Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Fue un cross al mentón la dolorosa derrota de Henrique Capriles Radonski en las sobrevenidas elecciones presidenciales de 2013. Y un mes después de la pírrica victoria de Nicolás Maduro llegó el gancho al hígado definitivo. Doblados, boqueando y casi sin aire, los adversarios del chavismo recibieron la venta del combativo canal de noticias Globovisión a un grupo de empresarios encabezado por el doctor Raúl Gorrín, por el también doctor Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero.
Lo que ocurrió después entre ellos es otro asunto. Para los efectos de esta historia basta saber que cuando se cerró el negocio la junta directiva saliente convocó a la plantilla de periodistas para presentarles a los nuevos dueños y dictar la nueva política editorial. Fue, recuerda Nitu Pérez Osuna, que entonces conducía un programa de entrevistas llamado “Yo prometo”, el 13 de mayo de 2013.
Pérez Osuna se incorporó tarde a la asamblea de trabajadores. El comienzo de la cita coincidía con el programa de radio que llevaba en Radio Caracas Radio, la última emisora independiente que queda en Venezuela. Los nuevos dueños habían anunciado un aumento del 30 por ciento de los salarios. Sonaban muchos candidatos para dirigir al canal. Uno de ellos, Vladimir Villegas, había decidido no aceptar el ofrecimiento, aunque después aparecería como presentador de un programa de entrevistas en el horario de la una de la tarde. Fue el inicio de una relación estrecha de la que ambos sacaron beneficios.
Pero eso sería mucho después de aquel 13 de mayo de 2013. Ese día Nitu Pérez Osuna escuchaba a sus compañeros. Poco antes de su llegada la periodista Diana Carolina Ruiz había hecho la pregunta más incómoda de la velada a Gustavo Perdomo -otro de los nuevos dueños del canal- de acuerdo con varios de los asistentes. “Yo lo conocía desde que vivíamos en San Antonio de los Altos (ciudad dormitorio cercana a Caracas)”, recuerda Ruiz. “Viví durante 25 años allá. En aquel tiempo era costumbre vincularse con el grupo de amigos del edificio y cada grupo recibía un nombre. Gustavo tenía su grupo y era de los más populares. Tenía carro, pero no era millonario”.
Con ese recuerdo muy presente, Diana Carolina Ruiz preguntó
-Gustavo, ¿cómo obtuviste el dinero para comprar el canal?
Perdomo -retaco, regordete, y a quien vinculaban entonces con un poderoso cartel de abogados apodado “La banda de los enanos”- respondió sin inmutarse
-Por mi trabajo honesto. Soy abogado y he tenido éxito en algunos casos.
Aquella respuesta animó otras intervenciones similares. Nitu Pérez Osuna pensó entonces qué podía decir. Recordó que la unidad de investigación de Globovision preparaba un programa especial sobre el teniente Alejandro Andrade. Dos años antes Andrade, consentido lugarteniente del entonces presidente Hugo Chávez, había dejado de ser el tesorero de Venezuela y comenzaba a despuntar como el propietario de una cuadra ecuestre. Su hijo Enmanuel descollaba entonces como un jinete sobre los lomos de los ejemplares comprados por su padre con dinero muy cuestionado por su procedencia. Fue entonces cuando llegó su turno y le preguntó al doctor Gorrín
-Usted ha dicho que Alejandro Andrade es como su hermano. En vista de eso, ¿este canal va a transmitir el programa que prepara la unidad de investigación…?
Gorrín la interrumpió.
-Alejandro no es solo un hermano. Es mi hermano del alma.
Esa confesión ha encontrado una explicación cinco años después en una corte del Sur del estado de Florida, en Estados Unidos. En todo ese tiempo el doctor Gorrín corrió a los periodistas críticos, rebajó el perfil combativo de la planta hasta convertirla en una franquicia de las oficinas de prensa del régimen chavista, impuso transmisiones de beisbol y decadentes concursos de belleza liderados por personajes estrafalarios.
También hizo todo lo posible por construirse una reputación de self made man que, enriquecido y poderoso, y quizá influenciado por las lecturas de Paulo Coelho, como atestigua su biografía, nunca olvida sus orígenes humildes.
Incluso mucho antes de asumir el control de Globovisión el doctor Gorrín ya pagaba los gastos de Andrade e invertía en bienes raíces en Estados Unidos con dinero aparentemente mal habido, según la justicia de Estados Unidos. De acuerdo con una acusación ventilada en una corte del sur de la Florida, el doctor Gorrín sobornó a Andrade para que le permitiera tomar ventaja de las subastas de dólares subsidiados por el estado venezolano, que mantiene vigente un control de cambios desde febrero de 2003.
El mecanismo es bastante conocido: Gorrín, le entregaba bolívares a Andrade, quien, a su vez, le depositaba dólares a precio preferencial; el doctor abastecía al mercado negro, donde volvía a recuperar bolívares con los que compraba más dólares.
La operación se repitió muchas veces durante muchos años y le dejó grandes riquezas en muy poco tiempo, pero especialmente el afán de blanquearlo. Su biografía oficial lo confirma. A finales de 2008, mientras Andrade manejaba la tesorería de Venezuela, fue uno de los 10 accionistas convocados por el empresario Juan Domingo Cordero para adquirir Seguros La Vitalicia. En 2011, ya con los bolsillos repletos de dinero y en plena relación con la sucesora de Andrade, Claudia Díaz Guillén, los socios decidieron “replantear el enfoque estratégico, ampliar la gama de productos y servicios mediante un plan de expansión por toda Venezuela”.
Las autoridades estadounidenses, que lo acusan de conspirar para lavar dinero y conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, han documentado que entre 2011 y 2017, el doctor Gorrín pagaba los gastos suntuarios de Alejandro Andrade desde cuentas localizadas en Suiza.
Aunque en el documento no se menciona al extesorero, se hace una muy clara referencia. Estados Unidos lo identifica como funcionario extranjero y dice que dirigió la tesorería nacional entre 2007 y 2010, que coincide con los años de la gestión de Andrade.
En específico, las autoridades señalan en la acusación pagos que ascienden a 10.303.824 millones de dólares. “Gorrín intentó transportar, transmitir y transferir fondos con la intención de sobornar a un funcionario y apropiarse indebidamente, robar y malversar fondos públicos para el beneficio de un funcionario entre noviembre de 2012 y junio de 2013”, se lee en el documento.
También incluyen una lista de 24 propiedades localizadas en Florida y Nueva York, que han sido decomisadas por Estados Unidos. Aunque todavía no hay una sentencia firme, solo basta con conspirar para violar la ley para que el estado las incaute.
De todas ellas destacan once apartamentos de un edificio localizado en el número 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables. Este es uno de los sectores no solo más acomodados del sur de la Florida, sino de mayor demanda. Un piso ahí está muy bien ubicado, a medio camino de las playas de la costa atlántica, del centro financiero y de los grandes centros comerciales de descuento. El doctor Gorrín tenía la propiedad, a través de una empresa que mantenía con su esposa, de los números 608, 804, 807, 809, 811 y 813, 903, 904, 909, 913 y 1010.
Entre esos números que van del 804 al 813 también hay un apartamento a nombre de la empresa Telemann Investing of Florida. De acuerdo con el registro de corporaciones de Florida, los dueños de esa compañía son Hely Vladimir Villegas y Egilda del Valle Gómez. Armando.info intentó ubicar a Villegas en dos ocasiones para preguntarle por qué había comprado un apartamento en el mismo edificio del dueño del canal para el que trabaja y quién se lo había vendido. El periodista dijo que no atendería al medio.
Aunque nunca lo hizo público, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz había elaborado un informe sobre sus actividades: sospechaba, aunque sin aportar pruebas, que el doctor Gorrín era testaferro de Cilia Flores y sus hijos, financista del presidente del Tribunal Supremo De Justicia, Maikel Moreno. Sabían de su fortuna súbita y la comparaban con sus comienzos en un modesto cargo de secretario en un tribunal penal de Caracas.
Su riqueza está relacionada con la oficina de la Tesorería Nacional, con la que, a través de múltiples operaciones fraudulentas, autorizadas en principio por Hugo Chavez y luego por Cilia Flores y su entorno, logró apoderarse de miles de millones de dólares. Ya para entonces todos comenzaron a llamarlo doctor Gorrín.
José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada en 2015 de Televén, uno de los principales canales privados de TV. De esa riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor. Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que echar mano a la facturación de sus empresas petroleras.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Un oscuro abogado resultó ser el titular de una cuenta en un banco de esa nación de los Balcanes donde se recibían decenas de millones de euros en fondos negros de la petrolera estatal venezolana. Los recursos quedaron incautados y congelados la semana pasada por el Gobierno de Sofía, a petición de Estados Unidos, que denunció el flujo financiero. Los dineros públicos venezolanos estaban bajo control de un submundo donde confluyen la clase política, la ‘mutri’ (la tenebrosa mafia local), las agencias secretas y la oligarquía del petróleo ruso.
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
Entre 2017 y 2019, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional recibió, en una cuenta de Investbank, 27 millones de dólares por contratos de patrocinio con Pdvsa y Bandes. La cuenta estaba entre las 101 mencionadas en una investigación de la fiscalía búlgara como participantes de una red de lavado de 500 millones de dólares procedentes de Venezuela. A su vez, de la cuenta de la Liga salieron transferencias cuantiosas a empresas de todo el mundo, entre ellas, una del exgrandeliga Carlos Guillén.
Un empresario de Anzoátegui, con un ascenso meteórico a la sombra del chavismo, está en la mira de la fiscalía de Bulgaria por su presunta participación en una trama que se tejió alrededor del Investbank de ese país, donde se lavaron 500 millones de euros sustraídos de entidades estatales venezolanas. Aunque, por informaciones de farándula y litigios judiciales, los medios y el público ya lo conocían como Gianfranco Rondón, recientemente intercaló el apellido paterno, Anzellini. Y sí: tiene una cuenta en el banco, pero dice no saber cómo o por qué la implican.
Un esquema comercial utilizó documentación engañosa para mover unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3.000 millones de dólares, contribuyendo a perpetuar la catástrofe ambiental y de derechos humanos del sur de Venezuela. La refinería europea Argor-Heraeus, que figura en la cadena de suministro de gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, procesó buena parte del metal que se colaba entre las fallas del régimen de debida diligencia del metal precioso
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
