Una conveniente aleación de serendipia de inspiración divina y conexiones con amigos bien ubicados blindó el ascenso económico de Jesús Alfredo Vergara Betancourt en Guayana. Adepto a modular su imagen pública, apenas la expone con las acciones filantrópicas de su fundación y clínica. Pero solo cierta voracidad de hombre de negocios puede explicar cómo sacó provecho de los vaivenes de la gestión 'socialista' de las languidecientes empresas básicas, para pasar de manejar una farmacia de vecindad a ser uno de los mayores comercializadores de aluminio desde y para la industria pesada venezolana.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Jesús Alfredo Vergara Betancourt es el nombre que todos escuchan y la cara que nadie conoce, la dádiva a la vez más connotada y reservada de Ciudad Guayana, cuna de la industria pesada de transformación de minerales en el sur de Venezuela. En estos tiempos de fortunas exhibicionistas solo muestra su cara pública con la Fundación Lala, una contribución altruista alejada de la industria del aluminio, su fuente principal de riqueza.
Este ingeniero electrónico e informático de verbo muy pausado repite la palabra "Dios" en cada frase, no como muletilla sino como expresión constante de su credo. La suya es una historia que comenzó hace más de 30 años con tiendas de computadoras en Puerto Ordaz y una farmacia de vecindario que en menos de 20 días de fundada cambió el nombre de Gran Sabana a Farmacia Lala. Con ella entró en la lista de contratistas de CVG Venalum, una de las reductoras de aluminio más grandes y, alguna vez, productivas de Venezuela. Para esa empresa, Farmacia Lala sirvió de proveedora de las medicinas que el Estado entregaba a los trabajadores y como un inesperado portaaviones, pues Vergara pasó de proveedor de medicinas a empresario del aluminio en pleno apogeo de los precios del metal compuesto. De allí al estrellato.
Vergara representa ahora un emporio donde, desde 2006, hay más de 30 sociedades registradas y una fortuna que creció sobre varios baches en una historia donde mucho sale pero nada entra. Nadie sabe qué produce Vergara en esas decenas de empresas en las que figura como accionista mayoritario y como socio de algunos nombres directamente relacionados con el chavismo. “Son sueños”, asegura él mismo, sentado en un mueble de la sede de la Fundación, mientras toma café y escucha temas evangelizadores del cantante Marcos Witt.
En cambio, la publicidad de su emporio se concentra en la Fundación Lala y en el Centro Pediátrico Lala, los espacios de filantropía que le han ganado su mejor fama, sobre todo el último, un edificio colorido de baldosas pulidas, clima gélido y equipos médicos de primer nivel que contrasta con el endeble sistema de salud pública de Ciudad Guayana. Además de este centro, Lala cuenta con una academia deportiva, una orquesta sinfónica infantil y un equipo de fútbol de primera división, Asociación Civil Lala Fútbol Club.
Su vida empresarial comienza en Reservi, el negocio de su padre en Ciudad Bolívar, la capital del estado homónimo, el más extenso del país, rico en minas. Luego, al independizarse, tuvo tiendas de computadoras en Puerto Ordaz hasta que en 1994 fundó la Farmacia Lala, un negocio cuyo trazado es lineal y modesto hasta 2005, cuando, con Freddy José García Gutiérrez, Vergara registró la empresa Alumisur con el objeto social de comercializar todo tipo de metales y aleaciones. Un año después, él y su socio cambiaron el nombre de la empresa por SMS Casting de Venezuela para “suscribirse en el programa de Empresas de Producción Social de la Corporación Venezolana de Guayana”. Desde 2006 hasta ahora, Vergara cotiza en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) con esa empresa.
Con esa incursión en el negocio de los metales llegó al convulso 2007, en un contexto político marcado por el cierre de la estación Radio Caracas Televisión -orden expresa del entonces presidente Hugo Chávez- pero, en lo productivo, también por ser uno de los mejores años para la industria del aluminio.
Él mismo recuerda que al mundo del aluminio llegó como tender. Y explica que esa figura consiste en alguien que puja en “un proceso licitatorio del excedente de producción que las empresas ponen en oferta en una subasta. Fue como en 2003, 2004. Las trasnacionales como Glencore o Noble o JB Commodities me hicieron una guerra mediática porque yo era el mejor postor”.
Entre 2005 y 2008 los precios del metal saltaron de 1.700 dólares por tonelada métrica hasta 3.000 dólares, un incremento de casi 100% en su pico más alto, lo que lo convirtió en un nicho lucrativo en sí mismo, pero amplificado por el diferencial que generaba el control cambiario, con enormes brechas entre las tasas de cambio más favorables, accesibles solo a través del Estado mediante los mecanismos oficiales de la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi) o por contactos informales, o la tasa real del mercado paralelo.
En mayo de 2007, justo cuando esa práctica de reventa de divisas comenzó a entrar en apogeo, se multiplicaron los folios de Vergara en el Registro Mercantil de Puerto Ordaz -la sección occidental de Ciudad Guayana- . El cúmulo de carpetas contenía ahora la documentación de Vergara Group Metals (VGM), empresa que, en el papel, apuntaba a la transformación de aluminio.
En septiembre, en el Registro Inmobiliario del municipio Caroní, Vergara y su esposa, Marisol Londoño, junto con Francisco Hamilton y Vanessa Hamilton, registraron Fundación Lala para atender menores y ancianos “en situación de minusvalía”. Aunque sin fines de lucro, en algún momento entre el año de su constitución y 2011 la Fundación Lala Internacional recibió de la extinta Cadivi 711.520 dólares (a una tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar, vigente después de la reconversión monetaria de 2008).
“Fundación Lala nace para seguir con el legado de nuestra amada abuela (una enfermera a la que sus nietos llamaban Lala), cuya calidad humana y amor por el prójimo fue (sic) ejemplo para todos nosotros, quienes junto a nuestra madre, asimilamos esas enseñanzas. La idea es hacerlo desde el corazón manteniendo las raíces de la humildad”, explicaba su hermana en una entrevista.
Para que sus negocios crecieran exponencialmente Vergara Betancourt estuvo en el momento y lugar adecuados y tuvo quien le echara una mano… y hasta dos. Uno de ellos fue su primo hermano Ramón Betancourt, un ingeniero especialista en adecuación de plantas de carbón que provenía de la también reductora Venalum, que en abril de 2005 fue nombrado integrante del equipo gerencial de CVG Alcasa (empresa estatal fundada en 1967 y alguna vez la productora de aluminio más importante de Venezuela).
La consanguinidad entre primos no fue el único lazo que los unió: en 2017, Betancourt (militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fallecido en un accidente) figuraría como socio de Vergara en V Ingeniería, empresa con sede en el Centro Empresarial Autana, en Puerto Ordaz, dedicada a la “planificación y redacción de proyectos”.
La otra mano que ayudó a Vergara fue la de un hombre de apellidos conocidos. Se trata de Isaías Suárez Chourio, un ingeniero de larga carrera en las empresas básicas de Guayana, presidente de Venalum entre 2005 y 2009, y hermano de Jesús Suárez Chourio, uno de los militares más cercanos al entonces presidente Hugo Chávez y hoy jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Una antigua empleada de la Gerencia de Comercialización de Venalum, que pidió el anonimato para este reportaje, confirma que Isaías Suárez Chourio fue quien abrió la puerta de Venalum a Vergara. “La entrada de los clientes se negocia a través de directores y presidentes de las empresas, y uno se daba cuenta de que los directores favorecían a ciertos grupos”, comenta.
Ese fue el apogeo para que en mayo de 2007 y en sociedad con su padre, Carlos Julio Vergara Eljach, constituyera Vergara Group Metals (VGM) con un capital de 500 millones de bolívares divididos en dos partes iguales: 250 millones que aportó el padre y 250 millones que aportó el hijo (121.951,22 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio paralela de entonces: 4.100 bolívares por dólar).
Ese mismo año, en Panamá (uno de los destinos favoritos de las divisas preferenciales de Cadivi), Vergara fundó, con un capital de 10.000 dólares, V. Aluminium Group, tal y como está asentado en el folio 575844 del Registro Público de ese país.
El telón de fondo para incursionar en el negocio del aluminio fue la Gaceta Oficial 38.307, del 4 de noviembre de 2005, mediante la cual se acordó en Caracas, con la conjunción del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), CVG Venalum y CVG Alcasa, asegurar materias primas a varias empresas nacionales para que el aluminio se transformara en Venezuela. El trato apuntaba que los precios “serán iguales o superiores a los acordados por Venalum y Alcasa con cualquiera de sus clientes de exportación”. El objetivo era que estas empresas destinaran “su producción a la satisfacción del mercado nacional”.
¿Por qué? “Los industriales siempre se quejaron de la desventaja que sufrían en materia de mala calidad del suministro de insumos básicos (las mejores calidades se exportaban) y de despachos mínimos desmesurados en comparación con su capacidad instalada, lo que los obligaba a caer en manos de intermediarios y sin las facilidades de financiamiento que sí se les daba a los clientes extranjeros”, recuerda el exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien estuvo en esa cartera entre 2005 y 2006.
Además de eso, y sondeando el contexto de entonces, lo mejor que le podía suceder a cualquier venezolano era que el Banco Central de Venezuela (BCV) le vendiera un dólar al precio de las tasas oficiales de Cadivi. Sencillamente porque una vez recibido, podía voltearse y venderlo en el mercado paralelo por cuatro, seis o hasta diez veces su valor. “Por eso, cualquier operación de importación o exportación convirtió a los bienes o commodities solamente como ‘vehículos’ para transar esos dólares”, recuerda una fuente del sector.
Víctor Álvarez sintetiza que con Cadivi “vino la degeneración, los incentivos perversos para la corrupción al amparo de la orgía rentística, el desmadre. Recuerde que yo salí del gobierno en agosto de 2006”.
VGM fue una de las empresas favorecidas por la resolución 38307 y se convirtió en receptora de aluminio primario. La resolución fue cuestionada entonces hasta por dirigentes del chavismo, como el ahora constituyentista José Gil. “Este decreto se convirtió en una estafa para la nación, porque ninguna de las empresas que se describen como procesadoras de aluminio tienen la capacidad de hacerlo”, enfatizaba en marzo de 2009.
Muchas empresas se constituyeron entonces en fachadas a la caza de dólares preferenciales a través de lo que se conoció en Guayana como “cupos del aluminio”. Una investigación que inició el Ministerio Público en 2007 a las empresas transformadoras arrojó resultados tímidos con la incautación de 2.063 toneladas de aluminio de Venalum y Alcasa que saldrían por contrabando del puerto estatal de Palúa, en San Félix -la sección de Ciudad Guayana al este del río Caroní-, además de la promesa de investigar a diez empresas -cuyos nombres jamás se revelaron- involucradas en la reventa del aluminio, entonces prohibida, así como la evasión de reporte al BCV.
El mismo Chávez denunció en marzo de 2009 que estos grupos “son verdaderas mafias” y prometió investigar y sancionar. El resultado de aquel anuncio fue ambivalente: fiscalizaciones muy severas para algunos, que debían reportar al BCV hasta el 70% de sus ingresos por exportaciones, y cancha libre para otros, que pasaron agachados por las alcabalas impuestas por el chavismo.
Esa contraloría fue casi una misión imposible, recuerda un vicepresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal encargado desde los años 60 de promover y direccionar el desarrollo de la región al sur del río Orinoco: “Lamentablemente, desde hace muchos años, a veces no había respuesta para que nos entregaran los programas anuales de comercialización o los planes de venta. Era una información que uno no tenía cómo manejar”.
Vergara actuaba a través de tres de sus empresas: VGM, Alumiservice y V Aluminium. Así como en su momento hizo el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch, Vergara tenía varias empresas registradas como clientes en lista para recibir el metal. Una de esas empresas, Consorcio Alumiservice, figura en los planes de venta de aluminio primario y de lingotes tanto de Venalum como de Alcasa.
Consorcio Alumiservice fue creada en 2007 entre VGM y Jaotol, esta última una empresa fundada en 1989 con base en el estado Carabobo -entidad de la industria liviana en el centro norte de Venezuela- y de la que Vergara era una suerte de apoderado desde principios de la década de 2000. El objetivo del consorcio fue ejecutar, frente a Alcasa y a Venalum, la compra de aluminio para su transformación y posterior venta. Y en efecto, en la base de datos de importaciones y exportaciones internacionales Import Genius se puede confirmar que Jaotol exportó en 2009, 2015 y 2019 aleaciones de aluminio y figuró como una de las beneficiarias de Cadivi con 92.863 dólares liquidados.
El otro gran momento de Vergara fue consecuencia de los rigores ideológicos de Hugo Chávez entre 2006 y 2008. En ese lapso, los presidentes de las empresas tenían la prohibición de comerciar con “países capitalistas” como Estados Unidos y México.
Un informe de 2006 del Sindicato Único de Trabajadores y Profesionales de la Industria del Aluminio (Sutrapuval) detalla que por esa decisión del Ejecutivo y de la directiva de la empresa, Venalum dejó de recibir 100 millones de dólares. No había posibilidad de que las empresas estatales exportaran aluminio primario, por lo que las privadas, como las de Vergara, tuvieron entonces la pista libre para comprar y revender.
Entre 2007 y 2008, Jesús Vergara ofreció a clientes internacionales a través de su oficina en Panamá el aluminio primario de Venalum y de Alcasa a 2.550 dólares la tonelada métrica, en un momento en el que la cotización del aluminio en la bolsa London Metal Exchange era de 2.445 dólares por tonelada métrica.
Unos de esos clientes eran Quimera Metals y JB Commodities AG (una de las que, según lo que lamenta, le declaró la guerra), que entonces compartía acciones con Glencore, la trasnacional de materia prima que figura entre las más poderosas del mundo, y a través de la cual también se había monopolizado el suministro de materias primas y la venta y el transporte del metal.
De esta empresa, entre cuyos dueños figuraban Rodrigo González Piazza, yerno del entonces gobernador de Bolívar y connotado dirigente del chavismo, Francisco Rangel Gómez, V Aluminium recibió al menos 15,6 millones de dólares. En un correo electrónico del 13 de marzo de 2008, Vergara plantea a González Piazza concretar un negocio “por la alianza y amistad que hemos hecho y de verdad tenemos mejores propuestas que las tuyas hasta ahora”.
El propio Vergara explicaba en el correo: “Nuestra propuesta para esta nueva negociación (es) material de Venalum (vendido por) LME (precio del London Metal Exchange) con un mínimo de veinte dólares de prima, y material de Alcasa con el LME sin ninguna prima”.
Eso significa que Vergara vendió a clientes internacionales aluminio primario de Venalum y de Alcasa, contraviniendo lo establecido en la Gaceta Oficial y favorecido por el tráfico de influencias encabezada por el exgobernador chavista Rangel Gómez, quien debido a ello fue denunciado en 2013 por diputados de oposición (los correos electrónicos de este reportaje son parte de las pruebas consignadas en aquel entonces). Su caso quedó en el aparente olvido por el despacho de la entonces Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy exiliada en Colombia.
El 3 de junio de 2008, René Vicente Toro, otro de los socios de Vergara, escribió a González Piazza para recordar que, además del pago de los 15,6 millones de dólares, estaban pendientes otros 4,075 millones de dólares para cancelar la totalidad de 19,71 millones de dólares comprometida. El dinero debía depositarse en el banco JP Morgan Chase, con sede en Nueva York, a la cuenta de V Aluminium Group. A modo de recordatorio, Toro insistía: “Es importante que se realice cuanto antes la transferencia por el monto pendiente, recuerda que esos recursos son utilizados para poder cumplir con el resto de los despachos”.
Pero acerca de V Aluminum Group hay otra pieza que no encaja: su ubicación. Los registros detallan que la oficina principal tiene sede en el piso 2 de la torre Advanced, calle Ricardo Arias, de Ciudad de Panamá. Pero en ese piso solo hay bufetes de abogados y en la administración del edificio jamás han escuchado hablar acerca de esa empresa.
La emergencia eléctrica que se generó en Venezuela a finales de 2009 entre la sequía y el pésimo estado del tendido energético venezolano impulsaron al presidente Hugo Chávez a tomar una decisión devastadora, “apagar” dos líneas de producción de aluminio en CVG Venalum. La decisión se pagó con creces y Venalum no logró recuperarse desde entonces a la fecha. De 422.000 toneladas producidas en 2009, cayó a 266.000 en 2012.
La deficiente condición de Venalum y la progresiva disminución de la producción de Alcasa pusieron en bandeja de plata la necesidad de importar 60.000 toneladas de aluminio primario para cumplir con los compromisos locales a finales de 2010.
Siete empresas estaban en lista para la importación de aluminio. Dos de ellas, al menos, eran de Jesús Vergara: Sidutrade, con sede en Curazao, y Veraloum Group. De acuerdo con el registro de compras interno de la empresa, el aluminio se cotizó con primas de 891 y 674 dólares por encima del precio del mercado internacional (LME) para 2012.
En agosto de 2011 esta idea se asumió también en unos contratos de inversión suscritos con tres clientes nacionales: VG Group, Alumiservice (ambas de Vergara) y The Company Metals. El objetivo era que estas empresas aportaran 30 millones de dólares para la incorporación de celdas (una suerte de hornos industriales), y a cambio se les pagaría con el aluminio que resultara tras el arranque de la producción y la transformación del metal foráneo. “Tú apadrinabas la celda y mes a mes te pagaban lo que esa celda producía”, explica Vergara Betancourt.
Con los contratos con clientes nacionales se podría “importar aluminio y darle valor agregado en nuestras instalaciones. Eso nos va a permitir un ingreso para ir anillando el flujo de caja y resolviendo cualquier situación puntual de materia prima”, señaló Elio Sayago, expresidente de Alcasa, el 1 de agosto de 2011.
Sin embargo, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela solo importó de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas de metal, lejos de las 60.000 anunciadas. ¿Y a dónde fue a parar el aluminio que el Gobierno importó? Ni en el gobierno de Chávez ni en el régimen de su sucesor, Nicolás Maduro, ha habido respuestas al respecto.
El discurso oficial y los datos del INE contrastan además con el SAP (sistema de verificación de compras) de Alcasa, que señala que recibió 71.000 toneladas de aluminio entre 2011 y 2013 de las 120 mil toneladas solicitadas a seis empresas, 20 mil de ellas a Veraloum Group, una de las empresas de Vergara Group. “Algo de ese aluminio llegó, pero por otra puerta salió”, asegura un exgerente de Alcasa.
El aluminio no contuvo las ambiciones del empresario Vergara, cuyo alcance también llegó al mercado del mineral de hierro, también extraído en la región. Varias de sus empresas pasaron por debajo de la mesa en 2013, cuando Nicolás Maduro, a pocos meses de su cuestionada elección, decidió investigar lo que llamó la “mafia del hierro”. Pese a la corrupción que de manera literal corroía a la estatal Ferrominera, Vergara no dudó en participar como trader, pues “uno no puede poner la semilla que Dios le dio en otro lado. Por eso estoy aquí. Yo me he dedicado a ayudar a la gente. Aunque no siempre te va bien: de los diez leprosos que sanó Jesús, solo uno le agradeció”.
Pero en 2009 Vergara sí había padecido un trago amargo cuando el director de logística de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Luis Velásquez, inspeccionó, junto al entonces presidente de la CVG, Rodolfo Sanz, los patios de VGM.
El 16 de mayo de 2009 quedó asentado en un tribunal que en los patios de la empresa de aluminio se encontraron 2.494 cabillas de una pulgada, compradas a la sociedad mercantil Inversiones Marce, C.A. El material fue retenido y ese mismo año rechazado un amparo constitucional que buscaba resarcir los daños contra Vergara Group.
Dos años más tarde, Velásquez fue detenido por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), acusado de corrupción. También hubo investigaciones cuyos resultados develaron, en 2013, una amplia red de extorsión, comandada por el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, apodado El Tiburón, y que terminó con su encarcelación, junto a tres empresarios de Guayana, entre ellos Yamal Mustafá, director del diario Primicia, y Radwan Sabbagh, presidente de Ferrominera del Orinoco.
Vergara Group Metals salió ilesa del trance de las cabillas y de la investigación por contrabando y malversación en Ferrominera, estatal en la que Sidutrade fungía como trader (intermediario) en la comercialización del mineral de hierro. También Commvensa, una empresa que Vergara Betancourt registró en 2011 como único accionista, con el objeto de comprar, vender y transformar minerales. Tan ilesa resultó que en 2015 registró su filial en Panamá, donde muchas de sus empresas tienen asentamiento mercantil.
Una de ellas es Consorcio Quantum, S.A., dedicada a la comercialización de metales. El socio de Vergara en esta empresa es Carlos Eduardo Santiago da Silva (“es mi amigo”, confirma), desde entonces nombre clave no solo en el área de metales, sino también en ramas tan dispares como los motores y las turbinas (con la Corporación Handel, registrada en 2010) y las comunicaciones (mediante Valcor, registrada en Barcelona, España, en 2014). Carlos Eduardo Santiago da Silva también se ha dedicado a la militancia política activa y de carné en el PSUV, del que todavía forma parte.
En 2013, Santiago da Silva y Vicenzo Bianco da Silva se presentaban en CVG Venalum como representantes en Venezuela de la empresa asiática Chalieco, un equivalente más pequeño de Glencore. Ambos eran socios de Vergara según los documentos constitutivos del Consorcio Quantum en Venezuela, inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y en cuestión de meses, al ser rescindidos los contratos con Glencore, Chalieco y Vergara pasaron a ocupar el vacío que dejó en el mercado la transnacional de origen suizo.
Tan pronto comenzó a fallar la producción de alúmina (materia prima para la reducción del aluminio), Vergara se convirtió en el proveedor de este insumo a cambio de más metal. En un reporte diario de tráfico de CVG Venalum de 2018, de 11 despachos, 10 iban dirigidos a V Aluminium Group.
Fue el momento en el que el Gobierno afianzaba sus relaciones con Chalieco y Chinalco como parte del proyecto de recuperación de la industria financiado por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, y para el que se comprometieron más de 1000 millones de dólares por pagar con materias primas, entre ellas aluminio.
En 2020, el contrato con Chalieco sigue abierto y no hay rastros de esas inversiones en Venalum.
En 2016, Vergara quiso ampliar su margen de maniobra con el intento de administrar el diario Nueva Prensa de Guayana, a través de Desarrollo e Inversiones Valcor, SL, una empresa registrada en Barcelona, España, y cuyo cargo como administrador lo tomó en enero de 2017, según la información financiera disponible en la web.
El dueño del periódico, el peruano Rubén Gamarra, murió envenenado en noviembre de 2008. Su esposa, la abogada Jealousie Fondacci, fue acusada y apresada por el homicidio.
Entre 2008 y 2016, el periódico estuvo intervenido por una junta ad hoc. En 2016 se incorporaron nuevos administradores cuando Valcor se presentó como inversionista. Pero Foundacci, ya liberada, recuperó el control de la empresa en 2018 y la intención de Vergara y sus socios se diluyó.
Aunque no ha concretado la ambición de regir un periódico, Vergara Betancourt mantiene el esquema de registrar empresas y de ampliar sus sociedades sin que ello se traduzca en producción. Como recalca a ratos en la entrevista, “son sueños”.
El abanico de las empresas no es discriminante. Entre 2011 y 2017 ha registrado no menos de 25, desde una hotelera sin sede hasta una fábrica de juguetes de la que no se conoce ningún juguete, pasando por una chocoletería cuyos productos nadie ha visto.
La productividad de todas estas empresas es ahora un secreto encajonado en las oficinas de un emporio que creció a la sazón del aluminio preferencial, de ciertos padrinos en la era del chavismo y de una sagacidad para mantenerse a la sombra. Vergara insiste en que hasta hace un par de años sus empresas transformaban el aluminio que recibían, pero a raíz de la debacle industrial de Guayana, los momentos duros se le han multiplicado.
“Yo veo varias veces al mes (la película) La lista de Schindler. ¿Por qué lo hago? Porque no estamos en un país normal y Dios me ha puesto a hablar con mucha gente y debo mantenerme de pie para no dejar caer a tantos. No puedo poner excusas a Dios”, dice, ataviado con una franela y en el mismo tono lineal que nunca pierde.
Y remata: “De mí se ha dicho de todo: narco, socio de personeros del Gobierno. ¿Qué no se ha dicho? Pero aquí estoy, donde siempre he estado. Esas puertas están abiertas para mis amigos y mis enemigos”. Mientras tanto, no son pocos los que se preguntan cómo sobreviven sus empresas en medio de la debacle de la industria del aluminio en Guayana.
Gianfranco Napolitano pasó de tener una ferretería en el pueblo llanero de Tinaquillo a levantar más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. En el camino dejó una estela tan controversial que ni siquiera el bufete de Mossack Fonseca quiso tenerlo como cliente. Del chavismo obtuvo varios contratos públicos en el estado Yaracuy, desde donde huyó tras las acusaciones por corrupción contra el ex gobernador Carlos Giménez. Recientemente, mientras en Miami se declaraba en bancarrota, ponía su plataforma de medios a la orden del diputado Luis Parra, cabecilla de la llamada ‘fracción Clap’ que en enero intentó tomar por asalto la directiva de la Asamblea Nacional.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
La caja registradora del empresario venezolano Carlos Dorado no ha dejado de sonar, a pesar de las polémicas. Pasó de ser el opositor perseguido por el chavismo al empresario acomodaticio que se pasó a la acera de enfrente. Ni lo uno ni lo otro, dice él. Su trayectoria revela un pragmatismo empresarial y un empeño por retribuirle al país que lo adoptó todo lo que pueda, sin importar que en el camino le toque acercarse a las brasas.
Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.
En medio de expropiaciones, controles de precios y escaseces crónicas, la marca de avena para el desayuno Avelina y su dueño resaltan como las estrellas ascendentes del mercado de consumo masivo en Venezuela. ¿Cómo sacar provecho del peor entorno para los negocios en todo el mundo? Libi lo hizo con maneras quizás poco ortodoxas y hasta lo bastante controversiales como para que el ‘Financial Times’ de Londres le dedicara un reciente reportaje y para que el empresario debiera acudir a la Asamblea Nacional a explicar la naturaleza de sus actividades. Esta indagación encuentra que los intereses de Libi también pasan por las finanzas, las empresas offshore y las propiedades inmobiliarias.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.