El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
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Tan solo con 25 años, Lorenzo Antonelli figura al frente de Marilyns Proje Yatirim, una empresa turca que debuta en Venezuela para explorar y extraer el oro del sur del país. De nacionalidad italiana y con una reputación inadvertida en los mercados globales, el novel empresario aparece como director de la firma radicada en Estambul y que el gobierno venezolano presentó el mes pasado en sociedad como aliada de la estatal CVG Minerven en una sociedad mixta de nombre Minería Binacional Turquía-Venezuela.
Su negocio con el gobierno de Nicolás Maduro fue convenido a espaldas de la Asamblea Nacional, el opositor Poder Legislativo de Venezuela. Se aprobó mediante el decreto presidencial número 3.598 difundido en la Gaceta Oficial 41.472, de fecha 31 de agosto, que estaba acompañado de otras dos disposiciones del Ejecutivo, numeradas como 3.597 y 3.599, que declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autorizan la creación de otra compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat llamada Carbones Turquía-Venezuela, respectivamente.
Las empresas privadas extranjeras ostentan 45% de las recién fundadas binacionales, mientras que el Estado venezolano maneja 55% administrado por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Así, Tareck El Aissami, el titular de ese ministerio, se convierte en la contraparte venezolana de Antonelli y de la italiana Patrizia Fiore, directora de Glenmore Proje Insaat ante los registros mercantiles de Estambul.
Ninguna de las compañías y socios a las que el Gobierno de Venezuela otorgó poder sobre las estatales mineras es reconocida. Ni siquiera figuraban en algún negocio varado en alguna otra parte del mundo, aunque los hilos que tejen sus redes se encuentren dispersos en otras latitudes. Las corporaciones Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 por directores diferentes en Estambul, pero ambas señalan la misma dirección fiscal. No es casual. Las sociedades también tienen sus espejos en el Reino Unido con un mismo beneficiario: Lorenzo Antonelli. Todos los caminos conducen a él.
El empresario estrella en el acuerdo con Venezuela es el principal accionista de Marilyns Capital Limited y de Glenmore Solutions Limited, ambas con la misma dirección en Londres, y también las socias de sus firmas homónimas en Turquía. Pero aún más lejos, el hombre apunta su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.
El oro y el carbón de Venezuela está en sus manos. Al menos, una buena parte a pesar de que Glenmore Solutions Limited había sido manejada antes por otra directiva envuelta precisamente en casos de corrupción de España y Brasil. Se trata de la panameña Lilia Judith Tovar de León que estuvo como directora hasta 2014. Un año después figuró como posible testaferro en las investigaciones de la justicia española contra Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía de España, por blanqueo de dinero. Fue directora de sociedades relacionadas con los sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente de Coast Helicopter Inc, y otras usadas por ocho familiares de la princesa de Parma María Cristina de Borbón para repartir su herencia sin tener que declarar impuestos, según investigaciones periodísticas de los llamados Papeles de la Castellana elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal y publicada el 7 de junio de 2016.
Tovar encabeza las juntas directivas de decenas de compañías, varias radicadas en Reino Unido y Panamá, y también como cliente del bufete Mossack Fonseca con una sociedad, Oxalia Management, creada en Malta en 2013. En este entramado destaca el exgerente de Marilyns Capital Limited, Bunyamin Altun, oriundo de Turquía y residenciado en los Emiratos Árabes Unidos, porque su nombre se halla en la base de datos de los conocidos Paradise Papers por dirigir Parakon Holdings Limited, establecida también en Malta desde 2011. Esos antecedentes y ligeros nexos entre empresarios no generaron desconfianza en el Gobierno venezolano al momento de consignar socios para las joyas mineras del país, Carbozulia y Minerven.
Los principales aliados históricos del chavismo en los negocios son los chinos, los rusos y recientemente los turcos. A mediados de este mes, Maduro improvisó una gira por China y Turquía para establecer nuevos acuerdos de los que no se conocieron detalles. Del viaje solo fue polémica su paso por el lujoso restaurante del chef Nusret Gokce, viralmente conocido como Salt Bae, en Estambul. Pero más allá de la cena, en Turquía se cocinan otros platos fuertes.
Víctor Cano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, declaró a la agencia de noticias Reuters, el pasado 19 de julio, que el Banco Central de Venezuela optó por exportar y refinar oro en Turquía y no en Suiza producto de la “preocupación” por las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos.
El intercambio comercial ha sufrido algunas modificaciones en la última década. Maduro ha retornado a negocios que parecieran distar de los lineamientos del fallecido presidente Hugo Chávez que hace siete años había aprobado un decreto-ley que reservaba al Estado venezolano la exploración y explotación del oro en el país o que en 2007 se opuso a la explotación carbonífera en la Guajira por los daños ambientales. Su maniobra sucede en medio del ocaso de Petróleos de Venezuela, una crisis económica sin precedentes en el país, el aumento de las sanciones internacionales y varios escándalos de corrupción.
El derrumbe de Carbozulia y Minerven no es menos notorio. El 26 de agosto, Maduro ordenó una reestructuración de la aurífera con la intención de depurar “vicios internos”. Dos meses antes habían sido detenidos el vicepresidente de esa empresa, Doarwin Alan Evans, y otras seis personas por presunto contrabando de oro, mientras la Fiscalía venezolana solicitó la captura de 28 más.
La carbonífera, entretanto, considerada la cenicienta de la minería, tiene un historial de infortunios. La empresa ha sido administrada por Petróleos de Venezuela, la Corporación del Estado de Zulia, el Ministerio para el Desarrollo Ecológico y ahora el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ningún ente ha logrado salvarla de su mengua. Aunque el Gobierno había anunciado su reimpulso como una estrategia para potenciar al “motor” minero, hasta ahora el pacto no ha tenido mayores beneficios para la estatal occidental. Al contrario, su producción fue de 650.000 toneladas en 2017, pese al millonario desembolso.
Según un informe de gestión del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, entre la producción de Carbozulia y de Carbosuroeste (30.000 toneladas) se generaron 48.960.000 de dólares americanos ese año. La explotación carbonífera tampoco parecía prosperar en 2018. Félix Merchán, presidente del sindicato de la compañía, declaró al diario regional La Verdad, según una nota publicada el 22 de junio de 2018, que hasta junio solo se había producido unas 90 mil de las 8 millones toneladas métricas que se solían extraer al año. Su denuncia se hacía en medio de una acalorada protesta de los trabajadores de esa empresa por un aumento de los salarios y la reactivación de las minas occidentales. Entonces, muchos empleados cargaban con pancartas en las que se leía “basta de corrupción y miseria” y “Víctor Cano, persona no grata en Zulia”.
Meses antes de que Carbones del Zulia se fusionara con la empresa turca, Glenmore Proje Insaat, había firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con las sociedades Inter American Coal, China CAMC Engineering CO LTD y Yang Guang Group para restaurar la producción de minas. Fue bendecido por Maduro, Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, en ese momento ministro para el Desarrollo Ecológico, y el propio Cano que se desempeñaba como viceministro de para Exploración e Inversión Ecominera y que sería declarado persona no grata en la región occidental. De aquel pacto se extendió un secreto a voces: ninguna clausulas beneficiaba al país.
Los que hojearon el documento coinciden en que se pierde el control de los yacimientos occidentales. “Se crea un comité de inversionistas que decide con tres votos, quedando prácticamente fuera del juego la empresa del Estado”, dice un exfuncionario del Ministerio para el Desarrollo Ecológico. Agrega que a las compañías extranjeras también se les facultó para crear un plan de explotación, capaz de ejecutar y diseñar a su criterio; estar a cargo del manejo y la comercialización de las minas activas Norte y Paso Diablo, en Zulia, durante 10 años; mientras que la estatal sí asumía las responsabilidades ambientales, gastos laborales, operativos y se despoja de la inversión social en las zonas explotadas.
En un comunicado anónimo difundido en julio se detalla que la empresa colombo-holandesa Inter American Coal se quedaría con 10% de las ganancias por cada buque de carbón como “contraprestación” o pago a la inversión. “Se necesita que el fiscal Tarek William Saab investigue estos contratos y el manejo de estos dólares y bolívares. (…) Investiguen los nexos de Interamerican Coal (…) que son bastante interesantes”, pedía el escrito. Justo el día que se divulgó la denuncia, Tania Ríos, presidenta de Carbozulia, se separó de su cargo.
Ríos fue contactada por ArmandoInfo, pero no quiso ofrecer su versión. Dos fuentes coinciden en que el “verdadero” negocio no está en la explotación carbonífera, sino en un entramado de operaciones financieras que involucran a Carbozulia Internacional, registrada en Panamá, y otras empresas. Acotan que la ruta del dinero comenzaría con operaciones swap entre BOI Bank de Antigua, el Banco Occidental de Descuento y la compañía de corretaje de valores Plus Capital Market, también registrada en Panamá. Ambas entidades bancarias son propiedad de Víctor Vargas, uno de los banqueros más consentidos por el Estado venezolano.
El interés de empresas foráneas en el carbón mineral venezolano es que es calificado de alta calidad por los mercados internacionales. No es como el extraído en otras zonas del Caribe, sino que se trata de un carbón bajo en azufre, cenizas y con alto poder calorífico. Un tesoro sobre el que aterriza Turquía sobre dos empresas en las que se estrena un empresario de tan solo 25 años.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
Mientras el estado Zulia sufre cortes de luz de hasta 12 horas cada día, el ministerio de Energía Eléctrica planea resucitar una vieja turbina que falló en la unidad 1 de Termozulia 1 luego de solo tres meses de operaciones y cuya instalación costó más millones de lo que dice la norma. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro pagará 55 millones de dólares a la empresa Turbopre Services para reactivar siete turbinas en el principal complejo termoeléctrico de Zulia, pero el proyecto ignora la información vital del fabricante e involucra el ensamblaje de una rareza ingenieril en la TZ01, que incluye la mezcolanza de tres máquinas con seriados distintos en una sola.
Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
