa Ortega Díaz vinculara con el propio Nicolás Maduro, que Million Rise Industries Limited o J & B Internationtal Trading, la empresa de Sabadell también compró en México toneladas de alimentos que luego despachó y cobró al Gobierno venezolano.
A comienzos de febrero de este año, por ejemplo, llegaron desde el puerto de Veracruz al de La Guaira 11.128 cajas CLAP en ocho contenedores despachados por MIR Importació i Exportació para el Gobierno venezolano. Los registros de ImportGenius, base de datos especializada en comercio internacional, revelan que fue a partir de agosto del año pasado cuando la compañía inició la compra de toneladas de alimentos a proveedores aztecas como Solo un Precio Servicios Inmobiliarios y La Cosmopolitana. Este último también vendió las cajas CLAP a Million Rise Industries Limited, otra sociedad de Hong Kong que luego revendió la mercancía a Corpovex.
Además de Panamá y México, la sociedad inscrita en Sabadell también despachó productos entre octubre y noviembre del año pasado desde los puertos colombianos de Buenaventura y Cartagena, según los reportes de Panjiva, otra fuente de intercambio comercial. “Entre el año 2017 y 2016 nosotros cuatriplicamos la cantidad de toneladas de alimentos que le llevamos al pueblo y hemos atendido un promedio de 6 millones de familias”, dijo Nicolás Maduro en su reciente festejo del segundo aniversario de los CLAP. Aunque no ofreció mayores detalles los números, hoy no quedan dudas de la magnitud del negocio detrás de su idea de los CLAP, especialmente para los traders.
Hace semanas Freddy Bernal, Ministro para la Agricultura Urbana y jefe de los CLAP, indicó que en 2016 se comercializaron alrededor de 27 millones de combos de alimentos, cifra que escaló a los 91 millones un año después. De ese total, 86 millones se armaron con productos importados gracias a los intermediarios del Gobierno.
El negocio detrás de esas intermediaciones es tal que a Corpovex no le ha importado pagar 3,3 dólares más por la misma despensa CLAP en apenas cuestión de días. Así, mientras MIR Importació i Exportació facturó a Corpovex el 30 de octubre de 2017 cada caja en 34,87 dólares, veinte días antes J & B International Trading, registrada en Miami, le tasó a la estatal venezolana cada despensa en 31,57 dólares. Otros de los traders también se han movido en una banda de entre 34 y 39 dólares lo que significa que sólo en 2017 el Gobierno venezolano pudo gastar entre 2.500 y 3.500 millones de dólares en el programa estatal.
El volumen del negocio también nubló a las autoridades venezolanas, que ofrecieron durante meses a los venezolanos al menos ocho marcas mexicanas de leche en polvo que incumplían los mínimos nutricionales que impone la legislación nacional. A pesar de ser uno de los productos más caros dentro de las cajas CLAP el producto era, en realidad, un engrudo bajo en proteínas y calcio, pero alto en carbohidratos y sodio, tal y como demostró el análisis químico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.info.
Hasta la fecha nadie del Gobierno se ha referido al tema, ni ha explicado por qué ha optado por intermediarios fantasmales para ejecutar el plan con el que pretende controlar la alimentación de la población más necesitada. Los traders como MIR Importació i Exportació se frotan las manos. “Ser una corporación líder en alimentos y bebidas, productos de farmacia, higiene personal y belleza, productos de aseo para el hogar tanto en España como en los mercados de América Latina y el Caribe, donde participaremos mediante alianzas estratégicas que garanticen las expectativas de nuestros clientes y asociados”, manifiesta en su web. Con el negocio de los CLAP encontró la llave de los millones.
Señalado como uno de los principales perpetradores de torturas contra los presos políticos, el coronel Alexander Granko Arteaga ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos. Ahora el oficial de la Dgcim redobla su apuesta empresarial incursionando en el deporte, no solo con el Team Espartanos o tras bastidores del UCV F.C., sino también con un complejo de canchas de fútbol, para cuyas obras la alcaldía y la cámara municipal han servido más de propiciadores que de reguladores.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, miles de civiles ucranianos de los territorios ocupados se han desvanecido en el aire. Estos ‘prisioneros fantasmas’ son llevados por las fuerzas de ocupación a lugares de detención informales, donde se les retiene fuera de todo marco legal y se les somete a torturas. Algunos son trasladados al sistema penitenciario ruso, donde languidecen sin cargos o cumplen condenas falsas. Historias Prohibidas y sus colaboradores desvelan este sistema opaco destinado a descomponer la sociedad ucraniana.
En el verano de 2023, una reportera se infiltró en los territorios de Ucrania ocupados por los militares del Kremlin y cayó prisionera casi de inmediato. En febrero de 2025 volvió a Ucrania hecha cadáver, casi irreconocible, con signos de tortura y algunos órganos removidos. ¿Qué ocurrió entre una y otra fecha? La historia del descenso de Viktoriia Roshchyna al infierno del sistema de prisiones de Vladimir Putin la siguieron 45 periodistas de un consorcio liderado por ‘Forbidden Stories’ y Armando.info la republica en exclusiva. Esta es su primera entrega.
Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.
Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.
El reciente hallazgo de un centro de cruel adiestramiento para sicarios del principal grupo del crimen organizado de Jalisco, mantiene en vilo a la opinión pública mexicana. Los fiscales llevaron esta semana a familiares de desaparecidos y a periodistas a un recorrido por el sitio. Pero, como esta crónica relata, la improvisada visita -concebida para controlar daños y alentar la narrativa oficial- aclaró poco y levantó más dudas, conjeturas e indignación.
