No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Esta semana 30 presos políticos venezolanos, entre civiles y militares, fueron trasladados desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, una zona industrial en el noreste de Caracas, a otros centros de reclusión del país. Los traslados se produjeron como parte de un proceso de negociación, luego de que el fin de semana un centenar de presos hacinados en la instalación protagonizaran un motín.
Unos 70 reclusos, sin embargo, se quedaron en la sede de la Dgcim. Entre ellos el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien se supone no debía estar allí desde mucho antes del motín.
En tres oportunidades desde su detención, el 2 de marzo de 2018, el tribunal de control que lleva su causa ha ordenado su traslado al Centro Nacional de Procesados Militares, mejor conocido como Ramo Verde, en las afueras de Los Teques, capital del estado Miranda, al suroeste de Caracas. Pero los funcionarios de la Dgcim se han negado a cumplir estas órdenes y a finales de enero, además, el tribunal de juicio declaró sin lugar las reiteradas solicitudes de traslado hechas por la defensa.
“Le temen al conocimiento, al liderazgo, al que mueva masas”, sintetiza la esposa y codefensora del teniente coronel, Yocelyn Carrizález. Ya lo había tuiteado él mismo el 1º de abril de 2017, al citar al físico alemán Albert Einstein: "Los grandes espíritus han encontrado frecuentemente una violenta oposición por parte de las mentes mediocres".
El nombre de este teniente coronel, nacido el 25 de septiembre de 1978 en Maracay, capital del céntrico estado Aragua y ciudad-cuartel de gran tradición castrense, es conocido y respetado entre subalternos y superiores. Siguió los pasos de su padre, un coronel y profesor retirado, hacia el mundo militar y el académico, en los que se destacaba al momento de su detención.
Cuando lo arrestaron era el comandante del emblemático batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, en Caracas. Antes había sido el alférez mayor de la promoción Miguel Antonio Vásquez, egresada en 1999 de la otrora Academia Militar de Venezuela -ahora Academia Militar del Ejército Bolivariano- la misma que soñaba con ver convertida en una universidad, según refleja un mensaje que envió por Twitter en 2010 a “su comandante” Hugo Chávez, fallecido ex presidente venezolano.
Con su récord de notas, de acuerdo con los estudios del coronel retirado y profesor universitario Fernando Falcón, Marín Chaparro superó a quien desde 1984 ostentaba el mayor índice de la academia, Luis Castellanos Hurtado, quien había superado a su vez a Guaicaipuro Lameda Montero, ex presidente de Pdvsa a comienzos del Gobierno chavista.
En los primeros años de su mandato, el presidente Hugo Chávez tomó como costumbre escoger a los primeros de cada promoción y llevarlos, como subtenientes, a formar parte de su grupo de ayudantes. Marín Chaparro formó parte de este grupo durante unos meses, según explica el general en el exilio, Antonio Rivero.
“Era otra forma que tenía Chávez de generar cierta subordinación, cierta lealtad hacia él también. Marín Chaparro logró evadir esta cercanía, estuvo aproximadamente un año como ayudante y luego se insertó en las academias, en las unidades de tropa y liderizó como militar, logrando ese ascendiente moral que le permitió que sus compañeros lo vieran bien. Fue un militar de alto nivel académico, muy profesional, muy serio y de mucha marcialidad”, afirmó.
Para el momento de su detención Marín Chaparro se desempeñaba también como docente en la cátedra de Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacional, de la especialización en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una universidad estatal autónoma, la más antigua y principal del país. De esta se graduó con honores al igual que de la especialización que hizo antes en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa).
En las redes sociales se muestra como un hombre de familia, fanático de los deportes, sobre todo del fútbol, amante de la naturaleza y de los animales, y simpatizante de las causas más nobles. La nobleza es, precisamente, la cualidad que más destaca su esposa de él. Acota que, sin embargo, como oficial, es severo en disciplina y en exigencia, “pero tiene con qué”. Para Carrizález, la impaciencia es su gran defecto.
"Cuando el luchador está en la arena (...) que su espíritu tenga alegría en el combate que está a punto de empezar. Si mantiene la dignidad y el honor, puede perder la batalla, pero jamás será derrotado, porque su alma estará intacta", publicó Marín Chaparro el pasado 1 de marzo de 2018, en su timeline de Twitter. Con esta cita del libro El manuscrito encontrado en Accra, del autor brasileño Paulo Coelho, parecía vaticinar lo que vendría.
Un día después, cuando Carrizález recogía en el colegio a los dos hijos que tiene con él –un niño de 6 años y una niña de 2–, recibió una llamada del segundo comandante del Batallón Ayala.
—Yocelyn, está pasando algo irregular aquí. Se llevaron a mi comandante.
—¿Para dónde? ¿Por qué? —respondió ella desesperada.
Su marido había sido convocado a una reunión en la Comandancia General del Ejército, en el Ministerio de la Defensa, con el ministro Vladimir Padrino López, con el comandante general del Ejército, Jesús Suárez Chourio, y con el director general de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dala.
Carrizalez supo que era un asunto grave cuando, al día siguiente, fue el mismo Marín Chaparro quien la llamó desde el ministerio y le pidió que le llevara ropa y comida. Fue él quien le informó, a su llegada, que sería trasladado a la sede de la Dgcim, en Boleíta.
Lo que ella no sabía entonces era que durante aquella reunión en el Ministerio de la Defensa, Marín Chaparro había expuesto a sus interlocutores la realidad de los cuarteles venezolanos. Les había hablado de incomodidad y descontento entre los soldados, afectados por la crisis económica y la escasez de alimentos y medicinas. Les contó, por ejemplo, cómo tuvieron que rendir cuatro patillas entre 500 soldados durante un mes.
Ellos le habrían preguntado cuál era, a su juicio, la solución a este problema. Él los invitó a salir de la oficina y acercarse a los cuarteles.
Pero sólo salió él de la oficina directo a prisión, lo que no impidió, desde luego, que continuara el descontento que había denunciado ante sus superiores cambiado. De hecho, aumenta con el paso del tiempo, según el coronel (r) Fernando Falcón, quien fue uno de los oficiales que junto a Chávez protagonizó el golpe de Estado del 4 de febrero.
"Los militares originarios, unos nos fuimos en los primeros tiempos, como yo. Pero desde la llegada de (Nicolás) Maduro hemos sido desplazados, solamente se han quedado los de la extrema confianza de él. La mayoría de ellos son los menos capacitados y los que menos hicieron el 4 de febrero", asegura.
El abogado Alonso Medina Roa encabeza la defensa de Marín Chaparro y explica que el teniente coronel apareció siete días después en el Tribunal Militar Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, lo que, según denuncia, constituye una violación del lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano para la audiencia de presentación, que es de 48 horas. No estaba solo. Le acompañaban otros ocho militares: cinco oficiales superiores, comandantes de los otros batallones más emblemáticos del país, y tres subalternos que formaban parte del batallón de uno de ellos en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Entre el 27 y el 28 de febrero de 2018, los oficiales, todos exalumnos destacados de la promoción Miguel Antonio Vásquez, de 1999, se reencontraron en Caracas, a donde habían viajado desde distintos estados del país para recibir el pago por un curso del Estado Mayor que habían realizado. Aprovecharon la oportunidad para ponerse al día en distintas reuniones, entre ellas un almuerzo en el Batallón Ayala, en el Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país, a las afueras de la capital venezolana.
De acuerdo con la Fiscalía, cuatro de esos comandantes grabaron un video en el que exponían la situación de los cuarteles y una serie de lineamientos a seguir para mejorarla. El vídeo habría sido borrado, aunque la defensa asegura que el video nunca existió. Un compañero de promoción los habría delatado y afirmado que estaban conspirando y es este testimonio el que constituye la principal prueba de la Fiscalía en contra de los militares y con la que pasaron a juicio. A la defensa, por su parte, no le permitieron promover pruebas.
Pero antes de eso, aquel 9 de marzo de 2018, en la audiencia de presentación, Carrizález revisó a Marín Chaparro antes de que lo privaran de libertad, junto a los otros, por los delitos contra el decoro militar e instigación a la rebelión. El principal temor de la madre de sus hijos, cuando este le dijo que sería trasladado a la Dgcim, era que lo maltrataran. Ese día solo tenía las muñecas lastimadas por haber estado esposado durante tanto tiempo durante los interrogatorios de esa semana que estuvieron desaparecidos.
Hasta entonces, había tenido suerte. Otros como el teniente coronel Deivis Mota Marrero, comandante del 413 batallón blindado GB Pedro León Torres, en el céntrico estado Carabobo, llegaron con hasta cuatro costillas rotas. El dolor era tan fuerte que no podía, ni siquiera, abrazar a sus allegados.
La defensa dejó constancia de torturas y tratos crueles, aunque a los militares les realizaron exámenes médicos forenses que concluían que estaban en perfectas condiciones. “Están firmados por una doctora que no sabemos de dónde salió, no tiene número de registro ni nada”, acota Carrizález, quien asegura que en la sede de la Dgcim a su marido lo han torturado mediante mecanismos de asfixia mecánica, choques de electricidad y golpes en la cabeza. Asegura que esto le ha producido temblores en las manos.
"Cuando poder y derecho se confunden, la inocencia y la justicia no pueden hacer otra cosa que suspirar y someterse mansamente", había tuiteado Marín Chaparro varios meses antes.
Además de la negativa a trasladarlo a Ramo Verde y la presentación tardía, el abogado Alonso Medina Roa, quien encabeza su defensa, ha destacado otras irregularidades como el diferimiento de la audiencia preliminar en cinco oportunidades y la negativa del tribunal de control de admitir las pruebas de la defensa. Para la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, este tipo de irregularidades se ha vuelto común cuando se trata de militares con arraigo, como Marín Chaparro.
Luego de la audiencia de presentación, el resto de los militares fueron trasladados a Ramo Verde o a La Pica, en el estado Monagas, al oriente del país. Todos menos Marín Chaparro. De los siete que siguen detenidos hoy, dos recibieron cautelares por medida humanitaria.
Después de esa audiencia de presentación la familia del teniente coronel Marín Chaparro pasó 68 días sin verlo ni saber nada de él. A Carrizalez simplemente le decían que cumplían “órdenes presidenciales” para no dejarle visitarlo. No le permitían ni siquiera llevarle comida. Adentro, a Marín Chaparro le suministraban lo previsto para los presos del centro de reclusión, pero era poco lo que este comía pues estaba encerrado en una celda sin baño, en la que él y otros reclusos debían hacer sus necesidades dentro de una bolsa.
El hombre de 1,75 metros llegó a pesar 59 kilos. Comenzó a sentirse mal. Como padece de hipertensión, debe tomar tres pastillas por día y, mientras estuvo en esa celda, los primeros cuatro meses de reclusión, los custodios le botaban las medicinas. Él procuraba esconder una dentro de su ropa interior para tomarla en el horario más crítico para este tipo de pacientes, entre las 5:00 y 8:00 am.
A mediados de mayo de 2018 finalmente pudo reencontrarse con su madre, su esposa y su hijo, Rodrigo, entonces de cinco años. Seis hombres los rodearon durante las tres horas que duró la reunión. Desde entonces, cuando no le niegan la visita dominical, algo que ha sucedido en al menos seis oportunidades durante los últimos nueve meses, los encuentros con su familia han sido fuertemente vigilados.
Desde diciembre, Marín Chaparro no ve la luz del sol.
Sus condiciones de reclusión, sin embargo, mejoraron algo durante el segundo semestre de 2018. Lo trasladaron a una celda que, inicialmente, compartía con un capitán de navío y, luego, hasta finales de enero, con otras tres personas, pese a que el espacio está diseñado para dos. Allí puede salir al baño del pasillo cada vez que lo requiere, aunque hasta finales de enero, para llegar hasta ese sitio, por el hacinamiento, debía pasar por encima de diez hombres en colchonetas.
Ese espacio, antes de que quedara repleto, era el que utilizaba Marín Chaparro para hacer ejercicios. Hasta 300 vueltas daba de un lado del pasillo hasta el otro. A veces cerraba sus ojos para no marearse.
Desde diciembre, Marín Chaparro no ve la luz del sol. Y, la última vez que lo hizo, fue por escasos diez minutos. El encierro ha hecho que su piel se torne grisácea. Y la respiración en aire acondicionado le ha provocado una tos que no cesa.
Si los hechos del 2 de marzo de 2018 no hubieran acaecido o hubieran tenido otro desenlace, probablemente también el teniente coronel habría podido culminar con éxito el doctorado en Ciencias Políticas en la UCV. Su detención, así como del resto de los comandantes que fueron apresados en esa fecha, no fue publicitada por el régimen de Maduro, que suele exponer como triunfos la desactivación de supuestas componendas y golpes de estado en su contra. El descontento de comandantes de tropa como Marín Chaparro no es precisamente buena publicidad para la revolución bolivariana.
Alejado de todos los libros relacionados con política e, incluso, también con asuntos militares, el “ratoncito de biblioteca” se distrae con novelas y libros de historia. Así se prepara para ir este jueves 14 de febrero a su juicio.
De acuerdo con datos suministrados por el abogado Medina Roa, en Venezuela hay hoy 188 presos militares por motivaciones políticas. Una parte importante de ellos está en Ramo Verde, donde los familiares reportan mejores condiciones que en la sede de la Dgcim. Al menos allí, los familiares pueden visitarlos tres días a la semana, de viernes a domingo, entre 8:00 am y 5:00 pm y, aunque las visitas son grabadas, no hay tanta vigilancia. Los presos, por su parte, tienen permisos eventuales para salir a las canchas.
Por eso, para la esposa de Marín Chaparro, el traslado de este a Ramo Verde es un punto de honor.
La Oferta Pública de Adquisición no fue a través de la bolsa, sino mediante decretos presidenciales, ni tampoco -como se temía- por una expansión de la empresa militar de servicios mineros, Camimpeg. La corporación estatal, la joya de la corona republicana desde 1976, la industria que da de comer a Venezuela, ha sido tomada por la oficialidad castrense en una operación relámpago de cuatro meses. Un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, preparado para resguardar el orden público, ha sido dotado de poderes sin precedentes para conducirla. Pero los efectos que está teniendo la militarización de Pdvsa son los contrarios a los esperados. El general, absorto en su petrolaberinto, parece comandar ya no el rescate de la empresa, sino su golpe de gracia.
Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
En los negocios son destacables los empresarios que han amasado fortunas al ritmo de la esquizofrénica economía chavista. Un ciudadano peruano-español ha erigido un auténtico emporio en los últimos 13 años. Alguna vez señalado como el posible canal financiero entre el gobierno de Venezuela y el partido Podemos de España, lo verificable es que trabaja hombro a hombro con los militares y cada día incorpora nuevos negocios a su emporio. Atahualpa Fernández continúa ganando terreno entre los emprendedores amparados por el oficialismo.
El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.
José Gregorio Vicari Méndez, un médico asimilado del Ejército Bolivariano, era el exitoso dueño de Proveeduría Médica VDS, la empresa que firmó un centenar de contratos con el despacho de salud en la época de la bonanza petrolera. El hallazgo forma parte de una base de datos elaborada por Armando.info con la información pública contenida en el Registro Nacional de Contratistas. Aunque la Ley Orgánica de la Contraloría señala que un funcionario activo podría tener responsabilidad administrativa si celebra contratos con el Estado, Vicari Méndez, que ya no pertenece a la empresa, esgrime en su defensa una razón que repasa la tragedia del desabastecimiento en Venezuela. “Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?
Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.
El reciente hallazgo de un centro de cruel adiestramiento para sicarios del principal grupo del crimen organizado de Jalisco, mantiene en vilo a la opinión pública mexicana. Los fiscales llevaron esta semana a familiares de desaparecidos y a periodistas a un recorrido por el sitio. Pero, como esta crónica relata, la improvisada visita -concebida para controlar daños y alentar la narrativa oficial- aclaró poco y levantó más dudas, conjeturas e indignación.
En la génesis de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano Jean Paul Rivas, que se mueve entre Suiza y Dubái, trabajó desde la trastienda como conector del tándem colombiano con una farmacéutica de India para vender medicamentos con marcados sobreprecios al régimen de Caracas. Con una variedad de intereses y emprendimientos, como en botica -también actúa en finanzas y bienes raíces-, Rivas seguiría en el sector de las medicinas con su propia compañía.
Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.
Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.
Controla con mano de hierro el municipio insular Almirante Padilla, una región remota pero estratégica sobre la barra del Lago de Maracaibo. Fue constituyente del chavismo. Con todo eso, la carrera política de Alberto Sobalvarro, apadrinada entre otros por un exgobernador de Zulia, luce apenas como una distracción frente a su vida de empresario, al mando de un conglomerado que se extiende por el Caribe e importa marcas de cigarrillos que incluyen algunas de la dudosa tabacalera paraguaya del expresidente Horacio Cartes.