Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
En el extremo oriental de Venezuela, por la maraña de caños que conducen al gran río hasta su desembocadura, se mueven decenas de hombres armados que se identifican como antiguos combatientes de las FARC colombianas. Transitan con libertad, aseguran contar con la venia del gobierno de Caracas y controlan el tráfico fluvial de drogas, de otras mercancías ilícitas y de pasajeros. Contra el deseo de los lugareños, hoy dominan una ubicación estratégica, donde el balatá y el hierro antaño fueron promesas de una prosperidad elusiva.
No fue solo que a través de terceros adquirió un centro deportivo para que los jugadores de su equipo, el UCV-FC, tuvieran un complejo de entrenamiento de primer nivel: Alexander Granko Arteaga, el temido oficial de la contrainteligencia militar chavista, ahora está a punto de conseguir que los ejidos municipales sobre los que se levantan ‘sus’ canchas se conviertan en propiedad privada. Pero no por arte de magia, sino por la previsible conformidad de las autoridades de este cantón del sureste de Caracas.
Aunque las desapariciones ocurren en ambas naciones, y a pesar de que en 2023 los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro activaron lo que se recuerda como el único y más claro esfuerzo oficial para la búsqueda de decenas de ciudadanos desaparecidos en la convulsa frontera colombo venezolana, Colombia avanza sola para dar respuesta, con sus altibajos burocráticos y políticos, a la interrogante sobre sus paraderos. En Venezuela impera el silencio y el desinterés de las autoridades, cuando no la burla.
En la frontera que comparten Venezuela y Colombia yacen decenas de historias ocultas bajo un mismo rótulo, la ausencia. La cartografía del horror y del olvido da fe de lugares, en ambos países, donde los grupos violentos mataron gentes y abandonaron sus cuerpos. Allí estarían las huellas de un delito silencioso que desde hace un cuarto de siglo oculta tumbas y borra nombres, pero que nadie investiga: la desaparición forzada transfronteriza. Un sinnúmero de testimonios constituye el único rastro que deja.
