Mientras el negocio de las aerolíneas caía en Venezuela, el coronel retirado de la Aviación Pedro Cestari Navarro, amigo del poderoso y también militar Giuseppe Yoffreda, fundó una línea aérea propia con vuelos nacionales e internacionales que no ha parado de crecer desde 2014. El apoderado de la filial panameña es también un militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Con la compañía, el turpial pasó de ser el ave tradicional venezolana, al símbolo del vuelo de las elites castrenses en la economía del país caribeño.
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Las posibilidades de fracasar eran elevadas. En 2014, las aerolíneas internacionales comenzaron un retiro progresivo de las pistas de Venezuela producto de las millonarias deudas en dólares gracias al control de cambio vigente desde el Gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, el coronel retirado de la Aviación Pedro del Valle Cestari Navarro y su hijo Pedro José Cestari Carmona fundaron Turpial Airlines con un presupuesto de 5 millones de bolívares –794 mil dólares, calculados en la tasa oficial de entonces– para operar en el territorio nacional.
El negocio, contra cualquier pronóstico y en pleno auge de la crisis financiera del país, se expandió. En 2017, la aerolínea registró una filial en Panamá con un capital de 10 mil dólares y su apoderado es otro militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Ahora, Turpial Airlines en vuelo a contracorriente planea abrir nuevas rutas a destinos internacionales como Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Miami (Estados Unidos), además del que ya realiza entre la ciudad de Valencia y la capital panameña con una frecuencia de cuatro días a la semana.
Esa ruta internacional y otras tres nacionales representan hoy la actividad de la aerolínea, que cuenta con una flota de tres aviones Boeing 737-400 con capacidad para 158 pasajeros cada uno. En este asfixiante mercado, donde las ganancias son inciertas por la devaluación del bolívar y la estricta regulación de las tarifas por parte de las autoridades aeronáuticas, despunta Turpial Airlines entre otras once aerolíneas nacionales. Toda una hazaña si se toma en cuenta que la suerte de la aerolínea no la manejan empresarios comunes.
Cestari Navarro fue gerente general de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) hace 13 años. Ahí llegó de la mano del mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, entonces presidente de ese ente y luego ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016). Antes, en la década del ochenta, ambos militares ya habían consolidado su amistad como compañeros de formación en la Aviación.
Pero la relación de este coronel con entes gubernamentales es amplia y no se limita a su amistad con Yoffreda. En marzo de 2006, Cestari fue comisionado al Ministerio de Turismo para cumplir funciones como gerente general del hotel estatal Prado Río, en Mérida (Andes venezolanos). Su trabajo en la administración pública no detuvo su crecimiento empresarial por lo que Cestari es propietario de la corporación Cescar (Panamá) y de la empresa Viermeco (Venezuela).
El servicio de la aerolínea tiene sus altas y bajas. El equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui, representante de Venezuela en la Serie del Caribe 2018, acaba de denunciar demoras en el vuelo que los a la ciudad de Guadalajara, en México,para enfrentar a Cuba como primer rival en el torneo. “A esta hora, 2:21 pm, de hoy (1 de febrero) aún nos encontramos en el aeropuerto ‘La Chinita’ del estado Zulia por la irresponsabilidad de Turpial Airlines debido al incumplimiento del itinerario pautado de vuelo. ¡Exigimos responsabilidad y respeto!”, escribió Caribes de Anzoátegui desde su cuenta de Twitter.
La cercanía con el poder pudo influir en el ascenso de Turpial Airlines. En 2016, la aerolínea, que ya contaba con tres aviones (valorados entre 5 y 35 millones de dólares, dependiendo de la condición), había obtenido en pocos meses los permisos necesarios para despegar de las pistas del país. “Normalmente, a una empresa eso le puede durar de dos a tres años”, explica una fuente vinculada a la aeronáutica. Se trata de un trámite espinoso que, entre otras exigencias, requiere de la aprobación de manuales y la certificación de operador aéreo.
“Gracias a este tipo de aeronaves se podrá cumplir con nuestro propósito, trasladar a un número significativo de personas desde el centro del país al oriente y occidente, y acercar a los venezolanos a países hermanos”, celebro Cestari Navarro, de acuerdo a una nota de prensa de la compaña.
Sorteadas las diligencias, Turpial inició operaciones con viajes desde las ciudades venezolanas de Valencia hasta Maracaibo, Porlamar y Panamá, en abril de 2017. Cestari, en la inauguración de su empresa en el aeropuerto panameño de Tocumen, reconoció la disminución de las actividades de las aerolíneas en el país sudamericano.
Para su empresa no ha habido muros de contención. Las relaciones con figuras del chavismo siguen vigentes. Su hermano menor, el general William Eduardo Cestari Navarro, también pertenece al alto mando de la Aviación de la Fuerza Armada; mientras que Yoffreda, actual director de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa que centraliza las importaciones públicas, ahora es uno de los hombres con mayor relevancia en el Gobierno.
“Gracias a este tipo de aeronaves se podrá cumplir con nuestro propósito, trasladar a un número significativo de personas desde el centro del país al oriente y occidente, y acercar a los venezolanos a países hermanos”
Pedro Cestari Navarro, como dueño de Turpial, sería la fachada de Yoffreda en el ámbito de los negocios, según fuentes de la aeronáutica y del mundo militar. Armando.info intentó contactar a los gerentes de la aerolínea para conocer la versión del coronel retirado, pero no fue posible.
El director de Corpovex ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusó a él y a Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, de ser responsables políticos de la crisis alimentaria en Venezuela, en diciembre de 2016. Meses antes habían sido convocados para ser interpelados en el Parlamento, pero no acudieron. El mayor general también es señalado de favorecer a algunas empresas en la obtención de dólares preferenciales.
El director de Corpovex ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusó a él y a Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, de ser responsables políticos de la crisis alimentaria en Venezuela, en diciembre de 2016. Meses antes habían sido convocados para ser interpelados en el Parlamento, pero no acudieron. El mayor general también es señalado de favorecer a algunas empresas en la obtención de dólares preferenciales.
Con Turpial Airlines la conexión más evidente está en la amistad con la junta directiva. Yoffreda no solo es amigo de Cestari, sino que pudo coincidir con López Capriata, el apoderado de la aerolínea en Panamá. Este último trabajó en la compañía Servicios Puerto El Guamache entre 2010 y 2015, justo la esa época en que Yoffreda era ministro de Transporte Acuático y Aéreo y, por ende, la cabeza más visible de la administración de los puertos del país.
No es extraño que estos militares hayan coincidido en ese momento. López Capriata fue piloto del helicóptero presidencial. En artículos de opinión del portal chavista Aporrea se le acusa de supuestamente planificar una conspiración con los generales retirados de la fuerza aérea Pablo Pérez Pérez y Clinio Rodríguez y el coronel Héctor Díaz, exdirector del Hospital Militar de Maracay (Estado de Aragua), para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, en 2003. Esto solo quedó como una denuncia anónima, pues a diferencia de Turpial, esta investigación nunca agarró vuelo.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.
Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.
Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.
Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
