Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Las sospechas sobre la mala calidad de los alimentos que el Gobierno venezolano distribuye al amparo del programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se confirman y amplían. Porque las objeciones ya no son solo con la leche de polvo. Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) acaba de determinar que algunas de las marcas que se producen y empacan en ese país para ese programa estatal de alimentos subsidiados en Venezuela contienen elevados niveles de soya.
El análisis, realizado entre el 5 de octubre y el 14 de diciembre de 2018, abarcó las 27 marcas de atún enlatado presentes durante esas fechas en el mercado mexicano. De ellas, según los resultados que arrojó la prueba, 14 mostraron un alto componente añadido de soya. En algunas presentaciones, el ingrediente de soya tiene mayor volumen que el del propio pescado, lo que sorprendió a la opinión pública mexicana. Pero el hallazgo no es ajeno a los venezolanos: desde que Nicolás Maduro oficializó el plan en marzo de 2016, México ha sido uno de los destinos donde los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno compran los productos del combo alimenticio, incluyendo el atún enlatado.
Una de las marcas peor valoradas del mercado mexicano y que ha llegado a los hogares venezolanos más pobres con las llamadas cajas Clap es El Dorado. La presentación de 140 gramos de atún aleta amarilla en aceite arrojó un porcentaje de soya que oscila entre 21% a 44% en “masa drenada”, mientras que la versión en agua tuvo un índice de entre 13% y 22% de soya en “masa drenada”. Ambos valores superan ampliamente a los registrados por la marca en el examen hecho por la misma institución en 2015. Esa vez el enlatado en aceite sumó entre 9% a 26% de soya, mientras que en agua osciló entre 4% a 9% de soya.
“Una concentración de soya del 30%, 40%, hasta 60% como lo encontramos, pues pasa a ser un ingrediente que sustituye al pescado”, asegura Guadalupe Velasco Rodríguez, directora del área química-biológica del laboratorio de Profeco. Además del engaño a los consumidores que representa la sustitución, pues no especifica en su etiqueta la proporción de soya, también hay implicaciones nutricionales en los consumidores al variar el aporte proteico definitivo del producto.
“Por cada 100 gramos (una medida estándar) vas a tener una cantidad de proteínas importante pero nunca tan grande como la del músculo del atún, porque el atún no tiene carbohidratos ni otros componentes, mientras que la soya sí, y eso hace que no tenga tanta proteína”, explica Pablo Hernández, nutricionista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal casa de estudios superiores estatal y autónoma del país, tras analizar los resultados del organismo mexicano. Aclara que la proteína vegetal se absorbe y digiere más lento que la animal, lo que “no ocasiona ningún tipo de daño o afectación a la salud”, salvo que la persona sea alérgica a la soya.
El Dorado no es la única marca mexicana de atún enlatado con altas concentraciones de soya incluido en los combos de los Clap. El atún con el sello Ancla en aceite contiene entre 10% y 14% de soya en “masa drenada”. El envasado en agua oscila entre 17% y 26%. Ambas presentaciones también mostraron altas concentraciones de soya en el análisis que la Profeco realizó en 2015, pero eso no impidió que proveyeran los combos subsidiados por el Gobierno venezolano.
Una tercera marca denominada Tuny totalizó entre 1% y 4% de soya para el producto aleta amarilla en agua. “Sería justificable encontrar uno por ciento de soya, por ejemplo, si se usara con una función tecnológica (algunos productores usan caldo de soya para lograr compactar al pescado). Nuestra conclusión es que la soya está haciendo una sustitución del pescado”, sentencia la directora de Profeco.
Las autoridades mexicanas aprobaron desde 2017 “certificados para exportación de libre venta” para Venezuela tanto para El Dorado como Tuny, así como otras marcas que no fueron analizadas por la Profeco. Parece claro que detrás de la adición de soya al atún enlatado hay una operación para bajar costos y aumentar la rentabilidad: a mayor cantidad de la proteína vegetal, menor gasto en el producto. Esa práctica de los industriales mexicanos, descubierta por las autoridades, rebota en los estómagos de los venezolanos.
Las quejas sobre la calidad de los alimentos de los Clap surgieron prácticamente desde el inicio del plan estatal. Precisamente, el atún enlatado y la leche en polvo han sido los productos más cuestionados por los beneficiarios del programa con el que Maduro dice enfrentar una “guerra económica” de parte de los empresarios locales y factores internacionales.
La mala calidad de la leche quedó demostrada luego de que el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCV, a pedido de Armando.info, analizara 14 marcas mexicanas que fueron distribuidas en los Clap entre finales de 2017 y comienzos de 2018. Los análisis demostraron que las empresas mintieron en el etiquetado y terminaron empaquetando un engrudo alto en sodio y carbohidratos, pero bajo en calcio y proteínas, lejos de lo exigido en la norma nutricional venezolana.
El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México reveló que había detectado un “esquema fraudulento” entre los intermediarios del Gobierno venezolano y las empresas mexicanas a través del cual se comercializaron “productos de baja calidad” y se exportaron con “sobreprecio”. En esa oportunidad las autoridades mexicanas apuntaron directamente a la red tejida por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los principales beneficiarios en la intermediación detrás de los Clap.
Ahora el estudio de Profeco da la razón a lo que el paladar de los consumidores venezolanos detectó casi de inmediato, así como a las alertas realizadas por fuentes involucradas en la venta de productos para los Clap. “Los intermediarios venezolanos vinieron a México a pedir el atún más barato del mercado sin importar que fuera a costa de la calidad. Sobre la leche barata se les explicó que la proteína se disminuiría hasta tres veces y del atún se les dijo que llevaría más soya que pescado, pero a ellos lo único que les importaba era ahorrar entre dos y cuatro dólares por despensa”, admite en condición de anonimato un empresario mexicano.
Las cifras oficiales indican que entre 2016 y 2018 se han repartido 231 millones de combos Clap. Aunque el plan apuntaba a producir alimentos, a modo de pequeñas células por todo el país, la mayoría de esos combos han sido importados y buena parte de ellos fueron comprados en México por intermediarios que finalmente se los vendieron al Gobierno de Maduro entre 31 dólares y 37 dólares. “En México se llegaron a ensamblar hasta 2.000 despensas Clap por día, ¿Cuánto dinero podría representar este ahorro? Si se ahorraban dos dólares por caja, representaba 4.000 dólares por día y si lograban ahorrarse cuatro dólares por despensa eran 8.000 dólares por día”, detalla el empresario.
En el caso del atún enlatado el nutricionista Pablo Hernández explica que “el aislado proteico de la soya aunque es un poco más costoso, no es tan caro como la proteína animal. Entonces, sea soya entera, harina de soya o proteína aislada de soya, siempre será más económico que la carne normal”.
Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong con la que Alex Saab y Álvaro Pulido iniciaron su participación en la venta de comida para los Clap desde finales de 2016, facturó en 6,29 dólares el kilogramo de atún enlatado en enero de 2017. Meses después, en septiembre, lo cobró en 4,22 dólares. En ese lapso pasó de vender cada caja Clap de 34 dólares a 36,9 dólares. Otros intermediarios como M.I.R Importació I Exportació cobró 4,71 dólares el kilogramo de atún enlatado en octubre de 2017. Wellsford Trading Corp FB Foods, ambas panameñas, J&B International Trading, domiciliada en Miami, o Mass Joy Industries Limited, también registrada Hong Kong, han sido otros de los intermediarios. Cada caja Clap contiene, en el mejor de los casos, hasta 6 latas de atún, para totalizar unos 800 gramos por despensa. Se trata de uno de los 11 productos incluidos en el combo de alimentos subsidiados.
La ganancia de los intermediarios va en desmedro de la calidad. En el caso del atún enlatado podría haber otras marcas con altas concentraciones de soya comercializadas a través de los Clap. Marhel, La Marina, Mazatún y Capitán Nemo reconocen en sus etiquetas presencia de soya o “caldo vegetal”, pero sin especificar la proporción. Ninguna de estas fue analizada por la Profeco, pues no son marcas que circularan por los canales de comercialización en el mercado interno de México al momento de la recolección de las muestras.
Varias de estas marcas, además, son presentaciones en hojuelas o atún desmenuzado, lo que multiplica la posibilidad de encontrar más soya. “En los productos que encontramos más porcentajes de soya son los que se encuentran en las presentaciones en hojuelas y en desmenuzado, que son los más baratos”, advirtió la directora del laboratorio de Profeco.
Esas versiones en hojuelas o desmenuzadas han sido las más criticadas por los venezolanos. En las redes sociales han proliferado los videos y los comentarios sobre su mala apariencia, desagradable sabor o la poca consistencia. “El atún que entregan en la caja Clap siempre es molido porque no es realmente atún, son desperdicios de pescado que muelen para aparentar que es atún. Cuando lo pruebas te das cuenta, el sabor se parece más a la sardina pero bastante desagradable”, escribió un usuario el pasado 18 de febrero.
Que las quejas se remontan en el tiempo lo prueba la edición del 15 de mayo de 2017 del diario 2001. Ese día reseñó en su portada la historia de una familia que atribuía la muerte de dos bebés al consumo de atún de los Clap. “Familia de Ocumare del Tuy (estado Miranda) denuncia intoxicación por comer productos de una caja Clap comprada un día antes. Ingesta fue letal para los dos más pequeños, de 11 meses y dos años, quienes presentaron edema cerebral, según la autopsia mostrada por parientes”.
Los funcionarios venezolanos han esquivado pronunciarse sobre la calidad de los alimentos de los Clap, aunque esa fue una de las banderas esgrimidas para evitar el pasado 23 de febrero el ingreso de la “ayuda humanitaria” promovida por la oposición venezolana. Sólo Maduro admitió en diciembre de 2017 que recibieron denuncias en esa dirección, pero aseveró que “se tomaron los correctivos de inmediato”. Sin embargo, lo denunciado por la Procuradoría General en octubre del año pasado, el hallazgo en mayo de 2018 en el puerto de Cartagena, Colombia, de 400 toneladas con productos para los Clap “no aptos” para el consumo humano o este reciente estudio de la Profeco ponen en entredicho las palabras del mandatario. Al menos, nadie parece haber reparado en que compraron un atún enlatado muy distinto al que se comercializa en el mercado venezolano.
En Venezuela las empresas comercializadoras de atún enlatado no añaden soya, al menos en las principales marcas. La mayoría de las presentaciones, además, son de lomos del pescado, como establecen las especificaciones técnicas. “La proporción de lomo versus miga debe tener un mínimo de 80/20, es decir, 80% de lomo y 20% miga”, refieren la norma de calidad que el propio Ministerio de Alimentación envió a los proveedores mexicanos y que está basado en la norma Covenin 1412.
“El atún venezolano siempre fue de muy buena calidad, las diferentes marcas siempre declararon 100% atún, lo que estabas comiendo era atún de verdad. Ahora, cuando no tienes la oportunidad de saber lo que te estás comiendo, es un factor más que se suma a la ya deteriorada alimentación de los venezolanos”, recuerda Marianella Herrera, médico nutrólogo y directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Relata que en algunas comunidades que han visitado los consumidores de los productos de los Clap manifestaron utilizar “más mayonesa para tapar el sabor” del atún enlatado “porque la soya tiene un sabor completamente distinto al atún”.
Más allá del sabor, la especialista insiste en que la proteína vegetal no es mala, pero se debe conocer “cuál es la proporción” contenida en el producto para saber con exactitud cómo cubrir los requerimientos nutricionales “de acuerdo al grupo que quieras alimentar”.
Hasta ahora para el Gobierno de Maduro ese no ha sido un impedimento para destinar millones de dólares a los productos que compran sus intermediarios a los industriales mexicanos.
*Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el Excélsior de México
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.