Casi 70 millones del seguro de la estatal petrolera quedaron en un limbo, que bien podría explicar por qué las autoridades no cobraron indemnización alguna por la explosión de la refinería de Amuay.
Al menos 66,7 millones de dólares del seguro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desaparecieron del mapa. Un giro inesperado muestra que la empresa estatal depositó el dinero precisamente en la misma empresa offshore en la que Francisco Illaramendi traspasó –y luego perdió– parte del fondo de pensiones de los trabajadores de la industria petrolera.
El relato oficial recuerda que en 2011 este ambicioso bróker venezolano-estadounidense, terminó declarándose culpable de estructurar un esquema Ponzi en el que no tuvo cómo reponer unos 540 millones de dólares que conformaban el fondo de los ahorros de los jubilados de Pdvsa. La nueva filtración de documentos conocida como Paradise Papers muestra que PDV Insurance Company, una subsidiaria de PDVSA registrada en las islas Bermudas como su principal empresa aseguradora, colocó fondos en el mismo saco, por lo que corrieron la misma suerte: se evaporaron.
Una enrevesada triangulación de operaciones, orquestada por Illaramendi, logró la colocación de acciones en varios operadores financieros entre los que destaca Fractal Fund Managment, a la que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos –la SEC, por sus siglas en inglés– congeló 170 millones. En esa empresa, a cargo de tres socios entre los que destaca el venezolano Moris Beracha, quedaron varados al menos 66,7 millones de dólares de la estatal petrolera.
Como en los Panama Papers, el diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo un archivo de más de 6,8 millones de documentos internos del bufete Appleby –con más de 700 empleados en paraísos fiscales– que compartió con casi 100 medios del mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esos papeles quedaron copia de los acuerdos suscritos entre Pdvsa y Fractal Fund Management.
A través de PDV Insurance Company, Pdvsa entregó a Fractal Fund Management 3,5 millones de dólares en un contrato con fecha del 7 de mayo de 2008, que se sumaron a otros 63,2 millones depositados el 19 de marzo de 2007 en dos partes: 14 millones por un lado y otros 49,2 millones aparte, de los que no hay noticias.
El funcionario Héctor Gamboa –quien llegó a ser tesorero de Pdvsa– fue el responsable de la entrega del año 2008, mientras que las tajadas grandes de 2007 quedaron anotadas con la firma del ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo. Este último fue destituido de la empresa en 2011 tras el escándalo de Illaramendi, al verse comprometido como presidente de las juntas del Fondo de Pensiones y de Previsión.
Dos semanas antes de ser destituido por el propio Hugo Chávez, Carruyo tuvo su último pronunciamiento público –a través de una carta enviada a la Asamblea Nacional– donde negaba que la directiva de la estatal petrolera fuera responsable de la ya célebre estafa del caso Illaramendi. Ni una palabra dijo entonces sobre alguna inversión de PDV Insurance Company, mucho menos que también quedaron en una de las empresas señaladas de participar en el fraude.
Los jubilados y pensionados de Pdvsa aún esperan respuestas. Al día de hoy no han sido resarcidos, a pesar de que en Estados Unidos la Corte de Connecticut recuperó parte del dinero. A nombre de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP), Elena Pino, adelanta que los últimos cambios de autoridades en Pdvsa han permitido iniciar una auditoría para precisar lo que hay y no hay en sus activos.
“Por primera vez se está haciendo una auditoría”, dijo esta semana. “Nadie nos ha informado si ese dinero fue reversado, no tenemos ningún recibo y no nos consta como junta directiva qué ha pasado con inmuebles como el del Ministerio de Turismo, que formaba parte de los activos del Fondo de Pensiones de los trabajadores de Pdvsa”.
En Petróleos de Venezuela tampoco hay respuesta. Ni para este ni para ningún otro reporte han vuelto a dar luces de lo que pasó con los fondos que durante años ahorraron sus pensionados. El silencio se extiende sobre los 66,7 millones de dólares depositados en Fractal entre 2007 y 2008 y que bien pudieron haber contribuido con el pago de las cuotas de PDV Insurance Company a las aseguradoras extranjeras –como la firma inglesa Cooper Bay– antes de la explosión en el complejo refinador de Amuay, que sorprendió la madrugada del 25 de agosto de 2012 y dejó 55 muertos, 156 heridos y más de mil millones de dólares en daños.
Pdvsa quien “presentó” a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi.
Al haber asegurado que el accidente fue producto de un “sabotaje”, Pdvsa nunca solicitó los respaldos financieros de sus aseguradoras, aunque algunos expertos aseguran que la estatal venezolana no había pagado las cuotas de sus pólizas y por eso no hubo reembolso por las pérdidas en la tragedia.
Desde entonces, la empresa no es la misma. Las cifras son elocuentes: la producción de Amuay bajó de 620 mil barriles por día a 370 mil, mientras que las importaciones de combustible se han multiplicado por cuatro, de unos 27 mil a 108 mil barriles por día.
No hay vocero del seguro de Pdvsa que responda por lo que realmente pasó con sus pólizas. No fue posible encontrar un balance ni en Caracas ni en Hamilton –la capital de las islas Bermudas– a donde, paradojas de esta historia, quedó asentada la sociedad que debe velar y responder por los activos de la empresa más importante del Estado venezolano.
Pero agazapados en los archivos de Appleby quedaron pistas de que las acciones de PDV Insurance Company fueron congeladas a raíz del caso Illaramendi y que seis meses antes de la explosión en Amuay la empresa intentó recuperar exigiéndole a Fractal Fund Management su devolución total.
“Ejercemos nuestro derecho de solicitar la redención de la totalidad de las acciones PV que PDVIC mantiene en el Fondo Fractal, y solicitamos que el pago correspondiente se efectúe mediante transferencia bancaria”, pidió la funcionaria Mariela Matheus como directora gerente, en una carta firmada el 15 de febrero de 2012.
Moris Beracha, uno de los accionistas de Fractal –y quien fuera asesor del ministro de Finanzas, Rafael Isea–, confirmó vía correo electrónico para este trabajo la recepción de este reclamo por parte de PDV Insurance Company y lo calificó como un “intento indebido ya que ellos estaban claros de la situación y de que los recursos estaban congelados pendientes a la decisión sobre el proceso legal de caso MK (Michael Kenwood, nombre de la empresa de Illaramendi)”.
Beracha señaló que nunca presionó o trató de convencer a PDV Insurance Company de invertir en su empresa y que, en cambio, fue esa filial de Pdvsa quien “presentó” a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi. Lo que vino después es incierto. Si bien en la Corte de Connecticut sobreseyó en agosto de 2014 a Fractal y sus socios y recuperó una porción del botín, no se sabe ni cuánto ni lo que hizo Pdvsa con esa suma. “¿Cómo o qué hicieron ellos internamente? Realmente desconozco”, asegura el empresario.
Dos años después del escándalo del fondo de pensiones, Fractal señalaba oficialmente su incapacidad de devolver el dinero. “Los activos de Illarramendi permanecen congelados, pero tenemos entendido que el Síndico tiene la intención de presentar un plan de distribución, que determinará si se compensará a los acreedores de Illaramendi y en qué medida y en qué términos”.
Eso apuntaron el 9 de septiembre de 2014 en una comunicación de la que no daban garantías. “En este momento, Fractal no sabe qué compensación, en caso de haber, recibirá en última instancia por su reclamación contra la herencia de la administración judicial. Sin embargo, como es su obligación, mantendrá informados a los inversores relevantes como PDV Insurance de los procedimientos judiciales y cualquier distribución relevante”.
Desde entonces hasta ahora no hay datos sobre el destino de estos millones, que parecen haberse evaporado en las islas Bermudas.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
