Casi 70 millones del seguro de la estatal petrolera quedaron en un limbo, que bien podría explicar por qué las autoridades no cobraron indemnización alguna por la explosión de la refinería de Amuay.
Al menos 66,7 millones de dólares del seguro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desaparecieron del mapa. Un giro inesperado muestra que la empresa estatal depositó el dinero precisamente en la misma empresa offshore en la que Francisco Illaramendi traspasó –y luego perdió– parte del fondo de pensiones de los trabajadores de la industria petrolera.
El relato oficial recuerda que en 2011 este ambicioso bróker venezolano-estadounidense, terminó declarándose culpable de estructurar un esquema Ponzi en el que no tuvo cómo reponer unos 540 millones de dólares que conformaban el fondo de los ahorros de los jubilados de Pdvsa. La nueva filtración de documentos conocida como Paradise Papers muestra que PDV Insurance Company, una subsidiaria de PDVSA registrada en las islas Bermudas como su principal empresa aseguradora, colocó fondos en el mismo saco, por lo que corrieron la misma suerte: se evaporaron.
Una enrevesada triangulación de operaciones, orquestada por Illaramendi, logró la colocación de acciones en varios operadores financieros entre los que destaca Fractal Fund Managment, a la que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos –la SEC, por sus siglas en inglés– congeló 170 millones. En esa empresa, a cargo de tres socios entre los que destaca el venezolano Moris Beracha, quedaron varados al menos 66,7 millones de dólares de la estatal petrolera.
Como en los Panama Papers, el diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo un archivo de más de 6,8 millones de documentos internos del bufete Appleby –con más de 700 empleados en paraísos fiscales– que compartió con casi 100 medios del mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esos papeles quedaron copia de los acuerdos suscritos entre Pdvsa y Fractal Fund Management.
A través de PDV Insurance Company, Pdvsa entregó a Fractal Fund Management 3,5 millones de dólares en un contrato con fecha del 7 de mayo de 2008, que se sumaron a otros 63,2 millones depositados el 19 de marzo de 2007 en dos partes: 14 millones por un lado y otros 49,2 millones aparte, de los que no hay noticias.
El funcionario Héctor Gamboa –quien llegó a ser tesorero de Pdvsa– fue el responsable de la entrega del año 2008, mientras que las tajadas grandes de 2007 quedaron anotadas con la firma del ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo. Este último fue destituido de la empresa en 2011 tras el escándalo de Illaramendi, al verse comprometido como presidente de las juntas del Fondo de Pensiones y de Previsión.
Dos semanas antes de ser destituido por el propio Hugo Chávez, Carruyo tuvo su último pronunciamiento público –a través de una carta enviada a la Asamblea Nacional– donde negaba que la directiva de la estatal petrolera fuera responsable de la ya célebre estafa del caso Illaramendi. Ni una palabra dijo entonces sobre alguna inversión de PDV Insurance Company, mucho menos que también quedaron en una de las empresas señaladas de participar en el fraude.
Los jubilados y pensionados de Pdvsa aún esperan respuestas. Al día de hoy no han sido resarcidos, a pesar de que en Estados Unidos la Corte de Connecticut recuperó parte del dinero. A nombre de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP), Elena Pino, adelanta que los últimos cambios de autoridades en Pdvsa han permitido iniciar una auditoría para precisar lo que hay y no hay en sus activos.
“Por primera vez se está haciendo una auditoría”, dijo esta semana. “Nadie nos ha informado si ese dinero fue reversado, no tenemos ningún recibo y no nos consta como junta directiva qué ha pasado con inmuebles como el del Ministerio de Turismo, que formaba parte de los activos del Fondo de Pensiones de los trabajadores de Pdvsa”.
En Petróleos de Venezuela tampoco hay respuesta. Ni para este ni para ningún otro reporte han vuelto a dar luces de lo que pasó con los fondos que durante años ahorraron sus pensionados. El silencio se extiende sobre los 66,7 millones de dólares depositados en Fractal entre 2007 y 2008 y que bien pudieron haber contribuido con el pago de las cuotas de PDV Insurance Company a las aseguradoras extranjeras –como la firma inglesa Cooper Bay– antes de la explosión en el complejo refinador de Amuay, que sorprendió la madrugada del 25 de agosto de 2012 y dejó 55 muertos, 156 heridos y más de mil millones de dólares en daños.
Pdvsa quien “presentó” a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi.
Al haber asegurado que el accidente fue producto de un “sabotaje”, Pdvsa nunca solicitó los respaldos financieros de sus aseguradoras, aunque algunos expertos aseguran que la estatal venezolana no había pagado las cuotas de sus pólizas y por eso no hubo reembolso por las pérdidas en la tragedia.
Desde entonces, la empresa no es la misma. Las cifras son elocuentes: la producción de Amuay bajó de 620 mil barriles por día a 370 mil, mientras que las importaciones de combustible se han multiplicado por cuatro, de unos 27 mil a 108 mil barriles por día.
No hay vocero del seguro de Pdvsa que responda por lo que realmente pasó con sus pólizas. No fue posible encontrar un balance ni en Caracas ni en Hamilton –la capital de las islas Bermudas– a donde, paradojas de esta historia, quedó asentada la sociedad que debe velar y responder por los activos de la empresa más importante del Estado venezolano.
Pero agazapados en los archivos de Appleby quedaron pistas de que las acciones de PDV Insurance Company fueron congeladas a raíz del caso Illaramendi y que seis meses antes de la explosión en Amuay la empresa intentó recuperar exigiéndole a Fractal Fund Management su devolución total.
“Ejercemos nuestro derecho de solicitar la redención de la totalidad de las acciones PV que PDVIC mantiene en el Fondo Fractal, y solicitamos que el pago correspondiente se efectúe mediante transferencia bancaria”, pidió la funcionaria Mariela Matheus como directora gerente, en una carta firmada el 15 de febrero de 2012.
Moris Beracha, uno de los accionistas de Fractal –y quien fuera asesor del ministro de Finanzas, Rafael Isea–, confirmó vía correo electrónico para este trabajo la recepción de este reclamo por parte de PDV Insurance Company y lo calificó como un “intento indebido ya que ellos estaban claros de la situación y de que los recursos estaban congelados pendientes a la decisión sobre el proceso legal de caso MK (Michael Kenwood, nombre de la empresa de Illaramendi)”.
Beracha señaló que nunca presionó o trató de convencer a PDV Insurance Company de invertir en su empresa y que, en cambio, fue esa filial de Pdvsa quien “presentó” a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi. Lo que vino después es incierto. Si bien en la Corte de Connecticut sobreseyó en agosto de 2014 a Fractal y sus socios y recuperó una porción del botín, no se sabe ni cuánto ni lo que hizo Pdvsa con esa suma. “¿Cómo o qué hicieron ellos internamente? Realmente desconozco”, asegura el empresario.
Dos años después del escándalo del fondo de pensiones, Fractal señalaba oficialmente su incapacidad de devolver el dinero. “Los activos de Illarramendi permanecen congelados, pero tenemos entendido que el Síndico tiene la intención de presentar un plan de distribución, que determinará si se compensará a los acreedores de Illaramendi y en qué medida y en qué términos”.
Eso apuntaron el 9 de septiembre de 2014 en una comunicación de la que no daban garantías. “En este momento, Fractal no sabe qué compensación, en caso de haber, recibirá en última instancia por su reclamación contra la herencia de la administración judicial. Sin embargo, como es su obligación, mantendrá informados a los inversores relevantes como PDV Insurance de los procedimientos judiciales y cualquier distribución relevante”.
Desde entonces hasta ahora no hay datos sobre el destino de estos millones, que parecen haberse evaporado en las islas Bermudas.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.
