Dominique de Villepin ayudó, junto al ex juez español Baltasar Garzón, a que en 2014 el Principado de Andorra desbloqueara los fondos multimillonarios de Diego Salazar, congelados poco antes bajo sospechas de lavado de dinero. Un año más tarde, el ex jefe de gabinete de Jacques Chirac (2005-2007) intermedió para que Salazar, también conocido como el ‘Zar de los Seguros de Pdvsa’, además de primo del ex ministro venezolano y entonces embajador en la ONU, Rafael Ramírez, comprara un banco y dos compañías de seguro en Luxemburgo.
Mediapart (París) (*)
"Ah, sí, no te mezcles con él, porque parece un tipo que lo que quiere es escapar", le advirtió Alexandre Djouhri, el empresario de origen argelino que figura por ahora como principal sospechoso en la trama de financiamiento libio de la campaña electoral de ex presidente Nicolas Sarkozy en 2007.
Era febrero de 2015 cuando Djouhri -hoy detenido en Londres, esperando por su extradición a Francia- le recomendaba al ex primer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, que no frecuentara a un hombre clave del chavismo, mundano, apodado El señor de los relojes: Diego Salazar, de 40 años de edad. Salazar se ganó el mote a la entrada de una fiesta, en la que ofreció a sus invitados regalar a cada uno un Rolex, si permitían que destrozara a martillazos los relojes que traían. Compraba por docenas los relojes de oro, fueran Rolex y Cartier.
En 2012, Dominique de Villepin sumó al venezolano al portafolio de clientes de su empresa de consultoría, para establecer relaciones de confianza y ofrecerle la compra de un banco en Luxemburgo. No sin esfuerzo, según varios testigos, consiguió además la liberación de unos fondos de su cliente, congelados en Andorra. El episodio apareció en las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de la financiación libia de Sarkozy, que resultó en una orden de arresto y un procedimiento de extradición para Djouhri.
Hijo de un guerrillero, enriquecido por los negocios con las pólizas de seguros de la compañía petrolera estatal Pdvsa, Diego Salazar fue detenido el pasado 1 de diciembre por la policía venezolana. El Fiscal General del chavismo, Tarek William Saab, le acusa de ser el cerebro de una red de corrupción y lavado de dinero. Durante la misma redada, dieciocho funcionarios fueron detenidos, incluyendo dos directivos de alto nivel: Eulogio Del Pino, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, y su sucesor por poco tiempo, Nelson Martínez.
El 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, el propio presidente, Nicolás Maduro, denunció el enriquecimiento de Salazar “y su banda”, y el hallazgo de obras de arte por unos 800.000 euros en uno de sus apartamentos en Caracas. Maduro blandía unos aguafuertes trémulos mientras exigía que todas las obras retornaran “al pueblo” y al patrimonio nacional. “¡Tenía un juego de ajedrez en su oficina con piezas de oro!", exclamó. “¡Los nuevos ricos! ¡Ladrones! ¿Bolichicos? ¡Vándalos! ¡Presos! ¡Y con la pena máxima!".
Con Salazar cae un clan completo del chavismo al que Maduro ha señalado. Rafael Ramírez, embajador venezolano en las Naciones Unidas, primo de Salazar, fue destituido simultáneamente de la ONU: presidió la corporación petrolera durante diez años, de 2004 a 2014. Según el fiscal venezolano, la malversación desvió a través de la Banca Privada d'Andorra (BPA) y una red de empresas panameñas cerca de 1.300 millones de euros entre 2011 y 2012. A mediados de diciembre, la fiscalía anunció que "los documentos acusan directamente" al ex embajador por ser socio de su primo "en operaciones de compra y venta de petróleo".
Pero es la investigación del BPA la que causa la caída del clan. Los jueces españoles ponen su atención en el Principado limítrofe, cuya banca accedió a colaborar en una variedad de esquemas de blanqueo de capitales. En Andorra la justicia española encontró las claves de varios casos de interés en la ladera sur de los Pirineos, como el del ruso Andrei Petrov y la transacción inmobiliaria en Lloret del Mar, sobre la costa catalana, que lo relaciona con el capo de la mafia rusa, Semion Mogilevich. O los del chino Gao Ping, cabecilla de la red de lavado de dinero en efectivo de la Operación Emperador, o de la fortuna oculta de Jordi Pujol, ex presidente de Cataluña (1980-2004).
También había pistas latinoamericanas. Algunas relacionadas con las cuentas abiertas en el banco a nombres de PEP (Politically Exposed Persons) para recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht que esta transfería desde un pequeño banco que compró en la isla caribeña de Antigua.
Los líderes de Pdvsa y sus testaferros también se beneficiaron de este esquema, a través de 37 cuentas corrientes gestionadas entre 2007 y 2012, y una red de empresas panameñas. Desde 2006, el BPA contaba con una sucursal en el CCCT de Caracas, un mall en el sureste de la capital venezolana. Desde allí facilitaba a sus clientes la creación de empresas en Panamá. Los honorarios se cargaban a los contratos públicos de Pdvsa y se pagaban por concepto de consultorías a empresas panameñas. Desde luego, los seguros que Diego Salazar manejaba estaban especialmente sobrefacturados. La plata salía por las ventanas.
De acuerdo con facsímiles de facturas publicados por el diario El País de Madrid, una de las compañías panameñas de Salazar, High Advisory and Consulting S.A., ordenó en Lavinia, una de las mayores tiendas de licores de París, grandes vinos franceses, como un Pomerol Petrus 1990 por 5.560 euros la botella, o un Chateau Mouton Rotschild a 1.780 euros la botella. Un total de 694 botellas por 493,573 euros. En octubre de 2011 ordena 93 relojes, de marcas Rolex y Cartier, por dos millones de euros. Los primeros sumarios judiciales indican que Diego Salazar y su primo y hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, "pasaron varias temporadas en París realizando importantes gastos por millones de euros en hoteles y tiendas de lujo".
En 2012, la agencia francesa contra el lavado de dinero, Tracfin, alertó a las autoridades judiciales de Andorra sobre un curioso pago de 99.980 euros a un gerente del Hotel Crillon en París. Procedía de una compañía panameña, Highland Assets Corp, propiedad de Diego Salazar. Las investigaciones comienzan y los primeros fondos de Salazar quedan bloqueados, el 30 de noviembre de 2012, a petición de la fiscalía de Andorra. El depósito de garantía impuesto a Salazar era de 200 millones de euros. Pero para entonces ya el hombre de negocios venezolano se había encontrado con su asesor, Dominique de Villepin.
En diciembre de 2012, el nombre del ex primer ministro aparecerá en intercepciones telefónicas de conversaciones entre Luis Mariano Rodríguez y uno de los gerentes de BPA, Pablo Laplana, uno de cuyos intercambios se dio a conocer a través de la cadena española Antena 3.
No, no, no... (…) Aquí nadie habla de corromper a nadie... Si Dominique encuentra la forma, una forma muy discreta, y con mucho tacto, para ejercer presión...
Rodríguez explica cómo su primo, Diego Salazar, entregó 80.000 dólares a agentes de policía en Venezuela cuando las autoridades cuestionaron la llegada de una "cantidad significativa". "La policía cerró el caso", dice Luis Mariano Rodríguez. Pero continúa: "Diego quiere hacerlo aquí de la misma manera que en Venezuela y esto no se hace así...".
El banquero Pablo Laplana lo confirma y, según la grabación, habla entonces de la intervención de Dominique: "No, no, no... (…) Aquí nadie habla de corromper a nadie... Si Dominique encuentra la forma, una forma muy discreta, y con mucho tacto, para ejercer presión ... Porque lo hacemos aquí: del gerente general a los dueños del banco se mueven ... Me explico: invitas a alguien a cenar, y le dices que todo eso te tiene muy enojado... (…) que te parece que ellos cometieron una equivocación, y ellos entienden el mensaje. Déjame explicarte: no vas ni a golpear la mesa, ni a gritar o amenazar, aquí no funciona de esa manera. Aquí lo que estás haciendo es hablar con el ministro y le dices: ‘Se me ha informado de esto (…) Creo y estamos convencidos de que es un gran error’. Y un juez llama al ministro y le dice: ‘Escucha, mira este caso muy bien ... Porque puede causarnos un gran problema, estás cometiendo un error’, y eso es lo que el banco está tratando de hacer".
De acuerdo a lo recogido en las escuchas, Dominique de Villepin defendería la causa de los venezolanos junto a Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional español, expulsado de la Judicatura por prevaricación en 2012, y de fama universal desde que en 1998 ordenó detener en Londres al ex dictador chileno y entonces Senador, Augusto Pinochet.
Luis Mariano Rodríguez preguntó al ejecutivo de BPA si tenía noticias de Dominique.
"Bueno, voy a enviar otro mensaje a Diego porque Garzón dice que quiere ponerse en contacto con él para coordinar lo que van a hacer", dijo el venezolano. “Porque, por supuesto, todos los abogados que tenemos están trabajando en la defensa. Pero a Garzón el banco lo contrató para el ataque, y a Villepin Diego lo contrató también para atacar. Son dos cosas diferentes. Una es la defensa, la otra es el ataque. Garzón debe coordinar el ataque con Villepin, esencialmente para que digan lo mismo. Porque si uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, tendremos un problema”.
Interrogado para esta nota, Dominique de Villepin afirma que "nunca trabajó para liberar estos fondos". "Nunca he sido el abogado de Diego Salazar en este caso", dice, “sólo asesoré para el desarrollo de su grupo a nivel internacional”. El ex juez Garzón también negó lo escuchado en la grabación española, afirmando que no había "hecho nada" por la liberación de los fondos de Salazar, y que sus relaciones con el banco BPA estaban cubiertas por el secreto profesional.
En cualquier caso, la liberación de los fondos fue concedida a los venezolanos en 2014 por el Tribunal de Corts, el correspondiente a la Audiencia Nacional en Andorra, tras juzgar insuficientes los indicios de lavado de dinero, a solo un año y medio de la medida de bloqueo, y teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales de los involucrados.
La asesoría de Dominique de Villepin para Salazar parecía haber tenido efecto, según una auditoría judicial francesa. El 21 de febrero de 2015, el ex primer ministro explica al intermediario Alexandre Djouhri que está a punto de cenar con Diego Salazar, "quien busca algo que hacer en París". "Ahora que tiene sus oficinas en la avenida Montaigne, busca comprar un negocio bancario, una compañía de seguros o una de ingeniería en el sector energético", Villepin expone al intermediario. "Hay un banco y dos pequeñas compañías de seguros que están a la venta en un fondo en Luxemburgo", dijo Villepin, quien adelantó a Salazar la idea de ofrecerle "comprar este fondo diciéndole (…) que era Alexandre (Djouhri) quien está tratando de comprarlo". "Pero evita cuidadosamente mezclarte con él", concluye Villepin. "Ah, sí, no te mezcles con él, porque parece un tipo que lo que quiere es escapar", asiente Djouhri.
El 10 de marzo de 2015, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denuncia oficialmente al BPA ante el Principado de Andorra como "preocupante institución financiera" por su papel en el lavado de dinero internacional, lo que provoca la intervención del banco.
El expediente venezolano está particularmente señalado por los estadounidenses. El informe FinCEN menciona "transferencias por valor de 4.200 millones de dólares en relación con el lavado de dinero venezolano". Un año más tarde, PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de auditar las cuentas de BPA, anunció que 923 clientes del establecimiento pueden ser considerados "sospechosos de lavado de dinero", es decir, 3% de los clientes (sobre un total de 29.200). Pero también encuentra que 2,165 clientes, o 7,4% del total, no pudieron justificar la fuente de sus fondos.
Según Dominique de Villepin, la propuesta de negocios en Luxemburgo no prosperó. De todas maneras, Diego Salazar instaló sus oficinas en el 17-19 de la avenida Montaigne en París, junto al teatro Champs-Élysées. Su empresa, Cliona Holding, propiedad de una entidad de Luxemburgo, y esta, a su vez, propiedad de una compañía panameña, Wilona Global S.A., se ha mantenido perfectamente hermética por el momento. Luego Diego Salazar se establecería en los Emiratos Árabes Unidos, a donde había transferido parte de sus fondos. Despreocupado ante los riesgos, el señor de los relojes regresó a Caracas, donde fue detenido. Acompaña en prisión a dos militares de alto rango acusados ??de sedición.
"Es un ajuste de cuentas político", suspira un amigo del magnate de los seguros, que habló para esta nota. “Tal como en Arabia Saudita ... ".
(*) El autor concedió a Armando.Info autorización exclusiva para traducir del francés este reportaje y publicarlo.
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra, por el que señalan al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, y a su operador, Luis Mariano Rodríguez Cabello. La firma, que no fue incluida en ningún registro judicial del caso, tuvo en su directiva durante más de dos años a quien ha sido señalado en al menos tres países por blanqueo de capitales. La reaseguradora Energy Risk ahora se ha reinventado y ha obtenido calificaciones financieras para hacerse más internacional. La nueva vida también vino para Rodríguez Cabello, que evadió la extradición desde España y ahora, según su abogado, es un hombre libre en Madrid.
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada en 2015 de Televén, uno de los principales canales privados de TV. De esa riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor. Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que echar mano a la facturación de sus empresas petroleras.
Un oscuro abogado resultó ser el titular de una cuenta en un banco de esa nación de los Balcanes donde se recibían decenas de millones de euros en fondos negros de la petrolera estatal venezolana. Los recursos quedaron incautados y congelados la semana pasada por el Gobierno de Sofía, a petición de Estados Unidos, que denunció el flujo financiero. Los dineros públicos venezolanos estaban bajo control de un submundo donde confluyen la clase política, la ‘mutri’ (la tenebrosa mafia local), las agencias secretas y la oligarquía del petróleo ruso.
Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
