Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
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Caracas/Ciudad de México
A las 5:16 horas del 3 de septiembre de 2015 llegaron al muelle 27 de Puerto Cabello, en las costas del litoral central de Venezuela, 30.000 toneladas de maíz provenientes de México. El cargamento había sido ordenado por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), una empresa del Estado venezolano creada para importar y distribuir productos alimenticios, una misión que tras su liquidación a finales de 2016 asumió la también estatal Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal).
Ese fue el primero de al menos cuatro envíos que hizo la mexicana Comercializadora Columbia al principal puerto de Venezuela, en el período comprendido entre 2014 y principios de 2018, según revela una sistematización de informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello hecha por Armando.Info.
Sin embargo, el proveedor de datos de comercio global Import Genius reporta una relación comercial mayor de Comercializadora Columbia, así como de otras mexicanas, con Venezuela. Pero, a pesar de su importancia como proveedora, ni esta ni las demás empresas mexicanas son las que firman los contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
Entre 2016 y principios de 2019, Comercializadora Columbia hizo 26 envíos a Venezuela por un total de 757.500 tonelada, principalmente de maíz, aunque también de trigo, este último, un rubro tradicionalmente de importación en Venezuela. Que las casi tres decenas de envíos se hicieran desde México no es sorpresa. Según el Sistema de Información Arancelaría Vía Internet (Siavi) de México, Venezuela se convirtió en el principal destino de exportación de este país para los dos cereales, entre otros productos. La manera en la que lo hicieron, sin embargo, sí entraña novedades.
Si bien la participación de traders es natural en estas operaciones, distintos factores, asociados principalmente a la demora esperada de pagos por parte del Estado venezolano, que centraliza las compras de materia prima, han alejado a los actores tradicionales y han fomentado la aparición de nuevos participantes, al tiempo que han generado un sobreprecio proporcional a los riesgos.
En el caso puntual de Columbia, son terceros los que han obtenido significativos contratos con Corpovex y posteriormente les han comprado a esa empresa la mercancía que finalmente envía a Venezuela. Esos terceros suelen ser empresas internacionales con poco rastro, en las que figuran los nombres de algunos venezolanos. Pero también aparecen empresas más establecidas y de renombre cuya figuración, sin embargo, adopta otras modalidades y no deja de ser llamativa.
La mitad de los traders que aparecen como signatarios de los contratos con el Estado venezolano cuya mercancía, sin embargo, la terminó proveyendo Comercializadora Columbia están registradas en Panamá. Button Coral SA y Farfala Overseas Corp son dos de ellas.
Registrada en febrero de 2014 en Panamá, Button Coral debutó el 31 de mayo de 2016 con el primero de once envíos de semillas de maíz a Venezuela desde el puerto de Sinaloa, en México, a través de la Comercializadora Columbia.
Poco antes, en octubre de 2015, según consta en el Registro Público de Panamá, Reinaldo Ranni Nania, un venezolano que había probado suerte con varias empresas de distintos ramos y registradas en los Estados Unidos –todas inactivas ahora-, ingresó a la junta directiva de Button Coral. Ahí se mantuvo hasta agosto de 2016, cuando la empresa realizó el tercero de sus envíos a Venezuela, por casi 90.000 toneladas de semillas de maíz.
El nombre de Ranni Nania irrumpió así abruptamente entre los actores venezolanos que se dedican a los commodities. Algunos empresarios del sector recuerdan al hombre de 43 años de edad, ligado a una docena de empresas locales con otras actividades, por exhibir lujos y tener una de varias oficinas en el mismo centro empresarial en Caracas en el que la estatal Corpovex tiene las suyas.
Pero más llamativa fue la actividad de Button Coral durante el año 2017: hizo ocho envíos de 30.000 toneladas de semillas de maíz cada uno. Fue casi uno por mes.
El caso de Farfala Overseas es similar. Fue registrada en diciembre de 2011, también en Panamá; en 2015 incorporó a venezolanos a su junta directiva y nada más en los meses de junio y agosto de 2017 hizo cuatro envíos a Venezuela, de 30.000 toneladas de semillas de maíz cada uno, a través de la Comercializadora Columbia. El quinto y último del que se tiene registro, hasta mediados de mayo de 2019, se hizo el 2 de enero de 2018.
Como ellas, a otras shelf companies panameñas las sacaron de las gavetas con la única intención de ganar contratos con el Estado venezolano. Lo lograron en un momento en el que nadie quería asumir los riesgos de ser contratado por el Estado venezolano.
El más reciente de los 25 envíos de Columbia a Venezuela registrados por Import Genius data del 14 de febrero de 2019. En esa transacción, de 30.000 toneladas de trigo, aparece como consignataria o contratada la empresa italiana Casillo Commodities Italia Societa Per Azioni (SpA), del denominado Casillo Group.
De acuerdo con información del sitio web del reconocido conglomerado italiano, la empresa se ocupa del comercio internacional de cereales, principalmente con mercados de la parte más occidental del mundo árabe.
“Los países del norte de África, Cuba y Venezuela son los principales importadores y nuestros clientes”, especificó Francesco Casillo, propietario del grupo, en una entrevista concedida al diario italiano La Repubblica en 2016. De hecho, ese 14 de febrero de 2019, y también durante 2017 y 2018, Casillo aparece como quien pagó por la mercancía enviada a Venezuela a través de la Comercializadora Columbia.
Casillo, sin embargo, ha tercerizado sus envíos principalmente a través de otra empresa mexicana, NG Logística, ligada a una tercera de este país: Gradesa, uno de los principales grupos del sector alimentario en México.
Import Genius registra diez envíos de NG Logística a Venezuela, entre 2016 y el 28 de enero de 2019, fecha en la que salió el más reciente. Juntos suman poco más de 215.000 toneladas de trigo, principalmente, aunque también hay algo de maíz.
En nueve de ellos figura Casillo Commodities Italia SpA como consignatario. En el otro, que fue el primer envío, hecho el 24 de agosto de 2016, aparece Glencore Grain BV como quien paga por la mercancía enviada a Venezuela a través de NG Logística.
Glencore Agriculture, de acuerdo con información de su website, es “líder mundial en el abastecimiento, manejo, procesamiento y comercialización de productos agrícolas”. Oriunda de los Países Bajos, con operaciones en más de 35 países y más de 13.000 empleados, es el brazo en el negocio de alimentos de la mayor comercializadora mundial de commodities, Glencore, de origen suizo.
Al ser consultada por vía de correo electrónico acerca de esa única transacción con Venezuela, la empresa se limitó a decir que había sido ella quien había vendido el trigo a NG Logística, y que no había participado en la venta posterior de los productos que esta hizo a Venezuela, aunque aparezca como consignataria de la mercancía en la información de puertos.
Aunque menos conocido, no menos curioso es el caso de la portuguesa Inglewood Sociedade de Serviços Internacionais Lda, que también ha sido consignataria de cargamentos de Comercializadora Columbia.
Constituida en septiembre de 2011 en la isla de Madeira e inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano en junio de 2016, Inglewood se dedica principalmente a la prestación de consultoría económica, administrativa, contable y de gestión de empresas, según su ficha en el RNC.
Sin embargo, entre su amplia gama de actividades, también reseña el apoyo técnico de consultoría a la creación, desarrollo, expansión y modernización de empresas industriales, comerciales, agrícolas y de servicios a nivel nacional e internacional; la importación, exportación y comercialización de materiales y máquinas y todos los equipos para la construcción civil, para los sectores agrícola, pecuario, pesquero y forestal, piezas de recambio, equipos inalámbricos, de material eléctrico y electrónico, de material informático, de productos alimenticios de ropa y calzado, de cosmética y perfumería.
Para el año 2016, la empresa solo reporta en el RNC haber prestado servicios previos en las áreas de informática y de planificación, y la distribución de componentes y suministros electrónicos, así como de accesorios eléctricos y de iluminación. Nada relacionado con el sector agrícola. Sin embargo, un mes después de su inscripción en el RNC, según fuentes cercanas a la empresa, ganaron un primer concurso que los llevó a firmar, en octubre, el primero de dos contratos que han tenido con Corpovex, por un total de 150.000 toneladas de trigo.
No fue sino hasta este reciente 2018 cuando la compañía especificó que se dedica a importaciones y exportaciones "de granos y suelos", según revela información disponible en el portal del proveedor de bases de datos LexisNexis. La empresa, entre cuyos dueños y junta directiva no habría ningún venezolano ni contacto con funcionarios del Estado venezolano, según las mismas fuentes allegadas, reportó una venta anual durante 2017 de poco más de 51,6 millones de dólares, con un solo empleado en nómina.
El último de los embarques que tenía previsto Inglewood tras la firma del segundo contrato en 2018 no se ejecutó. Como ocurre con frecuencia, el Estado venezolano demoró seis meses en pagar. Según fuentes allegadas a las importaciones agrícolas, los barcos pasan en promedio 60 días fondeados en puertos venezolanos a la espera de pagos. La estadía, como le sucedió a Inglewood, se prolonga aún más
Actores involucrados recuerdan un barco enviado por la mexicana Gradesa que pasó unos ocho meses fondeado en las costas venezolanas. Sin anticipo ni pago por adelantado, son pocas las empresas dispuestas a asumir el riesgo de firmar contratos con Corpovex. Pero algunas tropiezan dos y más veces con la misma piedra.
Según el primer contrato que firmó Inglewood en 2016, por 35 millones de dólares a cambio de 90.000 toneladas de trigo durum de calidad, que fueron enviadas en tres tandas entre 2017 y 2018, la empresa debió haber recibido el pago entre 15 y 30 días después de haber entregado los documentos de embarque. La espera se prolongó hasta 180 días.
A la falta de pago por parte del Estado venezolano se suman otros problemas administrativos, de personal y equipamiento en los puertos.
Los entendidos hablan de un margen de entre 10.000 y 17.000 dólares de pérdida por cada día que un barco está fondeado en puerto. Son costos que, en el caso venezolano, se suman a los normales de las operaciones de este tipo; y que, al ser sumados a su vez a la ganancia natural que tendrán los intermediarios, que en el caso de Inglewood, según la fuente allegada a la empresa, se ha mantenido “dentro de los márgenes racionales” de 7% a 15% por esos volúmenes, encarecen el valor de la materia prima que importa el Estado.
Expertos hablan de un sobreprecio promedio en este tipo de transacciones de 30%. Cálculos realizados por investigadores de Transparencia Venezuela, con información de la Secretaría de Economía de México, revelaron a finales de 2018 que Venezuela pudo haber perdido más de 140 millones de dólares al comprar con sobreprecio siete rubros alimenticios mexicanos.
“Solo en la compra de siete rubros alimenticios realizadas entre enero de 2016 y agosto de 2018 se gastaron 590 millones de dólares americanos, de los cuales, al menos 140 millones de dólares podrían corresponder a sobreprecio. En otras palabras, casi 1 de 4 dólares invertidos en estos bienes podría ser sobreprecio”, explican en el informe de Transparencia.
En comparación con los precios que ofrecen comercializadoras de otras partes del mundo, los de las mexicanas resultan competitivos para esta red de intermediarios.
Columbia, sin embargo, figura entre las 36 compañías mexicanas "cómplices del gobierno venezolano", según una investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre el “oscuro negocio” alrededor de la importación para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), un programa de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano.
En el campo venezolano, todos recuerdan y añoran aquel 2008. Ese año se batió récord en producción de maíz en tierras venezolanas: 2,9 millones de toneladas. Según datos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), un total de 850.000 hectáreas fueron sembradas.
Una década después, una realidad totalmente distinta hace pensar que aquello quizás es una leyenda, aunque sucedió. Los entendidos dudan que este año se lleguen a producir 100.000 toneladas del cereal en el país. Para la fecha, avanzada en la temporada de lluvias, apenas se han sembrado 2.000 hectáreas. Y los que saben de esto entienden que sembrar en estos días ya es pérdida. Y se suman los problemas: en el campo el desempleo supera el 50%.
Los números son aún más alarmantes si se llevan a casos particulares, como el de una asociación de productores del estado Portuguesa, al occidente del país. De 120.000 toneladas de maíz que llegó a producir en mejores tiempos, en 2018 sólo produjeron 12.000. Este año apenas llevan 600 de las 3.000 que estiman producir. Y algunos dudan que alcancen esa meta.
Las cabezas de Fedeagro, Aquiles Hopkins y Celso Fantinel, enumeran las causas de la hecatombe: falta de apoyo a la producción nacional, control de precios, escasez de insumos y un parque tecnológico totalmente afectado.
Si bien Venezuela siempre ha importado el trigo –por ser producirse en climas templados– Venezuela podría producir maíz, como también azúcar y arroz, entre otros rubros que el chavismo decide importar, en decenas de miles de toneladas por vez, en enrevesadas transacciones que suman ceros de más a las cuentas de múltiples actores.
Los Antonorsi Marshall tienen puestas varias picas en negocios de alimentos, petróleo, servicios y hasta productos de limpieza, entre otros. Pero parte de ese emporio tuvo origen en el último balido de la moda agroindustrial chavista, la cría y explotación de cabras. El patriarca del grupo, Raúl Antonorsi, no aparecía en el radar de la atención pública antes de 2016. Solo entonces empezó a experimentar un auge que abarca también a una de sus hijas y a un primo de esta, todos bajo la tutela del superministro del sector y ex comandante del 4F, Wilmar Castro Soteldo, apóstol de una especie de 'capitalismo rojo'.
De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
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Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
