Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
El 18 de octubre la Procuraduría General de México reveló los hallazgos de una investigación sobre las operaciones financieras detrás de las compras de alimentos en ese país por intermediarios del Gobierno de Nicolás Maduro para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Israel Lira, lo definió como un “esquema fraudulento” y de “operaciones inusuales” por parte de empresas y personas que vendieron a Venezuela productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.
Entonces el comunicado oficial de la dependencia mexicana solo hizo referencia al elenco de personajes que se mueven en torno al esquema de intermediación importadora de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. Pero en ningún modo aludió a sus proveedores: un trío de grupos empresariales que en México ha concentrado en sus pocas manos un negocio milmillonario.
Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn, dueños del Corporativo Kosmos y sus filiales Productos Serel y La Cosmopolitana; Jorge Carlos Fernández Francés de El Sardinero; y Aristóteles Vaca Pérez, propietario de Almacenes Vaca y Rice & Beans; son los nombres de quienes suministran una porción sustantiva de las provisiones que llegan a Venezuela empacados como cajas o bolsas Clap. A ellos se suma el Grupo Brandon, una fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la oferta de leche en polvo para el programa social venezolano.
Algunas de estas empresas ya han figurado en la prensa mexicana como protagonistas de incidentes públicos. La Cosmopolitana, por ejemplo, fue la responsable de distribuir en 2014 comida contaminada con Salmonella en una cárcel llamada Puente Grande, que provocó la intoxicación de 450 internos; El Sardinero fue multada por falsificar la dirección en una licitación pública, mientras que Almacenes Vaca acumula alrededor de 600 contratos por adjudicación directa con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México.
En la declaración del pasado 18 de octubre las autoridades prefirieron omitir la participación de estas empresas para las que el plan gubernamental oficializado por Nicolás Maduro el 12 de marzo de 2016 terminó siendo una oportunidad millonaria. Cifras de la Secretaría de Economía de México indican que sólo entre enero de 2017 y agosto de 2018 las exportaciones de los 11 productos que contienen las cajas Clap sumaron 850 millones de dólares. Un salto abrupto si se toma en cuenta que meses antes de la creación del plan estatal el intercambio comercial entre ambos países estaba en niveles mínimos y apenas hubo exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.
Para El Sardinero, autodefinida como una “empresa líder en servicios de alimentación”, el negocio empezó pronto. A comienzos de 2017 despachó desde el puerto de Veracruz, en el Este de México, al de La Guaira, cercano a Caracas, miles de combos Clap para Cobiserta, una compañía adscrita a la Gobernación del estado Táchira con la que Group Grand Limited firmó a finales de 2016 un contrato para surtir al programa del Gobierno venezolano. Al momento del acuerdo entre Group Grand Limited -el holding registrado en Hong Kong por Saab y Pulido- y la Gobernación de Táchira, al occidente de Venezuela, era gobernador José Gregorio Vielma Mora, un capitán del ejército de la camada de Hugo Chávez, ex director del organismo tributario nacional y que luego fue Ministro de Comercio Exterior de Nicolás Maduro durante unos meses.
A la trama tejida alrededor de Group Grand Limited, con la que el dúo de empresarios colombianos estructuró todo su negocio de importación, fue que apuntó el subprocurador mexicano el pasado 18 de octubre. “Se detectó la presencia de diversos operadores como el señor Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del Gobierno de aquel país, así como Álvaro N, Emmanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas”. Se refería a Alex Saab y Álvaro Pulido, pero también a los representantes de Group Grand Limited en México: Santiago Uzcátegui Pinto, Andrés Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido, de quien se sabe se cambió el nombre poco después del año 2000 y cuya identidad original es la de Germán Rubio. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, destituida por Nicolás Maduro, denunció en agosto del año pasado que tras Group Grand Limited estaba el propio presidente venezolano.
Una factura reciente, del 7 de julio de 2018, revela que El Sardinero mantiene los suministros de alimentos para los Clap en sociedad con los empresarios colombianos, aunque ya no mediante Group Grand Limited. La compañía ahora factura la mercancía a Asasi Food FZC, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos y que en la trama de Saab-Pulido reemplazó a Group Grand Limited. Las cifras de aduana también confirman que el negocio para El Sardinero continúa. En los primeros seis meses de este año envió a Venezuela casi 100.000 toneladas de alimentos, un volumen que la hace la empresa mexicana que más productos despachó al país sudamericano.
En 2015 el nombre de Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero, fue noticia al descubrirse que, para evadir impuestos, sobrepuso unas placas de la Ciudad de México a un Ferrari 458 con el que llevaba paseándose por París, Barcelona y Roma desde al menos cuatro años antes. La matrícula 415-SYL que usaba su auto deportivo realmente pertenecía a un Golf modelo 2003, según los registros vehiculares del gobierno de la Ciudad de México y estaba a nombre de El Sardinero. La empresa también ha tenido sus choques con la ley. El 22 de diciembre de 2014, la Función Pública la sancionó con una prohibición de poco menos de dos años y medio para celebrar contratos con dependencias y entidades federales, y una multa por 672.000 pesos (cerca de 34.000 dólares), por falsificar la dirección en una licitación pública.
No es la única firma mexicana vinculada al negocio de los Clap que ha cometido irregularidades. La familia Landsmanas Dymensztejn, propietaria de La Cosmopolitana y Productos Serel, fue multada en julio de 2014 por las autoridades sanitarias del Gobierno de Jalisco -provincia del oeste mexicano- al comprobar que vendieron comida con Salmonella en el penal de Puente Grande. Es el mismo conglomerado que vende la leche en polvo Kosland, fabricada por Productos Serel, que llega a Venezuela en los combos Clap. La marca fue una de las peor valoradas en términos nutricionales tras el análisis físico-químico que practicó a varias leches mexicanas el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a solicitud de Armando.info. El producto mostró excesos de carbohidratos y sodio, pero bajos niveles de calcio, hasta el punto de que un niño debía ingerir 24,8 vasos para cubrir su aporte diario de calcio en vez de los 1,8 vasos que se requieren normalmente. En los combos Clap también se han visto lentejas, caraotas y azúcar de la misma marca Kosland de Productos Serel.
Por lo ocurrido en la cárcel de Puente Grande la compañía fue sancionada. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúa recibiendo quejas de los familiares de los reclusos por la “alimentación de mala calidad y antihigiénica” de parte de La Cosmopolitana, los contratos millonarios para proveer de alimentos a varios penales mexicanos no han cesado y acaba de obtener uno nuevo por 143 millones de pesos mexicanos (un poco más de 7,1 millones de dólares) para ofrecer los servicios de alimentación a los internos de los Centros de Reinserción Social y de Adolescentes del Estado de Baja California, en el noroeste de México. Según Contrabook, La Cosmopolitana acumula 4.623 millones de pesos (alrededor de 230 millones de dólares) por contratos públicos en México.
Los reportes de aduana, en cambio, parecen indicar que este año ha caído la participación de La Cosmopolitana y Productos Serel en los envíos de alimentos para Venezuela. En los primeros seis meses del año los despachos suman alrededor de 150 toneladas, muy por debajo de El Sardinero o de Grupo Brandon, una fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la venta de leche en polvo para los Clap, uno de los productos al que los intermediarios del Gobierno le sacan más provecho económico.
En los combos de comida que reparte el Gobierno de Maduro han llegado varias marcas de leche en polvo con el sello de Grupo Brandon, marcas desconocidas en el mercado mexicano y todas de dudosa calidad. Constituida en 2004, Brandon cambió de dueños en abril de 2017, poco antes de iniciar sus exportaciones a Venezuela. Desde entonces, la dirección de la empresa ha variado en los empaques del producto.
Una factura del 18 de julio de 2018 permite establecer la conexión con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Al igual que El Sardinero, Grupo Brandon facturó a nombre de Asasi Food FZC, la sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, la mercancía que finalmente recibiría en Venezuela la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.
El documento muestra que Grupo Brandon vendió a Asasi Food FZC el kilo de leche de marcas como Vilec, Santa Paula y Suprema, en 2,20 dólares.
Aunque para este reportaje no se comprobó el precio al que luego los intermediarios facturaron el producto al Gobierno de Maduro, en 2017 con Group Grand Limited Alex Saab y Álvaro Pulido cobraron el kilo de leche en polvo mexicana en 4,75 dólares a la Gobernación del Táchira, primero, y meses después en casi 7 dólares a Cuspal como parte de los dos contratos que lograron con las autoridades venezolanas. Ambos precios duplican y más que triplican, respectivamente, al que Brandon puso en julio de este año al producto.
Información de aduana revela que en los primeros seis meses del año Grupo Brandon exportó a Venezuela casi 30.000 toneladas, sólo por detrás de El Sardinero y de Rice & Beans, la otra gran ganadora en México con el programa gubernamental venezolano.
El empresario Aristóteles Vaca Pérez, originario del estado de Guanajuato en el centro de México, es el hombre detrás de Rice & Beans y Almacenes Vaca. Con esta última sobresalió como uno de los empresarios consentidos por Enrique Peña Nieto. No en vano, en este sexenio a punto de extinguirse, obtuvo alrededor de 600 contratos por adjudicación directa y a través de Diconsa, la red de abasto social más grande de México, encargada de garantizar la distribución de alimentos a la población económicamente más vulnerable.
El vehículo para que el magnate llegara al negocio de los Clap fue la empresa Rice & Beans. Sólo entre enero y junio de este año, esa compañía colocó en puertos venezolanos casi 75.000 toneladas de alimentos. Al igual que con El Sardinero y Grupo Brandon, las exportaciones se realizan mediante la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Por ejemplo, el 17 de julio de 2018, Rice & Beans vendió 220.104 dólares en alimentos a Mulberry Proje Yatirim, una compañía turca que completa el esquema de intermediación diseñada por el dúo de empresarios colombianos.
Mulberry Proje Yatirim, junto a Asasi Food FZC, reemplazó a Group Grand Limited. El 6 de abril de 2018 Group Grand Limited solicitó mediante una carta a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), ente que centraliza las importaciones públicas venezolanas, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje Yatirim. Sólo ese convenio obligaba al suministro al Gobierno venezolano de 11,5 millones de combos Clap.
Aunque las autoridades no se refirieron a las compañías mexicanas en sus anuncios del pasado 18 de octubre, está claro que el de las cajas Clap también ha sido un negocio millonario para empresarios de ese país, aunque tal vez esté por extinguirse, si se da crédito al otro anuncio realizado por el subprocurador mexicano: “Los imputados se comprometen a no efectuar por sí o por interpósita persona ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros que operen o se encuentren relacionados con el envío de Clap a Venezuela”.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
