Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
Un “Gloria al bravo pueblo” se oculta bajo la ropa del primer teniente retirado Gustavo Sandoval. Las primeras palabras del himno nacional de Venezuela están tatuadas en la parte alta de su espalda, entre los hombros, que cambiaron el peso de su hija por el de la tortura. Es 19 de enero de 2018 y su piel muestra las huellas en las muñecas, en los tobillos y, sobre todo, en el abdomen. Muchas de ellas quizás lleguen a ser indelebles, como su tatuaje.
Su nombre es el quinto que mencionan en la audiencia de presentación que arrancó casi al mediodía, en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en Caracas. “Primer teniente Gustavo Sandoval”, el de Propatria, el hijo de Zoreli y Gustavo. Antes que él, ya habían mencionado al primer teniente Simón Torres Varela. Atrás quedó la alegría que sintieron el 26 de junio de 2014 al ver sus nombres en la resolución 005207 que les ratificaba sus ascensos. Ahora, sus nombres quedarán estampados, junto con los de otros seis militares y dos civiles, en un mismo expediente y en una lista de detenidos que no para de crecer. Lo harán junto a otro nombre: Óscar Pérez.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo a la mayoría de estos militares el 11 de enero, en distintas latitudes y casi al unísono. Los dos civiles –que no estarían relacionados entre sí ni con los militares– fueron aprehendidos tres días después. Así lo han denunciado los siete defensores privados que llevan sus casos y la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la denominada “masacre de El Junquito”.
Pero según las actas policiales fueron aprehendidos cinco días después, el 16 de enero, un día después de los hechos de El Junquito y 48 horas antes de la presentación, una alteración ad hoc de los hechos para hacerlos calzar en los lapsos establecidos en la ley.
Ese mediodía, en el Tribunal Militar Segundo de Control los cuerpos de los diez hombres también reflejaban más de dos días de torturas. Las heridas más visibles estaban en la nariz del primer teniente Eduardo José Amaya y en las muñecas de la mayoría, pero debajo de la ropa y los zapatos se ocultaban las peores. “Es evidente que aquí hay personas con la nariz golpeada, tobillos inflamados, la planta de los pies fueron rajadas con navajas, entre otros tratos crueles”, dijo la defensa durante la audiencia de presentación.
La novedosa herida con navaja en los pies la llevaban los civiles únicamente: el taxista Juan Carlos Urdaneta y el mecánico Joaldy Deyon, ambos de 45 años de edad, supuestos encargados de “logística” del grupo del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez.
“Es evidente que aquí hay personas con la nariz golpeada, tobillos inflamados, la planta de los pies fueron rajadas con navajas, entre otros tratos crueles”.
La única buena noticia que recibieron ese día los diez imputados, sus familiares y sus abogados fue que el tribunal exhortó al Ministerio Público a que quedara constancia del estado de tortura de todos. Inmediatamente después, y poco antes de que el reloj marcara la 1:00 de la tarde, decretaron con lugar la solicitud de privación preventiva de libertad hecha por el mayor Luis Marval Flores, fiscal militar noveno de competencia nacional, en contra de los ocho militares y dos civiles, acusados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en grado de complicidad.
Desde ese día sus familiares ni sus abogados los han vuelto a ver.
La versión de los hechos fue expuesta por el mayor Marval durante la audiencia: los militares habrían mantenido "comunicación y trato directo" con Óscar Pérez, con la intención de "reclutar personal activo dentro de las FANB" para el movimiento Equilibrio Nacional por Venezuela. Los vinculan, además, con el asalto del 18 de diciembre de 2017 al comando de la Guardia Nacional (GN) en Laguneta de la Montaña, estado Miranda, pero sus abogados aseguran que al exponer el caso el fiscal no mostró pruebas concretas sobre esos contactos.
De varias fuentes que piden mantener su nombre en reserva se pudo conocer que algunos de los militares sostuvieron una conversación vía Skype con Pérez mientras este estaba en la clandestinidad, y que luego corrieron la voz entre los otros ahora imputados. El contacto virtual se habría hecho para concretar una reunión presencial que, según sus defensores, jamás ocurrió. Un teniente de apellido Ruiz los habría delatado. No se sabe si fue copartícipe o si se trata de un funcionario “debidamente autorizado”, pero la defensa asegura que no figura en las actas del expediente de los hechos del 18 de diciembre.
Aunque sus edades oscilan entre los 27 y los 37 años, siete de los ocho militares se conocían antes de encontrarse frente al tribunal, incluso se seguían en Facebook. Sandoval, Torres, Amaya, los también primeros tenientes Jhonander Ceiba, Alberto Maita y Anderson Pérez; así como el teniente Carlos Arias Pantoja, hicieron cursos de las fuerzas especiales del Ejército juntos o trabajaron en dichas fuerzas. El único que no coincidió con ellos fue el primer teniente Robert Escalona, el más antiguo del grupo de detenidos y quien estaba próximo a ser ascendido a capitán.
Escalona, sin embargo, llegó a cruzarse en la Academia Militar del Ejército con Arias Pantoja, en 2009, cuando este apenas comenzaba a cursar sus estudios en Ciencias y Artes Militares. Escalona, en cambio, ya llevaba sobre los hombros de su uniforme cuatro rayas doradas, y en el pecho varias insignias. Lo que no se imaginaron nunca es que volverían a coincidir en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, esta vez no como estudiantes sino como reclusos.
Entre el 8 y el 10 de enero de 2018, otros dos militares fueron detenidos por el mismo motivo que Escalona, Arias Pantoja y compañía. Se trata de los también primer tenientes Vladimir Ilich Aguilera y Kilver Alexander Quiñones. Sin embargo, no fueron presentados junto a los demás el 19 de enero y, en la madrugada de este martes 6 de febrero, fueron liberados. Es poco lo que se sabe de ellos pero quienes manejan el caso presumen que fueron la “carnada” para atrapar a los demás.
También por su supuesta vinculación con el robo de las armas en el destacamento 441 de la Guardia Nacional, cuya responsabilidad asumió el grupo de Pérez, está detenida la diseñadora gráfica Carola Hernández. Su aprehensión se produjo el 24 de enero. Quienes manejan el caso creen que otros civiles podrían engrosar el expediente de los militares, pese a no estar vinculados con ellos.
Hasta el jueves 8 de febrero, la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la “masacre de El Junquito” contabilizaba 33 detenidos y un desaparecido. El más reciente habría sido un hombre que hizo una colecta para ayudar a pagar el colegio de uno de los hijos de los abatidos el 15 de enero. También se sumó a la lista el rescatista Everth Celis, quien estaba desaparecido desde el 2 de febrero. Fue presentado ante tribunales militares, privado de libertad e imputado por los mismos delitos que los ocho militares y dos civiles torturados.
La mayoría de los detenidos son civiles. Además de los ocho militares presentados el 19 de enero, hay tres funcionarios del Dgcim, que estarían detenidos por publicar, comentar o interactuar con los vídeos que publicó Pérez a través de las redes sociales, durante el operativo que las fuerzas de seguridad bautizaron como "operación Gedeón". A estos últimos los detuvieron el 16 de enero, un día después de los hechos de El Junquito.
También fue aprehendido un ex policía del estado Aragua. Se trata de Víctor Hugo Escalona, quien se desempeñaba como jefe de seguridad en la urbanización Villa Aragua, donde vive la familia del general Raúl Isaías Baduel. Escalona, antes de ese empleo era hombre de confianza -chofer, mensajero, ayudante- de la familia del ex ministro caído en desgracia y quien permanece aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela.
Aunque aún se desconocen los motivos de su detención, Escalona cae preso el 2 de enero, antes de que circulara un audio en el que Abraham Agostini, del grupo de Pérez y uno de los abatidos, decía a su madre que estaban "alineados con la línea de Baduel". Ese audio no ha sido desmentido.
Esta supuesta afirmación de Agostini no le trajo consecuencias directas al general en sus ya deplorables condiciones de reclusión -aislamiento en "La Tumba"-, pero a su hijo, el también preso político Raúl Emilio Baduel, lo separaron después de cuatro años de su amigo Alexander Tirado el pasado 25 de enero.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
