Un tribunal ilegal lleva el caso de Juan Requesens

Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.

1 noviembre 2018

El nombre de Yasmily Alexandra Rojas Guzmán se asomó tímidamente en algunos portales de noticias venezolanos la tarde del lunes 29 de octubre. Poco antes, los abogados del diputado Juan Requesens –preso desde hace 86 días en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de corresponsable del atentado frustrado del pasado 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro–revelaron a la opinión pública un detalle clave: que Rojas Guzmán, secretaria del juicio que se le sigue al diputado, no es abogada.

El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, en su artículo 510, establece que quien ocupe ese puesto debe ser profesional del Derecho. Además del secretario, la ley venezolana establece que un tribunal está compuesto por un juez y un alguacil. Por ende, el tribunal que lleva el caso de Requesens no está legalmente constituido y es “inválido”.

La advertencia de que Rojas Guzmán no es profesional del Derecho llegó a la defensa del diputado desde el personal del Palacio de Justicia. Por ello, la primera semana de octubre, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional solicitó al Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) esclarecer el asunto. La respuesta llegó tres semanas después al abogado Joel García, defensor de Requesens y apoderado por la diputada Delsa Solórzano, en la forma de una misiva. “(…) La ciudadana arriba mencionada (Rojas Guzmán) no aparece inscrita como abogado de la República, hasta la fecha, salvo error u omisión en el sistema de computación”, dice el documento refrendado por el presidente del Inpreabogado, Luis González Blanco.  

“La Constitución establece que todo acto o persona que usurpe una función es nulo de toda nulidad y todo acto que acarree esa consecuencia la persona incurre en responsabilidad penal, civil y administrativamente, pero no solo esa persona que funge como secretario sino que el juez también incurre en esa irregularidad porque es el juez quien lo colocó allí”, acotó el abogado García, antes de sentenciar que Requesens no debía estar privado de su libertad por esta y otras irregularidades.

Sin firma pero con historia

Rojas Guzmán tiene una larga carrera en el poder judicial venezolano. De acuerdo con información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), desde el 16 de febrero de 1997 la mujer de casi 44 años es empleada activa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tiene como finalidad “ejercer por delegación las funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia del Poder Judicial”.

Un listado de socios activos de la caja de ahorros del poder judicial, de febrero de este año, confirma que es empleada de dicho órgano. Antes había fungido como asistente en otros juicios pero, según la defensa, nunca como secretaria.

En las redes sociales, Rojas Guzmán se define como “hija próspera y consentida de Dios”, “madre de dos hijos maravillosos”, “100% venezolana”, “luchadora incansable” y “triunfadora”. Al menos hasta 2013, no militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni en el Movimiento Quinta República (MVR). Y, aunque no manifiesta sus preferencias políticas, al menos públicamente, como buena parte de los venezolanos critica la denominada “dieta de Maduro”. Algunos de sus familiares cercanos se muestran abiertamente opositores en las redes sociales.

Sin embargo, la presencia de Rojas Guzmán en este tribunal resulta sospechosa para la defensa y otros, quienes la vinculan con altos funcionarios del Gobierno venezolano.

“Esa persona no ha querido firmar los actos que el tribunal ha desarrollado, sino que quieren poner a una persona que sí es abogado pero todos sabemos y la defensa de los demás imputados sabe que quien está allí es esa persona que no es abogado”, acotó García.

Tras haberse ausentado del país por un tiempo, la juez Carol Padilla, cabeza del Tribunal Especial Primero, de Primera Instancia en Funciones de Control, retornó al tribunal, según dio a conocer la defensa de Requesens este lunes. De Padilla –quien, según Poderopedia, en 2013 formó parte del equipo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN)– Borges asegura que es la mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

El día de la audiencia de presentación de Requesens, un hombre ajeno al tribunal asistió a un acto que se suponía privado. La defensa posteriormente pudo conocer que se trataba del marido de Padilla.

Irregularidades flagrantes

El 7 de agosto de 2018, a las 8:22 pm, el diputado Requesens salía junto a su hermana Rafaela, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), del ascensor de su edificio, en la urbanización Terrazas de Club Hípico, al sureste de Caracas. Los rumores de que el SEBIN lo estaba buscando cobraron fuerza en horas de la noche, mientras Maduro hablaba en transmisión conjunta de radio y televisión.

Testigos aseguran que cerca de una docena de funcionarios abordaron a los hermanos Requesens Martínez antes de que abandonaran la residencia. Algunos llevaban capuchas, otro no. Varios fueron captados por la cámara de seguridad del edificio. Sin embargo, solo cinco funcionarios firman el acta de detención del diputado, cuando todos los que participaron en el operativo debieron hacerlo.

La defensa del diputado solicitó al Ministerio Público (MP) pruebas de coherencia técnica, para determinar si el vídeo que circuló por las redes sociales había sido editado, además de pruebas antropométricas, para identificar a los funcionarios que participaron y corroborar si sus nombres coinciden con los pocos que firmaron el acta. Eso, sin embargo, les fue negado.

Juan Carlos Requesens

A las 11:50 am del 8 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, informaba a través de su cuenta en la red social Twitter que el TSJ había decretado como “flagrante” la detención de Requesens, y ordenaba mantenerlo en custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, hasta que la oficialista Constituyente decidiera sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado. Esto ocurrió en cuestión de horas.

“La flagrancia va concomitante con el hecho, no posterior”, explica el abogado Joel García, quien ha insistido en que en el caso del diputado Requesens, por los ocho delitos que se le imputaron (instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Maduro y contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria) no se puede hablar de flagrancia. El atentado frustrado acaeció el 4 de agosto y su detención se produjo tres días después.  

Sin embargo, aun dando como cierta la versión oficial sobre la flagrancia, se estaría cometiendo otra irregularidad según el equipo de abogados de Requesens. El artículo 200 de la Constitución establece que en caso de que un parlamentario cometa un delito flagrante, la autoridad competente deberá ponerlo bajo custodia en su residencia. Requesens, en cambio, fue trasladado aquella noche desde su casa hasta la sede del Sebin en El Helicoide, donde ya ha estado durante 86 días. Las primeras cuatro horas, sin embargo, estuvo desaparecido.

El traslado al tribunal de control, que según la Carta Magna se debe hacer en las 48 horas siguientes a la aprehensión, no sucedió sino siete días después.

Los abogados denuncian que transcurridos casi tres meses de que se le apresara, no cuentan con el auto motivado del tribunal “puesto que el tribunal no lo ha producido todavía”. Y no es lo único que les deben. “La defensa, hasta ahora, no conoce físicamente la acusación, no sabemos qué delitos se le imputaron (…) Hemos apelado a ciegas”, aseguran.

En los 86 días que han transcurrido desde la detención del diputado, ninguno de sus abogados lo ha podido ver, por lo que además denuncian una violación al derecho a la defensa. En ese período de tiempo, sus padres solo lo han podido ver cinco veces.

En cadena nacional la noche de ese 7 de agosto, el día de la detención del diputado, al presentar las pruebas del atentado frustrado, el presidente Maduro mostró un vídeo con un testimonio de quien aseguró era el jefe operativo “de los asesinos y sicarios” que intentaron matarle tres días atrás.

Se trataba del sargento retirado, Juan Carlos Monasterios Vanegas. “Los primeros días de junio (de 2018) regreso (…) a Colombia pero tengo un problema con la documentación (…). Llegando yo a San Cristóbal recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesens, diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges (…) La instrucción era que cuando (…) llegara a las autoridades colombianas preguntara por el señor Mauricio Jiménez, un jefe de la cuestión de migración de Colombia, paso sin ningún problema hasta Colombia (…) ahí se cuadra para pasar los drones”, dijo en un vídeo en el que se le ve con las manos esposadas y el rostro difuminado.

El del diputado Juan Requesens ha sido diferente de otros casos de presos políticos venezolanos. “Han subido el nivel, pero duro”, asegura García

“Una persona que está dentro del Sebin, sin su abogado defensor, sin un tribunal y esposado es evidente que hay una coacción (…) esa prueba es nula de toda nulidad”, acota el abogado García.

Tres días más tarde, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, presentó un vídeo en el que se puede ver a un extraño Juan Requesens hacer la que parece ser una confesión que complementa la versión de Monasterios: “Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería, yo estaba en San Cristóbal, de una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de Migración, le hice la solicitud e inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterios para hacer el paso de San Antonio a Cúcuta”.

Durante la demorada audiencia de presentación, que finalmente se celebró el 13 de agosto, el único día en el que ha podido hablar algo con sus abogados, Requesens les dijo que no recordaba haber grabado ese vídeo en el que se incrimina. García, como todos los que lo conocen, no duda en asegurar que él “no estaba en sus plenas capacidades”.

El del diputado Juan Requesens ha sido diferente de otros casos de presos políticos venezolanos. “Han subido el nivel, pero duro”, asegura García, al referirse a las múltiples irregularidades que harían de este un proceso nulo.

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