La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
La última gran apuesta de Vito Recchimurzo Díaz, un jugador irredento de póker en torneos internacionales, consiste en unas semanas de lujosas ‘caimaneras’ de fútbol que convocan a ‘influencers’ y viejas glorias del balompié mundial. Aunque la asistencia a sus partidos es pobre y los números del negocio no cuadran, los beneficios de la Liga Monumental por ahora son, más que financieros, de otra naturaleza: le hacen un favor reputacional al régimen y a sus propios promotores, muchos de ellos contratistas del gobierno.
Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.
Los cujíes lloran de dolor en el hábitat semiárido del Parque Nacional Cerro Saroche, entre Barquisimeto y Carora. También las veras y los curaríes. A todas estas especies arbóreas las está extinguiendo la voracidad comercial por sus maderas. Con el ojo puesto en un negocio de exportación, desde 2021 el oficialismo no solo impulsa, sino que también participa en su tala indiscriminada y procesamiento que busca suplir la demanda global de combustibles para cocinar al aire libre. Una empresa mixta, Carbonera El Obelisco, es punta de lanza en este boom ecocida.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
