Detrás de una empresa panameña que recién creada vendió en 2015 materia prima a granel al Gobierno de Nicolás Maduro reaparece el tándem de empresarios que luego acapararía buena parte del negocio de importaciones para el principal programa social y de control social del régimen chavista. La compañía fue manejada por personas del entorno cercano al dueto, que lograron jugosas ganancias en contratos millonarios con la estatal Corpovex.
¿Cómo llegaron los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, de ser contratistas del régimen venezolano en áreas de construcción y petróleo, a controlar buena parte de las importaciones de alimentos que abastecen al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)? Se trata de una conversión cuya historia habrá que reconstruir. Pero por ahora surge una pista inédita: en 2015, antes de que entraran al negocio de los Clap, se escondían detrás de una compañía panameña que vendió materia prima a granel al Gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Global Foods Trading, una sociedad que pocos meses después de su fecha de registro, el 21 de agosto de 2014, selló con el Gobierno de Caracas al menos cuatro contratos por casi 125 millones de dólares para el suministro de maíz, trigo, arroz y soya, insumos que ya escaseaban en el mercado de una economía con claras señales de contracción, pero que para este grupo empresarial investigado en varios países representó la oportunidad de negocios millonarios.
En los papeles de Global Foods Trading no aparece la mancuerna de Saab-Pulido, pero no hay que excavar mucho para comprobar que abundan sus vínculos con Emmanuel Rubio González, Amir Nassar Tayupe y Fernando Bermúdez Ramos, amigos entre sí, y socios y directivos de la firma panameña.
Por ejemplo, Emmanuel Rubio, nacido en Colombia y de apenas 30 años de edad, en realidad es hijo de Álvaro Pulido, cuya identidad original es Germán Rubio y cambió para desligarse de un pasado marcado por vínculos con el narcotráfico.
Precisamente, el 20 de febrero de 2015 llegó al despacho del mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, entonces presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) -el holding estatal encargado de centralizar las importaciones públicas- una “oferta comercial” para la venta de 90.000 toneladas de maíz amarillo firmada por Emmanuel Rubio. El joven empresario, que en redes sociales presume algunos lujos, reapareció en 2017 como apoderado en México de Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong con la que Alex Saab y Álvaro Pulido concentraron buena parte de las ventas para los Clap desde finales de 2016 a través de al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares otorgados por las autoridades venezolanas.
Pero el lazo paterno-filial no es el único vínculo entre la directiva de Global Foods Trading y las actividades de la dupla Saab-Pulido. En los contratos suscritos con Corpovex la compañía refirió como dirección en Caracas una oficina en el Centro Galipán, una moderna torre en el noreste de la capital venezolana. Es la misma que usó la propia Group Grand Limited, y que en realidad es la sede física de la cuestionada Fondo Global de Construcción (FGC), una compleja estructura corporativa con razón jurídica inicial en la isla de Malta, presencia en varios países e investigada en su momento por la Fiscalía de Ecuador. FGC fue el sombrero con el que Saab y Pulido debutaron en público en 2011 como contratistas del Estado venezolano. Entonces funcionaban como proveedores de casas prefabricadas para proyectos de vivienda social. Luego esa relación comercial evolucionaría hasta abarcar negocios con alimentos, petróleo y hasta oro, como recientemente reveló un reportaje de Armando.Info.
Otro de los directivos de Global Foods Trading es el abogado Amir Nassar Tayupe. Es un personaje con conexiones y gran influencia en el sistema judicial venezolano, cooptado por el chavismo. Pero también es defensor de Alex Saab en una demanda penal que interpuso en 2017 por difamación e injuria agravadas contra cuatro periodistas de Armando.info, quienes debieron marchar al exilio a raíz de esa acción judicial.
Álvaro Pulido también fue su cliente hasta 2016, según admite el propio Nassar. Justo en marzo de ese año Amir Nassar entró también a Global Foods Trading, de acuerdo al registro público de Panamá.
Esa relación pudo ser lo que lo llevó a formar parte de la compañía, o quizás fue convocado a la sociedad por otro de sus integrantes, Fernando Bermúdez Ramos, un empresario venezolano de 41 años. Nassar y Bermúdez mantienen una relación de compadrazgo, ya que el abogado es padrino de una de las hijas del empresario nacido en el estado Lara, una región agrícola e industrial en el centrooccidente de Venezuela.
Fernando Bermúdez, por su parte, reconoce la amistad con Alex Saab y Álvaro Pulido. En respuestas ofrecidas para este reportaje por correo electrónico, aseguró que Global Foods Trading hoy está “inactiva”, que hicieron “más de 40 ofertas comerciales” al Estado venezolano, pero apenas obtuvieron dos contratos por unos 30 millones de dólares. Sin embargo, los documentos revelan un beneficio mayor.
De acuerdo a la documentación disponible para este reportaje, Global Foods Trading logró suscribir su primer contrato con Corpovex para el suministro de 90.000 toneladas de maíz amarillo, apenas 18 días después de que Emmanuel Rubio presentara la oferta comercial. Por la compañía, el convenio lo suscribió Roselys Teresa Riveros Colmenares, quien entre 2008 y 2014 ocupó cargos en empresas estatales importadoras de alimentos como la extinta Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa) o la Red de Abastos Bicentenario.
El contrato, logrado en un plazo perentorio, fue un sonado éxito para la desconocida empresa de commodities. Global Foods Trading facturó cada tonelada de maíz amarillo en 357 dólares para un total de 32,1 millones de dólares. Ese precio fue 137 dólares más alto que los 220 dólares por tonelada que pagaron a Ecosur, sociedad panameña perteneciente a Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y Fabio Méndez, empresarios venezolanos propietarios de varias firmas dedicadas a la venta de alimentos como Mercoamérica, en Venezuela, y otras más en el istmo que en su momento afloraron en la investigación de los llamados Panama Papers.
Global Foods Trading pactó el 26 de mayo de 2015 con Ecosur la compra de 30,000 toneladas en 6,6 millones de dólares. Si las 60.000 toneladas restantes del cargamento ofrecido a Corpovex las consiguió a ese mismo precio, pudo tener una ganancia de hasta 12,3 millones de dólares con ese primer contrato.
Consultado sobre la actividad de la empresa, Fernando Bermúdez no mencionó los negocios con Ecosur, sino con otros intermediarios. Por su parte, Amir Nassar, también mediante un correo electrónico, se limitó a aclarar que al momento de convertirse en accionista “tuvo conocimiento de los negocios realizados”, que “se realizó una auditoría legal y financiera” y que luego de su entrada no han “concretado negocios, ni recibido pagos por contratos anteriores”.
La compañía de Emmanuel Rubio y Fernando Bermúdez, y a la que luego se sumó Amir Nassar, también acordó con Corpovex el suministro de 60.000 toneladas de trigo. El precio de venta acordado fue de 470 dólares por tonelada, para sumar 28,2 millones de dólares. Global Foods Trading terminó ganando 30 dólares por cada tonelada, al menos en las 30.000 toneladas que también compró a Ecosur.
Para ese momento la escasez de harina de trigo en las panaderías venezolanas ya era evidente y Maduro cargaba contra los comerciantes del sector, a quienes terminó acusando de crear la “guerra del pan”. En esas condiciones y en un momento en el que el flujo de caja menguaba, la estatal Corpovex, presidida por el mayor general Yoffreda, ahora embajador de Venezuela en Catar, no parece haber hecho un buen negocio.
Aunque ineficiencias como los retrasos en los puertos o las demoras del propio Gobierno encarecen la comercialización de los commodities para Venezuela, la operación de Global Foods Trading levanta sospechas en el sector.
Global Foods Trading selló, al menos, otros dos contratos con el Gobierno de Maduro para la venta de 40.000 toneladas de aceite crudo de soya por 38,8 millones de dólares, y otro para el suministro de 60.000 toneladas de arroz paddy por 23,9 millones de dólares. En el caso del aceite crudo de soya, la compañía volvió a comprar a Ecosur: 15.000 toneladas a razón de 820 dólares cada una, con una ganancia de 150 dólares por tonelada.
De acuerdo a los documentos, el Gobierno venezolano debió enviar los pagos de Global Foods Trading a un banco en Antigua y Barbuda, una minúscula nación insular del Caribe con rango de paraíso fiscal. Hacia esa jurisdicción también debieron ir los pagos a Group Grand Limited, la sociedad de Hong Kong con la que Saab y Pulido manejan las importaciones para los Clap, según se estableció en esos contratos. No por casualidad, en octubre del año pasado el primer ministro de Antigua y Barbuda reconoció que Alex Saab era una suerte de “embajador” en asuntos económicos de la isla, y que por lo tanto porta un pasaporte diplomático.
Las coincidencias no terminan allí. A Fernando Bermúdez también se le ha relacionado con el suministro de alimentos para los Clap. Aunque el empresario lo niega, varios indicios apuntan en esa dirección. Bermúdez es propietario en Venezuela de la mitad de las acciones de la empresa FB Foods Llc, registrada en febrero de 2017. Un mes después fue inscrita en Panamá una sociedad con el mismo nombre en la que el presidente es José Enrique Cachutt D´Sola, también venezolano y propietario del restante 50% de FB Foods Llc en Caracas y amigo del propio Fernando Bermúdez.
A la FB Foods Llc panameña en julio de 2017 el Gobierno venezolano le efectuó pagos por la venta de las cajas Clap a una cuenta bancaria en el C.I.M Banque de Suiza, mientras fuentes conocedoras del negocio indican que ha tenido intercambios con Group Grand Limited. En su sitio web se define como encargada de “abarrotes al mayoreo” y destaca un “servicio de entregas en la Ciudad de México, revolucionario en el sector”. Precisamente, desde México ha salido buena parte de las 231 millones de despensas Clap que ha distribuido el Gobierno entre 2016 y 2018, una operación investigada por autoridades de ese país al sospechar sobreprecios en productos de mala calidad y que apuntó directamente a la dupla de Saab y Pulido en octubre del año pasado.
Pese a todo, Fernando Bermúdez insiste en que no incursionó en la venta de las cajas que finalmente el Gobierno de Maduro reparte entre los más pobres a precios subsidiados. “Para el caso de Panamá no tengo relación de ningún tipo ni como accionista, ni como operador. Para el caso de Venezuela, fui socio fundador, donde solo tuvimos como objetivo el desarrollo de actividades comerciales dirigidas al sector privado”, contestó por correo electrónico.
Quienes los han conocido afirman que Fernando Bermúdez, José Enrique Cachutt y Amir Nassar solían compartir en el Club los Cortijos, un centro social de larga tradición en una zona industrial del este de Caracas. Ahora queda claro que a la vez, pero con menos jolgorio, pasaban a conformar un círculo aún más exclusivo: el de los importadores de alimentos para el Gobierno de Nicolás Maduro, de la mano del tándem de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas.
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
