De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.
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Detrás de Plus Ultra Líneas Aéreas hay un secreto. Ni los voceros de la empresa, ni el Gobierno que celebró ampliamente la llegada en mayo pasado a Venezuela de la compañía “española”, hablan de los socios venezolanos que están en la operación. Y no es un dato menor, pues esta participación explica el sorpresivo aterrizaje en un mercado del que han huido decenas de aerolíneas en los últimos cuatro años, espantadas por el colapso económico y las restricciones del modelo socialista.
Antes de conectar con sus vuelos desde Caracas a Madrid y con la isla de Tenerife, en el archipiélago canario, Plus Ultra fraguó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos, pero relacionados al emergente grupo empresarial de Camilo Ibrahim Issa, un venezolano de origen árabe que controla la actividad en Venezuela de la marca española Zara, el más conocido entre sus tantos negocios de retail, y que posee otras inversiones en España y el Caribe.
Se trata de Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie. Los registros muestran que ambos entraron a la junta directiva de Plus Ultra a comienzos de 2017 y tienen una participación “ligeramente superior” al 50%, según admiten, a través de la sociedad española Snip Aviation SL, de la que Rodolfo Reyes es el propietario. Roberto Roselli Miele, también venezolano, de 43 años, es el apoderado de la compañía.
Para que Plus Ultra escogiera como ruta a un país con cinco años consecutivos de contracción económica y que adeuda casi 4.000 millones de dólares a las líneas aéreas, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la presencia de los venezolanos parece determinante.
Constituida en Madrid en 2011 por ex directivos de la fracasada Air Madrid, su nombre rescata el lema latino plus ultra que significa “más allá”, empleado por el Rey Carlos I de España y V de Alemania, y que está inscrito en el escudo español como recuerdo del afán expansionista que tuvo el imperio español en el s. XVI. Recién en 2015 comenzó a volar hacia algunos destinos de Latinoamérica, pero sin consolidarse en el competido sector del transporte aéreo.
La relación de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie con Camilo Ibrahim Issa, en cambio, está cimentada desde hace tiempo. En el caso de Reyes se remonta a cuando era directivo en Bencorp Casa de Bolsa junto a Luis Alberto Benshimol, uno de los principales operadores cambiarios de esa época en el mercado local y cuyo nombre salió a relucir en la investigación de los Panamá Papers relacionado a una firma de Leonardo González Dellán, ex presidente del hoy liquidado Banco Industrial de Venezuela (BIV).
Reyes, incluso, fue detenido en mayo de 2010 en el marco de la razzia que contra las casas de bolsa ordenó Hugo Chávez. El Gobierno culpaba a esas entidades financieras de disparar la paridad cambiaria en el mercado “paralelo” de divisas que funcionaba al margen de las tasas oficiales. El ahora socio de Plus Ultra fue acusado de “simulación de operaciones bursátiles”, estuvo 50 días preso y dos años con régimen de presentación, pero tiempo después la causa fue sobreseída.
De su etapa en Bencorp Casa de Bolsa nació la relación con los negocios de Camilo Ibrahim, especialmente cuando lo asesoró financieramente en 2007 para la adquisición de la operación de Zara en Venezuela. “En esa relación de cliente y asesor financiero terminamos de socios y, bueno, la vida nos ha llevado a ser grandes amigos”, admite Reyes.
Aunque de bajo perfil, su nombre sonó nuevamente en otro escándalo cuando, en agosto de 2017, Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República destituida por Nicolás Maduro, lo vinculó a la trama del negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de los colombianos Alex Nain Saab y Álvaro Pulido Vargas. De esa conexión no hay rastros y tanto Rodolfo Reyes como Raif El Arigie la niegan. Sí está documentada la que mantienen con Camilo Ibrahim a través de empresas en Venezuela y Panamá. Los tres son investigados por la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, según informó a finales de noviembre el diputado Freddy Superlano. Los empresarios insisten en que no participan en el negocio de los CLAP y que han respondido a las peticiones del parlamento.
“Creamos conexiones, unimos personas”, dice el eslogan de Plus Ultra Líneas Aéreas. Aunque se refiere a la unión a través de sus vuelos también resume el lazo empresarial surgido entre Caracas y Madrid. Antes de llegar a la junta directiva de la aerolínea, Rodolfo Reyes y Raif El Arigie compartieron directorio en compañías ligadas a Camilo Ibrahim.
En SFCO Properties S.A, registrada en Panamá en abril de 2015, Reyes y El Arigie destacan como directivos junto a Mohamed Ibrahim Ibrahim, familiar y socio de Camilo Ibrahim en la filial venezolana de Phoenix World Trade Inc, la firma panameña con la que maneja el negocio de retail. Reyes, además es director de Textiles Zanzibar, la empresa que sustituyó a Zara Venezuela, toda vez que el grupo español Inditex dejó en manos de Camilo Ibrahim la suerte de la marca y el negocio en Venezuela.
Los datos de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) revelan que entre 2004 y 2012 las empresas Phoenix World Trade Inc, Phoenix World Trading y Zara Venezuela, ahora Textiles Zanzibar, recibieron liquidaciones por casi 70 millones de dólares. Tras un 2013 de dificultades, en 2014 las tiendas venezolanas de Zara fueron noticia al verse abarrotadas de clientes luego de que el grupo acordara con el Gobierno la obtención de divisas en el sistema complementario Sicad, más caro que el preferencial pero más atractivo que la tasa del mercado paralelo, a cambio de reducir sus ganancias. Pero el que está alrededor del sello de Zara no es el único vínculo de los ahora directivos de Plus Ultra con Camilo Ibrahim.
Raif El Arigie y Camilo Ibrahim formaron parte de Pentech Ingenieros 05, una compañía venezolana dedicada al desarrollo de proyectos industriales y energéticos. Esta empresa pertenece a la española Pentech International SL, a la cual Camilo Ibrahim ha representado en Caracas. En su sitio de internet, Pentech se describe como una “organización multinacional con casa matriz en España”, pero la mayoría de sus proyectos los ha desarrollado para el Gobierno venezolano. Además de la web oficial de la compañía, así lo muestra también el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que enumera más de diez contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras compañías públicas como Venezolana de Teleféricos o la fallida Empresa de Pulpa y Papel (Pulpaca).
El 7 de marzo de este año Raif El Arigie se desvinculó de Pentech Ingenieros 05 y asegura que “no tenía participación accionaria”. Pese a ser director dice que su participación "era prácticamente inexistente”.
Rodolfo Reyes y Raif El Arigie también comparten cada uno por su cuenta relaciones en otras sociedades panameñas con familiares y socios de Camilo Ibrahim, como Luis Ibrahim Issa o William Ibrahim Issa. En Snip Aéreo Inc., registrada poco antes de que ingresaran a la junta directiva de la aerolínea, y con nombre similar a la firma española que controla las acciones en Plus Ultra, ambos figuran en la directiva con Ibrahin Ibrahin Ibrahin.
Entre los objetivos de esa empresa destaca el de “realizar consultorías o prestar servicios profesionales relacionados con la administración, mejoramiento, financiamiento, organización o construcción de cualquier tipo de empresa, negocio u obra, más servicios de tecnología, consultoría, inteligencia comercial y desarrollo de aplicaciones, consultoría en aeronáutica, aviación, transporte y logística”. Reyes explica que la constituyeron pensando en la operación de Plus Ultra, pero que “no fue necesaria” y no ha tenido ningún tipo de actividad.
Son esos nexos los que explican que desde el comienzo de sus operaciones en Venezuela Plus Ultra se le relaciona al nombre de Camilo Ibrahim. “Estamos vinculados en otros negocios pero no en ese en específico”, insiste Raif El Arigie, quien en alguna oportunidad ha figurado como abogado del propio Camilo Ibrahim.
De lo que no hay dudas es que la entrada de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie significó una expansión para Plus Ultra. En septiembre de 2017, meses después de que el dúo venezolano se incorporara formalmente al accionariado, el capital se elevó a nueve millones de euros y, un año después, pasó a los 18,8 millones de euros, cuatro veces más que el monto con el que nació en 2011 la empresa.
La ruta desde Venezuela reanimó a la compañía, que en siete años no pudo afianzarse, venía de fracasar en Chile y descartaba, hasta hace muy poco, incluir Venezuela entre sus destinos. “Sobre el papel hay países, conocidos de todos, que teóricamente tendrían que tener una fortaleza económica importante y, sin embargo, están hechos un desastre, todos lo conocemos”, declaró en junio de 2016 el entonces presidente de la aerolínea, Fernando González, en una clara alusión a la crisis que ya despuntaba en Venezuela. En esa oportunidad inauguraba la ruta Lima-Madrid y, entre las opciones de nuevos destinos que estudiaba la empresa, el directivo asomó Bogotá y San José de Costa Rica. “Conocemos el mercado más que nuestros socios españoles que, cuando comentamos de ir a Venezuela, dijeron que era muy complicado”, admite hoy Rodolfo Reyes.
Plus Ultra Líneas Aéreas, incluso, sufrió impagos de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, cuando esta fletó algunos de sus aviones para llevar de regreso a Venezuela a pasajeros varados en el aeropuerto de Madrid por incumplimientos de la propia Conviasa. “Nos pidieron que le hiciéramos unos vuelos a Venezuela, lo hicimos en prepago, quedó uno pendiente, se tardaron, pero pagaron. No tenemos nada que reclamarle a Conviasa”, explica Reyes.
En marzo de este año, dos meses antes de que empezara la ruta Caracas-Madrid, los directivos de Plus Ultra se reunieron con los de Conviasa. “El presidente de Conviasa M/G Edgar Cruz Arteaga sostuvo un encuentro con representantes de Plus Ultra Líneas Aéreas, con el fin de estudiar posibles conexiones y alianzas estratégicas”, informó la línea venezolana en Twitter. Para Plus Ultra la Venezuela de la crisis interminable, letal para muchos otros negocios, ha resultado un inesperado salvavidas.
Las perspectivas de Plus Ultra ahora son tan favorables que anunció la compra de tres aviones. Julio Martínez, vicepresidente de la aerolínea, lo dijo en abril pasado durante el evento de presentación del proyecto a la prensa venezolana. El directivo aseguró que la “compañía española” realizó un “estudio muy severo sobre Venezuela” y que no duda del “éxito” que tendrá. “Tanto es así que ya hemos fletado o hemos comprado, mejor dicho, tres aviones más que se incorporan el año 2019 para volar todos los días a Caracas desde Madrid”. Es el plan de expansión de la empresa y, al menos, uno de esos tres aviones ya fue adquirido para completar una flota de cuatro Airbus A340-300.
“¡Desde Mintur celebramos la llegada de Plus Ultra! Se amplía la conectividad aérea internacional tras recibir ayer su vuelo inaugural Madrid-Caracas, próximamente se suma la ruta Tenerife-Caracas. ¡Logro que consolida el avance del desarrollo económico de la Patria!”, festejó en Twitter el 23 de mayo Marleny Contreras, Ministra de Turismo y esposa del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
En el sector aeronáutico venezolano la irrupción de Plus Ultra fue sorpresiva y no dejan de verla con cierta sospecha. Fuentes consultadas destacan, por ejemplo, la rapidez con que recibió los permisos y certificaciones para volar en Venezuela. En la Gaceta Oficial 41.366 del 22 de marzo de 2018 consta el “permiso operacional” por un plazo de cinco años que se le otorgó a la compañía. La solicitud ante las autoridades se hizo tres meses antes, el 21 de diciembre de 2017.
Entre las exigencias impuestas a la empresa, de acuerdo a ese documento, destacan que “el control y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad española” y que “el patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad española”. Está claro que su incumplimiento no ha sido obstáculo para Plus Ultra que, junto a Turpial Airlines, una aerolínea venezolana con vuelos locales e internacionales que pertenece a un militar y ex funcionario del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), parecen las únicas capaces de irrumpir en la Venezuela de la crisis.
Recientemente el Vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, informó de un acuerdo con Air Europa según el cual la compañía aceptará pagos a través del Petro, la criptomoneda creada por el Gobierno venezolano como mecanismo para evadir las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump en agosto del año pasado.
Plus Ultra, por su parte, promociona sus vuelos en 795 euros desde Caracas a Madrid, y 789 euros el que va desde la capital venezolana hasta Tenerife. En su tren directivo destacan ex gerentes de aerolíneas venezolanas como Santa Bárbara Airlines o Avior, otra señal de que la identidad de la línea cada vez es más venezolana. “Estamos tratando de hacer algo positivo dentro de la crisis, somos venezolanos y el mercado que conocemos es Venezuela”, sostiene Raif El Arigie.
Pasaría por el barista de moda gracias al auge de su marca Café Páramo y cadena de tiendas gourmet. Pero es mucho más que eso. A la sombra de decenas de contratos con el Estado venezolano y divisas preferenciales, Camilo Ibrahim Issa ha expandido un emporio que nació con tiendas al detal y no deja de sumar toda clase de nuevos negocios: aerolíneas, empresas petroleras y prestadoras de servicios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otros. Si bien cultiva el bajo perfil, el reciente escándalo de Plus Ultra en España lo puso bajo los focos. Todavía así, para reconocer su figura en medio de una enmarañada estructura corporativa hace falta seguirle la pista a un grupo de allegados y familiares.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Agotada de funcionar en un país en crisis y bajo fuertes críticas sobre su operatividad, la empresa que manejaba los servicios automatizados de chequeo y embarque en el principal aeropuerto del país organizó una retirada parcial. En su lugar dejó a cargo una representación que reposa en dos compañías -desconocidas para las líneas aéreas que aún operan en Venezuela- relacionadas con un importante grupo empresarial de origen libanés, que hasta el año pasado solo manejaba las tiendas de duty free, pero que firmaron con el Estado venezolano un contrato que incluye también refacciones en la estructura y equipos del aeropuerto. Las líneas aéreas se niegan a firmar un contrato de servicios con los nuevos operadores, que redoblaron el costo de sus servicios.
La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.