Aunque apasionado criador de purasangres de carrera, Iván Rodríguez Gelfenstein ha dado más de un salto propios, en realidad, de la disciplina de la equitación: de odontólogo a proveedor de alimentos para el gobierno de Chávez, de miembro de una hermandad de burócratas revolucionarios a magnate en la costa este de Florida. En uno de esos fue a dar con sus negocios a Panamá, y allí el HSBC lo reportó haciendo transferencias a un grupo comercial señalado por actividades de supuesto lavado de dinero.
El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un manufacturero y comerciante, candidato del chavismo para sustituir a Polar, a convertirse en todo un banquero. Pero justo en ese momento los cuatro bancos que ya casi había comprado fueron intervenidos y el empresario cayó en prisión. Tras las rejas tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.
Se le conoce con el mote de ‘Maradonna’ y ciertamente es una leyenda que casi no tiene rostro. Aún así, en los corrillos financieros le suelen dar el don de la ubicuidad, omnipresente en muchas de las operaciones más espectaculares de la era chavista. Apenas ahora los FinCEN Files permiten comprobar que bancos y autoridades de Estados Unidos le seguían los pasos a los movimientos de al menos dos de las empresas del empresario argentino-israelí, el fondo Adar Latam y la financiera Mercantil Valores, que mostraban vínculos con las estructuras de negocios de Martin Lustgarten, Alejandro Ceballos y Víctor Vargas, entre otros magnates venezolanos.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
Agotada de funcionar en un país en crisis y bajo fuertes críticas sobre su operatividad, la empresa que manejaba los servicios automatizados de chequeo y embarque en el principal aeropuerto del país organizó una retirada parcial. En su lugar dejó a cargo una representación que reposa en dos compañías -desconocidas para las líneas aéreas que aún operan en Venezuela- relacionadas con un importante grupo empresarial de origen libanés, que hasta el año pasado solo manejaba las tiendas de duty free, pero que firmaron con el Estado venezolano un contrato que incluye también refacciones en la estructura y equipos del aeropuerto. Las líneas aéreas se niegan a firmar un contrato de servicios con los nuevos operadores, que redoblaron el costo de sus servicios.
