Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
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María Gabriela Mirabal Castro no puede contar esta historia. No desde el reciente lunes 26 de noviembre de 2018.
Ese día acudió puntual a la cita en el juzgado 16 en función de Control del Área Metropolitana de Caracas. En un acto de imputación que se celebró a puerta cerrada y con dos horas de retraso porque el expediente estaba incompleto –y, de hecho, hasta esa mañana era desconocido por la defensa de María Gabriela–le dictaron, como medidas cautelares, prohibición de salida del país, prohibición de declarar a la prensa y, peor, prohibición de publicar en las redes sociales, tanto para ella como a terceros
De lo que sucedió en aquel recinto ese mediodía, del contenido del expediente y de lo que ha pasado después, no se pueden conocer los detalles. Ni María Gabriela, ni su defensa en nombre de ella, pueden revelarlos. Pero de cualquier manera trascendió por fuentes tribunalicias que le fueron imputados los delitos de violencia privada e instigación, en apariencia por un conflicto vecinal que arrancó en 2013, pero que la acusada ha denunciado como un nuevo episodio de un conflicto familiar con ramificaciones políticas que se inició mucho antes, en 2002, y que tuvo su punto de quiebre en 2007.
Un día de ese año 2007, Daniel Andrés, el hijo menor de María Gabriela, no regresó al apartamento en el que vivía con su madre y hermano en la urbanización Bello Monte, un barrio de clase media acomodada en el sureste de la capital venezolana. El joven –que recién había cumplido los 18 años de edad– se montó en un avión privado de su único tío materno y padrino de bautizo, Gustavo Adolfo Mirabal Castro, con destino a Florida, en Estados Unidos. Fue Gustavo Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el que le dio la noticia. Esa separación marcó también para María Gabriela el punto de ruptura definitiva con su hermano y, a la postre, con el resto de su familia.
Los Mirabal Castro eran una familia unida. Con sus problemas, pero unida. Así que cuando se divorció a los 27 años del padre de sus dos únicos hijos, María Gabriela no dudó en convertir al tío Gustavo Adolfo en la figura paterna de los niños. Él cumplió con su rol sin pretensiones: siempre les tenía algún regalito en diciembre y a veces los llevaba a comer en McDonald’s. Pero cuando comenzó a trabajar en el ahora disuelto Banco Industrial de Venezuela (BIV, una institución financiera del Estado), en 2002, junto a su presidente, Leonardo González Dellán, y a los seis meses dejó de vivir alquilado en el modesto Centro Polo, en Bello Monte, y compró aquella casa grande en la urbanización Cumbres de Curumo, en Caracas, y otra en La Romana, en República Dominicana, y otra más en Londres, Inglaterra, y aquel avión para volar hasta esas y otras propiedades, y aquel Maserati para movilizarse por tierra, el tío Gustavo Adolfo se volvió más espléndido.
Empezó por regalarle a su ahijado Daniel Andrés el pasaje para el viaje de graduación del colegio a Cancún, en México, al que su madre no quería que fuera por no haber aprobado el último año de bachillerato, y continuó con aquel traslado a Miami, donde le daría la misma vida de lujos que él y otros miembros de la familia ya vivían, y a la que se incorporaría, cuatro años después, Gustavo Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el más cercano a ella.
Los Mirabal Castro eran una familia unida. Con sus problemas, pero unida.
A través de González Dellán, Gustavo Adolfo había conocido al extesorero chavista Alejandro El Tuerto Andrade, también ex oficial del ejército y ex escolta personal de Hugo Chávez, sentenciado esta semana en Florida a diez años de cárcel, tras haber admitido que recibió en su momento más de mil millones -un millardo francés, o un billón anglosajón- de dólares en sobornos durante su gestión. Desde el principio a Andrade y a Gustavo Adolfo los unió una pasión: los caballos. Y, quizás, algo más. María Gabriela ha asegurado en entrevistas que se han difundido por las redes sociales que su hermano Gustavo Adolfo se convirtió en “el perfecto testaferro” de Andrade, gracias a su buena posición social de cuna y a sus relaciones.
Ambas cosas -su posición social y el conjunto de sus relaciones- cambiaron casi de la noche a la mañana. María Gabriela, que se percató de ello, no quiso que sus hijos gozaran de los beneficios de una fortuna de cuyos orígenes sospechaba. Ella se habría conformado con que sus hijos pasaran sus vacaciones en la isla de Margarita, una meca turística sobre el Caribe venezolano, o, con suerte, llevarlos alguna vez a Miami. Pero Gustavo Adolfo y el nuevo séquito al que se incorporó tenían otros planes.
Un par de semanas después de que Daniel Andrés abordara aquel avión privado que lo llevó a Florida, siempre según lo que ha contado María Gabriela Mirabal en diversas oportunidades previas, recibió una llamada de su cuñada Carolina Mirabal, la segunda esposa de Gustavo Adolfo, en la que esta le propuso que se fuera para allá y que se quedara con ellos, que hiciera las paces con su hermano, que recuperara a sus hijos.
Se negó, con una tozudez que se supone heredada de sus abuelos paternos, y que le ha costado caro.
Rechazó otros acercamientos, rechazó bienes, rechazó dinero. A ella, insistía, nada ni nadie la iba a callar. ¡Ni su propia sangre! De hecho, habló más alto: en programas de radio. Y en las redes sociales comenzó a mostrarse, en cuentas que algunos atribuyeron a su hermana, el nombre de Gustavo Adolfo Mirabal Castro, hasta entonces un desconocido para la opinión pública, junto a fotos de lujos excesivos. Pero, en 2013, las cosas se enredaron cuando el problema familiar se mezcló con el vecinal y, finalmente, lograron callarla. Al menos temporalmente.
Podría decirse que fue casualidad que el acto de imputación de María Gabriela Mirabal se celebrara un día antes del juicio de Andrade en la corte del sur de Florida. Seguramente lo fue. Debía celebrarse en diciembre de 2017, pero fue diferido en varias oportunidades, hasta este lunes.
Pero María Gabriela insiste en que ambos casos están muy relacionados. Ella ha denunciado varios vínculos, entre ellos que el bufete Mirabal y Asociados, del que su hermano Gustavo Adolfo es miembro, habría gestionado la incorporación de una empresa en Panamá, Rickard INC, de la que José Jesús Di Mase Carvallo, su denunciante por segunda vez, fue socio.
Di Mase, sin embargo, niega tal vínculo: “No conozco, no tengo, ni he tenido contacto, y mucho menos relación alguna, con los señores (Raúl) Gorrín (el dueño del canal de noticias Globovisión, acusado por la justicia estadounidense de ser testaferro de Andrade), Andrade, (Gustavo) Mirabal o cualesquiera personajes relacionados al espectro de su entorno (el de María Gabriela)”, reiteró en una declaración a este medio, a través de un correo electrónico.
De acuerdo con documentos de los denominados Panama Papers -una filtración recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en Washington DC-, Di Mase recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca, a través del abogado venezolano Carlos Siso Olavarría, para registrar varias empresas. Una de ellas es Rickard Inc, constituida en octubre de 2011, y que tenía como accionistas, además, a Nelson Olmedillo, Arie Davidescu Guelrud y Camilo Menasche.
Según explica Di Mase, quien ha denunciado a María Gabriela en dos oportunidades, la última de ellas con las consecuencias que se conocieron esta semana, esa empresa fue constituida para llevar a cabo un proyecto de un restaurante en Panamá. Sin embargo, siempre según su relato, dicho proyecto no se habría llevado a cabo por la muerte de uno de los socios, Olmedillo, en un accidente. Él asegura que la compañía “jamás fue utilizada” y que fue cerrada a finales de 2013.
Sin embargo, de acuerdo con información del registro público panameño, publicada en el portal Open Corporates con actualización al 15 de junio de 2018, Rickard Inc seguía vigente este año, aunque sin los nombres de los socios iniciales.
Lo que sucedió en 2013, fuera de cualquier duda, fue el inicio de los problemas de Di Mase con María Gabriela, quien era su vecina en el edificio ubicado en Bello Monte en el que la habían abandonado sus hijos. El 17 de octubre de ese año, María Gabriela denunció a Di Mase ante la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del municipio caraqueño de Baruta, por pretender construir una tercera planta en su pent house.
Casi cuatro años después, el 31 de mayo de 2017, mediante resolución 376, la referida dirección de ingeniería municipal sancionó con multa y orden de demolición a Di Mase y a su esposa. Pero el problema no quedó ahí. En el interín, en 2014, Di Mase denunció a María Gabriela por primera vez, por hurto agravado de cámaras y bienes de la comunidad.
El 10 de octubre de 2014 una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del poder judicial) de otra jurisdicción se presentó, sin orden de aprehensión ni otros recaudos, en la residencia de María Gabriela Mirabal. Así consta en la decisión Juez 19º de Control del Área Metropolitana de Caracas, al desestimar la denuncia de Di Mase. En ese documento, el juez llega a afirmar que se trató de un caso de “terrorismo judicial”.
En esa ocasión, cuando tocaron a su puerta y ella vio lo que parecían ser funcionarios del Cicpc, no dudó un segundo en abrir. Inmediatamente los hombres la tomaron por las manos, la esposaron, le cubrieron el rostro y la montaron en una camioneta.
La presentaron en el tribunal 19 de control, donde le hicieron la imputación de hurto agravado y le dieron régimen de presentación cada quince días. “El secuestro”, como ella ha insistido en llamarlo, fue el primero de una serie de eventos más que desafortunados, detrás de los que María Gabriela –insiste– está Di Mase en complicidad con el hermano que ha denunciado por tantos años.
Unos días después, el 5 de noviembre de 2014, la fiscalía 135 del área metropolitana de Caracas prohibió a Di Mase el acercamiento a María Gabriela. “Por considerar que la integridad física y psicológica de la ciudadana denunciante podría verse afectada ante los hechos denunciados por la misma, y vista la verosimilitud de los mismo (sic), resulta idónea esta Medida (sic) a los fines de proteger su integridad física y salud mental, esto con la finalidad de evitar futuros actos de violencia”, reza el documento.
En un texto que circuló por esas fechas, y cuya autoría confirmó a este medio Di Mase, el empresario de 35 años de edad relató una sucesión de presuntos actos vandálicos que atribuye a María Gabriela Mirabal. Aseguró que los objetos robados se habían recuperado por medio de un allanamiento, “en el cual resultó detenida (María Gabriela) por varios días por las autoridades”. Aquel allanamiento al inmueble de María Gabriela sí se hizo con una orden, en enero de 2015, pocos días antes de la desestimación de la denuncia de Di Mase.
Pero, después de este hecho, la directora general de la oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, Aracelis Zapata, emitió una comunicación dirigida a la fiscalía 135, en la que solicita “se tomen consideraciones del caso” de María Gabriela, y asegura que “la situación (la) perjudica emocional, física y psicológicamente por sentir miedo al enfrentarse al ciudadano (Di Mase) que la agrede en las escaleras”.
En el texto que divulgó por aquellas fechas, Di Mase aseguró que su vecina, Mirabal era la que tenía una “actitud violenta”. Cosa que reafirmó en septiembre de 2017, pocos meses antes de abandonar el inmueble en el que María Gabriela aún permanece, cuando la denunció por segunda vez, alegando que ella presuntamente le había sacado una pistola y que le había roto la cabeza a su escolta.
Alguna vez María Gabriela, la mayor de los cuatro hermanos Mirabal Castro y la contestataria de la familia, defendió a Gustavo Adolfo, el único varón y segundo más joven. Fue el día en el que el padre de ambos, el ex ministro y ex gobernador del Distrito Federal, Gustavo Mirabal Bustillos, actual presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario en la opositora Asamblea Nacional, descubrió que, como muchos adolescentes, Gustavo Adolfo se llevaba su carro sin pedirle permiso para salir de casa. En medio de la acalorada discusión, el entonces joven Gustavo Adolfo arrojó una pecera al piso.
—¡Dejalo, papá! —le gritaba María Gabriela a su padre, mientras recogía a los peces del suelo.
El matrimonio, conformado por una notario convertida en registradora y el prominente político del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), solía ser más estricto con sus tres hijas mujeres. Ellas sobresalieron en sus estudios mientras a Gustavo Adolfo lo expulsaron de los Institutos Educacionales Asociados (IEA), mejor conocido como El Peñón, el colegio privado donde estudiaron los hermanos Mirabal Castro y otros miembros de la familia Mirabal. Dicen que tampoco le fue bien en el colegio militar al que lo mandaron después, en los Estados Unidos, ni en la Universidad Santa María, en Caracas, donde estudió Derecho.
—Tú no le estás haciendo bien a Gustavo Adolfo —le reclamaba María Gabriela a su padre.
Con el mismo tesón, algunos años después lo confrontaría con las pruebas que iba recopilando del súbito y exagerado enriquecimiento de su hermano, que el padre insistía en negar. María Gabriela consideraba innecesario lo que hacía su hermano. Y es que los Mirabal Castro vivían bien. En 1968, cuando el tío adeco –como llaman en Venezuela a los militantes de AD– Gonzalo Barrios Bustillos –quien fuera gobernador, secretario general de la Presidencia, ministro y presidente del Congreso– perdió las elecciones presidenciales contra el expresidente venezolano Rafael Caldera, la familia Mirabal Castro se fue a vivir por cinco años a los Estados Unidos. Los padres estudiaron con becas del Estado y los hijos aprendieron inglés. En Venezuela la familia disfrutaba en clubes exclusivos, como Los Cortijos, en Caracas, o Playa Azul, en el estado de Vargas. En el primero, Gustavo Adolfo practicaba equitación desde pequeño, una pasión que llevaría a otro nivel al convertirse en propietario del extravagante centro de entrenamiento ecuestre G&C Farm, en Estados Unidos.
Pero para eso aún faltaba algo de tiempo. Faltaba que, según la denuncia que ha repetido su hermana, Gustavo Adolfo aprovechara sus relaciones con la alta sociedad venezolana y sus habilidades para expresarse y se convirtiera en ese “peaje” para la obtención de dólares preferenciales.
Los Mirabal Castro pasaban todas las navidades juntos. Compartían en todos los cumpleaños. Pero a medida que Gustavo Adolfo se enriquecía más y se relacionaba con las altas esferas del poder, las reuniones familiares eran más conflictivas.
—¡El pueblo está sufriendo! —le reclamaba María Gabriela a su hermano.
Las celebraciones en fechas especiales comenzaron a ser cada vez más excéntricas y los invitados más pintorescos. Ella dejó de ir a esos eventos y ellos dejaron de invitarla. Por eso se perdió, entre otras cosas, la oportunidad de pasar una Navidad en la ciudad canadiense de Whistler, de esquiar con sus hijos y luego relajarse en el lujoso hotel que su hermano reservó exclusivamente para la familia.
Y entonces María Gabriela quedó excluida de toda una familia que, ha dicho, está extasiada con las “ayudas” millonarias de Gustavo Adolfo: viajes, apartamentos, camionetas y otras que no se pueden rechazar con facilidad, como tratamientos médicos. Entonces María Gabriela se quedó sola, y fue acusada por su familia más cercana de estar loca.
En un blog que lleva su nombre, y cuyo contenido lo enaltece como un “hombre de admirar”, hay un texto en el que se busca desacreditar con esa línea argumental a María Gabriela: “Entre los obstáculos que ha tenido que vencer Gustavo, podemos mencionar que recibió injustas acusaciones de su propia hermana. Sin embargo, es conveniente aclarar, que este familiar sufre de inestabilidad emocional. Padecimiento que fue diagnosticado en el año 2009. (…) Vale reconocer el esfuerzo de Gustavo Mirabal para evitar un enfrentamiento directo con su hermana, para evitar lastimarla, aun siendo agredido públicamente”.
Audios que circularon por las redes sociales poco antes del acto de imputación de María Gabriela y después de la confesión de Andrade, supuestamente grabados por sus hijos, respaldan esa posición. Ella, sin embargo, insiste en que nunca ha estado internada en una institución psiquiátrica y que pretenden anularla como testigo en el juicio de Andrade en los Estados Unidos, en el que ha servido como colaboradora directa del senador estadounidense Marco Rubio, en calidad de testigo.
Este 20 de noviembre, cuando finalmente Andrade se declaró culpable por lavado de dinero, María Gabriela no celebró como se imaginó tantos años que celebraría. De hecho, lloró. Aún resiente el haber quedado excluida de su familia. Y aunque seguramente esta semana ha soñado con refugiarse en Cunaviche, la casa de sus abuelos paternos –que en vida visitó, entre otros, el considerado padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt–, María Gabriela se mantiene firme en sus convicciones en aquel apartamento en el que ya no están ni sus hijos ni el vecino con el que contiende, pero sí un perro maltés llamado Dalí, el único ser que la acompaña desde hace dos años.
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
