Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.

Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.

El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.

Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera. 

El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".

Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.

Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.

La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.  

El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.

Evo Morales lucha por un cuarto mandato como presidente de Bolivia. Un grupo de consultores políticos rusos vinculados al Kremlin que se encarga de redes sociales fue enviado a La Paz hace unos meses para ayudar a Morales, dijeron a The Project tres fuentes sin vínculos entre sí. Con esto, Moscú quiere garantizar que sus empresas estatales tengan una larga vida en Bolivia, principalmente Rosatom.

Poco después de que se suicidara en su celda el multimillonario neoryorkino Jeffrey Epstein se supo que el empresario venezolano Oscar Faría, con múltiples negocios en Estados Unidos, le compró hace años su lujoso jet privado. Pero la fortuna de Faría, casado con la ex Miss Venezuela Veruzhka Ramírez, no comenzó en las tierras del norte sino en Venezuela, de la mano del gobierno revolucionario -entre consejos comunales, el ex gobernador del Táchira y Petróleos de Venezuela- para el que ha trabajado sin pausa y sin tapujos pavimentando carreteras con un producto mezclado que se asemeja al asfalto y fue un negocio redondo

De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto

Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.

Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.

En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.

La epidemia de sarampión instalada en Venezuela desde julio de 2017 ha causado la muerte de 81 personas según los registros del gobierno venezolano aportados a la Organización Panamericana de la Salud; los reportes no oficiales advierten que son 139. Ocho de cada diez víctimas de la enfermedad corresponde a población indígena; nueve de diez si se toma el registro extraoficial. Además de morir por una enfermedad que estaba controlada, las víctimas quedan en el limbo oficial pues el Estado venezolano niega la existencia del brote, oculta los datos al respecto y reacciona con jornadas de vacunación tardías y escasos controles sanitarios. Los warao y yanomami venezolanos, por su ubicación geográfica, la vulnerabilidad del sistema de salud y su pobreza, saben que cuando el virus llega a sus comunidades es letal.

Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.

Agotada de funcionar en un país en crisis y bajo fuertes críticas sobre su operatividad, la empresa que manejaba los servicios automatizados de chequeo y embarque en el principal aeropuerto del país organizó una retirada parcial. En su lugar dejó a cargo una representación que reposa en dos compañías -desconocidas para las líneas aéreas que aún operan en Venezuela- relacionadas con un importante grupo empresarial de origen libanés, que hasta el año pasado solo manejaba las tiendas de duty free, pero que firmaron con el Estado venezolano un contrato que incluye también refacciones en la estructura y equipos del aeropuerto. Las líneas aéreas se niegan a firmar un contrato de servicios con los nuevos operadores, que redoblaron el costo de sus servicios.

Sometidos en su hábitat natural en el estado Delta Amacuro al hambre y a las enfermedades, condenados muchas veces a esperar su turno para morir, los indígenas venezolanos de la etnia warao comenzaron a movilizarse a Puerto Ordaz, todavía a orillas del Orinoco, donde encontraron una paradójica tabla de salvación en Cambalache, el vertedero del que sacaban comida podrida para llevarse a la boca y chatarra para revender. Pero el cierre del gigantesco basurero los ha empujado al contrabando de gasolina, un oficio con el que integran el eslabón más bajo de una cadena de explotación que involucra a la Guardia Nacional, a la Policía del estado Bolívar y también a caciques y familias de su propia etnia.

De un día para otro, el exgobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el círculo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y Estados Unidos, hoy Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado.  

Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.

A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.

Un grupo de líderes evangélicos fundamentalistas vinculados a la Casa Blanca han extendido sus ministerios a varios países latinoamericanos y han establecido relaciones con cuestionados presidentes tales como Daniel Ortega en Nicaragua, Jimmy Morales en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras. Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y 15 medios de investigación también documentaron cómo estos líderes han influenciado mandatarios y políticas frente a Israel en varios países de la región.

La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.

Nicolás Maduro ha quedado solo pero no indefenso y todavía maniobra las cuotas de poder que le dio Hugo Chávez antes de morir. Mientras sus aliados dentro de Venezuela se reducen ha recurrido a grupos cristianos para demostrar que su proyecto político cuenta con respaldo, a pesar de la crisis humanitaria en la que sumió al país. Uno de ellos le dio su apoyo en la jornada de votación de 2018 y, el otro fue su oponente en unas elecciones sobre las que desconfía medio mundo. Se trata de Javier Bertucci, el pastor líder de la iglesia Maranatha en Venezuela, un hombre que ha probado, con algún éxito, hacer negocios y política a la sombra de la “revolución bolivariana”.

El cacao venezolano representa menos del uno por ciento del cacao que se comercia a nivel mundial, pero sus granos y el chocolate que se obtiene a partir de él se exhiben en ferias internacionales a través de empresas nuevas en el negocio y estrechamente vinculadas con la familia presidencial. A través de guiños al sistema cambiario, el extraordinario producto venezolano genera grandes cantidades de divisas que quedan fuera de Venezuela, paradójicamente, gracias a un monopolio del Estado que mantiene férreo control sobre la cadena de comercialización y exportación. Todo ocurre en medio de una escalada de violencia y criminalidad que mantiene secuestrado a las zonas productoras, principalmente Miranda y Sucre, obligándolos a abandonar los campos o morir en el terreno.  

La suerte de la dupla empresarial colombiana parece terminar. La sanción del Departamento del Tesoro los coloca en el ojo del huracán y los vincula directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011, pero a partir de 2013, con Maduro en la presidencia, se multiplicaron. Amigos de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, terminaron siendo los grandes beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), herederos en la sombra de la red de Abastos Bicentenario, recibieron de Pdvsa un millonario contrato para explotación petrolera y hasta en la presidencia de la estatal Minerven llegó un exempleado suyo. Su eventual derrumbe puede alcanzar a la pareja presidencial.

Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.

La canícula, la polvareda y la sed de Maicao son poca cosa para las calamidades que los inmigrantes venezolanos dejan atrás, a escasos kilómetros, al pasar la frontera entre el estado Zulia y La Guajira colombiana. De hecho, sobre la propia raya fronteriza pueden encontrar consuelo y paliativos materiales para sus penurias en el campamento de desplazados que Acnur, agencia de Naciones Unidas, mantiene allí. Pero el albergue cuenta 350 cupos para 53.000 candidatos, y las reglas son estrictas: solo se puede permanecer un mes con la excepción de casos especiales. Luego viene el regreso a la precariedad. Muchos optan por volverse invasores y toman parcelas a la fuerza, donde reproducen las condiciones de pobreza que les asediaban desde donde vienen, esperando “a que pase algo” para regresar a Venezuela.

Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.