El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.

De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.

El destino de un portento industrial prácticamente listo para operar fue el olvido. La empresa mixta Ruscaolín lo tuvo todo para convertirse en un oasis de desarrollo en el sur de Venezuela, junto a la majestuosa Gran Sabana. A diferencia de otras iniciativas faraónicas de Hugo Chávez, esta pasó del proyecto a la realidad. Pero de pronto la fábrica, sin haber arrancado, fue desmantelada, el sitio abandonado, y los socios rusos se marcharon con su estela de sociedades opacas. Luego quedó a cargo de una empresa venezolana cuyo rastro es difícil de seguir.

Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas

Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.  

La oferta no puede ser más esperanzadora: una "vacuna" o inmunoterapia contra el cáncer de mama capaz de reducir el tumor y la posibilidad de metástasis. Una opción poderosa en un país donde las neoplasias son la segunda causa de muerte de los venezolanos y donde es cada vez más limitado el acceso a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Pero esta investigación, desarrollada por el ilustre médico venezolano Jacinto Convit a partir de 2002 y que continúa después de su fallecimiento, acumula imprecisiones y procesos opacos que la hacen tambalear frente al rigor científico, ético y médico.

Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.

Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.

Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.

Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.

Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.

Una investigación periodística llevada a cabo por un consorcio internacional de reporteros revela detalles, negociaciones fallidas, errores de los Gobiernos de Quito y Bogotá, y encubrimientos en el secuestro y asesinato de los reporteros del diario El Comercio de Ecuador en marzo pasado, ejecutado por ‘Guacho’, el señor de las tinieblas donde se juntan el narcotráfico y la disidencia de las desmovilizadas guerrillas de las Farc.

Ni siquiera una orden de desalojo presidencial ha podido acabar con la invasión a la Reserva Forestal Caparo, en Barinas, donde al menos 300 personas entraron a comienzos de este año y han arrasado con el bosque y los animales de la zona. Científicos advierten que los ocupantes podrían dañar irreversiblemente el área en unos cuatro años mientras los campesinos de pueblos cercanos aseguran que grupos irregulares y la alcaldesa del municipio Zamora se cuentan entre los beneficiados de esa explotación

Desde hace tiempo se intuye que la catástrofe socioeconómica de Venezuela se ha traducido en una mayor mortalidad, si bien la relación causa-efecto no siempre es fácil de establecer por la falta deliberada de estadísticas confiables. Pero una tendencia insólita, que podía pasar por buena noticia, ofrece la oportunidad no solo de destapar un drama, sino tal vez la identidad de sus responsables: el número de usuarios de los servicios de hemodiálisis ha bajado de manera drástica y, a pesar de las precariedades del suministro de insumos, de máquinas descuidadas y hasta de la falta de agua corriente, sobran los cupos. Hay indicios de que se les dejó morir por incompetencia.

Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.

El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.

Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.

En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio.  

A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.

Entre 2017 y lo que va de 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- ha importado productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños, un matrimonio venezolano, fueron demandados civilmente e investigados penalmente en los Estados Unidos, por estar involucrados en ‘negocios de transmisión de dinero sin licencia’. Luego de esto, concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano.

Los negocios de hidrocarburos ahogan los derechos de los migrantes en Trinidad y Tobago. Abandono consular, deportaciones, multas prohibitivas, explotación laboral y condenas de prisión, son algunas de las hostilidades que aguardan a los que llegan desde Venezuela buscando una mejor vida allá. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Puerto España trata con guantes de seda al régimen de Nicolás Maduro, para el que reserva los miramientos que se tienen con un socio que, en el marco de acuerdos de cooperación que llevan años negociándose, aportará el gas natural y los recursos que permitirán reactivar importantes instalaciones industriales en la nación de las dos islas.

Desbordados los pasos hacia Colombia y Brasil y con mínimo acceso a divisas para alcanzar otros destinos apetecibles, cruzar hasta Trinidad y Tobago es una de las rutas más accesibles para quienes buscan huir de la Venezuela en zozobra. Trasladarlos es el negocio de los ‘coyotes’ que tienen base en los estados de Sucre o Delta Amacuro, mientras que pecharlos es el de los lancheros, pescadores, contrabandistas y cuerpos de seguridad que los acechan.

Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.

En 2005, un hijo del hoy presidente Tabaré Vásquez -entonces en su primera administración- cerró con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez jugosos contratos para compañías uruguayas de software, de las que era empleado y representante, que prestarían servicios a un proyecto de telefonía nunca completado. Lo que entonces pareció sospechoso de tráfico de influencias y pago de sobornos no se pudo comprobar. Pero un nuevo examen a documentos oficiales y comunicaciones incluidas en los llamados Panama Papers permite establecer que el negocio coincidió con pagos irregulares para, al menos, un alto funcionario venezolano.

Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.

Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger

Decenas de grupos de WhatssApp son las nuevas microcasas de cambio a través de las cuales los venezolanos compran y venden las divisas que permiten a cada vez más venezolanos sortear el inclemente aumento de precios en el país. Mientras se hace cada vez más común el cobro directo en dólares para adquirir bienes o servicios, el mercado de menudeo de divisas ya tiene vida propia y representa 43 por ciento de la cantidad de divisas que se transan en el país donde el bolívar perdió todo fundamento

Una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015, creada meses antes de que Nicolás Maduro asomara su idea de establecer una red de tiendas para el programa estatal de los Comité Locales de abastecimiento y Producción (CLAP), es la beneficiaria actual de ese negocio. Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario. Detrás de esa operación reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde inicios de 2017 están vinculados a los CLAP gracias a una fantasmal sociedad registrada en Hong Kong.

En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.

En el orden cerrado de la Fuerza Armada Nacional venezolana, la misma que se denomina humanista, revolucionaria y socialista, no hay espacio amplio ni estrecho para los uniformados que portan el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las sanciones son precisas y su aplicación está plagada de prejuicios, marcadas por la homofobia y la desinformación. A pesar de los avances jurídicos en varios países de América Latina, el manejo del virus sigue siendo un reto después de 37 años y al menos 1200 uniformados venezolanos afectados prefieren el secreto antes que poner en riesgo su profesión