En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
La familia Ardila Morales quedó sin casa, sin negocios, sin carros y hasta sin ropa de un minuto a otro en agosto de 2015. Sus miembros fueron unos de los más de 7.000 colombianos que tuvieron que huir por trochas de Venezuela ese año para refugiarse en Colombia, en una estampa que parecía el producto de un desastre natural.
Pero el desastre fue político y llevaba el nombre de Nicolás Maduro.
El régimen venezolano deportó formal y abruptamente a más de 1.000 colombianos que hasta entonces moraban en el lado del estado Táchira en la frontera colombovenezolana durante la crisis que se inició el 19 de agosto de 2015: esa misma noche Maduro alegó que paramilitares colombianos, vinculados al tránsito de contrabando característico de la zona, habían cruzado la frontera y emboscado a tres militares venezolanos.
“La frontera se nos pudrió. Somos víctimas del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana”, dijo entonces Maduro en cadena nacional. Luego amenazó y cumplió: “Allí vamos a tumbar todas las casas, para que lo sepan, allí no quedará ni una sola casa”.
Ante
el temor de las represalias y la amenaza de tierra arrasada, otros miles de
colombianos prefirieron huir por su cuenta con algunas
pertenencias.
Fueron los precursores de un éxodo que luego continuarían miles de venezolanos que atravesaron el río Táchira, bien por los puentes que controlan las autoridades de migración, o por las trochas informales, en busca de una mejor vida. Ahora esta es la zona cero en un nuevo conflicto entre los Gobiernos de Caracas y Bogotá en lo que parece una escalada definitiva y muy peligrosa.
Cuatro años después no quedan las casas y tampoco la esperanza de ser indemnizados, pero desde Cúcuta, la capital del departamento colombiano de Norte de Santander, se mantienen atentos a las noticias sobre la crisis venezolana. Esperan que al otro lado de la frontera sus verdugos se desmoronen.
María Angélica Morales, de 52 años, ya no recuerda el día que no pudo entrar más a Venezuela. No sabe de fecha ni de hora. Pero enumera cada una de los bienes que tenía: carro, camioneta, sala, comedor, línea blanca, edredones, empresa de diseño y costura y dos camiones para trasladar mercancía en una frontera próspera. Hoy resume sus bienes en tan solo tres, verdaderos tesoros si se comparan con las posesiones de los venezolanos que ahora cruzan la frontera enfermos, desnutridos y caminando sin rumbo: “Solo tengo techo alquilado, comida y estamos vivos”.
Siente alivio tras cuatro años de vivir en el lado colombiano. Presta sus habitaciones a los venezolanos que vienen recomendados de algún conocido que le quedó en Venezuela. Le da abrigo unos días para ayudarles a sanar y a través de ellos, sanar también tanta pérdida.
Morales recuerda que su vida se vino a menos en 2013. La Guardia Nacional extorsionaba a su esposo, dueño de dos camiones que trasladaban mercancía por toda Venezuela. Muchas veces llegaba sin ganancia a su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira.
En agosto de 2015 viajó con su esposo Jorge Ardila, de 58 años, hasta Cúcuta, en el vecino Norte de Santander, como todos los meses. Necesitaba comprar telas para su empresa de diseño de modas y él buscaba la mercancía que transportaba por Venezuela. Ese día dejaron el camión en Ureña, una población sobre la línea limítrofe binacional, y cruzaron el puente para legalizar la mercancía.
A las horas la frontera se cerró y los colombianos comenzaron a huir por las trochas para salvar sus vidas, mientras que funcionarios militares de la Guardia Nacional marcaban las paredes de sus residencias con una gran letra “D”, en pintura roja o azul, que significaba la orden de demoler esas propiedades y que, en realidad, dejaría marcadas sus vidas.
No se quedó solo en la amenaza. Las casas las destruyeron con tractores. Golpeaban a sus habitantes, rompían sus documentos y les recalcaban: “Esto es porque eres un maldito colombiano”, según recuerdan. La pareja se quedó impactada viendo cómo llegaba la gente huyendo por las trochas y ellos quedaban aislados, solo con la ropa que llevaban puesta.
Ardila no creyó que el cierre de frontera sería definitivo y que el país en donde tenía su residencia desde hacía 25 años le estaba arrebatando su vida. Por tres meses se mantuvo sentado junto al puente de Ureña, esperando que alguien lo dejara pasar a Venezuela. Se mantenía día y noche pidiendo respuesta a la Guardia Nacional sobre un camión 750 que quedó del lado venezolano. Cuando pudo saber de él, lo habían desvalijado. Consiguió finalmente pasar al lado venezolano, buscando contactos para trasladar las ruinas de su negocio, pero no lo logró.
Con 17 kilos menos y un luto que no termina, decidió ser taxista de un carro alquilado. Los primeros 50.000 pesos que hace en el día son para pagar el arriendo del vehículo y el resto de la producción es su ganancia.
Aún la madre y tres hermanos de Morales permanecen en Venezuela y siente alivio porque al menos ella puede ayudarlos a soportar la crisis desde Cúcuta. “Yo soy de aquí y soy de allá. Quiero mucho a los dos países. Esta es mi tierra de nacimiento, pero Venezuela me dio muchas cosas. Venezuela es hermosa y allá está mi familia. He orado por ese país como nadie se imagina”, dice.
Ambos añoran. Desde hace año y medio las ruinas de su camión están en un estacionamiento de Cúcuta, pero debe tres millones de pesos que no ha podido pagar. Ardila maneja y traslada clientes cada día con la radio prendida esperando escuchar noticias sobre Venezuela, que cada día abarcan más el espectro. “Mi esposo aún tiene esperanzas de recuperar sus carros”, dice Morales.
“Esto es cambiar de vida totalmente. Es como quitarte algo de tu cuerpo. ¿Estarías contenta si te quitaran una pierna? Es toda una vida. Es pasar de una zona, no de abundancia extrema, pero si teníamos algo”, rememora Morales.
La pareja cuenta los días para que el gobierno de Nicolás Maduro pague por los daños causados. Perdieron la fe. No esperan ser indemnizados por los bienes materiales. Quieren que la ayuda humanitaria entre y dicen que ayudarán a empujar los contenedores con suministros por el puente Simón Bolívar, pero no volverán. Solo esperan ver en las noticias que se haga algún tipo de justicia.
La familia Ardila Morales es solo una de 1.500 personas censadas entre los expulsados por la Fundación Colombo Venezolana Nueva Ilusión, que fundó Patricia Salguero, de 48 años de edad, quien también tuvo un retorno abrupto a su país el 14 de agosto de 2015.
Apenas una semana antes del 23 de febrero, el Día D en el que se esperaba ingresar que se intentara ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Salguero tomó el micrófono durante un cabildo abierto que se hizo en el sector La Parada, Norte de Santander, con miembros de la oposición venezolana.
Detrás de la asamblea popular aparecían muchos venezolanos rebuscándose con carretillas para ayudar a quienes cruzan el puente a buscar comida y medicina. Por momentos la algarabía de los venezolanos a la caza de clientela no dejaba escuchar las palabras de los activistas de derechos humanos y los diputados que se dieron cita en una acera, a pesar de que estos se valían de un amplificador y un micrófono improvisados.
Frente a escasas 30 personas que se acercaron con sus banderas en mano, Salguero contó que se mudó a Venezuela en el año 2004 y fue una entre los millones de beneficiados de la decisión de Hugo Chávez para legalizar a todos los extranjeros que estuvieran viviendo en el país. Vivió en Puerto la Cruz, la ciudad gemela de Barcelona, sobre la costa del estado Anzoátegui, y su último lugar de residencia fue en El Junquito, un pueblo de montaña a las afueras de Caracas.
En efecto, en 2005 se legalizó a cerca de dos millones de colombianos residentes en Venezuela, una medida que tenía tanto de justicia social como de dádiva clientelar- Pero con Maduro llegaron a partir de 2013 la escasez y un brote de xenofobia.
Entre discursos cada vez más agresivos contra los colombianos, el hijo de Salguero, que hoy tiene 19 años de edad, fue agredido verbalmente por su acento y nacionalidad. Un compañero fue golpeado en su liceo por intentar defenderlo. La familia Salguero no podía comprar comida porque su cédula de identidad desapareció del sistema de identificación.
Uno no puede caerse a mentiras. Uno vivía mejor en Venezuela, antes de la crisis.
“Estábamos llenos de miedo. No nos vendían comida y en los lugares donde podía comprar no me dejaban. Ya había muchísima escasez”, cuenta la activista de derechos humanos. El 14 de agosto tomaron maletas llenas de ropa, una computadora y celulares para irse a San Antonio del Táchira y cruzar la frontera, pero con su familia fue detenida en una alcabala de la Guardia Nacional. Estuvo dos días en el comando. Para poder irse tuvo que dar su computadora y celulares. Le picaron su cédula, ya sin validez, por la mitad para que recordaran que no podían volver.
Salguero llegó a Cúcuta y ayudó a crear tres refugios para los colombianos que llegaban sin tener dónde vivir. Fue el origen de la fundación que ahora cambió de misión. Ahora son los venezolanos los que llegan con un solo bolso y se desploman al cruzar el Puente Simón Bolívar. Salguero quiere su vida de vuelta, pero mientras tanto ayuda a quienes puede.
“Uno no puede caerse a mentiras. Uno vivía mejor en Venezuela, antes de la crisis. Yo perdí dos carros y cuando volvimos a tratar de recuperar algo, estaban desvalijados, vueltos nada. El apartamento, como estaba a mi nombre lo perdimos porque mi cedula desapareció. Acá vivo en arriendo y no tengo carros”, lamenta.
Las historias de declive económico se repiten entre los retornados. Charles Chico, de 40 años de edad, tenía una tapicería en Táriba, otra localidad del estado Táchira,y un restaurante que logró levantar luego de estar trabajando en Venezuela desde 1997.
Yo pensé que a los días podía volver pero mis vecinos me mandaron las fotos de mis negocios destruidos
En agosto de 2015 tuvo que empacar deprisa al ver que la Guardia Nacional y la policía científica venezolanas estaban entrando a la comunidad para deportar a los colombianos. Lanzaban gases lacrimógenos. Solo le dio oportunidad de hacer una maleta y recoger todo el efectivo que dejó el restaurante ese día. Se fue con sus tres hijos, que hoy tienen once, diez y cinco años de edad. En ese momento, la menor solo tenía un año de nacida. Con su esposa cruzó por primera y única vez la temida trocha a las siete de la noche pagando “una vacuna” para que no les robaran la única maleta con ropa que llevaban.
“Mi hijo mayor me preguntaba qué pasaba y yo le decía que íbamos a visitar a su abuela, pero él sabía que algo estaba mal. Fue traumático salir así. Yo pensé que a los días podría volver pero mis vecinos me mandaron las fotos de mis negocios destruidos”, cuenta.
“Extraño mi vida en Venezuela. Allá tenía una estabilidad económica y la echo de menos. Uno está por acá de fábrica en fábrica para que te dejen tapizar aunque sea tres sillas o va a un restaurante a lavar un plato, cuando yo allá era el dueño del restaurante. No es fácil, pero en estos momentos no quiero volver”, dice.
Charles es uno de los 1.500 colombianos censados por la ONG de Patricia Salguero. No tiene rencor con el pueblo. Trata de sanar su corazón recomendando para trabajos a los venezolanos que ve migrando en Cúcuta y dice que está dispuesto a apoyar el 23 de febrero el intento de entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Febrero de 2020: representantes del ELN y de las disidencias de las Farc -la misma facción de (a) 'Gentil Duarte' que ahora Nicolás Maduro hace bombardear en Apure- reúnen en asamblea a los pobladores indígenas de Pendare, un rincón selvático del Amazonas venezolano, a medio camino entre la margen derecha del río Orinoco y el famoso cerro Autana. ¿La ocasión? El anuncio a los locales de que los irregulares se proponen instalarse allí y hacerse ley, con el permiso de Caracas, según aseguran. Los aborígenes se resisten; los guerrilleros tratan de convencerlos. Pero se olvidan de que los piaroas también saben grabar. Así quedó un testimonio en audio de la historia y planes que las bandas armadas colombianas relatan de sí mismas en el Sur de Venezuela. Armando.info tuvo acceso acceso y lo da a conocer.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
La migración wayuu aumenta la presión en La Guajira. Una alianza de medios colombianos –unidos con el nombre de Liga Contra el Silencio– advierte sobre un fenómeno de "indígenas retornados", que vienen cruzando la frontera para establecerse en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Viven en asentamientos que crearon y en las rancherías de sus hermanos establecidas a lo largo y ancho del desierto.
Una investigación periodística llevada a cabo por un consorcio internacional de reporteros revela detalles, negociaciones fallidas, errores de los Gobiernos de Quito y Bogotá, y encubrimientos en el secuestro y asesinato de los reporteros del diario El Comercio de Ecuador en marzo pasado, ejecutado por ‘Guacho’, el señor de las tinieblas donde se juntan el narcotráfico y la disidencia de las desmovilizadas guerrillas de las Farc.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
