La debacle de la gran siderúrgica venezolana, en manos del Estado, rima: Cero Acero. En 2019 no consiguió producir nada. Justo en agosto de ese año se atascó el último intento por salvarla: un proyecto con China para construir una máquina que fabricaría tubos especiales para la actividad petrolera. Quedó sin culminar, a pesar de los casi 100 millones de dólares invertidos. Ahora arriesga en convertirse en un vestigio herrumbroso del sueño de convertir a Guayana en un polo de la industria pesada.
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Tan elocuente fue el desplome en la producción de acero de aquel portento de las empresas básicas del sur de Venezuela, que cuando se firmó el contrato no podía tener otro título: Rescate Tecnológico de Siderúrgica Alfredo Maneiro (Sidor) y Desarrollo Aguas Abajo. El presidente Hugo Chávez, en uno de sus lances épicos y tal vez no tan meditados, renacionalizó el complejo pionero de la industria pesada en el país, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), por entonces y durante una década en manos de un consorcio argentino-mexicano-brasileño. Era 2008 y Sidor venía del pico más alto de producción de su historia: El año anterior había producido 4,3 millones de toneladas de acero.
De nuevo bajo control del Estado, su desempeño se fue a pique. En 2018 produjo escasas 30.000 toneladas y en 2019 un cero redondo. Como se lee: Cero acero.
Ya en franca decadencia pero sin tocar todavía estos números rojos, en 2014, cuando la empresa producía todavía un millón de toneladas de acero, el gobierno de Nicolás Maduro firmó ese contrato “de rescate” con China, uno de sus socios más comprensivos y con el que se propuso el ambicioso proyecto de aumentar la capacidad productiva de Sidor fabricando una enorme Máquina de Colada Continua (MCC). Una estructura capaz de recibir el acero líquido que producía la misma Sidor y convertirlo en diversos productos, en este caso tubos de acero sin costura.
El proyecto no podía sonar más atractivo en su enunciado: recuperar las antiguas glorias de una de las acerías más grandes de América Latina.
En el mediano plazo, este tipo de tubos servirían para la construcción del entramado de tuberías que movilizaría el petróleo en la Faja del Orinoco (son especiales para la corriente de fluidos a altas presiones y temperaturas) y, a la postre, la máquina produciría tubos para la exportación. La MCC le daría a Sidor un valor agregado al retomar la senda de convertirla en la manufacturadora de otros tiempos con un producto de mayor valor agregado que los planchones (láminas) y las palanquillas (barras). Ya Venezuela había contado con una fábrica de tubos de acero instalada en la zona -la antigua Tavsa, Tubos de Aceros Venezolanos Sociedad Anónima- pero fue desmantelada en 2013 y su personal había sido traspasado a Sidor.
De modo que el proyecto no podía sonar más atractivo en su enunciado: recuperar las antiguas glorias de una de las acerías más grandes de América Latina mientras se generaban entre 200 y 400 empleos directos según fuera avanzando la producción y las necesidades de personal aumentaran.
Pero faltaba llevarlo a la realidad.
Haciendo alarde de su alianza con los asiáticos a través del Fondo Binacional Venezuela-China, el Estado venezolano (con Sidor como propietario de la futura máquina y pagador del proyecto) se comprometió en el contrato-marco de rescate a desembolsar 250 millones de dólares. Específicamente para la MCC destinaría 108,7 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), pagaderos a la empresa china Minmetals Engineering Co Ltd., que a su vez fungiría como un gran intermediario entre SIDOR y las dos empresas que ejecutaron el proyecto: Vepica y Danieli. La primera, venezolana, llevaría toda la obra de ingeniería y la MCC en sí misma; la segunda, un holding internacional, llevaría la obra civil.
La MCC avanzó con buen pie -alguna lentitud, eso sí- hasta agosto de 2019, cuando se paralizó su construcción con 90 por ciento del proyecto ejecutado. Falta solo un poco, el último poco, pero ahora todo apunta a que la MCC será un nuevo elefante blanco.
Una mezcla de grandilocuencia sin fondo, desidia y excesos burocráticos, con una pizca de los efectos de las sanciones internacionales, descarriló el proyecto en su penúltima fase del declive hasta llegar al registro que, de tan inédito y negativo, casi adquiere ribetes de hazaña: la producción nula de 2019.
Cero acero.
Fuentes aseguran que el estatal Bandes desembolsó por anticipado la mitad del costo de la maquinaria, unos 54 millones de dólares, tal como estipulaba el contrato. 50 por ciento (54 millones de dólares). El resto, que habría de liberarse poco a poco hasta finalizar la obra, se convirtió en un cuento chino.
El hilo a seguir es así: las empresas presentan a la directiva de Sidor las próximas fases del proyecto a ejecutar; aquella evalúa esos pasos y da el visto bueno al Bandes -que tiene los recursos del Fondo Chino-, para liberar los fondos a Minmetals, que termina pagando a las empresas ejecutoras en dólares americanos, tal como establece el contrato. El pastoso proceso de pagos se cumplió parcialmente y pronto los recursos dejaron de fluir.
La triangulación a través de China puede lucir innecesaria, pero la participación de empresas de ese país es parte de las condiciones acordadas al tratarse de un proyecto que se financia por el fondo binacional. Además, expertos de la obra destacan que era lógica la cooperación con ese país si se toma en cuenta que son los chinos quienes participan en la extracción del mineral de hierro para Ferrominera del Orinoco.
Fuentes consultadas por Armando.Info aseguran que de 19 valuaciones enviadas por los contratistas (Vepica y Danieli) a la directiva de Sidor, solo cinco fueron diligenciadas. Con esos desembolsos parciales y el anticipo de 50 por ciento, las empresas ejecutoras llegaron a durar hasta agosto de 2019 con las obras.
Las empresas no tienen capacidad de despedir al personal y liquidarlo con todas las prerrogativas económicas establecidas en la ley
Poco a poco se fue secando la posibilidad de financiamiento de las empresas contratistas, que pronto dejaron de comprar equipos mínimos de seguridad (botas, cascos), lo que impulsó los primeros paros de los trabajadores, que se negaron a seguir acudiendo sin contar con los requisitos elementales. Tampoco había mucho más que hacer, porque dejaron de fluir los recursos para el resto de la otra. Fuera del control de Vepica y Danieli quedaba también el transporte de los trabajadores, que solía correr por cuenta de Sidor pero que desde hace años recae en el bolsillo de los obreros.
Aunque la obra entró en un paro técnico, todavía no se han dado las condiciones para oficializar su suspensión. Las empresas no tienen capacidad de despedir al personal y liquidarlo con todas las prerrogativas económicas establecidas en la ley, por lo que hay 400 obreros que todavía perciben su sueldo. De ellos solo 20 o 25 acuden cada día al lugar, para labores de vigilancia para prevenir desvalijamientos.
La puntilla para esta situación agónica la dieron las sanciones internacionales. Si bien el Bandes venezolano consiguió pagar una buena parte de lo presupuestado a la china Minmetals, esta se tropezó con obstáculos para hacer llegar a través del sistema financiero global los pagos en dólares estadounidenses para las contratistas Vepica y Danieli. Una retención de recursos en China que todavía no encuentra salida.
La oferta de Minmetals ha sido pagar en yuanes, una opción que solo podría aceptar Danieli (un holding que tiene oficinas en más de 25 países, incluyendo China) mas no Vepica, una empresa gestionadora de proyectos de ingeniería con base en Venezuela. La dificultad de recibir yuanes comienza con la falta de una cuenta bancaria en China, cuya administración establece fuertes condiciones para la apertura de una cuenta a una empresa internacional. Una de estas condiciones es que la empresa en cuestión demuestre una orden de compra de equipos o material fabricado en China.
Pero la MCC no podría entrar de inmediato en funcionamiento aún si se liberara la muralla china de los dólares adeudados. En el momento de una hipotética reanudación de las obras, faltarían por completar: los trenes de corte, inspección y apilado final de cilindros de acero o redondos (tomaría entre seis a siete meses); la construcción de los edificios operacionales (seis meses), instalación de equipos (tres meses), interconexión de tuberías y pruebas (cinco meses) e instalación y presentación para el arranque de equipos de electricidad, instrumentación y control (siete meses). El toque final sería la instalación de grúas y el cierre de las naves, los grandes galpones donde están las maquinas, con techos y fachadas, a lo largo de otros seis meses.
Los años de pésima gestión gubernamental han pasado factura y fueron borrando el carácter estratégico del proyecto firmado en 2014. La desidia que se apoderó de Sidor tras su estatización en el año 2008 fue como un óxido que carcomió la empresa hasta convertirla en chatarra. Prácticamente todos los módulos que producen el acero en forma de materia prima (acero líquido, pellas y briquetas, diferentes formas de lingotes de mineral de hierro que se destinan a la fundición para la fabricación de materiales) están paralizados. O, muchos de ellos, desmantelados.
El régimen de Maduro publicitó como gran cosa la producción, hasta octubre de 2019, de 700.000 toneladas de pellas, un componente reducido de mineral de hierro que es, a su vez, materia prima para la fabricación de acero. La capacidad instalada de Sidor para elaborar ese subproducto es de ocho millones de toneladas. “Pero acero, el producto que define a toda siderúrgica, no se está haciendo”, dice Carlos Ramírez, sindicalista de Sidor con más de 34 años de experiencia, vía telefónica. “Fuera de la construcción de la MCC, en Sidor no hay más proyectos, allí ya no se está produciendo nada”.
Entre enfrentamientos sindicales -el oficialismo lleva años tratando de tomar el control político de las organizaciones obreras-, el abultamiento sin control de su nómina, inversamente proporcional al valor de sus salarios, el tiempo fue reduciendo el número de trabajadores que efectivamente acudían a la otrora magnífica planta. Hoy apenas deambulan algunas personas en los largos hangares con máquinas rotas, que ya no procesan ni acero, ni nada.
“La MCC no se podrá poner en funcionamiento porque no hay acero líquido”, que es uno de los materiales que alimenta la máquina para la producción de los tubos. Ramírez explica que el acero líquido era uno de los productos primordiales de Sidor, que fabricaba en sus dos plantas principales, Palanquillas y Planchones, ambas prácticamente clausuradas y abandonadas. Justo en el medio, estratégicamente, brilla detenida la MCC.
Otros trabajadores confirman que, con los hornos apagados, el hampa ha hecho de las suyas contribuyendo al marasmo, que podría tocar a la máquina en construcción.
“Cuando regresemos (del asueto decembrino) seguramente que van a faltar válvulas, manómetros, cualquier cosa. Los malandros se meten y se roban las cosas, quien sabe si con personal de seguridad involucrado”, comentó en diciembre de 2019 uno de los técnicos que trabaja directamente en la construcción. Esa falta y robo de piezas, en el resto de Sidor, generó en los últimos años una “canibalización” de las máquinas existentes, donde se sacaban las piezas de algunas para ponerlas en otras y entonces tratar de hacerlas funcionar.
El desmantelamiento y crisis del sistema eléctrico venezolano es el otro gran escollo que enfrenta la obra, pues poner en funcionamiento la MCC requiere de un flujo eléctrico estable y a toda capacidad. Los apagones nacionales ocurridos en marzo de 2019 fueron el peor presagio. “Asumiendo que hagan una revisión profunda de la acería y compren todos los repuestos y equipos y que sean instalados, para encender los hornos y operar, se necesitaría el suministro de energía eléctrica que dejaría a varios estados del país sin electricidad, ya que no han concluido los trabajos en las salas de máquinas I y II de la planta generadora Raúl Leoni ‘El Guri’ y el resto de las generadoras hidroeléctricas de Guayana, así como las generadoras de electricidad cuya fuente es gasoil, gas y vapor”, explica uno de los expertos del proyecto de la MCC que pidió no ser identificado.
Mientras languidece la MCC y cada vez se hace más evidente la dificultad para ponerla en marcha, entre septiembre y octubre de 2019 se registró la visita de técnicos rusos en las instalaciones de Sidor y advierten de los intentos -con piezas de máquinas viejas, paralizadas- de relanzar una máquina capaz de fabricar tubos. ¿Otra operación de rescate?
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
En dos países de regímenes “bolivarianos”, Ecuador y Venezuela, la inversión china ha encontrado durante los últimos diez años unos socios ávidos de negocios. El gigante asiático ha inyectado en ambas naciones ingentes recursos financieros y para obras de infraestructura. Muchas de ellas inconclusas. Pero la otra cara de la moneda está en las condiciones impuestas a los socios en los contratos leoninos que hacen suscribir las entridades y empresas chinas a sus pares locales: en pleno s. XXI, la previsible potencia del futuro impone cláusulas del s. XIX, como la suspensión de leyes laborales, importación de mano de obra, derechos de uso exclusivo, financiamientos más caros, pagos en divisas extranjeras, entre otros privilegios decimonónicos.
El Gobierno de Nicolás Maduro le entregó a China la fabricación a gran escala del cuatro venezolano. Ha privado más la política de masificar el instrumento, con el propósito de sumarlo al archiconocido Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por José Antonio Abreu, que la calidad que supone su artesanal armado. No es, como parece, solo una resignación cultural o una contradicción con el discurso nacionalista de los históricos camaradas de la autodenominada revolución bolivariana. Cada unidad fabricada en el Lejano Oriente es un negocio para los importadores y termina costando casi lo mismo que la guitarrilla fabricada en el país.
Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.
Ocho años han pasado desde el anuncio de la creación de una fábrica de satélites en el pequeño pueblo de Borburata, en el estado Carabobo (centro de Venezuela). Su apertura se ha retrasado tres veces. En la búsqueda de la “soberanía e independencia tecnológica” para la construcción de este centro de desarrollo espacial, se han invertido más de 125 millones de dólares y la comunidad vecina sigue sin ver los beneficios.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
