Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
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Fue un cross al mentón la dolorosa derrota de Henrique Capriles Radonski en las sobrevenidas elecciones presidenciales de 2013. Y un mes después de la pírrica victoria de Nicolás Maduro llegó el gancho al hígado definitivo. Doblados, boqueando y casi sin aire, los adversarios del chavismo recibieron la venta del combativo canal de noticias Globovisión a un grupo de empresarios encabezado por el doctor Raúl Gorrín, por el también doctor Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero.
Lo que ocurrió después entre ellos es otro asunto. Para los efectos de esta historia basta saber que cuando se cerró el negocio la junta directiva saliente convocó a la plantilla de periodistas para presentarles a los nuevos dueños y dictar la nueva política editorial. Fue, recuerda Nitu Pérez Osuna, que entonces conducía un programa de entrevistas llamado “Yo prometo”, el 13 de mayo de 2013.
Pérez Osuna se incorporó tarde a la asamblea de trabajadores. El comienzo de la cita coincidía con el programa de radio que llevaba en Radio Caracas Radio, la última emisora independiente que queda en Venezuela. Los nuevos dueños habían anunciado un aumento del 30 por ciento de los salarios. Sonaban muchos candidatos para dirigir al canal. Uno de ellos, Vladimir Villegas, había decidido no aceptar el ofrecimiento, aunque después aparecería como presentador de un programa de entrevistas en el horario de la una de la tarde. Fue el inicio de una relación estrecha de la que ambos sacaron beneficios.
Pero eso sería mucho después de aquel 13 de mayo de 2013. Ese día Nitu Pérez Osuna escuchaba a sus compañeros. Poco antes de su llegada la periodista Diana Carolina Ruiz había hecho la pregunta más incómoda de la velada a Gustavo Perdomo -otro de los nuevos dueños del canal- de acuerdo con varios de los asistentes. “Yo lo conocía desde que vivíamos en San Antonio de los Altos (ciudad dormitorio cercana a Caracas)”, recuerda Ruiz. “Viví durante 25 años allá. En aquel tiempo era costumbre vincularse con el grupo de amigos del edificio y cada grupo recibía un nombre. Gustavo tenía su grupo y era de los más populares. Tenía carro, pero no era millonario”.
Con ese recuerdo muy presente, Diana Carolina Ruiz preguntó
-Gustavo, ¿cómo obtuviste el dinero para comprar el canal?
Perdomo -retaco, regordete, y a quien vinculaban entonces con un poderoso cartel de abogados apodado “La banda de los enanos”- respondió sin inmutarse
-Por mi trabajo honesto. Soy abogado y he tenido éxito en algunos casos.
Aquella respuesta animó otras intervenciones similares. Nitu Pérez Osuna pensó entonces qué podía decir. Recordó que la unidad de investigación de Globovision preparaba un programa especial sobre el teniente Alejandro Andrade. Dos años antes Andrade, consentido lugarteniente del entonces presidente Hugo Chávez, había dejado de ser el tesorero de Venezuela y comenzaba a despuntar como el propietario de una cuadra ecuestre. Su hijo Enmanuel descollaba entonces como un jinete sobre los lomos de los ejemplares comprados por su padre con dinero muy cuestionado por su procedencia. Fue entonces cuando llegó su turno y le preguntó al doctor Gorrín
-Usted ha dicho que Alejandro Andrade es como su hermano. En vista de eso, ¿este canal va a transmitir el programa que prepara la unidad de investigación…?
Gorrín la interrumpió.
-Alejandro no es solo un hermano. Es mi hermano del alma.
Esa confesión ha encontrado una explicación cinco años después en una corte del Sur del estado de Florida, en Estados Unidos. En todo ese tiempo el doctor Gorrín corrió a los periodistas críticos, rebajó el perfil combativo de la planta hasta convertirla en una franquicia de las oficinas de prensa del régimen chavista, impuso transmisiones de beisbol y decadentes concursos de belleza liderados por personajes estrafalarios.
También hizo todo lo posible por construirse una reputación de self made man que, enriquecido y poderoso, y quizá influenciado por las lecturas de Paulo Coelho, como atestigua su biografía, nunca olvida sus orígenes humildes.
Incluso mucho antes de asumir el control de Globovisión el doctor Gorrín ya pagaba los gastos de Andrade e invertía en bienes raíces en Estados Unidos con dinero aparentemente mal habido, según la justicia de Estados Unidos. De acuerdo con una acusación ventilada en una corte del sur de la Florida, el doctor Gorrín sobornó a Andrade para que le permitiera tomar ventaja de las subastas de dólares subsidiados por el estado venezolano, que mantiene vigente un control de cambios desde febrero de 2003.
El mecanismo es bastante conocido: Gorrín, le entregaba bolívares a Andrade, quien, a su vez, le depositaba dólares a precio preferencial; el doctor abastecía al mercado negro, donde volvía a recuperar bolívares con los que compraba más dólares.
La operación se repitió muchas veces durante muchos años y le dejó grandes riquezas en muy poco tiempo, pero especialmente el afán de blanquearlo. Su biografía oficial lo confirma. A finales de 2008, mientras Andrade manejaba la tesorería de Venezuela, fue uno de los 10 accionistas convocados por el empresario Juan Domingo Cordero para adquirir Seguros La Vitalicia. En 2011, ya con los bolsillos repletos de dinero y en plena relación con la sucesora de Andrade, Claudia Díaz Guillén, los socios decidieron “replantear el enfoque estratégico, ampliar la gama de productos y servicios mediante un plan de expansión por toda Venezuela”.
Las autoridades estadounidenses, que lo acusan de conspirar para lavar dinero y conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, han documentado que entre 2011 y 2017, el doctor Gorrín pagaba los gastos suntuarios de Alejandro Andrade desde cuentas localizadas en Suiza.
Aunque en el documento no se menciona al extesorero, se hace una muy clara referencia. Estados Unidos lo identifica como funcionario extranjero y dice que dirigió la tesorería nacional entre 2007 y 2010, que coincide con los años de la gestión de Andrade.
En específico, las autoridades señalan en la acusación pagos que ascienden a 10.303.824 millones de dólares. “Gorrín intentó transportar, transmitir y transferir fondos con la intención de sobornar a un funcionario y apropiarse indebidamente, robar y malversar fondos públicos para el beneficio de un funcionario entre noviembre de 2012 y junio de 2013”, se lee en el documento.
También incluyen una lista de 24 propiedades localizadas en Florida y Nueva York, que han sido decomisadas por Estados Unidos. Aunque todavía no hay una sentencia firme, solo basta con conspirar para violar la ley para que el estado las incaute.
De todas ellas destacan once apartamentos de un edificio localizado en el número 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables. Este es uno de los sectores no solo más acomodados del sur de la Florida, sino de mayor demanda. Un piso ahí está muy bien ubicado, a medio camino de las playas de la costa atlántica, del centro financiero y de los grandes centros comerciales de descuento. El doctor Gorrín tenía la propiedad, a través de una empresa que mantenía con su esposa, de los números 608, 804, 807, 809, 811 y 813, 903, 904, 909, 913 y 1010.
Entre esos números que van del 804 al 813 también hay un apartamento a nombre de la empresa Telemann Investing of Florida. De acuerdo con el registro de corporaciones de Florida, los dueños de esa compañía son Hely Vladimir Villegas y Egilda del Valle Gómez. Armando.info intentó ubicar a Villegas en dos ocasiones para preguntarle por qué había comprado un apartamento en el mismo edificio del dueño del canal para el que trabaja y quién se lo había vendido. El periodista dijo que no atendería al medio.
Aunque nunca lo hizo público, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz había elaborado un informe sobre sus actividades: sospechaba, aunque sin aportar pruebas, que el doctor Gorrín era testaferro de Cilia Flores y sus hijos, financista del presidente del Tribunal Supremo De Justicia, Maikel Moreno. Sabían de su fortuna súbita y la comparaban con sus comienzos en un modesto cargo de secretario en un tribunal penal de Caracas.
Su riqueza está relacionada con la oficina de la Tesorería Nacional, con la que, a través de múltiples operaciones fraudulentas, autorizadas en principio por Hugo Chavez y luego por Cilia Flores y su entorno, logró apoderarse de miles de millones de dólares. Ya para entonces todos comenzaron a llamarlo doctor Gorrín.
José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada en 2015 de Televén, uno de los principales canales privados de TV. De esa riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor. Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que echar mano a la facturación de sus empresas petroleras.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Un oscuro abogado resultó ser el titular de una cuenta en un banco de esa nación de los Balcanes donde se recibían decenas de millones de euros en fondos negros de la petrolera estatal venezolana. Los recursos quedaron incautados y congelados la semana pasada por el Gobierno de Sofía, a petición de Estados Unidos, que denunció el flujo financiero. Los dineros públicos venezolanos estaban bajo control de un submundo donde confluyen la clase política, la ‘mutri’ (la tenebrosa mafia local), las agencias secretas y la oligarquía del petróleo ruso.
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
