Entre 2017 y lo que va de 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- ha importado productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños, un matrimonio venezolano, fueron demandados civilmente e investigados penalmente en los Estados Unidos, por estar involucrados en ‘negocios de transmisión de dinero sin licencia’. Luego de esto, concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano.
A las 8:50 AM del 3 de julio de 2017 atracó en Puerto Cabello el buque San Alessio, con la penúltima importación del año de Agropatria: unas 1.400 toneladas de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Venían de una empresa panameña relativamente nueva y poco conocida en el sector: Techno Farm Corp.
Aunque era la primera vez que enviaba sus productos al país, los venezolanos detrás de la empresa no eran ni novatos en este tipo de operaciones ni desconocidos para los funcionarios de Agropatria, la empresa resultante tras la nacionalización en 2010 de la tradicional proveedora de insumos para el campo, Agroisleña. En abril de ese mismo año, el nombre de uno de ellos, Adolfo Navas, figuraba en una importación de 12 toneladas de pesticidas de la empresa china Limin Chemical Co., que tenían como consignatario a la empresa estatal venezolana. Junto a su nombre, según el registro que tiene la compañía global de datos comerciales Panjiva sobre esta carga, figuraba el de César Omaña.
Un año antes, sin embargo, terminaba un caso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, con el que no solamente el Gobierno de este país quiso confiscar un inmueble que reclamó Omaña, por la vinculación del apartamento con “negocios de transmisión de dinero sin licencia”, según se lee en la demanda; sino que, además, reveló que Navas estaba siendo investigado penalmente junto a su mujer, la también directora de Techno Farm Corp, Mariela Pereira, por “infracciones federales y penales” relacionadas con la demanda al inmueble y por otras transacciones.
Entre los alegatos del gobierno estadounidense destaca que, en febrero de 2013, una de las empresas del entramado que dirigía la pareja en la Florida recibió casi 800.000 dólares de la sucursal en Curazao del Banco Industrial de Venezuela (BIV) -estatal, hoy desaparecido-, de parte de Agropatria; y que, antes de eso, en diciembre de 2012, recibió casi un millón de dólares desde el Banco Central de Venezuela (BCV), ordenados por la Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas S.A., adscrita a la Corporación Venezolana Agraria. Las sumas son tan solo una parte de los casi once millones de dólares que, entre 2012 y 2013, pasaron por la cuenta en el Wells Fargo Bank de la ahora inactiva Techno Bio Corp.
Y hay más. Solo en abril de 2013, la cuenta de otra de las compañías del entramado, Holland Daily LLC, recibió casi tres millones de dólares “de lo que parecen ser cuentas del Gobierno de Venezuela”, según se lee en la demanda. El pago, hecho en tres transferencias, representa más de la mitad de los casi seis millones que pasaron por la cuenta en el SunTrust Bank de esta compañía, entre los años 2011 y 2013.
Según revela la demanda, una fracción de todos esos fondos se utilizó para pagar, en 2014, un apartamento valorado en unos 545.000 dólares, ubicado en la tercera calle de Miami, cuyo proceso de confiscación inició el gobierno de los Estados Unidos ese mismo año.
Lo demás, y lo que provenía de las otras múltiples transferencias que recibían desde Venezuela y otras partes del mundo las muchas compañías de Navas, Pereira y Omaña, era transferido a su vez a personas y empresas en la Florida y también fuera de los Estados Unidos, a países como Brasil, China, Panamá, México, Puerto Rico, Colombia y Curazao, para el pago de productos y servicios tan variados como fertilizantes, semillas, camiones, flores, cerámica, equipos de energía, electrónicos, químicos, ropa, celulares, partes de carros, servicios de seguro, viajes, una compañía de turismo, e incluso tierras y casas. El dinero también se movía a las cuentas personales de Navas y su esposa.
Lo curioso, según destaca el gobierno de Estados Unidos, es que estos pagos se hacían en montos redondos y que los estados de cuenta no revelaban gastos normales de una empresa, como nómina, utilidades o renta.
El expediente de la demanda, que finalmente fue desechada tras un acuerdo que incluía una indemnización al gobierno estadounidense, contiene parte de los intríngulis de una historia con tres protagonistas y muchas empresas, entre ellas Techno Farm Corp -con la que Agropatria estrenó las importaciones de 2018-, y que se desarrolla principalmente en tres países: Estados Unidos, Panamá y Venezuela.
Según la información disponible en su website, Techno Farm Corp es una empresa que distribuye y comercializa productos e insumos del sector agropecuario –agroquímicos, fertilizantes y semillas– para “satisfacer competitivamente” las necesidades y expectativas de sus clientes, mediante “procesos ágiles y eficientes”, en supuesto cumplimiento de estándares internacionales de calidad. Fue registrada el 29 de enero de 2014 en Panamá, donde consta que, entre sus directores, además de Navas y Pereira, está Jesús Adolfo Navas Lanz.
Antes, en diciembre de 2010, se había registrado una empresa con el mismo nombre en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Adolfo Navas era el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Sin embargo, quien conformó la ahora inactiva corporación, con 1.000 acciones de un dólar cada una, fue César Omaña, un médico cirujano, oriundo del estado de Cojedes -llanos centroccidentales de Venezuela-, cuyo nombre no es ajeno a las importaciones de insumos agrícolas.
En 2013 la Oficina de Regulación Financiera de Florida, encargada de emitir las licencias para realizar negocios en ese estado, advirtió que 18 personas y entidades no las tenían, entre ellas Techno Farm Corp, las acaudaladas Holland Dairy, LLC y Techno Bio Corp, y por supuesto Navas y Pereira. Las otras 14 de la lista también estaban relacionadas directa o indirectamente con ellos, o con Omaña.
La certificación de la Oficina de Regulación Financiera, firmada por el oficial Brian Hermeling, fue anexada posteriormente a la demanda de los Estados Unidos contra el inmueble en la tercera calle de Miami, que pertenecía a otra de las empresas de la lista negra: Mint 312 LLC.
Mint 312 Llc, ahora inactiva, había sido registrada en Florida en enero de 2013. Su dirección principal fue una de Pereira, en la ciudad de Pompano Beach. De hecho, en los documentos de constitución de la compañía figura ella como único miembro. En el reporte anual de 2014, sin embargo, cambiaron la dirección de la empresa al apartamento en disputa de la tercera calle de Miami.
El gobierno de Estados Unidos detectó varias irregularidades en la adquisición de este último inmueble, por parte de Pereira, en abril de 2013, y las plasmó en la demanda del 19 de marzo de 2014.
Omaña fue quien dio la cara al reclamar el apartamento, a pesar de que su nombre no aparece en ninguna parte del documento. En su defensa, negó que Navas o Pereira, o las propiedades mencionadas en la demanda, estuvieran realizando negocios de transmisión de dinero que requiriesen registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
En cuanto al origen de los fondos de las compañías del entramado, entre ellos los provenientes de Agropatria, así como sobre los otros movimientos de dinero del entramado, dijo no tener “la información suficiente para admitir o negar las alegaciones”, según se lee en el documento de la defensa. Eso fue el 9 de mayo de 2014. Diez días después, se suspendió el caso civil para llevar a la investigación criminal.
Antes de que finalizara ese año, según se evidencia en los correos de llamados Panama Papers -la filtración dada a conocer en 2016, recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en Washington DC-, Navas y Omaña recurrieron al bufete panameño Mossack Fonseca para una importante gestión: constituir sendos fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Lo hicieron a través de Olga Santini quien, pese a ser considerada parte del personal de MF, aseguró en una entrevista vía electrónica al diario The Miami Herald que era una “proveedora independiente de servicios” para la firma.
Santini no solo gestionó los fideicomisos de ambos, sino que, además, contribuyó en la creación de al menos una sociedad de Navas en Panamá, Heflin Group Corp; y de un jugoso “combo”, de algo así como tres por uno, en Holanda, con un nombre que no es desconocido en Venezuela: Conagra.
En febrero de 2016, el caso en Estados Unidos se resolvió con un acuerdo entre las partes que contemplaba que Omaña y Mint 312 (incluyendo presidente, miembros, agentes, abogados, herederos, entre otros) liberaran, eximieran de responsabilidad e indemnizaran al gobierno de los Estados Unidos y sus oficiales, y al Departamento del Tesoro; sin que esto, sin embargo, representara una admisión de responsabilidad penal o civil.
En el ínterin, específicamente el 18 de diciembre de 2015, Omaña se había convertido en presidente y secretario de la cuestionada compañía, según revela el expediente de la empresa en la División de Corporaciones del estado de la Florida. El mismo abogado que los representaba en el caso, y que además defendía personalmente a Navas y a Pereira, de la firma Díaz, Reus & Targ, llevó a cabo esta gestión.
Las cuestionadas empresas mayameras de Navas, Pereira y Omaña fueron inscritas en la División de Corporaciones del Departamento de Florida entre mayo de 2010 y marzo de 2013. De antes, Pereira tenía cuatro empresas en esta jurisdicción, inscritas entre 2006 y 2008, y Omaña ocho, inscritas en 2009. Ahora están todas inactivas.
Tras la demanda y durante investigación en los Estados Unidos, comenzó la acción en Panamá, donde este trío ya tenía unas once empresas registradas antes de 2014. Ahora, Navas y Pereira –a veces juntos, a veces separados– figuran en el registro público panameño como miembros de al menos 24 empresas registradas entre el 29 de enero de 2014 y este 30 de julio. Todas las compañías del par en esta jurisdicción –las antiguas y las nuevas– están activas. Actualmente, Omaña solo es director de una empresa en esta jurisdicción, Global Export Service of América.
Aunque la actividad empresarial de este grupo cesó por unos años en los Estados Unidos, este 2018 Navas y Omaña registraron sendas empresas: My Tartine y una sucursal de Creatives Only Films. Con ellas, ascendió a casi 70 el número de empresas que este grupo de venezolanos ha acumulado entre Miami y Panamá, en los últimos 15 años de revolución bolivariana.
Los nombres de estas empresas revelan cuestiones tan disímiles como la agricultura, los bienes raíces, las inversiones, el comercio, la construcción, los alimentos, el petróleo, la tecnología y hasta una cantera.
En Venezuela también han tenido lo suyo: Conagra II, Conagra Group, Cooperativa El Resplandor Bolivariano 32165 y Asociación Cooperativa Agro Transporte Gran Amor. De todas, Conagra II es la única que está habilitada para contratar con el Estado venezolano, de acuerdo con información del Registro Nacional de Contratistas. Entre sus clientes hay distribuidoras agrícolas, de alimentos y de granos. Navas es su presidente.
En Conagra Group, Navas comparte la dirección con Omaña. Lo que también sucedió en la Asociación Cooperativa Agro Transporte Gran Amor, de la que Navas fue presidente hasta 2014 y Omaña tesorero.
Hasta 2007, Navas tuvo, además, 20% de las acciones de la Cooperativa El Resplandor Bolivariano 32165, R.L., que entre sus clientes ostenta a Mercado de Alimentos C.A. (Mercal).
De acuerdo con la información de su antiguo currículo, enviado como documentación para los trámites de Mossack Fonseca, Navas, próximo a cumplir los 53 años de edad, es oriundo de Puerto la Cruz, en el oriental estado de Anzoátegui, y estudió Administración y Mercadeo en el Jones College de Jacksonville, Florida, en la década de los ochenta.
Pereira, su mujer, es una abogada de 49 años, con posgrado en Derecho Tributario. Junto a la hija de ambos es beneficiaria del fideicomiso de Navas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos bienes, para el año de la constitución -2014- estaban conformados por siete cuentas bancarias y 19 empresas, cinco de las cuales eran cuestionadas en los Estados Unidos. Desde entonces, la cantidad de empresas se ha duplicado.
De acuerdo con la información de sus currículos, en Venezuela, los Navas-Pereira y Omaña eran vecinos en la prestigiosa urbanización de La Lagunita, al sureste de Caracas.
En 2007, tras haberse graduado de médico en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), en San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, Omaña se dedicó a vivir “la buena vida”, o al menos eso decían sus amigos de Facebook cuando publicaba las fotos de sus aventuras en Miami, Nueva York y Las Vegas, en los Estados Unidos.
Un año más tarde, las Páginas Blancas de los Estados Unidos registraban la primera de siete direcciones en Miami del “doctorcito”. Actualmente tiene tres propiedades, según este portal.
Los Antonorsi Marshall tienen puestas varias picas en negocios de alimentos, petróleo, servicios y hasta productos de limpieza, entre otros. Pero parte de ese emporio tuvo origen en el último balido de la moda agroindustrial chavista, la cría y explotación de cabras. El patriarca del grupo, Raúl Antonorsi, no aparecía en el radar de la atención pública antes de 2016. Solo entonces empezó a experimentar un auge que abarca también a una de sus hijas y a un primo de esta, todos bajo la tutela del superministro del sector y ex comandante del 4F, Wilmar Castro Soteldo, apóstol de una especie de 'capitalismo rojo'.
Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
