Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
Un decreto presidencial del 20 de julio de 2018 oficializó la designación de Adrián Antonio Perdomo Mata como presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minervén), la estatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, al sur del país.
Un mes después, el 31 de agosto, otro decreto del presidente Nicolás Maduro, autorizó la creación de Mibiturvén, una empresa mixta entre Minervén y una sociedad con registro turco, de nombre Marilyns Proje Yatirim.
Aunque a primera vista no lo enseñen, ambas decisiones conectan con Alex Saab Morán, el empresario colombiano cuyos negocios con Venezuela -y en particular, su participación en la importación de suministros para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)- son hoy investigados por autoridades de varios países.
Perdomo Mata, el flamante presidente de Minervén, fue directivo de una compañía relacionada a Alex Saab. Se trata de Trading Energy and Coal (Trenaco), registrada en Caracas en octubre de 2014 y disuelta dos años después. Perdomo Mata ocupó el cargo de “subgerente general” de esa firma espejo de la colombiana Trenaco, hoy también liquidada, y cuya casa matriz conducía hasta Suiza. Siendo una desconocida en el sector petrolero, en agosto de 2015 obtuvo un contrato que luego se disolvió por 4.500 millones de dólares con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Saab nunca figuró en los registros de la empresa, pero una investigación de Reuters reveló que “estaba en pleno control de Trenaco” tras revisar “correspondencia interna” y “archivos de audio de Whatsapp con la participación de Saab”. A esa información de la agencia de noticias publicada en julio de 2016, se suman ahora otros indicios que reafirman la relación entre Saab y Trenaco.
La sede caraqueña de Trenaco, donde fue subgerente general el ahora presidente de Minervén, está en la misma torre empresarial del Centro Galipán en El Rosal –en el este de Caracas- donde se encuentra la oficina de Fondo Global de Construcción, una estructura con la que hace siete años Alex Saab -junto a su socio Álvaro Pulido Vargas, también colombiano- inició su carrera como contratista del chavismo al firmar un acuerdo millonario en el palacio de Miraflores para la construcción de viviendas prefabricadas. Lo que pudiera ser una simple coincidencia se descarta al comprobar que ambas compañías apuntaron el mismo número telefónico ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC). “Gracias por llamar a Fondo Global de Construcción, en breve será atendido”, repite una contestadora automática antes de un interminable hilo musical que frena cualquier posibilidad de preguntar por esa relación.
Otro enlace entre el presidente de Minerven y Alex Saab se evidencia en el registro mercantil de Estambul, la principal ciudad turca. Marilyns Proje Yatirim, la compañía escogida a dedo por el presidente Maduro para la conformación de la empresa mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven), dejó allí constancia de dos números telefónicos. Nadie los contesta, pero son los mismos que también usó Mulberry Proje Yatirim, otra pieza de la trama empresarial con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas concentran la venta de alimentos desde finales de 2016 para el programa estatal de los CLAP.
Perdomo Mata, además de presidente de la estatal Minervén, figura como presidente de Aleaciones Metálicas del Pacífico, una firma panameña creada el 5 de agosto de 2015 y en la que comparte directorio con Amir Nassar Tayupe, abogado en Venezuela de Alex Saab y quien lo representa en una demanda contra cuatro periodistas de Armando.info. Esa compañía fue registrada con un capital de 10.000 dólares y entre sus fines está el de “desarrollar producción y comercialización de productos semielaborados y terminados de acero, laminados en caliente, en frío y recubiertos, largos y planos, y en general la construcción de infraestructuras físicas, asistencia técnica y desarrollo tecnológico particularmente en los casos de utilización de hierro, acero entre otros metales y en especial aquellas propias de la actividad siderúrgica, industrial y mineral en general, afines y complementarias incluyendo la exportación, importación y comercialización de los productos que extraiga, elabore o adquiera de otras fuentes”.
La sombra de Alex Saab en el negocio minero y su relación con empresas turcas ocurre justo cuando Nicolás Maduro parece embarcado en un esfuerzo simultáneo por encargar a socios extranjeros de los yacimientos de minerales raros y preciosos que atesora el llamado Arco Minero del Orinoco y, a la vez, por estrechar las relaciones con el régimen Recep Tayyip Erdogan en Turquía, una alianza de Estados que se asisten para burlar las sanciones financieras de Washington.
No parece coincidencia que, tras las visitas de varios ministros venezolanos al país euroasiático en los últimos meses, los productos turcos comenzaron a aparecer en las cajas CLAP. Aún más: al mismo tiempo los cargamentos de toneladas de oro venezolano empezaron a despacharse a Turquía, en un intercambio apenas explicado por las autoridades.
“Es un convenio que está establecido entre Turquía y el Banco Central de Venezuela (BCV), que básicamente es para la refinación del oro”, declaró a Reuters en julio pasado Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero, ante las denuncias de parlamentarios opositores sobre la naturaleza del negocio. “No es ningún contrabando a Turquía. Son convenios que están firmados entre el BCV y Turquía”, insistió ante los cuestionamientos por la explotación del denominado Arco Minero, una extensión de casi 112.000 kilómetros cuadrados al sur de Venezuela con cuya explotación Nicolás Maduro busca unos ingresos cada vez más urgentes ante el colapso de la industria petrolera, el tradicional proveedor de divisas para la República.
Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro estadounidense, calificó esta semana el canje entre los dos países como un “saqueo” e informó que en los últimos meses salieron de Venezuela 21 toneladas métricas de oro. “Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, reseñó Associated Press (AP).
La mitología griega ubicaba en territorio de la actual Turquía el reino de Midas, el monarca que murió de hambre tras llevar al absurdo su prodigiosa capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Alex Saab, precisamente, consiguió en Turquía una nueva fórmula para camuflar sus operaciones de intermediación en venta de comida para los CLAP, hasta entonces centralizadas en Group Grand Limited, una sociedad incorporada en Hong Kong, con la que logró al menos dos contratos por unos 700 millones de dólares con el Gobierno venezolano para el suministro de los alimentos, en su mayoría comprados en México, y otros tres con el Ministerio de Salud para la venta de medicamentos de la India por el orden de 200 millones de dólares.
El reciente 18 de octubre, las autoridades mexicanas señalaron a la red empresarial tejida desde Group Grand Limited de comprar productos de “baja calidad” en ese país y de exportarlos a Venezuela con “sobreprecios”. Pero Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas ya contaban en Estambul con otra firma, Mullberry Proje Yatirim.
A mediados de octubre el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, había advertido en un comunicado el secretismo de las autoridades venezolanas a la hora de exportar sus minerales, principalmente a Turquía. Para los trabajadores de Minervén la operación de Marilyns Proje Yatirim -con la que Mullberry comparte número telefónico- es incierta. “No se ha visto un plan agresivo de inversión, pero quien da la plata es la empresa turca y ellos toman las decisiones”, comenta una fuente ligada a la estatal. “El músculo financiero viene de la parte privada”, coincidió otro trabajador.
Marilyns Proje Yatirim posee 45% de las acciones de Mibiturvén, la empresa mixta creada por decreto presidencial. En los últimos años la operatividad de la estatal Minervén se desplomó hasta el punto de que, al día de hoy, cuatro de las minas bajo su responsabilidad tienen buena parte de sus instalaciones inundadas por falta de bombas de achique.
El rastro de la minera turca es fantasmal. Del registro de Estambul se desprende también que tiene una sociedad espejo en Reino Unido denominada Marilyns Capital Limited y en la que Lorenzo Antonelli, un joven italiano de 25 años, figura como director. La web de la compañía fue creada el 21 de junio, sólo dos meses antes de lograr el convenio con Minervén para la explotación del oro venezolano. “Somos una compañía dedicada a la exploración, extracción y transporte de oro y metales preciosos, comprometidos con las buenas prácticas y con nuestros clientes, nuestro compromiso es con el cumplimiento y la entrega de productos 100% de calidad”, relata el website, que sin embargo no exhibe el historial de la compañía en el área.
Los trabajadores de Minervén relatan que el acopio del oro proveniente de la pequeña minería se interrumpió hace unas semanas debido a la reestructuración emprendida por Perdomo Mata. “No se está acopiando oro, están haciendo una reformulación total (…) La información la tienen muy secreta y no se ha abierto la venta al BCV”, asegura un trabajador de la estatal, que pide mantener su identidad en el anonimato, según reporta para esta nota María de Los Ángeles Ramírez Cabello desde Ciudad Guayana.
El rastro de Alex Saab en el negocio aurífero se podría sumar a las diversas actividades que ahora están bajo el escrutinio de autoridades judiciales y financieras de varios países. Una de ellas es la operación detrás de las compras para los CLAP en México; otra, la oscura gestión de la textilera Shatex en Colombia, caso por el que ya se han librado órdenes de detención contra él y algunos de sus familiares.
Shatex fue investigada por las autoridades colombianas bajo sospechas de cometer lavado de dinero y exportaciones e importaciones ficticias, entre otras irregularidades. El abogado que representa a Saab en Colombia, Abelardo De La Espriella, negó a comienzos de octubre que lo investigaran, pero días después la policía detuvo al contador y al revisor fiscal de Shatex. En el comunicado su defensor también informó que Alex Saab se encontraba “en Venezuela trabajando y atendiendo sus compromisos empresariales”. Algunas fuentes confirman que lo han visto en su oficina del Centro Galipán en Caracas, lejos de su lujoso apartamento en el Boulevard Saint-Germain de Paris o de la mansión que tiene en su Barranquilla natal.
La prensa colombiana lo ha calificado como “el hombre de Maduro”, algo que su amiga personal y ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, también parece creer. “Saab está bien posicionado en Venezuela y no necesita de mí, pues habla más fácil con Maduro que cualquiera”, declaró a El Tiempo de Bogotá. Paradójicamente, el año pasado el propio empresario expresó a ese diario: “No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios”.
La tormenta desatada alrededor del barranquillero obligó hasta al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, a justificar el pasaporte diplomático que le otorgaron al empresario. Aseguró que se lo revocarían si termina acusado por cualquier delito y lo describió como un hombre de negocios de la construcción y que está al frente de una cadena de supermercados.
En realidad, Browne se refería a las Tiendas CLAP, una franquicia surgida del plan estatal en los antiguos locales de la quebrada red pública Abastos Bicentenario, y que en representación de Alex Saab es manejada por Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario nacido en Cúcuta, y Betsy Desirée Mata Pereda, con la empresa Salva Foods 2015. Ambos están también detrás de L&L Inversiones, una empresa constituida en agosto del año pasado en Caracas y cuyo objeto es “el tratamiento y la compra y venta de metales preciosos”. ¿Otro indicio del vínculo de Saab con el negocio minero?
Nota: María de Los Ángeles Ramírez Cabello colaboró con este reportaje desde Ciudad Guayana.
Hasta el Ministerio Público chavista sospechó del comerciante colombiano y de su socio, Álvaro Pulido. Mucho antes de ser detenido en Cabo Verde a solicitud de los Estados Unidos, Saab también estuvo en la mira de los investigadores venezolanos. Su oficina en Caracas fue allanada en 2016 por funcionarios del Cicpc. Para entonces se habían acumulado denuncias en su contra sobre posibles irregularidades en negocios con los Abastos Bicentenario y en la importación de suministros desde Ecuador. Pero a la postre nada evitó que se transformara en el principal contratista de Nicolás Maduro, quien lo designó como su enviado personal.
Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado Sarosh Zaiwalla no cree en el bajo perfil para escoger a sus clientes, ni en la discreción para defenderlos. Una sonada victoria con la que logró levantar sanciones contra un banco iraní le abrió las puertas para litigar en casos de complejidad económica y política, como lo demuestra su prueba más reciente: representar al régimen de Caracas en tribunales británicos para la disputa legal por el control de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas atrapadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, una pulseada en la que Juan Guaidó llevaba ventaja en el marcador, pero que el letrado de origen indio logró recientemente poner de nuevo cero a cero.
La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
