Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
La Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) es el corazón de los negocios del Gobierno de Nicolás Maduro. En sus oficinas -hasta tres sedes distintas ha tenido el organismo desde su creación a finales de 2013- se ha decidido casi todo lo relacionado con las importaciones públicas: qué se compra, a qué precio y a quién. Se trata de operaciones cubiertas por un manto de opacidad que hasta hace poco dependieron del mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio y que hoy están bajo sospecha de Estados Unidos por quizá haber beneficiado a empresarios del entorno presidencial.
La descarga y sistematización de casi 71.000 registros de importaciones de la aduana de Puerto Cabello, el principal puerto venezolano, correspondientes al período enero 2014 a enero de 2018 confirma las dimensiones del monstruo estatal creado por Maduro y arroja pistas sobre la naturaleza de los proveedores.
La organización de la información en una base de datos desarrollada por Armando.Info revela que Corpovex fue el segundo mayor receptor de mercancías en ese lapso sólo por detrás de la también estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), suplantada por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal).
Mientras la crisis económica se acentuaba y las importaciones se desplomaban año tras año, Corpovex emergió como el gran centralizador de las compras al exterior tras recibir más de 100.000 toneladas de mercancía de distinta índole. A falta de datos oficiales, estimaciones de consultoras privadas indican que entre 2012, el último año de la bonanza petrolera, y 2018 las importaciones cayeron 80% al pasar de 50.000 a unos 10.000 millones de dólares. Ha sido un deslave con una característica: mientras las compras en el exterior del sector privado desaparecían, el Estado aumentaba su peso en ellas, llegando a concentrar hasta siete de cada diez dólares. El destino de buena parte de esos millones se decidió en Corpovex.
La estatal, por ejemplo, recibió puertas de madera y metálicas, piezas sanitarias o andamios comprados a la empresa china Catic Beijing, posiblemente para las obras del programa estatal Misión Vivienda, el plan estatal de construcción; leche en polvo enviada por la argentina Sancor Cooperativas Unidas, semillas de maíz compradas a Monsanto Comercial S.A y carne de bovino a la nicaragüense Novaterra S.A, entre otros productos y proveedores.
Para Maduro la creación de Corpovex fue una urgencia para desligarse de la cuestionada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que dirigió la entrega de dólares para importaciones desde 2003, año en que empezó a regir en Venezuela el férreo control de cambios que 16 años después parece empezar a desmontarse. Sólo en 2012 desde Cadivi se desviaron hasta 20.000 millones de dólares para compañías “fantasmas” o de “maletín”, según denunciaron funcionarios chavistas como Jorge Giordani o Edmée Betancourt. Para Maduro, la solución sería Corpovex, un ente a imagen y semejanza de las corporaciones estatales cubanas que han controlado el comercio en la isla durante décadas.
Siete meses después de asumir la presidencia de la República, Maduro emitió un decreto que dio vida en simultáneo al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y a la propia Corpovex. “Es indispensable planificar adecuadamente las importaciones de la nación, a los fines de articular la política monetaria y cambiaria, con la política de importaciones, y la política de exportaciones, con el propósito de proteger a un nivel superior al pueblo venezolano y a la economía venezolana”, refiere el documento publicado del 29 de noviembre de 2013. Los resultados en nada se parecen a lo expresado en el papel.
Si Cadivi fue la caja negra de la administración de Hugo Chávez, Corpovex fue lo propio para Maduro. Giuseppe Yoffreda la presidió desde el 11 de marzo de 2014 hasta junio del año pasado sin prácticamente rendir cuentas. Al igual que Manuel Barroso, el expresidente de Cadivi, Yoffreda también es un militar cercano a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, y su hermano José David Cabello, jefe del órgano tributario Seniat. Otra coincidencia con Barroso, hoy agregado militar en Brasil, es que al dejar Corpovex, Yoffreda fue enviado a un cargo en el exterior como embajador de Venezuela ante Catar. Pero mientras estuvo al frente de la corporación la manejó a su antojo.
La primera sede oficial de Corpovex estuvo en la Vicepresidencia de la República porque allí funcionaba Venezolana de Exportaciones e Importaciones (Veximca), también presidida por Yoffreda y encargada de las compras militares. Luego se trasladó al piso diez del Centro Empresarial Eurobuilding, un hotel cinco estrellas en el este de Caracas, y finalmente se movió al Centro Comercial Mata de Coco, en el municipio Chacao, donde están las oficinas del organismo recaudador venezolano (Seniat), dirigido desde hace años por el hermano de Diosdado Cabello. Desde ese momento, Corpovex solo empezó a crecer, tragándose todo a su paso bajo instrucción de Maduro.
“Esto tiene que funcionar como un ejército: ubicar las necesidades y garantizarle al país los mejores mercados, el mejor precio y la garantía de que los productos que necesitamos llegan al país y se distribuyen”, le pidió Maduro a Yoffreda en enero de 2015 tras firmar un punto de cuenta en el que aprobó la absorción, por parte de Corpovex, de empresas estatales como la propia Veximca, Suvinca, CVG Internacional o Bariven, encargada de las compras industriales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Maduro, decía, no quería repetir los vicios de Cadivi. “Usted es responsable de eso, confío en la gran capacidad que tiene, gerencial, de mando, confío en su gran amor por nuestra patria, que lo conozco perfectamente”, le insistió el mandatario en un acto en el palacio de Miraflores.
Pero la firma de Yoffreda terminó en contratos que lejos de garantizar el “mejor precio”, fueron negocios que terminaron beneficiando a grupos empresariales cercanos al poder, algo que no ha escapado a la administración de Donald Trump, cada vez más vigilante con los movimientos de la administración de Maduro.
En septiembre de 2017, cuando desde Washington giraron instrucciones para aplicar sanciones económicas contra el régimen venezolano, hubo una primera advertencia por parte de la oficina de delitos financieros del Departamento del Tesoro (Fincen, por sus siglas en inglés) sobre Corpovex. “Miembros del régimen y sus aliados dirigen los contratos del Gobierno a sus compañías asociadas para importar bienes y lograr la aprobación de Corpovex para compañías domiciliadas en el extranjero, a menudo compañías fantasmas (offshore) para participar en la actividad importadora”.
La data organizada por Armando.info arroja ejemplos sobre la presencia de intermediarios como AMW (HK) International, de Hong Kong, o Anis Services, de Panamá y ligada a ex directivos franceses del expropiado Grupo Casino en Venezuela, que sin mayores antecedentes comerciales aparecieron como proveedores de detergentes y productos de aseo personal como pañales, papel higiénico, entre otros, para Corpovex.
También resalta Postar Intertrade Limited, registrada en la isla de Barbados y propiedad de Samark López Bello, a quien Estados Unidos acusa de ser el testaferro de Tarek El Aissami, hoy Vicepresidente de asuntos económicos y Ministro de Industria. Además de despachos para Pdvsa Industrial en 2014, esa compañía vendió a Corpovex en 2017 miles de cajas con alimentos para el plan estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), oficializado en marzo de 2016.
El rol de Corpovex ha sido central en ese negocio. Giuseppe Yoffreda selló los contratos con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y detrás de la cual se esconden los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, así como otras sociedades fantasmales en paraísos fiscales, tal y como ha revelado en varios reportajes Armando.info.
Sobre esas operaciones ligadas a los Clap, la Fincen lanzó recientemente una nueva advertencia al considerarlas susceptibles de corrupción y hasta lavado de dinero. “Habiendo recibido el contrato sin licitación, las compañías contratadas obtienen la autorización requerida de Corpovex para importar alimentos a Venezuela. Con frecuencia, estas compañías reciben un pago por adelantado del contrato a través de Corpovex o del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”, refiere el documento fechado el 3 de mayo de este año.
La de los Clap no es la única compra masiva de alimentos en la que ha estado involucrada Corpovex. A Giuseppe Yoffreda se le vio en la comitiva venezolana que en junio de 2015 viajó a Brasil para negociar con la familia Batista, dueña de la empresa JBS, un contrato de 2.100 millones de dólares -según reseñó Bloomberg- para el suministro de miles de toneladas de pollo y carne antes de las elecciones de diputados que a la postre terminó perdiendo el chavismo. Yoffreda acompañó a los hermanos Cabello y al entonces Ministro de Finanzas y hoy Gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, todos ellos militares.
“Dentro del marco de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) nos encontramos revisando la eliminación al máximo de los intermediarios que nos afectan dentro de Venezuela, optimizando el uso de los recursos y las divisas del pueblo venezolano para de esta manera garantizar al pueblo venezolano la lucha efectiva contra la guerra económica, la optimización de los recursos del pueblo venezolano y así lograr un abastecimiento seguro, un abastecimiento eficaz”, declaró desde una de las instalaciones de JBS el propio Yoffreda.
Esa fue una de las pocas apariciones públicas que hizo como presidente de Corpovex hasta que en junio del año pasado fuera removido por Maduro y relevado por Xabier Fernando León Anchustegui, ex vicepresidente del Bandes y ex viceministro de comercio, entre otros cargos. Xabier León es cercano a Tareck El Aissami, Vicepresidente del Área Económica y Ministro de Industrias, y a Simón Zerpa, Ministro de Finanzas, y parece repetir la estrategia del silencio. Sin embargo, las operaciones de Corpovex ya están bajo sospecha.
A dos meses de la muerte del astro del fútbol empieza a correrse el velo en torno a la herencia que pudo dejar después de una vida de excesos multimillonarios. Según diversas versiones, buena parte del patrimonio que legó se compone de los ingresos que obtuvo de negocios con el chavismo. La militancia revolucionaria de Maradona tuvo una contrapartida en jugosas comisiones por contratos de importación de alimentos en favor de una compañía italiana, sobre todo entre 2015 y 2019, cuando el hambre se enseñoreaba en el país y el mítico 'Pelusa' cobró millones de dólares.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
