En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio.
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Hace tan solo cinco meses, el 6 de abril de 2018, una carta de Group Grand Limited llegó al despacho del entonces presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el Mayor General (Aviación) Giuseppe Yoffreda Yorio. En la misiva, la empresa pedía al ente estatal responsable de las importaciones públicas la “cesión de derechos financieros correspondientes al contrato número CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje Yatirim A.S, constituida en Estambul, Turquía.
Como ha revelado Armando.Info en varios reportajes, Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, es una de las fachadas jurídicas detrás de las que se parapetean los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y con la cual el binomio de socios se ha hecho casi omnipresente en un negocio: proveer al principal programa social del Gobierno de Nicolás Maduro, el de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Como se verá, Mulberry Proje Yatirim A.S. es otra pieza de la misma trama.
Concebidos inicialmente por el Gobierno para funcionar como grupos de producción en la base que, a la manera de las células partidistas, asegurarían la oferta de alimentos, los Clap han quedado restringidos en la práctica a la intermitente y clientelar distribución de cajas y bolsas con productos de la canasta básica importados desde varios países. Así se han convertido en una fuente de negociados para un puñado de empresarios. Para los sectores populares, en cambio, son una de las pocas alternativas para paliar la crónica escasez de alimentos que atraviesa Venezuela.
La carta de Group Grand Limited a Corpovex venía firmada por Andreína Fuentes Mazzei, en su rol de representante legal. Pero sucede que Fuentes Mazzei también ha servido durante años como ejecutiva de Fondo Global de Construcción en Caracas, que hace parte de un conglomerado homónimo con sedes en Colombia, España, Ecuador y la isla mediterránea de Malta. Fue con el sombrero de Fondo Global de Construcción que el dueto de Alex Saab y Alvaro Pulido inició su trayectoria, todavía ascendente hoy, como contratistas del chavismo al lograr en noviembre de 2011 el acuerdo para levantar un proyecto de vivienda social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.
La conexión de Fuentes Mazzei con Group Grand Limited no es el único indicio de que la cesión de la deuda desde esa compañía a la turca Mulberry Proje Yatirim fue una operación endogámica, prácticamente incestuosa, entre empresas emparentadas. O lo que es lo mismo: de Saab-Pulido a Saab-Pulido.
A Mulberry Proje Yatirim la representa Betsy Desirée Mata Pereda, quien figura como gerente de Salva Foods 2015, compañía venezolana que maneja las Tiendas CLAP que el presidente Maduro promueve desde inicios de 2017. Salva Foods 2015 pertenece a Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario también colombiano, nacido en Cúcuta, provincia de Norte de Santander, y con vínculos de negocio con Alex Saab y Álvaro Pulido establecidos a través de la propia Group Grand Limited.
De modo que todo quedaba entre allegados.
Cuando se planteó la “cesión de derechos financieros” en favor de la empresa turca Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited tenía dos contratos con el Gobierno y era, quizás, la principal intermediaria para las importaciones de los Clap. El referido en la carta a Corpovex, por ejemplo, suponía la venta de 11,5 millones de cajas Clap para la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.
Mucho antes, a fines de 2016, Group Grand Limited fue favorecida con el que sería su primer contrato como importador de alimentos: la compra de diez millones de combos por 340 millones de dólares convenida con la Gobernación del estado de Táchira (Andes del suroeste de Venezuela), entonces a cargo del Capitán del Ejército José Gregorio Vielma Mora, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Había nacido un negocio millonario que siempre corresponde a los mismos beneficiarios y no para de crecer. A fin de cuentas, Group Grand Limited también fue escogida por el Ministerio de Salud para importar medicamentos, esta vez desde India .
En los dos convenios con el Gobierno venezolano para el suministro de las cajas Clap la apoderada de Group Grand Limited ante las autoridades fue Andreína Fuentes Mazzei, la misma de la carta a Corpovex. El hijo de Alex Saab, Shadi Nain Saab Certain, por su parte, apareció como director de la sociedad hasta el 24 de febrero de 2017. En los documentos de registro, además, la dirección de contacto de la empresa es la misma de Fondo Global de Construcción en Caracas. A Shadi Saab lo sucedió en el cargo Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano, ex cónsul de su país en Nueva York, y cuyo nombre se repetirá más adelante en este entramado empresarial con una compañía de los Emiratos Árabes Unidos. En la filial mexicana de Group Grand Limited, abierta y liquidada en 2017, fue el hijo de Álvaro Pulido Vargas quien figuró como apoderado de la empresa por un breve período.
Aunque la empresa fue registrada el 7 de mayo de 2015, a la junta directiva de la turca Mulberry Proje Yatirim A.S. se incorporó Betsy Mata solo hace unos meses. El número telefónico de contacto que aparece en los papeles del registro en Estambul es de Caracas. Los documentos revelan, además, la conexión de esta firma con una sociedad británica denominada Mulberry Capital Partners Limited.
Que el aparente epicentro del negocio de los Clap se mude a Turquía no parece casual. De hecho, puede lucir natural, y no porque el apellido de Saab permita remontarse hasta sus antepasados en el Medio Oriente. Desde hace meses, unidades de inteligencia financiera de al menos cuatro países americanos investigan los flujos de dinero detrás del negocio de los CLAP, luego de que en agosto del año pasado la Fiscal General de la República, recién destituida por Maduro y en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunciara que Group Grand Limited era manejada por Alex Saab y Álvaro Pulido a nombre del propio presidente venezolano. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los Clap, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre: Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”, declaró Ortega Díaz. El mensaje retumbó y autoridades de varios países se activaron.
Pero también está el pragmatismo político de Nicolás Maduro, que en cuestión de meses ha estrechado la relación con su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, en busca de un aliado para esquivar las sanciones financieras impuestas a ambos países por la administración de Donald Trump desde mediados del año pasado.
“Hemos traído un documento completo de todas las oportunidades de inversión. Es el primer escenario donde Venezuela sale con una propuesta de inversión detallada”, proclamó Maduro en julio desde Estambul ante empresarios turcos. En octubre de 2017 ambos mandatarios instalaron en Ankara la “segunda comisión mixta intergubernamental” y desde entonces los viajes a Turquía de funcionarios venezolanos se repiten. En noviembre del año pasado fue el turno del Ministro de Finanzas, Simón Zerpa, mientras que en enero de este año la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como el ex Ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, estuvieron en la nación euroasiática.
Los resultados no demoraron. El 31 de agosto dos decretos presidenciales oficializaron el vínculo entre las estatales Minerven y Carbozulia con sociedades turcas para la creación de sendas “empresas mixtas”. Previamente, en julio, el Gobierno venezolano confirmó a la agencia Reuters que refina en Turquía el oro extraído del denominado Arco Minero, al sur del país. Ese mismo mes el Ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, informó en Twitter que se reunió en Caracas con directivos de Yayla, a la que definió como la “gigante agroalimentaria turca” y con la cual acordaron la “cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola”. Las propias cajas Clap son espejo del acercamiento y desde hace meses algunos de los once productos son marcas turcas que terminan en los hogares venezolanos luego de que el Gobierno comercializa esos combos a precios subsidiados.
Betsy Mata no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje. Sin embargo, bases de datos especializadas en comercio internacional, como Panjiva, arrojan pistas sobre el rol de Mulberry Proje Yatirim en el negocio de los Clap. De acuerdo a ese registro, la empresa turca hace las veces de intermediaria del Gobierno venezolano en la importación de los alimentos, tal y como desde 2016 lo hizo Group Grand Limited. La data confirma que Mulberry Proje Yatirim le compra mercancía a Rice & Beans o a El Sardinero, ambos proveedores mexicanos ya conocidos y a los que también Group Grand Limited acudía regularmente para adquirirle embarques que, como antes, siguen saliendo del puerto de Veracruz.
Autoridades mexicanas detectaron que entre 2016 y 2017 sólo la empresa El Sardinero emitió “facturas fiscales” a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dólares. “Desde abril de 2016 hasta agosto de 2017, Group Grand Limited envió transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco diferentes compañías en México”, precisa un documento. En ese informe destaca Asasi Food FZC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, otra intermediaria de los Clap que ha ido despuntando casi al mismo tiempo en que Group Grand Limited fue desapareciendo del negocio y su filial mexicana -la que originó la denuncia de la fiscal Ortega Díaz en 2017- inició el proceso de liquidación.
Asasi Food FZC también se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido. Fuentes aseguran que, así como Group Grand Limited cedió derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, también lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque para esta entrega no se pudo confirmar de manera fehaciente esa versión, sí se halló un punto de conexión primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos.
El vínculo está en el expediente mercantil de Salva Foods 2015, la empresa venezolana responsable de las Tiendas CLAP. En esos papeles consta un intento fallido de venta de Salva Foods 2015 a Asasi Food FZC. “Anulación de venta a Asasi Food FZC”, se lee en una hoja manuscrita del libro de accionistas y casi perdida entre el resto de folios. En ese acto, Asasi Food FZC estuvo representada por Jorge Wuerms, un ciudadano panameño, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucedió al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. “Asasi Food FZC es una compañía que busca satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial”, explica la empresa en su website.
Aunque la venta se frustró, la participación de Asasi Food FZC en el negocio de los Clap quedó asentada en Panjiva, además de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC compró a industriales mexicanas alimentos que luego vendió al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta última se ha convertido este año en la principal proveedora de la leche en polvo que llega a Venezuela en las cajas Clap, pese a ser una total desconocida en la industria láctea mexicana y a la mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.Info.
Fuentes conocedoras del negocio señalan que los movimientos de dinero de Asasi Food FZC se harían a través del banco Noor Capital PSC, también de los Emiratos Árabes Unidos.
El expediente de Salva Foods 2015 muestra otro intento fallido de traspaso. El propietario, Carlos Lizcano, también intentó vender la compañía responsable de las Tiendas CLAP a L&L Inversiones SAS, una firma colombiana que también pertenece a Lizcano y que, de acuerdo a Import Genius, fue proveedora de Abastos Bicentenario en 2015, la misma red de pisos de venta que a la postre sería suplantada por esas Tiendas CLAP. Además, a finales del año pasado L&L Inversiones SAS despachó mercancía a la propia Salva Foods 2015.
En mayo pasado Carlos Lizcano, quien ha evadido las solicitudes de entrevista, terminó por transferir la mayoría accionaria de Salva Foods 2015 a otra empresa también representada por él, pero constituida en Abu Dhabi, uno de los siete emiratos árabes sobre las costas del Golfo Pérsico, a miles de kilómetros de Venezuela. Justo antes de la venta de acciones el capital de Salva Foods 2015 ascendió de 2.000 millones de bolívares (dos millones de bolívares Soberanos de la actualidad, o algo más de 30.000 dólares al cambio oficial) hasta 50.000 millones de bolívares (50 millones de bolívares Soberanos, casi 850.000 dólares a la tasa oficial) que finalmente quedaron repartidos entre Mezedes Holding Ltd, con 65,97%, y Carlos Lizcano, con 34,02%.
El registro de empresas de Abu Dhabi confirma que Mezedes Holding Ltd fue creada el 10 de abril de 2018, apenas cuatro días después de aquella carta en la que Group Grand Limited cedió sus derechos financieros a la empresa de Turquía. Es la prueba, al menos, de que el plan para alimentar a los más pobres en Venezuela, oficializado por Maduro en marzo de 2016, termina beneficiando a una compañía nominalmente constituida en uno de los lugares más ricos del planeta.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
