Mientras el negocio de las aerolíneas caía en Venezuela, el coronel retirado de la Aviación Pedro Cestari Navarro, amigo del poderoso y también militar Giuseppe Yoffreda, fundó una línea aérea propia con vuelos nacionales e internacionales que no ha parado de crecer desde 2014. El apoderado de la filial panameña es también un militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Con la compañía, el turpial pasó de ser el ave tradicional venezolana, al símbolo del vuelo de las elites castrenses en la economía del país caribeño.
Las posibilidades de fracasar eran elevadas. En 2014, las aerolíneas internacionales comenzaron un retiro progresivo de las pistas de Venezuela producto de las millonarias deudas en dólares gracias al control de cambio vigente desde el Gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, el coronel retirado de la Aviación Pedro del Valle Cestari Navarro y su hijo Pedro José Cestari Carmona fundaron Turpial Airlines con un presupuesto de 5 millones de bolívares –794 mil dólares, calculados en la tasa oficial de entonces– para operar en el territorio nacional.
El negocio, contra cualquier pronóstico y en pleno auge de la crisis financiera del país, se expandió. En 2017, la aerolínea registró una filial en Panamá con un capital de 10 mil dólares y su apoderado es otro militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Ahora, Turpial Airlines en vuelo a contracorriente planea abrir nuevas rutas a destinos internacionales como Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Miami (Estados Unidos), además del que ya realiza entre la ciudad de Valencia y la capital panameña con una frecuencia de cuatro días a la semana.
Esa ruta internacional y otras tres nacionales representan hoy la actividad de la aerolínea, que cuenta con una flota de tres aviones Boeing 737-400 con capacidad para 158 pasajeros cada uno. En este asfixiante mercado, donde las ganancias son inciertas por la devaluación del bolívar y la estricta regulación de las tarifas por parte de las autoridades aeronáuticas, despunta Turpial Airlines entre otras once aerolíneas nacionales. Toda una hazaña si se toma en cuenta que la suerte de la aerolínea no la manejan empresarios comunes.
Cestari Navarro fue gerente general de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) hace 13 años. Ahí llegó de la mano del mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, entonces presidente de ese ente y luego ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016). Antes, en la década del ochenta, ambos militares ya habían consolidado su amistad como compañeros de formación en la Aviación.
Pero la relación de este coronel con entes gubernamentales es amplia y no se limita a su amistad con Yoffreda. En marzo de 2006, Cestari fue comisionado al Ministerio de Turismo para cumplir funciones como gerente general del hotel estatal Prado Río, en Mérida (Andes venezolanos). Su trabajo en la administración pública no detuvo su crecimiento empresarial por lo que Cestari es propietario de la corporación Cescar (Panamá) y de la empresa Viermeco (Venezuela).
El servicio de la aerolínea tiene sus altas y bajas. El equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui, representante de Venezuela en la Serie del Caribe 2018, acaba de denunciar demoras en el vuelo que los a la ciudad de Guadalajara, en México,para enfrentar a Cuba como primer rival en el torneo. “A esta hora, 2:21 pm, de hoy (1 de febrero) aún nos encontramos en el aeropuerto ‘La Chinita’ del estado Zulia por la irresponsabilidad de Turpial Airlines debido al incumplimiento del itinerario pautado de vuelo. ¡Exigimos responsabilidad y respeto!”, escribió Caribes de Anzoátegui desde su cuenta de Twitter.
La cercanía con el poder pudo influir en el ascenso de Turpial Airlines. En 2016, la aerolínea, que ya contaba con tres aviones (valorados entre 5 y 35 millones de dólares, dependiendo de la condición), había obtenido en pocos meses los permisos necesarios para despegar de las pistas del país. “Normalmente, a una empresa eso le puede durar de dos a tres años”, explica una fuente vinculada a la aeronáutica. Se trata de un trámite espinoso que, entre otras exigencias, requiere de la aprobación de manuales y la certificación de operador aéreo.
“Gracias a este tipo de aeronaves se podrá cumplir con nuestro propósito, trasladar a un número significativo de personas desde el centro del país al oriente y occidente, y acercar a los venezolanos a países hermanos”, celebro Cestari Navarro, de acuerdo a una nota de prensa de la compaña.
Sorteadas las diligencias, Turpial inició operaciones con viajes desde las ciudades venezolanas de Valencia hasta Maracaibo, Porlamar y Panamá, en abril de 2017. Cestari, en la inauguración de su empresa en el aeropuerto panameño de Tocumen, reconoció la disminución de las actividades de las aerolíneas en el país sudamericano.
Para su empresa no ha habido muros de contención. Las relaciones con figuras del chavismo siguen vigentes. Su hermano menor, el general William Eduardo Cestari Navarro, también pertenece al alto mando de la Aviación de la Fuerza Armada; mientras que Yoffreda, actual director de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa que centraliza las importaciones públicas, ahora es uno de los hombres con mayor relevancia en el Gobierno.
“Gracias a este tipo de aeronaves se podrá cumplir con nuestro propósito, trasladar a un número significativo de personas desde el centro del país al oriente y occidente, y acercar a los venezolanos a países hermanos”
Pedro Cestari Navarro, como dueño de Turpial, sería la fachada de Yoffreda en el ámbito de los negocios, según fuentes de la aeronáutica y del mundo militar. Armando.info intentó contactar a los gerentes de la aerolínea para conocer la versión del coronel retirado, pero no fue posible.
El director de Corpovex ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusó a él y a Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, de ser responsables políticos de la crisis alimentaria en Venezuela, en diciembre de 2016. Meses antes habían sido convocados para ser interpelados en el Parlamento, pero no acudieron. El mayor general también es señalado de favorecer a algunas empresas en la obtención de dólares preferenciales.
El director de Corpovex ha estado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusó a él y a Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, de ser responsables políticos de la crisis alimentaria en Venezuela, en diciembre de 2016. Meses antes habían sido convocados para ser interpelados en el Parlamento, pero no acudieron. El mayor general también es señalado de favorecer a algunas empresas en la obtención de dólares preferenciales.
Con Turpial Airlines la conexión más evidente está en la amistad con la junta directiva. Yoffreda no solo es amigo de Cestari, sino que pudo coincidir con López Capriata, el apoderado de la aerolínea en Panamá. Este último trabajó en la compañía Servicios Puerto El Guamache entre 2010 y 2015, justo la esa época en que Yoffreda era ministro de Transporte Acuático y Aéreo y, por ende, la cabeza más visible de la administración de los puertos del país.
No es extraño que estos militares hayan coincidido en ese momento. López Capriata fue piloto del helicóptero presidencial. En artículos de opinión del portal chavista Aporrea se le acusa de supuestamente planificar una conspiración con los generales retirados de la fuerza aérea Pablo Pérez Pérez y Clinio Rodríguez y el coronel Héctor Díaz, exdirector del Hospital Militar de Maracay (Estado de Aragua), para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, en 2003. Esto solo quedó como una denuncia anónima, pues a diferencia de Turpial, esta investigación nunca agarró vuelo.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
