Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
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Estados Unidos intenta desarmar el entramado financiero que sostiene a Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro sumó esta semana a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés) a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y a su presidente Adrián Antonio Perdomo Mata, piezas clave en las operaciones de intercambio de oro por comida que desde el año pasado realiza el Gobierno venezolano.
Sin trayectoria en la minería, Adrián Perdomo es, en realidad, un viejo conocido de Alex Saab Morán y Alvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos que desde 2016 destacan como principales beneficiarios de las importaciones de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y que en 2017 fueron vinculados al propio Maduro por Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General destituida por el chavismo. Quizás esa y no otra fue la razón por la que Maduro firmó el 20 de julio de 2018 el decreto presidencial que lo convertía en presidente de Minerven.
El nexo entre Adrián Perdomo y el binomio Saab-Pulido es tal que el 21 de febrero, justo un mes antes de ser sancionado por Estados Unidos, el presidente de Minerven estuvo en Bogotá. Su viaje nada tuvo que ver con las operaciones de la minera. En realidad, Perdomo buscaba desligarse de dos empresas colombianas emparentadas con la interminable trama empresarial que la dupla de empresarios, también colombianos, levantó gracias a sus negocios con el chavismo.
Documentos obtenidos para este reportaje confirman que la participación de Adrián Perdomo en la estructura empresarial del dúo colombiano se remonta, incluso, a las actividades de Fondo Global de Construcción, un holding con presencia en varios países (Colombia, Perú, Venezuela) y origen en la mediterránea isla de Malta, con la que los colombianos iniciaron en 2011 su carrera como contratistas de la autodenominada Revolución Bolivariana.
Próximo a cumplir 50 años de edad, Adrián Perdomo sólo tiene ocho meses al frente de la empresa estatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, al sur de Venezuela, pero su pasantía coincide con un auge en el comercio del metal como vehículo para suplir los cada vez más exiguos ingresos petroleros del Gobierno de Maduro debido al descalabro que vive esa industria desde hace meses.
“El Tesoro está apuntando a Minerven y su presidente por apuntalar el entorno inmediato del régimen corrupto de Maduro”, sentenció en un comunicado Steve Munchin, Secretario del Tesoro, el pasado martes. “Perseguiremos de manera agresiva a aquellos involucrados en el comercio ilícito de oro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”, advirtió.
Además de considerarlas ilegales al no estar aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada desde 2016 por la oposición, o verlas como un mecanismo para evadir las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump desde agosto de 2017, las autoridades norteamericanas sospechan que detrás de las intempestivas exportaciones de oro hay prácticas corruptas. En octubre de 2018 hubo un primer aviso desde el norte.
“Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida Clap”, declaró Marshall Billingslea, Subsecretario del Tesoro. Para ese momento los envíos de oro venezolano a Turquía rondaban las 21 toneladas, valoradas en unos 800 millones de dólares. A cambio, desde Turquía salieron a Venezuela alrededor de 31 mil toneladas de comida y otras 120 de medicamentos, despachadas por una veintena de proveedores, al tiempo que Maduro y Recep Tayyip Erdogan estrechaban los lazos entre ambas naciones.
Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero, reconoció a la agencia Reuters en julio de 2018 que los envíos de oro eran producto de un “convenio” para su refinación entre Turquía y el Banco Central de Venezuela (BCV). “No es ningún contrabando a Turquía”, insistió. Es de las pocas declaraciones ofrecidas por algún funcionario venezolano sobre un intercambio que luce sin control y del que el presidente de Minerven es figura clave.
Una de sus primeras decisiones también apuntó a Turquía. El 31 de agosto de 2018, apenas un mes después de asumir el cargo, se oficializó la creación de una “empresa mixta” entre Minerven y la turca Marilyns Proje Yatirim, una desconocida sociedad que conecta con el entramado tejido por Alex Saab y Álvaro Pulido, sus antiguos jefes. “Somos una compañía comercializadora de oro y productos metálicos a nivel mundial (…) Nuestra amplia red de contactos nos permite tener una amplia cobertura a nivel global”, refiere la web de la firma turca. Se dicen capaces también de extraer y procesar oro y metales preciosos, aunque sin detallar dónde ha desarrollado esos trabajos.
Además de las exportaciones del oro proveniente del llamado Arco Minero del Orinoco, Maduro ha liquidado parte del oro de las reservas internacionales. Noor Capital, una firma financiera de Emiratos Árabes Unidos, que según fuentes también ha sido utilizada para pagos a los importadores de alimentos de los CLAP, confirmó que en enero de este año compró tres toneladas de ese oro monetario. Una de las operaciones más recientes, denunciada por parlamentarios de oposición, es la venta de ocho toneladas que terminaron en una refinería en Uganda y que las autoridades de ese país investigan por posible contrabando. El portal Cuentas Claras Digital, dedicado a temas de corrupción en Venezuela, vinculó a Alex Saab con ese caso. “Fuentes: Alex Saab sería el dueño del oro decomisado en Uganda, el que habría recibido como pago por importaciones realizadas para el régimen de Maduro del cual es el principal proveedor”, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 17 de marzo.
Es una versión que no está probada. Las autoridades venezolanas tampoco se han manifestado sobre el tema. De lo que no hay dudas, en cambio, es de la relación del ahora sancionado presidente de Minerven con los numerosos negocios de Alex Saab y Alvaro Pulido.
Una primera prueba de la vinculación entre el presidente de Minerven y los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido fue revelada por Armando.info en un reportaje publicado en octubre pasado. Allí se mostraba que Adrián Perdomo fue directivo en Caracas de Trading Energy And Coal (Trenaco), una petrolera colombiana con casa matriz en Suiza, controlada en la sombra por Saab. Ese apenas era un indicio.
De las empresas que Adrián Perdomo se desvinculó el 21 de febrero en Bogotá fueron la Corporación Latinoamericana de Suministros (Colasum), registrada en febrero de 2015, y Aerojet Executive S.A.S, inscrita el 8 de enero de 2016, y con filiales en Venezuela y Estados Unidos. La primera, dedicada a la comercialización de alimentos, la fundó junto a Carlos Rolando Lizcano Manrique, un empresario nacido en Cúcuta (Departamento de Norte de Santander en Colombia, en la frontera con Venezuela) con doble participación en el negocio de los Clap. Por un lado, es dueño de la compañía con la que Saab y Pulido controlan en Venezuela las Tiendas Clap. Estuvo también detrás de Group Grand Limited, la sociedad de Hong Kong a la que el Gobierno otorgó al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares para la importación de 21,5 millones de combos alimenticios y otros más para la compra de medicinas en la India.
En el caso de Aerojet Executive, tiempo después de registrada las acciones quedaron en manos de Héctor Alejandro Valencia Fernández, también venezolano, y Roswell Jesús Rosales Oberto, venezolano y piloto de Alvaro Pulido. Autoridades mexicanas, que en octubre de 2018 revelaron sobreprecios y exportaciones de alimentos para los CLAP de mala calidad por parte de Alex Saab y Alvaro Pulido, poseen registros de Roswell Oberto y Alvaro Pulido entrando a ese país en vuelos privados.
Tanto en Colasum como en Aerojet Executive, los cargos de gerente general y suplente quedaron en manos de las esposas de Adrián Perdomo y Roswell Oberto. En ninguna de esas compañías atendieron la solicitud de entrevistas. En Venezuela, Aerojet C.A fue creada en septiembre de 2014 en el estado Aragua, en el centro del país, y un mes después fue inscrita en el estado de Florida, Estados Unidos. En Miami ya está inactiva, pero en Venezuela Roswell Oberto, quien tampoco contestó la petición de entrevista, figura como uno de los socios, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Pero la relación del presidente de Minerven con Alex Saab y Alvaro Pulido se remonta hasta Fondo Global de Construcción, la empresa con la que en 2011 obtuvieron un contrato del Gobierno de Hugo Chávez para la construcción de viviendas prefabricadas, negocio que a la postre fue investigado por la Fiscalía ecuatoriana al sospechar que se trataba de una operación para aprovecharse del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), impulsado por el propio Chávez y sus aliados como el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En diciembre de 2012 Adrián Perdomo suscribió un contrato con la filial peruana de Fondo Global de Construcción para la “prestación de servicios profesionales” que lo obligaba a “elaborar un proyecto y evaluar la factibilidad económica de granjas integrales avícolas, creación, desarrollo y puesta en marcha”. Por la compañía, el convenio lo firmó Juvenal Jerónimo Alfaro Márquez, quien años después coincidiría en Trenaco con el propio Adrián Perdomo. De acuerdo al pacto, Adrián Perdomo obtendría 100.000 dólares.
Casi un año después, en agosto de 2013, el hoy presidente de Minerven hizo las veces de apoderado “con las más amplias facultades de administración y disposición” de Vram Holding S.A.S, sociedad registrada en Colombia, para sus negocios con la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), entonces adscrita al Ministerio de Comercio.
El poder en favor de Adrián Perdomo fue firmado por Adriana Martínez Rodríguez, pareja de Alvaro Pulido y exgerente suplente de Fondo Global de Construcción en Colombia, y que desde 2014 pasó a llamarse Expel Managment S.A.S. Vram Holding y Expel Managgment comparten website, pero no es la única prueba de la conexión entre estas sociedades.
Vram Holding firmó en agosto de 2013 un contrato con la estatal Suvinca por casi 20 millones de dólares por materiales e insumos para la construcción del polideportivo de playa “Hugo Chávez” en el estado Vargas -litoral central de Venezuela-, encomendada a Fondo Global de Construcción por la Gobernación de esa entidad, al igual que la del estadio de béisbol. Dos años después, el 20 de febrero de 2015, Vram Holding facturó casi 4,5 millones de dólares a Suvinca por “gradas modulares 100% aluminio”, “equipamiento control y seguridad TV”, “planta eléctrica” y una “bomba de inyección de agua”, entre otros artículos.
Esos negocios son investigados en Colombia por la Superintendencia de Sociedades desde comienzos del año pasado por el posible delito de “soborno trasnacional”. Ese organismo multó a la compañía con el equivalente a unos 50 mil dólares por no cooperar con el suministro de información a la hora de las inspecciones.
“Dentro de los motivos indicados en su momento, se mencionó la existencia de una operación internacional con una entidad extrajera, en la que se involucró una entidad pública de otro país, en un sector económico expuesto al riesgo de corrupción, en unos países determinados. Adicionalmente, de dicha operación se pudo constatar la existencia de un giro de recursos sustancial, que se sustentan en un contrato que no ha podido ser ejecutado”, detalla el expediente de la Superintendencia de Sociedades al que se tuvo acceso para este reportaje.
Adrián Perdomo, de momento, guarda silencio. Lo hace desde que llegó a la presidencia de Minerven. Para los trabajadores su rastro sigue siendo esquivo aún ahora que ha quedado señalado por el Departamento del Tesoro y por su pasado con los negocios de los cuestionados Alex Saab y Álvaro Pulido.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
