Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Sin querer, queriendo, se dio a conocer recientemente desde la cumbre del tepuy Kusari, en el parque nacional Canaima. Era la fecha de su cumpleaños y la inusual locación del festejo hizo las delicias del ‘jet set’ bolivariano tanto como alimentó la indignación y el resentimiento en las redes. Solo entonces se supo que el operador turístico modélico de la Revolución llevaba años escalando posiciones, desde su natal isla de Margarita, en una parábola expansiva de carisma e influencia donde los límites entre lo público y lo privado a menudo se esfuman.
Se aproxima la renovación del máximo tribunal de la República, un trámite destinado a designar desde la Asamblea Nacional oficialista a letrados que puedan demostrar su lealtad a la revolución, por encima de cualquier otra credencial. Por eso en la lista de 258 preseleccionados tras la primera criba, se cuelan sin pudor decenas de militantes del partido de gobierno, un buen número que fueron contratistas del Estado y otros que buscan reciclar sus carreras como burócratas del chavismo, transformados todos, como por arte de magia, en jurisconsultos.
Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.
Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños de otra gran fortuna en Venezuela– decidieron hacer una inversión excéntrica en Italia comprando un pueblo medieval con castillo incluido. Algunos de ellos, sin embargo, fueron más allá y explotaron minas de oro en ese país europeo dejando más penas que glorias con esos emprendimientos, que quedaron entre el olvido y un gran daño ambiental.
Todavía en 2016, con el colapso económico y social de Venezuela en pleno desarrollo, Torino Capital, una empresa de banca de inversión en Nueva York pero fundada y gestionada por venezolanos, seguía apostándole fuerte al negocio de los papeles de deuda emitidos por Caracas, sobre todo con el respaldo de PDVSA. Entonces puso su empeño en reclutar para esa operación a un inversionista cuando menos discutible, Samark López, a pesar de que este ya sonaba como uno de los contratistas preferidos del chavismo y solo cuatro meses más tarde sería sancionado por Washington como presunto testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami.
