Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.
El nombre de Yasmily Alexandra Rojas Guzmán se asomó tímidamente en algunos portales de noticias venezolanos la tarde del lunes 29 de octubre. Poco antes, los abogados del diputado Juan Requesens –preso desde hace 86 días en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de corresponsable del atentado frustrado del pasado 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro–revelaron a la opinión pública un detalle clave: que Rojas Guzmán, secretaria del juicio que se le sigue al diputado, no es abogada.
El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, en su artículo 510, establece que quien ocupe ese puesto debe ser profesional del Derecho. Además del secretario, la ley venezolana establece que un tribunal está compuesto por un juez y un alguacil. Por ende, el tribunal que lleva el caso de Requesens no está legalmente constituido y es “inválido”.
La advertencia de que Rojas Guzmán no es profesional del Derecho llegó a la defensa del diputado desde el personal del Palacio de Justicia. Por ello, la primera semana de octubre, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional solicitó al Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) esclarecer el asunto. La respuesta llegó tres semanas después al abogado Joel García, defensor de Requesens y apoderado por la diputada Delsa Solórzano, en la forma de una misiva. “(…) La ciudadana arriba mencionada (Rojas Guzmán) no aparece inscrita como abogado de la República, hasta la fecha, salvo error u omisión en el sistema de computación”, dice el documento refrendado por el presidente del Inpreabogado, Luis González Blanco.
“La Constitución establece que todo acto o persona que usurpe una función es nulo de toda nulidad y todo acto que acarree esa consecuencia la persona incurre en responsabilidad penal, civil y administrativamente, pero no solo esa persona que funge como secretario sino que el juez también incurre en esa irregularidad porque es el juez quien lo colocó allí”, acotó el abogado García, antes de sentenciar que Requesens no debía estar privado de su libertad por esta y otras irregularidades.
Rojas Guzmán tiene una larga carrera en el poder judicial venezolano. De acuerdo con información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), desde el 16 de febrero de 1997 la mujer de casi 44 años es empleada activa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tiene como finalidad “ejercer por delegación las funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia del Poder Judicial”.
Un listado de socios activos de la caja de ahorros del poder judicial, de febrero de este año, confirma que es empleada de dicho órgano. Antes había fungido como asistente en otros juicios pero, según la defensa, nunca como secretaria.
En las redes sociales, Rojas Guzmán se define como “hija próspera y consentida de Dios”, “madre de dos hijos maravillosos”, “100% venezolana”, “luchadora incansable” y “triunfadora”. Al menos hasta 2013, no militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni en el Movimiento Quinta República (MVR). Y, aunque no manifiesta sus preferencias políticas, al menos públicamente, como buena parte de los venezolanos critica la denominada “dieta de Maduro”. Algunos de sus familiares cercanos se muestran abiertamente opositores en las redes sociales.
Sin embargo, la presencia de Rojas Guzmán en este tribunal resulta sospechosa para la defensa y otros, quienes la vinculan con altos funcionarios del Gobierno venezolano.
“Esa persona no ha querido firmar los actos que el tribunal ha desarrollado, sino que quieren poner a una persona que sí es abogado pero todos sabemos y la defensa de los demás imputados sabe que quien está allí es esa persona que no es abogado”, acotó García.
Tras haberse ausentado del país por un tiempo, la juez Carol Padilla, cabeza del Tribunal Especial Primero, de Primera Instancia en Funciones de Control, retornó al tribunal, según dio a conocer la defensa de Requesens este lunes. De Padilla –quien, según Poderopedia, en 2013 formó parte del equipo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN)– Borges asegura que es la mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
El día de la audiencia de presentación de Requesens, un hombre ajeno al tribunal asistió a un acto que se suponía privado. La defensa posteriormente pudo conocer que se trataba del marido de Padilla.
El 7 de agosto de 2018, a las 8:22 pm, el diputado Requesens salía junto a su hermana Rafaela, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), del ascensor de su edificio, en la urbanización Terrazas de Club Hípico, al sureste de Caracas. Los rumores de que el SEBIN lo estaba buscando cobraron fuerza en horas de la noche, mientras Maduro hablaba en transmisión conjunta de radio y televisión.
Testigos aseguran que cerca de una docena de funcionarios abordaron a los hermanos Requesens Martínez antes de que abandonaran la residencia. Algunos llevaban capuchas, otro no. Varios fueron captados por la cámara de seguridad del edificio. Sin embargo, solo cinco funcionarios firman el acta de detención del diputado, cuando todos los que participaron en el operativo debieron hacerlo.
La defensa del diputado solicitó al Ministerio Público (MP) pruebas de coherencia técnica, para determinar si el vídeo que circuló por las redes sociales había sido editado, además de pruebas antropométricas, para identificar a los funcionarios que participaron y corroborar si sus nombres coinciden con los pocos que firmaron el acta. Eso, sin embargo, les fue negado.
A las 11:50 am del 8 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, informaba a través de su cuenta en la red social Twitter que el TSJ había decretado como “flagrante” la detención de Requesens, y ordenaba mantenerlo en custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, hasta que la oficialista Constituyente decidiera sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado. Esto ocurrió en cuestión de horas.
“La flagrancia va concomitante con el hecho, no posterior”, explica el abogado Joel García, quien ha insistido en que en el caso del diputado Requesens, por los ocho delitos que se le imputaron (instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Maduro y contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria) no se puede hablar de flagrancia. El atentado frustrado acaeció el 4 de agosto y su detención se produjo tres días después.
Sin embargo, aun dando como cierta la versión oficial sobre la flagrancia, se estaría cometiendo otra irregularidad según el equipo de abogados de Requesens. El artículo 200 de la Constitución establece que en caso de que un parlamentario cometa un delito flagrante, la autoridad competente deberá ponerlo bajo custodia en su residencia. Requesens, en cambio, fue trasladado aquella noche desde su casa hasta la sede del Sebin en El Helicoide, donde ya ha estado durante 86 días. Las primeras cuatro horas, sin embargo, estuvo desaparecido.
El traslado al tribunal de control, que según la Carta Magna se debe hacer en las 48 horas siguientes a la aprehensión, no sucedió sino siete días después.
Los abogados denuncian que transcurridos casi tres meses de que se le apresara, no cuentan con el auto motivado del tribunal “puesto que el tribunal no lo ha producido todavía”. Y no es lo único que les deben. “La defensa, hasta ahora, no conoce físicamente la acusación, no sabemos qué delitos se le imputaron (…) Hemos apelado a ciegas”, aseguran.
En los 86 días que han transcurrido desde la detención del diputado, ninguno de sus abogados lo ha podido ver, por lo que además denuncian una violación al derecho a la defensa. En ese período de tiempo, sus padres solo lo han podido ver cinco veces.
En cadena nacional la noche de ese 7 de agosto, el día de la detención del diputado, al presentar las pruebas del atentado frustrado, el presidente Maduro mostró un vídeo con un testimonio de quien aseguró era el jefe operativo “de los asesinos y sicarios” que intentaron matarle tres días atrás.
Se trataba del sargento retirado, Juan Carlos Monasterios Vanegas. “Los primeros días de junio (de 2018) regreso (…) a Colombia pero tengo un problema con la documentación (…). Llegando yo a San Cristóbal recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesens, diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges (…) La instrucción era que cuando (…) llegara a las autoridades colombianas preguntara por el señor Mauricio Jiménez, un jefe de la cuestión de migración de Colombia, paso sin ningún problema hasta Colombia (…) ahí se cuadra para pasar los drones”, dijo en un vídeo en el que se le ve con las manos esposadas y el rostro difuminado.
El del diputado Juan Requesens ha sido diferente de otros casos de presos políticos venezolanos. “Han subido el nivel, pero duro”, asegura García
“Una persona que está dentro del Sebin, sin su abogado defensor, sin un tribunal y esposado es evidente que hay una coacción (…) esa prueba es nula de toda nulidad”, acota el abogado García.
Tres días más tarde, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, presentó un vídeo en el que se puede ver a un extraño Juan Requesens hacer la que parece ser una confesión que complementa la versión de Monasterios: “Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería, yo estaba en San Cristóbal, de una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de Migración, le hice la solicitud e inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterios para hacer el paso de San Antonio a Cúcuta”.
Durante la demorada audiencia de presentación, que finalmente se celebró el 13 de agosto, el único día en el que ha podido hablar algo con sus abogados, Requesens les dijo que no recordaba haber grabado ese vídeo en el que se incrimina. García, como todos los que lo conocen, no duda en asegurar que él “no estaba en sus plenas capacidades”.
El del diputado Juan Requesens ha sido diferente de otros casos de presos políticos venezolanos. “Han subido el nivel, pero duro”, asegura García, al referirse a las múltiples irregularidades que harían de este un proceso nulo.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
En cuatro años de exilio el exparlamentario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia ha participado como accionista en seis sociedades en Costa Rica, a donde fue a dar luego de que en Venezuela lo acusaran por el caso de la Ciudad Judicial Lebrún.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
