La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.

Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.

La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.  

Mientras el estado Zulia sufre cortes de luz de hasta 12 horas cada día, el ministerio de Energía Eléctrica planea resucitar una vieja turbina que falló en la unidad 1 de Termozulia 1 luego de solo tres meses de operaciones y cuya instalación costó más millones de lo que dice la norma. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro pagará 55 millones de dólares a la empresa Turbopre Services para reactivar siete turbinas en el principal complejo termoeléctrico de Zulia, pero el proyecto ignora la información vital del fabricante e involucra el ensamblaje de una rareza ingenieril en la TZ01, que incluye la mezcolanza de tres máquinas con seriados distintos en una sola.

Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.

Sin utilizar sus nombres directamente los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás Maduro en 2014 a través del denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong hicieron de vendedores de mercancía para varias de las compañías previamente adjudicadas en las subastas, lo que dejó en sus cuentas bancarias de Panamá unos 120 millones de dólares. Todo antes de convertirse en los grandes proveedores de los alimentos subsidiados para el programa estatal de los CLAP

Desde hace al menos 10 años hay reportes sobre la trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, un delito que se ha agudizado con la crisis económica del país y del cual, solo en 2018, quedaron 16 denuncias sin resolver en manos del Ministerio Público. El epicentro del “negocio" está en Güiria, en el estado Sucre, donde hasta las autoridades policiales y migratorias venezolanas están involucradas pues en la cadena de transportar a las mujeres escasea la ética y sobran los dólares.

En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha

En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio

Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada

Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.

El cordón umbilical entre las revoluciones chavista y castrista, más que de ideología, está hecho de petróleo. Los generosos despachos venezolanos de hidrocarburos sumaron en los mejores tiempos una factura de 100.000 barriles diarios que La Habana, de pagarla, lo hacía en especies. El compromiso es tal que, en estos tiempos de sanciones internacionales y de penurias económicas en casa, Venezuela todavía se las arregla para enviar 50.000 barriles por día a Cuba. ¿Cómo? Un seguimiento a dos tanqueros que navegan en días recientes entre los dos países muestra las maniobras que los buques deben hacer para llegar a buen puerto.

En la madrugada del 30 de abril se resolvió, con escaso éxito y por simultáneo, un doble complot: uno contra el gobierno de Nicolás Maduro y el otro para sacar provecho, por adelantado, de ese plan para sacarlo del poder. Leopoldo López estaba en ambas. Sin embargo, la característica inédita del movimiento fue el papel articulador que jugaron empresarios de la boliburguesía y testaferros de fortunas recién ganadas para conseguir que figuras claves del oficialismo y los cuarteles se plegaran a la trama.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.

Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.   

Desde el primer apagón nacional de este año la zona de Machiques del Perijá se ha convertido en un agujero negro. Tras los seis primeros días sin luz siguió una alumbrada pasajera que coronó con otros quince días de oscurana y a los que hoy sigue un racionamiento irregular e insuficiente. En un recorrido por la zona, Armando.info retrata como la gente languidece entre la mengua en sus negocios, la espera interminable por combustible y una precaria alimentación en la que la carne se daña tan rápido como la leche, de la que se dejan de producir hasta 100.000 litros diarios por falta de electricidad.

Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.

Detrás de una empresa panameña que recién creada vendió en 2015 materia prima a granel al Gobierno de Nicolás Maduro reaparece el tándem de empresarios que luego acapararía buena parte del negocio de importaciones para el principal programa social y de control social del régimen chavista. La compañía fue manejada por personas del entorno cercano al dueto, que lograron jugosas ganancias en contratos millonarios con la estatal Corpovex.

La migración wayuu aumenta la presión en La Guajira. Una alianza de medios colombianos –unidos con el nombre de Liga Contra el Silencio– advierte sobre un fenómeno de "indígenas retornados", que vienen cruzando la frontera para establecerse en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Viven en asentamientos que crearon y en las rancherías de sus hermanos establecidas a lo largo y ancho del desierto.

Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.

Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.

No es poca cosa la oscuridad total. Menos en la capital densamente poblada de una Venezuela afectada por la hiperinflación, el miedo y la dictadura. Mucho menos durante cuatro días seguidos en los que se borra la paciencia o se descubre la resistencia entre la necesidad de trabajar, tratar de tomar un baño, resguardar lo que se tiene y hacer sonreír a los niños. En esta crónica a ocho manos se descubre una Caracas vulnerable e inverosímil que suplica, como el país, que lleguen días mejores

Un brote letal de la bacteria Shigella y el Norovirus en ese estado del oriente del país acaba de advertir sobre la catástrofe que se gesta en el deficitario servicio de agua, donde el problema ya es, más que el acceso, siempre irregular, es la calidad del líquido. El incidente puso en evidencia la acumulación de problemas, como la escasez de cloro para la potabilización, mala gestión del sistema, infraestructuras en quiebra, todos vectores de la nueva crisis de servicios públicos que se aproxima.

Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre   se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.

En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera

Un oscuro abogado resultó ser el titular de una cuenta en un banco de esa nación de los Balcanes donde se recibían decenas de millones de euros en fondos negros de la petrolera estatal venezolana. Los recursos quedaron incautados y congelados la semana pasada por el Gobierno de Sofía, a petición de Estados Unidos, que denunció el flujo financiero. Los dineros públicos venezolanos estaban bajo control de un submundo donde confluyen la clase política, la ‘mutri’ (la tenebrosa mafia local), las agencias secretas y la oligarquía del petróleo ruso.

Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.  

No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa

Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.

Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.