Un brote letal de la bacteria Shigella y el Norovirus en ese estado del oriente del país acaba de advertir sobre la catástrofe que se gesta en el deficitario servicio de agua, donde el problema ya es, más que el acceso, siempre irregular, es la calidad del líquido. El incidente puso en evidencia la acumulación de problemas, como la escasez de cloro para la potabilización, mala gestión del sistema, infraestructuras en quiebra, todos vectores de la nueva crisis de servicios públicos que se aproxima.
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El colapso de los servicios públicos en Venezuela desnuda una realidad que ya no asombra: 20 años de gobiernos chavistas acabaron con la inversión y la gestión técnica que mantenían operativas las empresas estatales. Pero las consecuencias van más allá de la paralización visible de sus actividades. Y se pueden proyectar por muchos años más.
Así como se ha documentado la destrucción de la industria eléctrica nacional -que se puso en evidencia con el apagón masivo de los últimos días en todo el país-, otro ejemplo de desmantelamiento del servicio público ocurre con las hidrológicas. La crisis del agua no tiene solo que ver con el abastecimiento, apenas regular y de acceso restringido, sino también con la potabilización.
La cadena productiva que garantiza la calidad de vida está “contaminada” desde su génesis. No se trata solo de agentes patógenos que se encuentran en el agua, una situación que debería ser atendida como emergencia por las autoridades pero ante la que, por el contrario, guardan silencio; es también la falta de planes de contingencia que puedan prevenir una catástrofe de mayor magnitud que ya está en gestación.
Ya desde 1998 -víspera de la llegada de la revolución bolivariana al poder- se advertía sobre la necesidad de reemplazar con una nueva la planta ya existente de Cloro-Soda que sustituyera la existente, levantada en 1978 en el Complejo Petroquímico Ana María Campos (antiguo El Tablazo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia), de la petroquímica estatal Pequiven. El Cloro-Soda es el ingrediente principal para el proceso de tratamiento de aguas para el consumo humano en zonas urbanas. Pero esa tarea, prevista en los planes estatales, nunca se llevó a cabo. El resultado es que hoy la vieja planta, con su limitada capacidad productiva, no cubre las necesidades del país, con lo que su población queda expuesta a consecuencias catastróficas en la salud colectiva.
La primera campanada de alerta sobre la crisis que se asoma acaba de llegar hace días desde el estado Anzoátegui, sobre la costa nororiental de Venezuela, donde debió haber funcionado desde hace dos décadas la empresa regional Aguas de Anzoátegui, para lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había asignado recursos. Pero como con la nueva planta de cloro-soda, el proyecto no se llevó adelante.
Las primeras horas fueron de preocupación y los médicos tuvieron que habilitar más camas en los hospitales para recibir a cientos de contagiados que se presentaron con los mismos síntomas. Era la primera quincena del reciente mes de febrero. La situación tuvo su pico más alto cuando las autoridades estadales dieron como oficial la muerte de nueve personas, solo en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, de Barcelona, la capital del estado.Anzoátegui, gemela de la vecina ciudad turística y petrolera de Puerto La Cruz. Entre las víctimas hubo seis niños, según la data de la Dirección de Epidemiología regional. Unas 4.825 personas debieron ser atendidas en hospitales públicos durante los primeros 17 días de ese mes, con incidencia en cinco de los 21 municipios de la provincia. Luego de tres semanas, el conteo final fue de casi 6.000 pacientes.
Lo que en un inicio suponía un preocupante pero controlable brote de amibiasis, se fue haciendo cada vez más grande y más complejo con los días. El análisis microbiológico practicado a muestras fecales de 18 pacientes escogidos al azar en centros públicos del estado Anzoátegui, confirmaba el resultado positivo a la bacteria Shigella flexneri y al virus Norovirus.
Ambos producen síntomas similares a la amibiasis, como vómitos y diarrea, pero son mucho más letales. La shigella es una bacteria que puede infectar el aparato digestivo y provocar diarreas, dolor abdominal y náuseas. El norovirus causa la misma sintomatología y se transmite por el consumo de aguas y alimentos contaminados en espacios cerrados como guarderías, cuarteles o escuelas.
La evolución de los casos más graves no superó los 5 días, de acuerdo a los médicos tratantes y las actas de defunción arrojan como causa de muerte un desequilibro hidroeléctrico. Los pacientes más vulnerables llegaban con una condición pre existente de desnutrición y deshidratación, en algunos casos, sin el esquema epidemiológico de vacunación para los infantes. Las familias de las personas atendidas coincidían en las carencias mínimas de condiciones sanitarias por el irregular acceso a los servicios públicos como electricidad y agua potable, sobre todo en zonas rurales.
“Lo que mata son las complicaciones. Las condiciones de higiene en las casas ahorita es muy baja”, comentó la doctora Gladys Grisanti, jefa de Pediatría en el hospital Luis Razetti, de Barcelona.
Recuerda que los primeros tres días del brote tuvieron que habilitar salas y camillas adicionales para recibir a los niños que llegaban con vómito, diarrea, cólicos, heces con sangre, fiebre muy alta y algunos convulsionaron. “En el triaje se atendieron 60 niños asistiendo de emergencia, en menos de 24 horas”.
A su juicio y, de acuerdo a la literatura médica, “cuando existen este tipo de casos de brote, por lo general la persona consumió alimentos contaminados o agua”.
Los exámenes fueron contrastados en cuatro laboratorios distintos para verificar la confiabilidad: no solo los enfermos portaban esos microorganismos, sino que estaban presentes en el agua de las dos plantas potabilizadoras de esa provincia oriental.
Además y para colmo, los estudios develaron simultáneamente que los niveles de cloro en esas aguas estaban muy por debajo de los establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, un documento publicado en la Gaceta Oficial del viernes 13 de febrero de 1998.
“El agua potable deberá cumplir con los requisitos organolépticos, físicos y químicos establecidos…” (artículo 14). Sin embargo, el organismo responsable del abastecimiento del recurso hídrico en el país no publica cifras oficiales, menos los parámetros de calidad actuales que sí estuvieron disponibles en algunas empresas hidrológicas en el pasado previo a la llegada del chavismo.
Tanto el Ministerio de Atención de las Aguas –una nueva entidad burocrática que se creó luego de su separación del Ministerio de Ecosocialismo y antes estaba adherida al extinto Ministerio de Ambiente- como Hidrocaribe se han limitado a decir que “garantizan el suministro” y el acceso al recurso, pero en sus redes sociales se pueden detallar los anuncios de continuos cortes en el servicio. Este es un patrón que se repite en todo el país. La realidad es que el agua resulta muy escasa y, aún más, el agua potable para el consumo humano como para mantener los estándares mínimos sanitarios que prevengan enfermedades.
En sus inicios, hace 40 años, la planta de Cloro-Soda de El Tablazo producía 130 toneladas de cloro al día y 147 toneladas de soda al día, para atender la demanda nacional. Hace dos años, en 2017, se seguía produciendo casi lo mismo y con un circuito fuera de servicio (140 toneladas de cloro al día y 158 toneladas de soda al día), de acuerdo a lo publicado en un reporte filtrado a El Cooperante.
Según fuentes ligadas a la industria química nacional, en 2019, la planta de Cloro-Soda está parada casi en su totalidad. Debió cerrar hace siete años y su sustitución por una nueva estaba prevista en los planes, así como la construcción de otras manufacturas similares de menor tamaño. La idea de abrir centrales más pequeñas llevaba consigo la lógica de prevenir accidentes en el traslado de químicos muy contaminantes y tóxicos desde un solo punto de suministro en Zulia. Nunca se concretó el proyecto.
Lo cierto es que el Complejo Ana María Campos dejó de ser suficiente hace tiempo y se paralizaron los procesos. Resultaba muy costoso su mantenimiento y prácticamente se regala el producto. La cloroficación empezó a ser deficiente y al mismo tiempo se dejaron de hacer públicos los parámetros de calidad de agua.
Uno de los indicadores del desarrollo del país yace en el acceso al agua potable. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo incluye entre los Objetivos del Milenio. En 2014, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro celebraba que oficialmente había superado las metas establecidas por el organismo multilateral.
“En cuanto a la población con acceso a agua potable, Venezuela ha cumplido con la meta en relación a cobertura de este servicio. El acceso a agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014”, señalaba una publicación propagandística del gobierno y citaba como fuente al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.
Sin embargo, cinco años después, lo ocurrido en Anzoátegui refuta el discurso oficial. Venezuela no solo está lejos de alcanzar la meta sino que retrocedió en los índices de cobertura y, por si fuera poco, también oculta la calidad del agua que a duras penas se suministra.
“Hoy tenemos un drama con el agua y, lo más grave, es que están mandando agua sin agregarle químico, cloro, y eso ha producido una situación dramática de enfermedad de tipo vírico en la población”, afirma Glenn Sardi, el último expresidente de Hidrocaribe, la empresa estatal del oriente del país, antes de la llegada de Hugo Chávez.
En paralelo a los análisis de laboratorio a las personas, también se les hicieron al agua de las plantas de tratamiento en Anzoátegui. Los laboratorios que hicieron el estudio microbiológico encontraron que los niveles de cloro “estaban fuera de la norma”, según agregó un especialista de ingeniería sanitaria de la Gobernación del estado, quien delegó el tema a sus superiores para la vocería.
“Se le tomó la muestra al agua y también presentaron Shigella y el Norovirus. Nosotros hicimos las pruebas para confrontar lo que decía Hidrocaribe. Al final no dio nada, que había problemas eléctricos, pero el agua que estaba circulando estaba prácticamente sin cloro”, confirmó el Gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira.
Desde la Gobernación, afirma la máxima autoridad del estado, se les pidió a las autoridades de Hidrocaribe el acceso a las instalaciones para un estudio detallado junto a ingeniería sanitaria y contraloría sanitaria, pero no fue posible.
La responsabilidad es, en primer nivel, de la hidrológica regional cuya casa matriz es Hidroven con sede en Caracas, dependiente del Ministerio de Aguas. Todas las personas a cargo de las instancias públicas han guardado silencio ante las incidencias continuas de la falta de agua y, en este último mes sobre lo ocurrido con la presencia de Shigella y Norovirus en las muestras de agua.
La respuesta oficial cuando se contactó a Hidrocaribe para su versión fue que “no están autorizados para la vocería, garantizan el servicio y se encuentran operativos en los diversos sectores”.
Pese a los cambios internos en Hidrocaribe, Hidroven y Ministerio de Aguas, las responsabilidades recaen sobre los mismos nombres. En la hidrológica del estado Anzoátegui está Iván Rebolledo, quien se había desempeñado en la Unidad de Gestión de esta misma empresa hasta octubre de 2017, aunque para esa fecha trabajaba, también, para la empresa Inversiones ABE C.A., que le prestó rehabilitación a la planta José Antonio Anzoátegui. Fuentes ligadas al sector señalan que su llegada fue para atender con urgencia las continuas fallas en el suministro de agua en los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja, así como en los problemas de potabilización y bombeo.
Rebolledo no ha estado separado de Hidrocaribe en su vida profesional. También fue Gerente corporativo del Acueducto Metropolitano, en 2015, quien llevaba el seguimiento y control de planes, proyectos y obras hidráulicas, así como las inspecciones. En 2009, hizo una inspección contratada en la reparación del sistema del canal de Caratal y en la rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la planta José Antonio Anzoátegui.
Constructora Conkor –la misma ligada a temas de corrupción con asignaciones de contratados de Pdvsa que presuntamente involucra al ex gobernador Tarek William Saab y hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente–, aparece también en la hoja curricular del presidente de Hidrocaribe. En 2008 fue ingeniero residente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. También trabajó en SNC-Lavalin, en 2004, otra compañía sacudida por el escándalo por negocios con la estatal petrolera y los impagos de ésta.
En el cargo de ministra de Atención a las Aguas está Evelyn Vásquez y como viceministra de Gestión de Aguas está Siboney Tineo, ambas del círculo de Jacqueline Farías, antigua ministra de Ambiente y promotora de la obra inconclusa de saneamiento del río Guaire, en Caracas.
La red de distribución de la región está colapsada. De acuerdo al proyecto dejado por la empresa hidrológica que dirigía el ingeniero Sardi, hace 20 años, se proponía garantizar 6.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora El Rincón y 2.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui, lo que cubriría el servicio en la zona metropolitana de Barcelona. Ahora, sin proyección urbanística, un incremento de población zonas rurales con tomas clandestinas y desinversión, el abastecimiento se ha hecho claramente insuficiente.
“El manejo del agua le compete al Estado. Ellos pueden dar una concesión pero la responsabilidad recae sobre sus hombros y han dejado de hacer lo necesario para el mantenimiento de la red de distribución”, señaló. En Anzoátegui, el principal afluente es el río Neverí, que alimenta el canal de Caratal y este, a su vez, las plantas de potabilización José Antonio Anzoátegui y El Rincón. La primera le presta servicio a Barcelona centro y sur, la segunda a los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja y parte de Barcelona.
Es precisamente en el municipio Urbaneja, sector Rómulo Gallegos, que el análisis microbiológico arrojó cero trazas de cloro en el momento de tomarse la muestra (finales de enero) cuando se diagnosticó el brote diarreico.
Un funcionario de ingeniería ambiental del estado Anzoátegui que prefirió no ser identificado señaló que “lo que se puede inferir es que están dando tratamiento pero no dosificado”, cual si fuera una inyección letal.
El cloro es usado para “limpiar” el agua y eliminar cualquier microorganismo dañino para la salud. Su presencia mejora las características organolépticas: sabor, olor y color, que en todo caso debe mantener ciertos estándares para el consumo humano. La norma establece que los índices de cloro menores a 0,1 mg/L son insuficientes para potabilizar el agua. En tal caso, el agua que sale de los grifos pierde sus cualidades y deja de ser insabora, incolora e inodora. En el centro del país, la denuncia masiva de las plantas potabilizadoras que surten de agua a Valencia, capital del estado Carabobo, y a la zona norte de Maracay, en el estado Aragua, está referida a la calidad del recurso: el agua que sale del grifo es turbia y maloliente.
Pero si el cloro es usado en exceso puede causar daños irreparables a la salud que van desde fallas renales y hepáticas, hasta la incidencia del cáncer de colon, mama, vejiga y pulmón.
En septiembre de 2018 se reportó una fuga de gas de cloro en la Planta Potabilizadora El Rincón. El peligro inminente de una catástrofe obligó al desalojo de unas 3.000 personas de las comunidades vecinas.
Este no fue el único accidente. La Planta de Bombeo Cuanaguaro que trabaja en la red de distribución de agua estuvo paralizada por varios días tras el derrumbe del canal de Caratal, en agosto de 2018, que sirve a la ciudad de Barcelona. A esto se le suma que, a principios de febrero, explotó la subestación eléctrica Barcelona que dejó sin energía al 75% de la zona norte del estado por más de 72 horas y que, inevitablemente, afecta el suministro de agua potable.
El presidente de Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui, José Gregorio Wong, pone sobre la mesa otra hipótesis acerca del origen de la emergencia sanitaria: “Es posible las aguas servidas estén entrando en las tuberías de aguas blancas que no se encuentran presurizadas y se contaminan las aguas que están llegando a las casas”. Explicó que le pidieron a Hidrocaribe que iniciara el protocolo del cerco sanitario del sistema, con una evaluación de la fuente del agua contaminada, y que aplique los correctivos para evitar que siga propagándose. En reuniones para abordar el tema, las autoridades de la hidrológica no han asistido.
Ante la ausencia de políticas públicas para atender la crisis de agua, la gobernación obtuvo directamente de la Organización Panamericana de Salud (OPS), “una considerable cantidad de pastillas potabilizadoras”, 49.600 tabletas en total, que distribuyeron en los ambulatorios con más alta incidencia de afectados y en zonas rurales. El Ministerio de Salud, por su parte, “contribuyó con la distribución de insumos y medicamentos desde el nivel central” antes del brote y repuso en la contingencia, puntualizó el mandatario regional. A la fecha, el brote diarreico había disminuido considerablemente.
La diputada Nora Bracho, presidenta de la comisión de servicios de la Asamblea Nacional, sostiene que estamos frente a un “estado de minusvalía”, con una infraestructura de las empresas responsables de los servicios públicos prácticamente paralizadas y las obras fracturadas. Recordó que esto no es un tema nuevo, que ya cuando la contaminación de los embalses la entonces Fiscal General, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, habló de la “manera irresponsable en cómo los medios abordaron el tema” y hubo una prohibición por difundir noticias sobre el estado del agua.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.
Desde hace tiempo se intuye que la catástrofe socioeconómica de Venezuela se ha traducido en una mayor mortalidad, si bien la relación causa-efecto no siempre es fácil de establecer por la falta deliberada de estadísticas confiables. Pero una tendencia insólita, que podía pasar por buena noticia, ofrece la oportunidad no solo de destapar un drama, sino tal vez la identidad de sus responsables: el número de usuarios de los servicios de hemodiálisis ha bajado de manera drástica y, a pesar de las precariedades del suministro de insumos, de máquinas descuidadas y hasta de la falta de agua corriente, sobran los cupos. Hay indicios de que se les dejó morir por incompetencia.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
