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Malos tratos para los venezolanos, carita feliz para Maduro

Los negocios de hidrocarburos ahogan los derechos de los migrantes en Trinidad y Tobago. Abandono consular, deportaciones, multas prohibitivas, explotación laboral y condenas de prisión, son algunas de las hostilidades que aguardan a los que llegan desde Venezuela buscando una mejor vida allá. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Puerto España trata con guantes de seda al régimen de Nicolás Maduro, para el que reserva los miramientos que se tienen con un socio que, en el marco de acuerdos de cooperación que llevan años negociándose, aportará el gas natural y los recursos que permitirán reactivar importantes instalaciones industriales en la nación de las dos islas.

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La sede de la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas no acepta correspondencia formalmente. Ya a sus puertas empiezan los peros para no recibir cartas, y si las reciben, no las sellan. No importa si se trata de la solicitud de un diputado, del familiar de un migrante detenido o de un periodista. La comunicación parece ser fluida solo con el Gobierno de Venezuela, sin otra exposición o movimiento que afecte lo que parece ser una alianza de conveniencia perfecta.

Ni el creciente flujo de migrantes venezolanos a Trinidad y Tobago, ni los problemas derivados de esa corriente humana -solicitudes de asilo, arrestos por falta de papeles, denuncias de malos tratos- mueve a los gobiernos lejos de esta zona de confort.

Resonó con fuerza el reclamo, ese sí, hecho por el primer ministro trinitario, Keith Rowley, pero dirigido a Naciones Unidas, asegurando que no permitirá que su país se convierta en un “campo de refugiados”. Un impasse que ocurrió tras la reprimenda de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) por la deportación de 82 venezolanos, de los cuales más de la mitad eran solicitantes de asilo. Rowley no dirigió una palabra al gobierno venezolano y este también prefirió el mutismo, incluso cuando empezaron a circular audios de venezolanos maltratados detenidos en Trinidad. 

El apoyo trinitario a la autodenominada Revolución Bolivariana no es sobrevenido, como tampoco se trata de un asunto ideológico. En Puerto España, de hecho, nadie sabe definir muy bien si la administración de Rowley es de derecha o de izquierda. Esa indefinición, en todo caso, ha facilitado los pragmáticos espaldarazos que el Gobierno de esta nación bi-insular del Caribe anglófono ofrece cada tanto al del país vecino.

Keith Rowley, primer ministro trinitario. Fuente: news.gov.tt

En junio de 2017, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro reconsiderar la convocatoria para la Asamblea Constituyente y propuso formar un grupo de países para acompañar una nueva iniciativa de diálogo en la nación, Trinidad y Tobago fue uno de los cuatro países de la cuenca del Caribe que no aprobó la iniciativa, junto con Granada, Haití, Surinam. Un año después, también la OEA, durante la cuarta sesión plenaria de la 48° Asamblea General, aprobó una resolución para desconocer las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo -en las que Maduro “relegitimó” su mandato- , con 19 países que votaron a favor. Pero entre las once abstenciones estuvo la de Trinidad y Tobago.

El guante de seda del Gobierno trinitario tiene que ver con el negocio de los hidrocarburos. En la isla se habla abiertamente de la necesidad de concretar los acuerdos que llevan más de cinco años discutiéndose con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la poderosa estatal petrolera, para reactivar la principal planta de gas licuado de la isla y, a su vez, la planta de metanol -la segunda más grande del mundo- de las que dependen no solo el consumo energético de Trinidad y Tobago sino su principal fuente de ingresos, la venta de gas y sus derivados. Como Venezuela, la nación de doble isla caribeña es exclusivamente monoproductora de hidrocarburos.

El acuerdo firmado el sábado reciente en Caracas entre Keith Rowley y Nicolás Maduro –sin la aprobación obligatoria de la Asamblea Nacional, por el lado venezolano- destrabó un proyecto para la explotación de gas en una zona conocida como Campo Dragón, ubicada en aguas del estado venezolano de Sucre a escasos kilómetros de la plataforma Hibiscus, ya en aguas de Trinidad y Tobago y operada por la gigante petrolera angloholandesa Shell. El documento oficializa una alianza que supone que el gas natural extraído desde Venezuela sea captado en Hibiscus y de ahí enviado a la planta trinitaria de Point Fortin, donde será convertido en gas licuado. Aún queda pendiente saber si se concretará un negocio similar con el envío de gas venezolano desde el campo compartido de Loran-Manatee, que empezó a conversar el entonces presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, con las autoridades trinitarias en el año 2015. Tres cuartas partes de ese depósito de gas se encuentran en aguas venezolanas.

Presidente Maduro suscribe acuerdos de cooperación energética con Trinidad y Tobago. Fuente: http://mppre.gob.ve

Mientras se alcanzaban estos acuerdos irrumpió la crisis migratoria y una vez más Trinidad y Tobago prefirió pasar por alto cualquier ruido que pudiera perturbar la alianza en ciernes, hasta el punto de proponerse invisibilizar la oleada de más de 40.000 inmigrantes venezolanos que solo reconoce en reuniones privadas y encuentros diplomáticos. En la isla, ni uno de los venezolanos detenidos por causas migratorias ha sido visitado por el personal del consulado venezolano. Apenas el esfuerzo de algunos diputados de la oposición venezolana ha reflotado el tema en esferas más allá del estricto contacto entre los gobiernos.

“Hemos pedido a la Cancillería que, por favor, con urgencia se atienda estos casos, que se utilice la diplomacia venezolana para traer a estos venezolanos de regreso, no bajo la figura de la deportación sino de la repatriación, porque con la primera quedan ellos con una carga judicial”, explica el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) venezolana. 

“Hemos hecho múltiples gestiones ante la embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela (…) pensábamos que podíamos resolver esto por la vía de los canales diplomáticos y la diplomacia parlamentaria. Pero hasta ahora todo ha sido infructuoso. Vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares para estos venezolanos que tienen trámite como refugiados y que están detenidos. Hasta ahora lo que tenemos claro es que Trinidad y Tobago está violentando las normas internacionales”, sigue Valero. Además de algunos encuentros con los diputados de la oposición, la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas solo ha recibido cartas de los familiares de los migrantes sin reaccionar de modo alguno. Solo silencio.

Norlismar Moreno postea fotografías junto a otras venezolanas desde la carcel de máxima seguridad en Trinidad y Tobago. Al momento llevaba 4 meses detenida por delitos migratorios. El flujo de migrantes venezolanos hacia Trinidad ha aumentado de manera significativa debido a la fuerte crisis económica que atraviesa el país. (Fotografia: Gregorio Marrero)

Puertas cerradas

Los familiares de los detenidos han mantenido su peregrinaje por diferentes instituciones exigiendo respeto a los derechos de sus seres queridos: acudieron tres veces a la Cancillería, cinco veces al consulado de Trinidad y Tobago en Venezuela y una vez a la sede del Ministerio Público en Caracas. En junio alquilaron un autobús que trasladó a los familiares desde Güiria (estado de Sucre, en el extremo nororiental del país) y Valencia (capital del estado de Carabobo, región central) hasta Caracas. Con carteles en mano pedían que se repatriaran a sus familiares y que se cumpliera el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas.

Yasmín Juares lideró el encuentro. Por ser de las pocas familiares residenciadas en Caracas, Yasmín se ha dedicado a visitar la Cancillería, el Consulado y la Asamblea Nacional para buscar la intermediación para traer a los venezolanos detenidos. Su hijo, José Silva Juares, de 19 años de edad, fue detenido en Trinidad y Tobago el 3 de abril en un local nocturno donde trabajaba como diyei y lo condenaron a pagar una multa de 1.500 dólares -trinitarios o titi; alrededor de 225 dólares estadounidenses-.

“No hemos tenido asistencia del Gobierno y en el Consulado nos dicen que el Convenio de Estrasburgo no tiene validez”

A José le dijeron que sería uno de los deportados que vendrían el 21 de abril a Venezuela, pero al último minuto no lo dejaron abordar el avión militar que desembarcó por rampa 4 -la que usan dignatarios del Poder Ejecutivo- tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. 

Desde entonces, Yasmín logró el primer censo de detenidos en la cárcel de inmigrantes de Trinidad y Tobago para ponerle nombre y apellido a los afectados y comenzó a hacer visible las detenciones a través de las redes sociales. “No hemos tenido asistencia del Gobierno y en el Consulado nos dicen que el Convenio de Estrasburgo no tiene validez”, cuenta desconcertada en medio de la protesta respaldada por esposas y madres de los inmigrantes detenidos.

Luego de múltiples gestiones, José, el hijo de Yasmín, estaba supuesto a regresar a Venezuela este miércoles en un vuelo regular desde Puerto España. Pero, de nuevo a última hora, las autoridades trinitarias se lo impidieron mientras volvían a exigirle el pago de la multa.

Regreso sin gloria

En efecto, el 21 de abril llegó a Maiquetía un avión con 82 venezolanos deportados. La mayoría había cumplido condena. Algunos habían tramitado una solicitud de refugio a través de Acnur; a otros, las autoridades de Trinidad y Tobago les despojaron de sus respectivos pasaportes. Entre los devueltos viajaba Sebastián*, de 25 años de edad. En 2014 participó en las protestas que hicieron tambalear al Gobierno chavista y se prolongaron por tres meses, con un saldo de un centenar y medio de fallecidos. Muchos de sus compañeros de rebelión fueron detenidos. La agudización de la crisis económica y los señalamientos de “guarimbero” que le hacían de manera constante y lo ponían en riesgo frente a las autoridades venezolanas, lo llevaron a decidir que debía migrar. Desde Güiria, un amigo pescador lo llevó hasta Trinidad y Tobago, donde trabajó como cocinero.

ACNUR, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

El 31 de diciembre de 2017 la policía allanó la residencia en la que dormía. Fue puesto bajo arresto. El tribunal lo sentenció a seis meses de cárcel porque en su pasaporte no había un sello de que certificara su entrada legal a la isla, pero por su buena conducta solo cumplió tres meses de la condena, antes de ser deportado. Durante su tiempo en prisión, un amigo trinitario lo ayudó para que solicitara refugio, pero ese trámite no fue siquiera considerado a la hora de deportarlo. La víspera del viaje de regreso a Venezuela lo llamaron para avisarle que sería embarcado. En el área de migración los funcionarios trinitarios le quitaron su pasaporte.

Sebastián recuerda que, en el cruce de palabras con la embajadora de Venezuela en Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy, esta les dijo en el aeropuerto: “Para pasar trabajo acá es mejor que lo pasen en Venezuela. Denle las gracias al Presidente”. Así lo cuenta Sebastián. “La embajadora de Venezuela y un funcionario de Trinidad y Tobago nos grabaron en video por separado para declarar que aceptábamos la deportación de manera voluntaria”, aseguró.

No es de extrañar entonces la escasa o nula simpatía que sienten los inmigrantes hacia la embajada venezolana, que tampoco les asiste en la cárcel y que, en algunos de sus escasos encuentros, se permite exhibir una actitud desafiante ante los connacionales a los que se supone protege.

Por ejemplo, en junio reciente, algunos de los venezolanos detenidos fueron llevados a la sede de la embajada en Puerto España, donde les hicieron conocer de manera oficial la inconformidad del Gobierno de Nicolás Maduro con su presencia en la isla.

Jean Carlo*, detenido en el Centro de Detención para Inmigrantes, estuvo presente en uno de esos encuentros. “A mí me llamó una funcionaria, no sé si era la embajadora”, hace memoria. “Y me dijo: ‘Tú no sabes en lo que te metiste, no eres un perseguido político, a ti tu país no te persigue’. Y yo solo pensé para mis adentros: ‘Sí, tal vez Maduro no me persiga, pero el hambre sí’”.

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