La Oferta Pública de Adquisición no fue a través de la bolsa, sino mediante decretos presidenciales, ni tampoco -como se temía- por una expansión de la empresa militar de servicios mineros, Camimpeg. La corporación estatal, la joya de la corona republicana desde 1976, la industria que da de comer a Venezuela, ha sido tomada por la oficialidad castrense en una operación relámpago de cuatro meses. Un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, preparado para resguardar el orden público, ha sido dotado de poderes sin precedentes para conducirla. Pero los efectos que está teniendo la militarización de Pdvsa son los contrarios a los esperados. El general, absorto en su petrolaberinto, parece comandar ya no el rescate de la empresa, sino su golpe de gracia.
Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
Una mole de concreto, solitaria y apenas protegida de la inundación por bombas de achique, yace en las aguas del bajo río Caroní. Es lo que hay de la proyectada central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, al sur de Venezuela, después de pagar 10.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado y en parte con fondos de organismos multilaterales, a varios contratistas, entre ellos la controvertida constructora brasileña. De esa cantidad, al menos 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo (80-20, lo llamaron) que una auditoría interna detectó, y que se usó para financiar comisiones a la gerencia del proyecto.
Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada.
El manejo de la crisis eléctrica que atraviesa el país sudamericano tiene dos precedentes: 2003 y 2010. Entonces el gobierno del presidente Hugo Chávez se resistió a racionar a gran escala hasta último minuto, agotando las reservas de agua del embalse de Guri, en el suroriente del país. En 2016 la historia se repite, pero con mayor intensidad: la cota de la represa es la más baja de los últimos 20 años y se encuentra en niveles de emergencia. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, intenta maniobrar hasta que lleguen las lluvias, mientras queda en evidencia el vacío técnico que dejó la eliminación de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados.
A dos años del apagón que paralizó al país, la compañía estatal Corpoelec no ha podido sobrevolar el tendido eléctrico que nace en la central hidroeléctrica de Guri, en el suroriente del país, y que transporta 70 por ciento de la electricidad de la nación sudamericana, por falta de helicópteros. Este es otro de los ejemplos de la gestión pública de las empresas que manejan las áreas estratégicas de la autodenominada Revolución Bolivariana.
