En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
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La crisis socioeconómica venezolana, esa constante que el país arrastra desde finales de los años 80 abrió como una grieta sin fondo en el año 2015. Las deudas del gobierno de Nicolás Maduro con las empresas transnacionales a las que importaba comida y medicamentos fueron estrangulando el mermado presupuesto nacional, ocasionando todo tipo de penurias en la gente y la desbandada de estas compañías. Fue el comienzo de la escasez de todo.
Pero ese mismo año algunos corrieron con suerte. El gobierno favoreció en pagos y negociaciones multimillonarias a la empresa brasilera JBS, considerada la mayor exportadora de carne del mundo y que llegó, fulgurante, a ser una de las principales exportadoras de carne al mercado venezolano. Hoy su fama se pudrió por estar inmersa en una investigación de corrupción y carne adulterada y en Venezuela se marchó sin dejar rastro.
En 2015, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acompañado por Rodolfo Marco Torres, Giuseppe Yoffreda y su hermano José David Cabello, fueron recibidos por el expresidente José Ignacio “Lula” Da Silva, en Brasil. La justificación de la gira era salir a hacer negocios para combatir el término patentado como “guerra económica”, o la metáfora que usó el stablishment para nombrar la paralización productiva del país.
“Hemos encontrado total y absoluta disposición, estamos seguros que con el apoyo de los empresarios y del gobierno brasileño la situación en Venezuela puede sobrellevarse y no solo sobrellevarse sino derrotar este sector que ha estado empeñado en causarle daño a nuestro pueblo”, justificó Cabello, padrino de la negociación que encontró en JBS un comodín, como lo demuestra su curva de ganancias.
En 2014 el mercado venezolano representaba 10% de los ingresos de JBS, perteneciente al holding brasilero J&F Investimentos, aunque esta empresa ya tenía presencia en los cinco continentes y en 21 estados de Brasil. La aspiración de la empresa era ampliar sus ventas a 20% en el país caribeño, según declaraciones que dio a Bloomberg ese año el presidente de JBS Mercosur, Miguel Gularte. Y sí que logró un monopolio, mientras sus competidores cerraban sus puertas en Venezuela con pérdidas.
La base de datos creada por Armando.info a partir de 70.498 mil registros de las importaciones que llegaron a la aduana de Puerto Cabello, revelan que, entre enero de 2014 a enero de 2018, JBS S.A. trajo a Venezuela 181 mil toneladas de carne, 96% de la carne que entró por ese puerto, y 119 mil de pollo, 68%.
Para el momento de la negociación, la producción nacional de carne de vacuno se había reducido en 60% desde 1999 según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y la Cámara de Comercio Brasil Venezuela reportaba atrasos de pagos a las empresas brasileras hasta por 5 millardos de dólares. Sin embargo, JBS empezó a surfear la morosidad venezolana sin problemas. Para ellos no había crisis ni bloqueo que los dejara con facturas sin cobrar.
“La carne que llegaba a Venezuela, que se pagaba como carne de primera y otra parte como carne de segunda, tenía excesivo pellejo, mala presentación y mala calidad. Las fotos las recibió Diosdado Cabello”
En 2014 la empresa brasilera vendió 1200 millones de dólares en alimentos al gobierno venezolano y recibió los pagos dentro de los 90 días siguientes, según lo indican documentos preparados conjuntamente por la empresa y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A (Corpovex) publicado por Bloomberg. Corpovex fue una creación del gobierno de Nicolás Maduro para centralizar todas las importaciones al país.
Una fuente que estuvo frente al Ministerio de Alimentación en los años que arreció la crisis confirma que el pacto escandalizó por tres razones: lo concretó el presidente de la Asamblea Nacional, el pellejo de la carne fue comprado con un precio excesivo —pese a que se había negociado carne de primera y de segunda—, y por los montos millonarios del trato en un país en crisis y endeudado con la competencia de esta empresa.
En 2014 el Gobierno otorgó a JBS el dinero equivalente al presupuesto de todo un año el Ministerio de Alimentación para su operación e importación de diferentes rubros. La Memoria y Cuenta del año 2015, la última que el gobierno de Nicolás Maduro entregó, especifica que el presupuesto total del Ministerio de Alimentación fue de 1.214.502.601,98 dólares, la misma cantidad de dinero que recibieron los brasileros.
Pero lo que llegaba seguramente no valía ese precio. “La carne que llegaba a Venezuela, que se pagaba como carne de primera y otra parte como carne de segunda, tenía excesivo pellejo, mala presentación y mala calidad. Las fotos las recibió Diosdado Cabello”, asegura la fuente.
No importaron las alertas sobre la mala calidad de la carne y en 2015, Cabello duplicó el contrato por 2,1 millardos de dólares para traer la mercancía consignada directamente a la estatal venezolana Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.). La Memoria y Cuenta de 2015 señala que La CASA solo tuvo un presupuesto de 48.322.676.762 bolívares, equivalente a 241.661.716 dólares, según tasa oficial del momento.
Los pellejos fueron solo el primer alerta para Venezuela, pero fue poco con el gran escándalo que vino luego para los magnates de la carne en el mundo. En marzo de 2017, JBS fue denunciada por la Policía Federal brasilera por vender carne en mal estado y utilizar productos químicos para cambiar la apariencia. En el proceso se vinculó a muchos inspectores, cómplices al haber aceptado dinero para certificar los alimentos.
En noviembre de 2018 el dueño de la gigante cárnica, Joesley Batista, fue detenido luego de una operación vinculada a la investigación anticorrupción Lava Jato. En las investigaciones de la Policía Federal (PF), JBS -propiedad de los hermanos Joesley y Wesley Batista- se revela que los dueños sobornaban a funcionarios del Ministerio de Agricultura de Brasil, a través de intermediarios políticos, para obtener beneficios en la aplicación de normativas y la atribución de licencias comerciales.
Esos sobornos daban a JBS ventajas frente a sus competidores y le permitieron la constitución de un monopolio de mercado. La investigación continúa en Brasil.
Una comisión de la Asamblea Nacional presidida por William Dávila y Luis Florido inició una investigación sobre las contrataciones que tenía el Ejecutivo con las empresas brasileñas. “¿Cómo es eso que el presidente de la Asamblea Nacional cumplió funciones de ministro de Exportaciones y Sanidad?”, se pregunta aún el diputado Dávila tres años después y aún no lo ha podido aclarar.
“En Venezuela había escasez y no había medicamentos. Y JBS en 30 días recibió 3 mil millones de dólares mientras que a las empresas venezolanas se le debía 28 mil millones de dólares”, puntualiza.
Luego de 19 años de administración chavista, la producción de pollo cayó 70,46% según datos de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi). Actualmente el consumo de carne vacuna per cápita en Venezuela es de 4 kilos por habitante al año, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aunque para sortear la malnutrición deben suministrarse 20 gramos de proteína animal per cápita al día, o 7.3 kilogramos al año.
Ya en Armando.info se había revelado que JBS fue el trampolín para el éxito del presidente del equipo de fútbol Deportivo Táchira en un reportaje publicado en enero de 2017. Jorge Silva fue uno de los intermediarios de la empresa en el país, que solo tres años antes de convertirse en un gran empresario trabajaba como técnico administrativo de la institución encargada del sistema nacional de aduanas, el SENIAT, coincidencialmente bajo la gestión de José David Cabello, uno de los testigos del cierre del pacto con JBS y hermano de Diosdado Cabello.
Dos meses después de la renuncia de Silva al SENIAT, el 20 de noviembre de 2013, se registraron en Caracas dos de las seis empresas del grupo JHS que nacieron bajo la sombra de las negociaciones entre el Gobierno y JBS: Aves JHS 2013 y Servicios JHS 2013, que se abrieron con un pequeño capital inicial. En menos de dos años el capital de Servicios JHS 2013 pasó de 700 mil bolívares a 64.785.000 bolívares, un incremento de 9.155%.
El informe del contador público correspondiente al ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2014 –el primer año de operaciones y sólo 13 meses después de fundada– arrojó que la empresa tenía una disponibilidad en los bancos de 4,3 millones de bolívares y casi 40 millones de dólares.
Servicios JHS 2013 terminó siendo una empresa parecida a una filial que suscribió un contrato con JBS para el “servicio de empaquetado” y “servicios de planta para contenedores refrigerados” entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, pocos meses después de la comitiva del Gobierno, encabezada por Cabello viajara a Brasil y pactara el contrato millonario.
En la fachada de la que era su oficina principal, ubicada en el Centro Lido de Caracas, lucían los logos de JHS y el de JBS, justo además, en el mismo edificio la gigante cárnica reporta su dirección fiscal. De aquellas oficinas no queda nada, pero JHS Group continúa funcionando en San Cristóbal, estado Táchira. La gigante brasilera que llegó a traer casi toda la carne que se consumió en Venezuela hace menos de cinco años -solo a través de los datos reportados por la aduana de Puerto Cabello- no dejó ni un afiche en Venezuela.
En el año 2015, JBS compró la compañía Doux Frangosoul S.A. Agro Avicola Industrial S.A, una empresa francesa. En Venezuela esta compañia tenía figura jurídica, sede y entregaba alimentos a la Red Mercal, aquel intento de la revolución bolivariana de convertirse en distribuidor de alimentos.
Su sede era más que inusual. Para efectos de la data encontrada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el diario venezolano El Universal vende noticias y carne a la misma vez pues la Doux Frangosoul reportó que sus oficinas operaban dentro del edificio donde funciona el diario, en el piso 8. Allí solo solo funciona el Departamento de Mercadeo y nadie conoce esta empresa dentro de las instalaciones. Desapareció.
Pero además de su desaparición en el país y sus extrañas sedes, en torno a Doux Frangosoul S.A. Agro Avícola Industrial S.A. giran más irregularidades. Esta empresa tiene una gemela criolla creada por el sirio Naman Wakil, quien compartió la mitad de la sociedad con un hombre llamado Alberto Herrera. Ambos abrieron una empresa que usurpó el nombre de la transnacional brasilera con un nombre muy similar, pero con un RIF diferente en el año 2011, cuatro años antes que JBS comprara la compañía verdadera.
Wakil fue quien avizoró el gran negocio de introducir a JBS S.A. en el país antes que Cabello asumiera la batuta de los negocios.
El sirio fue señalado por los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia de haber transferido pagos por casi 6 millones de dólares a Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del general Carlos Osorio (ex ministro de Alimentación y responsable de CASA), relacionados a la compra de toneladas de alimentos con sobreprecio y con fecha próxima de caducidad.
Wakil, además, fue uno de los nombres polémicos que resaltó en la investigación Panamá Papers, una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y líderes de la política en todo el mundo.
En los documentos, Wakil aparece con la intención de abrir una compañía fantasma con Mossack Fonseca en 2013. Su abogado decía que tenía a su disposición 400 millones de dólares. La hipótesis derivada de la investigación periodística fue que él creaba “compañías espejo”, que toman el nombre de compañías legítimas que venden pollo y carne en grandes cantidades para facturar al gobierno desde allí.
En 2016 el Ministerio Público comenzó una investigación de las compañías del sirio que no concluyeron.
Las oficinas de la empresa gemela estaban ubicadas en el Centro Empresarial Eurobuilding, la misma edificación donde Corpovex funcionó durante un tiempo. En el lugar ya no se ve la identificación sobre qué opera en el lugar, pero al abrir sus puertas un gran reloj Rolex pegado a la pared es lo único que da la bienvenida. Allí todavía se encuentra el socio, Alberto Herrera, quien avisa desde la puerta que Wakil se fue a Miami y esa empresa “tiene años sin funcionar allí”. Asegura que él solo fue un arrendatario de las instalaciones para esa empresa, pero los documentos señalan que él es dueño de 50% de las acciones.
En la lujosa oficina lo que funciona es la Corporación Ariana 12000 C.A, propiedad de Herrera, quien aunque mantiene su identidad oculta en la oficina y ante el RNC asegura que la ubicación de su sede es una modesta quinta en la urbanización Montalbán.
La razón social determina que esta empresa da para todo gusto. Puede establecer, tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía inversionista en cualquier parte del mundo, vender y negociar toda clase de artículos de consumo, acciones de capitales, bonos y valores de todo tipo. También se dicen competentes en materia construcción, reparación de equipos y son capaces de dar préstamos con o sin garantías. “En fin dedicarse a cualquier negocio lícito no vedado a una compañía anónima (sic)”, cita.
*El periodista Guilherme Amado colaboró con este reportaje desde Brasil.
En un gesto inusual en él, el 'número dos' del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el gigante de alimentos brasileño JBS, con quien el chavismo ya venía haciendo negocios. Sería la última gran oportunidad en Venezuela de esa corporación. Pero la estructura que entonces usó para pagar los servicios de sus aliados locales no solo despertó sospechas ese año en la banca internacional, sino que también sería el embrión para el surgimiento de la nada de un próspero actor industrial, el Grupo JHS.
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
