Aunque las desapariciones ocurren en ambas naciones, y a pesar de que en 2023 los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro activaron lo que se recuerda como el único y más claro esfuerzo oficial para la búsqueda de decenas de ciudadanos desaparecidos en la convulsa frontera colombo venezolana, Colombia avanza sola para dar respuesta, con sus altibajos burocráticos y políticos, a la interrogante sobre sus paraderos. En Venezuela impera el silencio y el desinterés de las autoridades, cuando no la burla.
En la frontera que comparten Venezuela y Colombia yacen decenas de historias ocultas bajo un mismo rótulo, la ausencia. La cartografía del horror y del olvido da fe de lugares, en ambos países, donde los grupos violentos mataron gentes y abandonaron sus cuerpos. Allí estarían las huellas de un delito silencioso que desde hace un cuarto de siglo oculta tumbas y borra nombres, pero que nadie investiga: la desaparición forzada transfronteriza. Un sinnúmero de testimonios constituye el único rastro que deja.
Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
