Del fraude de los gimnasios verticales salió una dupla con los negocios en forma

Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.

25 agosto 2019

Están regados por el país. Son armatostes de metal de hasta cinco pisos de altura que serían centros deportivos, lugares de esparcimiento y salud para la comunidad. Nicolás Maduro ordenó alzarlos nada más asegurarse la presidencia de Venezuela en 2013 con la promesa de fomentar la actividad física en los municipios más afectados por la criminalidad. Pero hoy esos “gimnasios verticales” lucen abandonados o inconclusos y han quedado al servicio del partido de Gobierno para actividades políticas en las localidades donde se instalaron. Seguir ahora el rastro de esas estructuras, levantadas como obras de carácter social, conduce al corazón de un negocio millonario de una dupla de sobra conocida en el chavismo.

Se trata de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense y acusados de lavado de dinero en un tribunal de Florida. Aunque el inicio de sus negocios con el chavismo se remonta a 2011, bajo la administración de Maduro se convirtieron en los contratistas favoritos para la construcción de obras, explotación petrolera o el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), entre otras áreas. El de los gimnasios verticales no fue un simple negocio, fue también el vínculo de los empresarios con familiares de Cilia Flores, la Primera Dama de la República o primera combatiente, en la jerga revolucionaria. 

El contrato para la construcción de los gimnasios se elevó hasta los 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un órgano estatal para la construcción de obras públicas de infraestructura por cuya directiva  pasaron Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erick Malpica Flores, hijo mayor y sobrino de Cilia Flores, respectivamente. El rápido control de esa fundación fue una prioridad desde que Maduro emergió como el posible sucesor de Hugo Chávez.

En noviembre de 2012, ya como vicepresidente de la República, con Hugo Chávez reelecto como presidente apenas un mes antes pero convaleciente de cáncer, Maduro nombró como director principal de la Fundación Pro-Patria 2000 a Carlos Malpica Flores, quien a la postre ascendería en la administración pública a cargos tan importantes como tesorero de la nación y vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Desde 2010 la fundación dependía de la vicepresidencia de la República y fue quizás una de las primeras decisiones de Maduro en ese cargo, tras seis años como Canciller. Los movimientos no terminaron allí.

El 1 de abril de 2013, tras la muerte de Chávez y con Maduro ejerciendo como presidente encargado, el organismo pasó a depender del Despacho de la Presidencia. Ese mismo día Maduro creó el Movimiento por la Paz y la Vida, ligado desde el inicio al proyecto de los gimnasios verticales. Un año después, en mayo de 2014, Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro de Maduro, y a quien el Departamento del Tesoro acusó hace un mes junto a sus dos hermanos de “recibir sobornos” del propio Alex Saab a cambio de contratos “sobrevalorados” con el Gobierno, pasaría a presidir la Fundación Pro-patria 2000 hasta diciembre de 2015.

Documentos obtenidos para este reportaje revelan que fue precisamente a partir de 2013 que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido iniciaron su exitosa relación con la Fundación Pro-Patria 2000 a través del Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas. El consorcio fue creado específicamente para el proyecto de los gimnasios y lo conformaron la firma colombiana Guillermo González Zuleta y Cia Ltda, junto al Fondo Global de Construcción, la compañía con la que Saab y Pulido iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011.  Esta fue investigada hace años por la Fiscalía ecuatoriana y ahora por un tribunal de Florida, y tiene personalidad jurídica en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, aunque su propietario final es una sociedad escondida en la isla de Malta, en el Mediterráneo oriental.

La carrera de la Fundación Pro-Patria 2000 para favorecer a Alex Saab y Álvaro Pulido.

Millones sin sudor

En los papeles se comprueba la velocidad con la que se otorgó el negocio de los gimnasios a los empresarios, amigos de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. El 30 de septiembre de 2013 la Fundación Pro-Patria envió una carta a Juvenal Jerónimo Alfaro Márquez, representante legal del Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas y hermano de Víctor Alfaro Márquez, directivo de Fondo Global de Construcción, en la que confirmaba la adjudicación para los “30 gimnasios de paz” tras haber presentado una oferta al “concurso abierto anunciado internacionalmente”.

Apenas un día después, el 1 de octubre, se firmó el contrato FP-CO-2013-09-004 para la primera “etapa de la implementación urbanística y construcción de 30 gimnasios de paz en zonas populares en todo el territorio nacional (CDC y Paz)”. El 2 de octubre, la gerencia general de operaciones del estatal Banco de Venezuela informó a la Fundación Pro-Patria 2000 que esperaba una transferencia “proveniente” del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), creado en 2005 por Chávez, por 60 millones de dólares “a favor del cliente Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas para constituir un certificado de depósito” en la sucursal del banco en la isla de Curazao, una ex colonia holandesa frente a las costas de Venezuela.

Esos 60 millones de dólares eran la parte estipulada en divisas de un contrato cuyo “monto total” ascendía a casi 1.600 millones de bolívares, equivalentes a 253 millones de dólares al tipo de cambio oficial del momento, de 6,30 bolívares por dólar. Por si fuera poco, la porción en divisas rápidamente se disparó hasta los 100 millones de dólares con la segunda adenda del contrato, sellada el 19 de diciembre de 2013. 

De acuerdo a esa modificación, el 21 de noviembre de 2013 Maduro aprobó nuevos recursos para el proyecto “dentro del cual se enmarca esta obra social por un monto de 100 millones de dólares”. Por tal motivo, la gerencia de proyectos especiales de Fundación Pro-Patria “estudia la situación planteada” y resolvió “incrementar el monto del contrato original en la cantidad de 40 millones de dólares”. Así, el acuerdo con el consorcio detrás del cual se parapetaron Alex Saab y Álvaro Pulido, casi se duplicó en cuestión de semanas.

Con la distancia, aquella luce como una de las primeras señales que anunciaba una verdadera bonanza para la dupla colombiana en tiempos de Maduro, a contracorriente del derrumbe económico que se inició en el país ese mismo 2013. No en vano, con fórmulas empresariales distintas a Fondo Global de Construcción y registradas en Hong Kong, Panamá, México o Turquía, Saab y Pulido fueron beneficiarios de las subastas de dólares del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), proveedores de la red estatal de Abastos Bicentenario, acreedores de un mil millonario convenio para la explotación de petróleo con la desconocida Trenaco, vendedores de materia prima y commodities como trigo y maíz, protagonistas de los jugosos contratos para importar alimentos para el programa de los CLAP y hasta herederos de la red estatal Abastos Bicentenario para allí administrar las “Tiendas CLAP”. Incluso en Hong Kong aparece constituida una empresa homónima del Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas, la vinculada al proyecto de los gimnasios verticales, pero a cargo de un abogado venezolano.

Hay indicios de que los 100 millones de dólares no resultaron suficientes a los dos empresarios colombianos. Para asegurarse un mayor ingreso en divisas, el Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas cobró casi 23 millones de dólares a Teams Engeneering (Beijing) Co Ltd., la empresa china contratada por la Fundación Pro-Patria 2000 para la adquisición de los “equipos y mobiliario” de los gimnasios por la “implementación e instalación” de los mismos.

Los dólares con los que la Fundación Pro-Patria pagó a la compañía china habían salido del Fondo Chino-Venezolano, uno de los esquemas binacionales de financiamiento creados por Chávez, pero esos 23 millones de dólares terminaron llegando a las cuentas bancarias de los empresarios colombianos. 

“Eso debía pagarse en bolívares, pero fue la forma de quedarse con las divisas del Fondo Chino”, sentencia una fuente conocedora del negocio. Asegura, además, que por esa época a los hijos de Cilia Flores se les vio en las oficinas de Fondo Global de Construcción, ubicada en el Centro Galipán de Caracas, en el este de la capital venezolana, y donde también funcionó el propio Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas, así como Group Grand Limited y Global Foods Trading, las sociedades usadas para el negocio de los Clap y la venta de materia prima para el Gobierno, respectivamente.

Cuando calienta el sol

Sacar el máximo provecho de los contratos con el Gobierno de Maduro ha sido una constante de Saab y Pulido. En la construcción del polideportivo Hugo Chávez en La Guaira, la capital del estado homónimo y antes estado Vargas, a cargo de Fondo Global de Construcción gracias a un contrato otorgado por la Gobernación regional, los colombianos encontraron otra forma de obtener más dinero.

Como la gobernación no tenía facultades para importar materiales para la obra, apareció Suvinca, empresa estatal que dependía del Ministerio de Comercio. En agosto de 2013 esta terminó comprando los insumos a a Vram Holding, una empresa colombiana propiedad de Adriana Martínez Rodríguez, esposa de Álvaro Pulido, parte de los insumos que Fondo Global de Construcción requería para levantar el recinto deportivo. La operación ha sido investigada en Colombia y la Superintendencia de Sociedades sospecha que Vram Holding incurrió en el delito de “soborno trasnacional”.

Fue precisamente en la inauguración de los Juegos Suramericanos de Playa, en mayo de 2014, celebrados en ese polideportivo Hugo Chávez, cuando se produjo el segundo encuentro público entre Nicolás Maduro y Alex Saab, tras aquel acto de noviembre de 2011 en el que el empresario apareció de traje y corbata, con su cabellera recogida, en el palacio de Miraflores para firmar ante Hugo Chávez y el entonces canciller Maduro un contrato para la construcción de casas prefabricadas con Fondo Global de Construcción.

En un instante inadvertido hasta ahora, el mandatario ingresó y saludó a los asistentes que estaban cerca de la tribuna presidencial. Allí estrechó la mano a un sonriente Alex Saab, ataviado con una camisa blanca y la melena suelta esta vez. Entre los dos encuentros transcurrieron casi tres años y las actividades de Fondo Global de Construcción ya eran investigadas por la Fiscalía ecuatoriana al sospechar, entre otras irregularidades, exportaciones ficticias en los envíos de materiales a Venezuela.

Pese a ello, el general Jorge Luis García Carneiro, gobernador local y en calidad de anfitrión del evento deportivo, incluso, agradeció al empresario la “majestuosa” obra. Fuentes conocedoras de los negocios de Saab y Pulido aseguran que con el mandatario regional los empresarios colombianos guardan una muy buena relación. Quizás por ello se animó a agradecerles y felicitarles en público la culminación del polideportivo. “También, ¿Por qué no saludar a la empresa constructora Fondo Global por el récord, por haber construido esta obra en tiempo récord? Once meses, presidente”, exclamó el gobernador del estado Vargas, región donde Fondo Global de Construcción también logró el contrato para levantar el aún inconcluso estadio de béisbol para la franquicia del campeonato profesional “de invierno”, los Tiburones de La Guaira.

La del polideportivo “Hugo Chávez” puede que haya sido la única obra que la constructora de los empresarios colombianos entregó a tiempo. Los gimnasios, en principio, debieron terminarse el 31 de diciembre de 2014, pero reseñas de prensa de medios de Vargas, Zulia o Mérida, entre otros estados, atestiguan que aún en 2016 y hasta 2017 se seguía esperando por estos.

El Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela, además, que el Consorcio de Estructuras Metálicas Moderna subcontrató para la ejecución de algunos de los 30 gimnasios a la Constructora Brescon, uno de cuyos socios es hermano de Miguel Medina Acosta, directivo de Fondo Global de Construcción en Venezuela.

Aún en octubre de 2015, cuando el hijo mayor de Cilia Flores, Walter, ya presidía la Fundación Pro-Patria 2000, el Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas emitió varias facturas a nombre de ese organismo por al menos 25 millones de dólares y asociadas al “componente en divisas” del contrato firmado el 1 de octubre de 2013.  

Hoy algunos de esos gigantes de metal están oxidados y abandonados. Son un símbolo del rápido ascenso de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el chavismo, pero sin quererlo, con su actual abandono quizá presagian el fin de ese imperio.

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