Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
Para el primer trimestre de 2017, en la oficina de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas venezolano ya tenían una certeza: no podían pagar la deuda soberana. Decidieron, entonces, comenzar a buscar asistencia para una eventual restructuración y, para ello, llamaron a un grupo de inversionistas nacionales e internacionales.
Al reunirse con cada uno de ellos, la directora de dicha oficina les preguntaba si podían ayudar y si estaban dispuestos a reunirse con el ministro Simón Zerpa y con el vicepresidente Tareck El Aissami. La respuesta para esta última pregunta era clave.
En febrero de ese año, El Aissami había sido sumado a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional. Esto obligaba automáticamente a los banqueros entre las denominadas “personas de Estados Unidos” (US persons) a mantenerse al margen de las conversaciones con el gobierno venezolano.
Pero había un banquero a quien esa prohibición no afectaba. Era el inversionista David Martínez Guzmán, el mexicano más influyente de Wall Street, conocido por invertir en reestructuraciones de deuda de empresas y países. Venezuela, además, era un terreno conocido para él.
Hay quienes le atribuyen inversiones hechas en el país hasta 30 años atrás; otros lo ubican merodeando en Venezuela solo desde hace una década. Nadie se anima a precisar nada porque si hay algo que caracteriza a Martínez –considerado el inversor más importante de América Latina y de los más hábiles de los Estados Unidos– es el misterio.
Pero hay algo en torno a lo que casi hay consenso: hasta ese primer trimestre de 2017 se había distanciado un tiempo indefinido del país; y su retorno, durante la administración de Maduro, fue polémico.
En marzo de ese año, su fondo de cobertura o hedge fund, FinTech Advisory –dentro de los llamados “fondos buitres”, es decir, que invierten cerca de la quiebra– recibió bonos con un valor nominal de 1,3 millardos de dólares como garantía de un préstamo de 300 millones al país. “Ayudó al Gobierno a vender activos en medio de las sanciones estadounidenses”, condenan importantes y pertinentes fuentes consultadas, quienes hablan desde el anonimato por una mezcla entre admiración y temor a Martínez y, sobre todo, a sus abogados.
Entre los meses de abril y junio de 2017, el multimillonario mexicano habría seguido viajando a Venezuela con frecuencia, para tratar asuntos relacionados con la deuda. Su interés, ahora, era personal. A finales de octubre, habría vuelto para instar al gobierno de Nicolás Maduro, al que se le estaban acumulando los pagos de bonos vencidos, a no pagarlos. Un par de días después, el mandatario decretó la reestructuración de la deuda.
Esta asistencia es lo único que el hermético Martínez reconoce haber hecho con el régimen venezolano en conversaciones con sus pocas personas de confianza. Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos parece haber sido suficiente para investigarlo y considerar sanciones, también, para él, según se pudo conocer esta semana a través de una filtración divulgada por Bloomberg.
Pero a Martínez se le atribuye una influencia mucho mayor en las decisiones económicas del gobierno venezolano. Las opiniones de los que se atreven a hablar, aún desde una experiencia importante, están divididas; y no dejan de ser más que eso: versiones. Pruebas tangibles no hay.
Es fama que, antes de realizar cualquier operación, el hábil Martínez evalúa sus riesgos y cuánto puede ganar. También que no da un paso sin que sus temidos abogados, “de los mejores que el dinero puede comprar”, revisen cada detalle y se aseguren de mantenerse en el marco de lo legal, aunque sea en una zona gris. Dicen que así es como ha trabajado con 50 gobiernos del mundo, entre ellos el de Nicolás Maduro, en Venezuela.
Hay quienes atribuyen al fondo de David Martínez una operación previa a la pública y conocida de marzo de 2017, de la que sin embargo no dan detalles. Hay quienes lo niegan rotundamente y aseguran que el préstamo de 300 millones ha sido el único. Apenas un mes después de este, según publicó el portal de noticias financieras y analíticas, REDD Intelligence, FinTech consideró inyectar 500 millones más, a cambio de 1,6 millones de dólares de los bonos Pdvsa 37. Nadie, sin embargo, sabe qué pasó con esto.
Al gobierno pronto le llegó oxígeno por otra vía, en plena oleada de protestas antigubernamentales, con la polémica compra de bonos de Pdvsa que hizo Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo. A través de una pequeña empresa de inversiones con sede en Londres y Nueva York, Dinosaur Financial Group, pagó 865 millones de dólares por 2.800 millones en bonos. Fueron bautizados como los “bonos del hambre”.
Hay quienes piensan que solo alguien con el peso específico de Martínez, quien para la fecha entraba y salía del país en su avión privado para conversar de la deuda, podría haber convencido a Goldman Sachs de hacer la cuestionada transacción de finales de mayo de 2017. “Compramos estos bonos, que fueron emitidos en 2014, en un mercado secundario de un corredor y no interactuamos con el gobierno venezolano. Están en fondos y en cuentas que manejamos en nombre de nuestros clientes”, se defendió Goldman Sachs, poco después de la compra, en un comunicado.
Pero el uso de intermediarios, especialmente Dinosaur, era lo que más llamaba la atención. En un documento de la operación al que se tuvo acceso, se alertaba que el hecho de que existieran múltiples de ellos dificultaba realizar el procedimiento con la debida diligencia en lo referido al origen de los fondos.
Hay quienes vinculan con Dinosaur al sobrino de Miguel Ángel Capriles López, Armando El Pelón Capriles, quien habría multiplicado su fortuna haciendo negocios con el sistema financiero público durante el gobierno de Hugo Chávez. Los mismos que hacen ese nexo dicen que El Pelón Capriles ha sido operador de Martínez en Venezuela.
Al gobierno pronto le llegó oxígeno por otra vía, en plena oleada de protestas antigubernamentales
Pero, de la misma manera, hay quienes desvinculan a Martínez de todo lo anterior, incluida la operación de Goldman Sachs. Y no es el único punto sobre el que hay discrepancias.
En 2018, antes de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 20 de agosto, Martínez habría contactado a economistas latinoamericanos para que asesoraran al gobierno de Maduro, un servicio que pagaría de su bolsillo según algunas fuentes. Esa búsqueda habría arrojado como resultado la asesoría de los ecuatorianos Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Finanzas de Rafael Correa. Martínez, sin embargo, habría negado a sus allegados cualquier vínculo con ellos.
Un rumor corría entre banqueros de Wall Street, en relación con supuestas intenciones de Martínez de hacerse con empresas del Estado venezolano a cambio de la deuda pública en su poder.
Las apuestas silenciosas se daban entre la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv, estatal de telecomunicaciones) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec, estatal eléctrica). Descartaban a la más grande y conocida, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), porque, los que saben algo de Martínez, dicen que le interesa el flujo de caja y que el ciclo del petróleo es largo, con inversiones masivas al inicio y un retorno tardío.
Las dudas serían disipadas tras una nueva visita a Caracas que Martínez hizo en diciembre de 2018. En una reunión de la que se conocen pocos detalles, funcionarios venezolanos le habrían ofrecido al hombre de 62 años de edad, entregar bonos en su posesión, a cambio de una participación en Corpoelec, informan fuentes con conocimiento de lo sucedido.
La operación, conocida en el mundo financiero como debt-for-equity swap, es común en naciones con problemas para pagar sus deudas, aseguran los entendidos. El mismo Martínez, un habilidoso inversor al que se le atribuyen operaciones financieras con medio centenar de gobiernos del mundo, lo había hecho antes en países como Argentina, donde tras un trabajo que inició en 1994 con la adquisición de bonos de deuda, se ubicó al frente de una corporación que fusionó a la cableoperadora Cablevisión con la empresa de telecomunicaciones Telecom.
Desde hace un año, quien en 2017 fue definido por Forbes Argentina como el máximo millonario de ese país, con al menos 4.700 millones de dólares en patrimonio, controla más de la mitad de los accesos a Internet de la Argentina, buena parte de la televisión por cable y al menos un tercio de la telefonía móvil.
Más que premoniciones, las elucubraciones de los banqueros de Wall Street sobre lo que haría Martínez en la quebrada Venezuela de Maduro se basaban en la observación de su modus operandi.
Al menos desde el último trimestre de 2017 Martínez habría establecido su centro de operaciones en Londres, Inglaterra. En Nueva York, Estados Unidos, mantiene las oficinas de FinTech en Park Avenue. Allí el -por lo general- discreto Martínez se había dado a conocer cuando compró uno de los apartamentos más caros en el distrito de Manhattan. Se trata de un lujoso penthouse en las famosas torres de Time Warner Center, muy cerca del famoso Central Park. Adentro tendría la pintura que protagonizó la venta más cara de la historia del arte: No. 5, del artista norteamericano Jackson Pollock. Ni siquiera en algo como esto hay certeza.
Según algunos banqueros de Wall Street, Martínez se habría establecido en Londres, centro financiero mundial, para alejarse de las estrictas leyes estadounidenses que chocan con su modo “hiperagresivo” pero bien estudiado y profesional de hacer las cosas. De hecho, expertos financieros consultados para esta nota creen que podría haber estado utilizando el mercado europeo para sus operaciones en Venezuela.
Las opiniones también están divididas en torno a cuánto de la deuda venezolana podría tener el multimillonario mexicano. Algunos aseguran que sería un monto “importante”, aunque difícil de precisar. “Miles de millones de dólares”, se limitan a agregar. Otros dan un margen: “Asumamos que el precio promedio que puede haber pagado son 30 centavos por cada dólar de deuda: David Martínez podría tener cualquier cosa entre 3.000 y 10.000 millones de dólares de la deuda venezolana”. Están quienes, sin embargo, sostienen desde su experiencia en el área económica y cercanía a Martínez que no tiene nada de la deuda venezolana. Otros creen que estaría esperando que el valor de la deuda venezolana caiga más para comprar.
Lo cierto es que aún siendo mexicano y operando desde Europa, no se alejó del radar del Tesoro estadounidense.
A principios de noviembre de 2018, un oficial de dicho departamento, quien no confirmó ni negó a este medio que existiera una investigación en torno a Martínez, expresó que continuarían utilizando a sus autoridades “para mantener la presión sobre el régimen de Maduro y sus simpatizantes, para cambiar su comportamiento”.
Las alertas se encendieron dentro de Venezuela, donde políticos de oposición y expertos ya habían advertido de las actividades financieras de Martínez, que a su juicio “oxigenaban” al gobierno de Maduro. Algunos de ellos, en un intento por disuadirlo, se habría reunido personalmente con él.
“David Martínez está buscando cobrar y nosotros estamos buscando cambiar la economía para que todo el mundo invierta, cobre y para que los venezolanos sean los principales beneficiarios de eso”, había dicho en 2018 el otrora presidente de la comisión de Finanzas de la opositora Asamblea Nacional, el diputado Rafael Guzmán.
No obstante, fue un grupo de importantes dirigentes opositores en el exilio el que habría terminado de convencer a los funcionarios estadounidenses sobre las actividades de Martínez en territorio venezolano. Estas actividades, según distintas fuentes, se desarrollarían en un terreno tan gris como todo lo que rodea al hermético financista mexicano.
Su vida privada es un misterio. Pocos lo conocen verdaderamente y en la Web hay escasa información y fotos de él. Pasa tan desapercibido que dicen que en Londres utiliza el transporte público.
“No es particularmente simpático pero tampoco es antipático. No te da la impresión de ser un tipo muy inteligente pero es muy hábil. Tampoco te da la impresión de ser una persona mala pero es fría, de esa gente que asusta por lo fría que es. Es muy difícil de leer (…) Martínez es un jugador que todo lo hace en el marco de la ley. No viola la ley, pero es hiperagresivo”, diría uno de los banqueros con los que se ha cruzado en varias oportunidades en Wall Street.
Ha interactuado poco con la prensa. En 2013 publicó una columna en el periódico británico especializado en noticias internacionales de negocios y economía, Financial Times, a propósito de sus operaciones en la Argentina de los Kirchner, con quienes finalmente habría terminado enemistado. Parte de la información que compartió allí es citada una y otra vez en noticias sobre él, sobre todo al hacer referencia a una aseveración: "He participado en casi todas las reestructuras de deuda soberana de los últimos 25 años”.
Todo comenzó, supuestamente, con un préstamo de 300.000 dólares que le hizo su abuela –de una familia de clase media-alta radicada en Monterrey, Nuevo León, la ciudad industrial del norte de México– en 1987, con el que habría fundado FinTech. Allí, en su país, se le atribuyen importantes operaciones financieras también, entre ellas rescatar a .la empresa líder en la fabricación de vidrio en México, Vitro; y el rescate del conglomerado de productos químicos Cydsa.
Estudió Ingeniería Eléctrica y Mecánica en México; y una licenciatura en Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma. Además tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard. Dicen que fue seminarista de la polémica congregación católica nacida en México, los Legionarios de Cristo, aunque pronto descubrió que su vocación, esa que lo llevaría a vincularse a la postre con Venezuela, era otra.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
