A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
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No es poca cosa que la Torre Porsche Design destaque en el mercado inmobiliario tanto como en el imaginario de los habitantes y turistas que visitan el área metropolitana de Miami. En esa zona del Sur de Florida se construyen o ya se han erigido edificios de Zaha Hadid, Bjarke Ingels, Rem Koolhaas y el dúo de los suizos Herzog y De Meuron, es decir, una superliga virtual de los arquitectos de más renombre en el mundo. En medio de tanta competencia, el inexpresivo, casi espartano, cilindro negro enclavado sobre la arena de Sunny Isles, al noreste del condado de Miami-Dade, se ha ganado un puesto por méritos propios.
Puede que esos méritos no sean exactamente –o exclusivamente– de diseño, a pesar de lo que su nombre anuncia. El rodillo de fachada con cristales ahumados, con 60 pisos y casi 200 metros de altura, contrasta como un tubo de penumbra al lado de la luminosidad caribeña propia de la costa
Como el primer edificio que lleva la marca Porsche, y siendo Miami probablemente el sitio del planeta con mayor densidad de automóviles Porsche en las calles, los promotores de la obra se han esforzado en convertirla en un sinónimo de boato y exclusividad.
La cantante neoyorquina Alicia Keys actuó en la gala de inauguración de la torre residencial en marzo de 2017. El penthouse que permanece en venta tiene un asking price en el mercado de 32 millones de dólares; el otro ático de casi 800 metros cuadrados de superficie, PH1, fue adquirido ese mismo mes de la apertura del condominio por Terry Taylor, un magnate de los concesionarios de automóviles de la vecina ciudad de Daytona, a cambio de 25 millones de dólares.
Hay jacuzzi en los balcones de cada apartamento. Una inmensa cava refrigerada para vinos está a disposición de los inquilinos en las áreas del restaurante de planta baja, que cuenta con un chef exclusivo. Cuando los visitantes dejan el automóvil al valet parking, pueden servirse sin costo una de las muchas botellas de agua mineral noruega, marca Voss, que guarda una hielera de dimensiones colosales. Pero la prestación más distintiva del edificio, la que le ha ganado espacio en muchos medios de comunicación y credenciales casi de parque de atracción, es la de su ascensor para carros. Mediante una instalación refinada de estacionamiento mecánico –cuya sola prueba en Alemania costó 40 millones de dólares– los inquilinos puedan subir directo con sus lujosos automóviles a la sala de estar de sus apartamentos sin haber visto a ningún vecino u otro ser humano en el trayecto.
Al fin y al cabo, es un edificio hecho por locos por los carros -y por la privacidad- para locos por los carros, con el aval de una marca de carros.
Pero este edificio construido expresamente con la finalidad de dejar boquiabierto a quien lo habite, ha ganado una nueva e indeseada visibilidad en las últimas semanas.
En mayo reciente, sus promotores aparecieron conectados a un esquema de evasión de impuestos y pagos irregulares puesto al descubierto por la policía brasileña La Operación Conexión Miami permitió a las autoridades de Brasil detectar la estructura offshore por la que un grupo de inversionistas del estado de Santa Catarina pagó por la licencia Porsche para apellidar con ella un proyecto residencial de lujo.
Y luego el condominio volvió a ser mencionado en un documento de criminal complaint que se presentó el 23 de julio ante el Tribunal Federal Penal del Distrito Sur de Florida. Luego de más de dos años de pesquisas, los agentes de la Homeland Security Investigations Office (HSI) completaban la Operación Money Flight, por la que desbarataron una red de lavado de dinero extraído de manera irregular de las arcas de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, y puesto a circular en parte a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
El mecanismo que los detectives pusieron en evidencia comprendía un acuerdo de connivencia entre ejecutivos de Pdvsa y financistas venezolanos, por el que estos ofrecían préstamos en bolívares a Pdvsa que la petrolera reembolsaba en tiempo perentorio y en montos de divisas, dólares o euros, cotizadas al cambio oficial; el diferencial cambiario arrojaba en cada transacción ganancias de hasta diez veces el capital invertido, de las que se pagaban las mordidas respectivas para las autoridades del holding estatal y de los intermediarios que concibieron y gestionaron fórmulas para incorporar esos fondos al torrente del sistema bancario. Según la investigación, hasta 1.200 millones de dólares se legitimaron por esa vía.
En medio de esa trama aparece el apartamento 2205 de la Torre Porsche Design, hoy objeto de confiscación junto a otras 16 propiedades de lujo en el Sur de Florida.
De acuerdo a la declaración escrita del agente especial George F. Fernández a nombre de la HSI, en mayo de 2016 Carmelo Urdaneta Aquí, a quien el testimonio identifica como asesor jurídico del ministro de Energía y Minas de Venezuela, estaba negociando la compra de esa unidad residencial. Para cerrar el negocio, apuraba al gestor José Vicente Chente Amparan Croquer, otro venezolano que, haciéndose pasar por un inversionista en bienes raíces y a través de contratos para la compra ficticia de papeles financieros, puso a funcionar la estructura que permitió lavar los fondos. Amparan conseguiría la plata para completar la compra. Pero en el interín, Urdaneta accedió a ceder el apartamento a Amparan Croquer como parte del pago por sus servicios de gestión financiera. Fue así como el apartamento 2205 de la Torre Porsche Design, de casi 300 metros cuadrados y un precio de 5,3 millones de dólares, terminó en poder de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, cuya directora es Carolina Croquer de González, pariente de Amparan.
El episodio puso de relieve que la Torre Porsche Design, con sus excesos, no es lugar para inquilinos normales. De hecho, es para gente rica, muy rica, amante del lujo más elocuente, pero que a la vez exige la discreción necesaria para disfrutarlo.
Los propios promotores del complejo residencial tienen un perfil controvertido. Padre e hijo, Michael y Gil Dezer –Dezertov es el apellido original que el patriarca trajo de Israel, donde nació– lideran 18555 Developers Inc, la empresa de ventas de la torre. La prensa de Florida los llama superdevelopers. El ascensor de carros de la Torre Porsche se le ha dado en llamar el Dezervator. Sus emprendimientos nunca son modestos. Por años, Michael Dezer fue socio del hoy presidente, Donald Trump. Gil ha reconocido que Trump es el modelo sobre el cual ha construido su propio estilo de negocios. Muy cerca de la Torre Porsche Design, en Sunny Isles –esa sección de la costa atlántica entre Miami Beach y la ciudad de Aventura predilecta de la comunidad judía y los oligarcas rusos, donde muchas marquesinas de los comercios están en cirílico–, ambos habían desarrollado el proyecto de la Trump Tower III, otro condominio de lujo. Con todo, los Dezer no se fían de Trump. Según comprobó el reportero Jerry Ianelli del Miami New Times Michael Dezer aseguró durante una declaración ante los investigadores de un caso de corrupción en 2016, que había aprendido a nunca hablar de “cosas personales” con Trump, pues siempre temía que le pidiera dinero.
Durante una entrevista reciente con Pablo de Llano, corresponsal en Miami del diario El País de Madrid, Gil Dezer trató de perfilar, sin filtrar muchos datos, quiénes eran los residentes de su exclusivo proyecto: “Grandes ejecutivos, famosos, algún cantante que escuchas todo el rato en la radio. Hay un tipo que es presidente de una bebida que tomas a menudo, un magnate del videopóker o un individuo que tenía una fábrica de Nike en Argentina, la vendió a la compañía y se retiró”, en aparente referencia, esto último, a Juan Pablo Verdiquio, propietario del apartamento 1205 y quien en Argentina manejaba la fábrica de calzados deportivos Extreme Gear. Otro magnate, el mexicano Carlos Peralta Quintero, fundador del grupo Iusa, tiene una residencia en el complejo.
En la enumeración, propia de un volante de ventas, hay ausencias notables. En cualquier caso, se comprende por qué Dezer incurrió en ellas. Entre los propietarios también están Andrea Romanello, la hija de un presunto capo de la mafia de Nueva York; el fundador en Brasil de la telegénica Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, El Obispo; Germán Rosete, el misterioso novio mexicano de una exMiss Universo puertorriqueña; o René Gioia, un abogado brasileño señalado en 1997 como parte de un caso de lavado de dinero.
La mayoría de las unidades son propiedad de personas jurídicas, muchas de ellas amparadas bajo el título de Limited Liability Companies (LLC), una categoría que los extranjeros suelen preferir para incorporar sus empresas con accionistas no contribuyentes al fisco estadounidense. Ciertamente, frente a la fracción mayoritaria de inversionistas extranjeros, los propietarios estadounidenses en la Torre Porsche Design quedan en franca minoría.
De los 132 apartamentos listados en el registro en línea del Tasador de Propiedades de Miami-Dade, al menos doce son reconocibles como propiedad de clientes venezolanos (al menos, porque varias unidades son controladas por estructuras offshore que remiten a jurisdicciones como Saint Kitts-Nevis, Chipre, Islas Vírgenes Británicas o Delaware, cuyos beneficiarios no pudieron ser identificados para esta entrega).
Es la segunda nacionalidad con mayor presencia entre los propietarios de este condominio de lujo extremo, sólo después de los brasileños (19) y a la par de los rusos (12). El hallazgo da para la sorpresa, habida cuenta de la aguda crisis socioeconómica que atraviesa el país, que avienta todos los días a cientos o miles de refugiados al exterior.
Con la nueva exposición que el caso Money Flight brindó a este edificio de fábula, la pregunta sobre qué otros venezolanos poseen allí apartamentos cobró actualidad. La infografía anexa da respuesta a ella.
(Aclaratoria: Tener una propiedad en la Torre Porsche Design de Miami es un acto legítimo y de ninguna manera presume la comisión de alguna irregularidad por el propietario).
(Nota: el presente reportaje y la infografía que lo acompaña fueron elaborados a partir de informaciones públicas disponibles en la Oficina del Tasador de Propiedades de la Alcaldía de Miami-Dade, en la División de Corporaciones del Estado de Florida, y en medios de comunicación en línea).
Una parábola de progresiva decadencia y abandono describe la tradicional presencia en una esquina de Sabana Grande de la construcción, que en 1949 era el edificio más alto y suntuoso de Caracas. Ocupado al comienzo del gobierno de Chávez por invasores violentos, que lo transformaron en tierra de nadie al alcance de quien quisiera tomarlo a la fuerza, luego de su nacionalización sirvió de comuna estudiantil y de asilo para enfermos de Covid-19. Ya en las últimas, brotes de la economía de bodegones empiezan a colonizar su planta baja.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
